Conflicto Dinástico y Guerras Carlistas

Origen del Conflicto

Fernando VII no tuvo hijos varones. Este hecho, de acuerdo con la Ley Sálica vigente, hacía de Carlos María Isidro, hermano del rey, el legítimo heredero del trono español. En abril de 1830, meses después del nacimiento de Isabel, primera hija de Fernando VII, la Ley Sálica fue derogada mediante una Pragmática Sanción. Esto frustraba las expectativas de Carlos y de los tradicionalistas (más tarde conocidos como carlistas), que pusieron en marcha una fuerte oposición, obligando a la reina consorte, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, a aliarse con los liberales.

Cuando Fernando VII muere, Carlos se declara rey con el nombre de Carlos V. Por otro lado, a Fernando le sucede su hija Isabel, pero al ser menor de edad, su madre, María Cristina, ocupará la Regencia. Los absolutistas partidarios de Carlos se sublevan, dando comienzo la Primera Guerra Carlista (1833-1840), un conflicto dinástico que sirvió de catalizador para el enfrentamiento entre el liberalismo y el absolutismo, es decir, entre el Nuevo y el Antiguo Régimen.

Bandos Enfrentados

Carlistas

• Focos principales: País Vasco y Navarra, Aragón, Cataluña y el Maestrazgo valenciano.
• Apoyos internacionales: Austria, Rusia, Prusia, Nápoles y, en ocasiones, los Estados Pontificios.
• Bases sociales: Oligarquía rural, campesinos, artesanos, baja nobleza y bajo clero.
• Ideología: Defendían posiciones ultracatólicas, la foralidad (fueros) y la monarquía de origen divino bajo el lema «Dios, Patria, Rey y Fueros».

Isabelinos / Cristinos

• Focos principales: Controlaban las principales instituciones del Estado, la mayoría del ejército y todas las ciudades importantes.
• Apoyos internacionales: Reino Unido, Portugal y Francia (mediante la Cuádruple Alianza).
• Bases sociales: La aristocracia latifundista, la burguesía de los negocios, profesiones liberales, funcionarios, gran parte del ejército, artesanos urbanos, pequeños comerciantes y campesinos que veían en el triunfo liberal la posibilidad de transformar la estructura agraria tradicional.
• Ideología: Liberales (divididos posteriormente en moderados y progresistas).

Fases de la Primera Guerra Carlista (1833-1840)

1. 1833-1835: Dos días después de asumir María Cristina la regencia, Carlos se proclamó rey (Carlos V). Poco después comienzan revueltas descoordinadas de campesinos que no consiguieron éxitos importantes hasta la incorporación de algunos jefes militares eficaces, destacando Tomás de Zumalacárregui en el frente norte. Su muerte durante el sitio de Bilbao (1835) supondrá un grave revés para la causa carlista.
2. 1835-1837: La guerra se extiende a todo el territorio nacional mediante expediciones carlistas, como la Expedición Real encabezada por el propio Carlos, que llegó a las puertas de Madrid en 1837. Al no poder tomar la capital, sus tropas se repliegan hacia el norte.
3. 1837-1840: Las divisiones internas entre las filas carlistas (transaccionistas, partidarios de un acuerdo, e intransigentes, partidarios de continuar la guerra) harán posible un acuerdo con el bando cristino, liderado por el general liberal Baldomero Espartero. Este acuerdo se materializa en el Abrazo de Vergara (1839) entre Espartero y el general carlista Maroto, aunque algunos focos de resistencia carlista, como el liderado por Ramón Cabrera en el Maestrazgo, persistieron hasta 1840.

Evolución Política: Las Regencias (1833-1843)

A la muerte de Fernando VII, Isabel tenía solo 3 años. Hasta los trece, edad en que fue declarada mayor de edad (adelantando la mayoría), se sucedieron dos regencias marcadas por las guerras carlistas y por la creciente división entre los liberales.

1. Regencia de María Cristina (1833-1840)

El testamento de Fernando VII establecía, para asesorar a la regente, un Consejo de Gobierno compuesto por absolutistas moderados y presidido por Francisco Cea Bermúdez. Sus objetivos eran llegar a un acuerdo con los carlistas y realizar unas tímidas reformas administrativas. Ante el estallido de la guerra y la necesidad de apoyos, María Cristina nombra un nuevo gobierno, presidido por el liberal moderado (antiguo «doceañista») Francisco Martínez de la Rosa. Este gobierno promulga el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que establecía unas Cortes bicamerales con funciones muy limitadas y sin reconocer la soberanía nacional.

Las reformas resultaron insuficientes para buena parte del liberalismo, que como protesta protagonizará revueltas urbanas. El liberalismo se dividirá claramente en dos grandes corrientes: moderados y progresistas.

