El reinado de Isabel II

Isabel II tuvo que encontrar marido una vez adelantada su mayoría de edad. Se casó en 1846 con Francisco de Asís Borbón, su primo, el cual fue un candidato de compromiso entre los partidos. Finalmente, el matrimonio fracasó, por lo que en adelante los amoríos de la reina pasaron a tener una gran importancia en la política.

La década moderada (1844-1854)

Las elecciones de 1844 dieron la mayoría a los moderados, que formaron un nuevo gobierno presidido por el general Narváez, el espadón del partido, quien impulsó una política basada en los principios del liberalismo moderado.

Las Cortes aprobaron una nueva Constitución en 1845, que recogió las ideas básicas del moderantismo:

• Soberanía conjunta entre el rey y las Cortes.
• Ampliación de los poderes del ejecutivo y disminución de las atribuciones del legislativo.

Los ayuntamientos y diputaciones quedaron sometidos a la Administración central y se suprimió la Milicia Nacional. Las leyes de la nueva constitución eran muy restrictivas con las libertades y conferían amplias atribuciones a la Corona, la cual podía disolver las Cortes y vetar sus decisiones, teniendo la facultad de designar a los senadores. Un decreto de 1845 reguló la libertad de imprenta y suprimió el jurado, lo que significaba el control gubernamental sobre la prensa. La Ley Electoral de 1846 planteó un sufragio censitario muy restringido.

Los moderados intentaron mejorar sus relaciones con la Iglesia. En 1851 se firmó un Concordato con la Santa Sede en el que se establecía la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados y el retorno de los no vendidos. A cambio, la Santa Sede reconocía a Isabel II mientras el Estado se comprometía al sostenimiento de la iglesia española.

El moderantismo consolidó la estructura del nuevo Estado bajo los principios del centralismo, la uniformidad y la jerarquización. Por un lado, el gobierno emprendió una reforma fiscal (a cargo del ministro Alejandro Mon) para aumentar los ingresos de la Hacienda pública, racionalizando el sistema impositivo y propiciando la contribución directa basada en la propiedad. También se abordó la unificación de códigos legales: Código Penal y Código Civil. Por otro lado, se reformó la Administración pública, reorganizando los cargos del Estado y regulando la actuación de los funcionarios. Se reordenó la administración territorial, basándola en el poder de los gobiernos civiles y militares de cada provincia. La ley de Administración Local dispuso que los alcaldes de municipios de más de 2000 habitantes serían nombrados por la Corona, mientras que el gobernador civil designaría al resto de los alcaldes. Para controlar el orden público en el medio rural, se creó la Guardia Civil, un cuerpo armado con finalidades civiles pero con estructura militar. Estas medidas centralizadoras favorecieron una nueva insurrección carlista, la Guerra dels Matiners, que fue sofocada por Narváez.

Una medida de gran calado fue el establecimiento de un sistema nacional de instrucción pública (la Ley Moyano), que regulaba los niveles de enseñanza.

Los gobiernos moderados no consiguieron dar estabilidad política. Manipulaban las elecciones y reducían la importancia del poder legislativo. La vida política se desarrollaba alrededor de la corte y a partir de la influencia de las camarillas. El autoritarismo se agudizó durante el gobierno de Bravo Murillo, que propuso una reforma constitucional de carácter autoritario. La propuesta fracasó por la oposición de un sector del moderantismo, que consiguió desplazar a Murillo, pero agudizó la descomposición interna del partido y aumentó el descontento de las clases sociales.

El bienio progresista (1854-1856)

La acción conjunta de progresistas y algunos moderados desembocó, en junio de 1854, en el pronunciamiento de Vicálvaro a cuyo frente se colocó un moderado, el general O’Donnell, que fundó un nuevo partido centrista, la Unión Liberal. Los sublevados elaboraron el llamado Manifiesto de Manzanares en demanda del cumplimiento de la Constitución de 1845.

La presidencia recayó de nuevo en Espartero. Las elecciones fueron convocadas según la legislación de 1837, lo que permitió una mayoría progresista y la aparición de algunos diputados demócratas. El nuevo gobierno recuperó el programa político del progresismo (Milicia Nacional, libertad de prensa, autonomía municipal, etc.). También emprendió un plan de reformas económicas con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la industrialización del país. La nueva Ley Desamortizadora de 1855, a cargo del ministro Madoz, afectó sobre todo a los bienes de los ayuntamientos. Una buena parte de los ingresos fueron invertidos en la red de ferrocarriles, que fue impulsada por una ley específica cuyo principal objetivo era atraer capital extranjero.

Una grave crisis de subsistencias y la progresiva organización del movimiento obrero frustraron el plan económico y social del gobierno. En Cataluña se produjeron numerosas huelgas que pretendían la reducción de impuestos, el aumento de salarios y la mejora de las condiciones laborales. El malestar social condujo también a levantamientos campesinos en la España del sur. Espartero acabó presentando la Ley de Trabajo, que introducía algunas mejoras y permitía las asociaciones de obreros, pero la creciente conflictividad social asustó a las clases conservadoras. Además, las discrepancias dentro de la coalición gubernamental entre el progresismo más moderado, que acabaría en la Unión Liberal, y el más radical, que lo haría en el Partido Demócrata, aumentaron. Espartero dimitió y la reina confió el gobierno a O’Donnell. Los progresistas pasaron definitivamente a la oposición.

La alternancia del moderantismo con la Unión Liberal (1856-1868)

Unionistas y moderados se alternaron en el gobierno durante los siguientes años. La Unión Liberal liderada por O’Donnell intentó un equilibrio político, tratando de asegurar el orden público y la confianza de las élites económicas, pero limitando los poderes de la Corona y aceptando la desamortización civil.

Entre 1858 y 1863 llevó a cabo además una política exterior muy activa, en la que destacaron las campañas militares en Marruecos, que estuvieron motivadas por disputas fronterizas y se saldaron con los triunfos de Tetuán y Castillejos, donde adquirió gran prestigio el general Prim. La paz de Wad-Ras permitió a España la incorporación del territorio de Ifni. El intervencionismo de O’Donnell, en alianza con Francia, incluyó una expedición militar a Indochina en defensa de los misioneros católicos y otra a México en apoyo del efímero emperador Maximiliano; ambas terminaron en fracaso.

En esta etapa Narváez presidió tres nuevos gobiernos cada vez más conservadores y autoritarios. Al mismo tiempo, la reina cayó bajo el control de una camarilla ultrarreligiosa (la corte de los milagros). La creciente oposición política se vio reforzada por una nueva crisis de subsistencias iniciada en 1866, que provocó el aumento de los precios. La agitación social se vio acompañada por revueltas universitarias (Noche de San Daniel) y militares (levantamiento del cuartel de San Gil). Los unionistas acabaron definitivamente apartados del poder y se acercaron a las posiciones de los progresistas. En 1867 firmaron junto al Partido Demócrata el Pacto de Ostende, con el objetivo de derribar a la reina. La muerte de Narváez acabó con su último gran apoyo.

En septiembre de 1868 un pronunciamiento militar con amplio apoyo popular (la Gloriosa Revolución) obligó a Isabel II a marchar hacia el exilio.