La monarquía, buscando apoyos sólidos y recursos financieros contra el carlismo, se vio forzada a llamar al progresista Juan Álvarez Mendizábal (1835). Mendizábal inició la reforma del Estatuto Real y tomó medidas para conseguir los recursos necesarios para la Hacienda y financiar la guerra, entre ellas la famosa desamortización de bienes del clero regular (1836).

Como consecuencia de las medidas tomadas y las presiones de los sectores más conservadores, se producen disturbios que obligan a María Cristina a destituir a Mendizábal y nombrar un nuevo gobierno moderado con Javier de Istúriz como presidente.

La no aceptación de estos cambios por parte de los progresistas producirá una oleada de motines. El más importante fue el levantamiento de los sargentos de La Granja (agosto de 1836), que forzará a la regente a restablecer provisionalmente la Constitución de 1812 hasta que se elaborara un nuevo texto constitucional.

María Cristina entregará entonces el poder al progresista José María Calatrava (con Mendizábal de nuevo en Hacienda). Su gobierno aprobó importantes leyes: la ley municipal de 1823, la abolición definitiva de los señoríos, la ley de imprenta, la ampliación de la Milicia Nacional, una nueva ley electoral y, fundamentalmente, la Constitución de 1837. Esta Constitución era un texto conciliador entre moderados y progresistas que incluía:

• Soberanía nacional (aunque compartida en la práctica con el Rey).
• Amplia declaración de derechos individuales.
• División de poderes.
• Aconfesionalidad del Estado (pero con el compromiso de financiar el culto católico).
• Amplios poderes a la Corona (veto, disolución de Cortes, nombramiento de ministros).
• Cortes bicamerales (Congreso y Senado).

Los progresistas implantaron con estas medidas un sistema liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. Quedó también configurado el primer sistema de partidos (moderado y progresista) que alternaría en el poder durante el reinado.

Aprobada la Constitución, se convocaron elecciones que fueron ganadas por los moderados. Estos prepararon una nueva Ley de Ayuntamientos (1840) que eliminaba el carácter electivo de los alcaldes en las capitales de provincia y daba a la Corona la facultad de nombrarlos. Los progresistas consideraban la ley un ataque a la independencia municipal y un pilar de su poder local. Promovieron la llamada “revolución de 1840”, un movimiento insurreccional apoyado por juntas revolucionarias y a cuyo frente militar se situó el general Espartero, héroe de la guerra carlista.

2. Regencia de Espartero (1841-1843)

Tras el triunfo de dicha «revolución», que conllevó la renuncia de María Cristina y su exilio en Francia, Baldomero Espartero se hizo cargo de la Regencia (inicialmente provisional, luego confirmada por las Cortes). Sus primeras medidas fueron suspender la Ley de Ayuntamientos moderada y convocar elecciones a Cortes, que ganó el Partido Progresista.

Pronto las diferencias dentro del partido progresista serán evidentes, tanto por el reparto de poder como por el creciente militarismo y autoritarismo de Espartero, que gobernó de forma personalista y rodeado de sus militares afines («ayacuchos»). Unas Cortes con mayoría progresista completaron las leyes de desamortización de Mendizábal, extendiéndola a los bienes del clero secular, lo que le acarreó la oposición frontal de la Iglesia y del Papa.

Una de sus actuaciones más trascendentes y polémicas fue la aprobación en 1842 de un arancel librecambista que abría el mercado español a los tejidos de algodón inglés. Esto suponía una seria amenaza para la incipiente industria textil catalana, que reaccionó con un levantamiento en Barcelona que unió a gran parte de la burguesía y de las clases populares. En represalia, Espartero mandó bombardear la ciudad desde Montjuïc, lo que minó enormemente su popularidad.

Los moderados aprovecharon la división de los progresistas y el creciente aislamiento del regente para realizar una serie de conspiraciones encabezadas por los generales Ramón María Narváez y Leopoldo O’Donnell. En 1843, un pronunciamiento militar apoyado por moderados y progresistas descontentos obliga a Espartero a abandonar la regencia y exiliarse en Londres. Para evitar una tercera regencia, las Cortes decidieron adelantar la mayoría de edad y proclamaron reina a Isabel II con tan solo trece años.

B) El Reinado Efectivo de Isabel II (1843-1868)

1. La Década Moderada (1844-1854)

El gobierno, presidido por el general Narváez, líder del Partido Moderado, impulsó una política de normalización del funcionamiento de las instituciones bajo el predominio del orden, la autoridad y el centralismo. Para conseguirlo, se elaboró un nuevo marco legal y administrativo:

• a) Constitución de 1845: Sustituyó a la de 1837. Sus características principales fueron: soberanía compartida Rey-Cortes, gran poder del monarca, Estado confesional católico, sufragio censitario muy restringido, Senado de designación real y vitalicio. Las libertades individuales eran reconocidas pero reguladas por leyes posteriores que a menudo las limitaban (especialmente la libertad de prensa). No contemplaba la elección popular de ayuntamientos, ni la Milicia Nacional, ni el jurado popular.
• b) Concordato con la Santa Sede (1851): Reestableció las relaciones con el Vaticano, reconoció el catolicismo como religión oficial y única de la nación, aceptó la intervención de la Iglesia en la enseñanza y garantizó el sostenimiento del culto y clero por parte del Estado. A cambio, la Iglesia aceptó la desamortización ya realizada.
• c) Reformas administrativas: Se llevaron a cabo bajo los principios de centralismo, uniformidad y jerarquización. El gobierno emprendió:
  • Reforma fiscal (Ley Mon-Santillán, 1845): Creó un sistema de impuestos más uniforme y moderno (aunque generó descontento por los «consumos»).
  • Elaboración del Código Penal (1848) y Proyecto de un Código Civil (que no llegó a aprobarse entonces).
  • Reforma de la Administración pública: Reorganizó cargos y creó una ley de funcionarios. Se reordenó la administración territorial, consolidando la figura de la provincia como demarcación clave, cuya autoridad política recaía en los gobernadores civiles (nombrados por el gobierno).
  • Ley de Administración Local (1845): Reservó a la Corona (a través del gobierno) la designación de los alcaldes de las capitales de provincia y municipios importantes, y a los gobernadores civiles la de los demás.
  • Se estableció un sistema nacional de instrucción pública (Ley Moyano, 1857 – aunque iniciada en esta década): Organizó la educación en tres niveles (primaria, secundaria y superior) y estableció cierta gratuidad en la primaria, aunque con escasos recursos.
  • Se adoptó oficialmente el sistema métrico decimal de pesos y medidas.
  • Se disolvió la Milicia Nacional (vinculada a los progresistas) y se creó la Guardia Civil (1844), un cuerpo armado con funciones policiales (especialmente en el ámbito rural) y estructura militar, dependiente del gobierno.

A pesar de todos estos cambios, no se consiguió la estabilidad política buscada. Hubo divisiones internas en el partido moderado y varios gobiernos. El autoritarismo se agudizó durante el gobierno de Juan Bravo Murillo (1851-1852), que propuso una reforma constitucional muy reaccionaria (restringiendo aún más el poder de las Cortes) y fracasó. Tras varios gobiernos inestables y un intento de pronunciamiento progresista reprimido en Zaragoza (1854), el general moderado descontento Leopoldo O’Donnell se pronunció en Vicálvaro (junio de 1854), enfrentándose a las tropas gubernamentales (la «Vicalvarada«).

Los resultados militares iniciales no fueron decisivos. Ante ello, y para atraer el apoyo de los progresistas y populares, el joven político moderado Antonio Cánovas del Castillo redactó el Manifiesto de Manzanares (julio de 1854), firmado por O’Donnell, que prometía ciertas reformas progresistas (reforma electoral, imprenta, autonomía municipal, bajada de impuestos, restauración de la Milicia Nacional). A partir de ese momento, se producen levantamientos populares y la formación de juntas revolucionarias en diversas ciudades españolas, forzando a Isabel II a llamar al poder a los progresistas.

1.2. Segunda Guerra Carlista (1846-1849)

También conocida como Guerra de los Matiners, tuvo lugar durante esta etapa, principalmente en Cataluña. Fue un levantamiento popular carlista motivado por una crisis agraria e industrial y por el fracaso del pretendido matrimonio entre Isabel II y el pretendiente carlista, Carlos Luis de Borbón (conde de Montemolín, hijo de Carlos V). Aunque Carlos Luis llegó a estar en España, el levantamiento fue finalmente sofocado. El pretendiente fue arrestado al intentar cruzar la frontera y posteriormente renunciaría a sus derechos (aunque luego se retractó).

2. El Bienio Progresista (1854-1856)

La politización del pronunciamiento de Vicálvaro y su resultado revolucionario provocaron que la reina llamara a Espartero, figura emblemática del progresismo, quien formó gobierno en coalición con O’Donnell (que ocupó el Ministerio de Guerra).

Tres hechos marcarán la obra política de este breve pero intenso periodo:

• La elaboración de una nueva Constitución (la de 1856, conocida como «non nata» porque no llegó a promulgarse) que recuperaba principios progresistas (soberanía nacional, Milicia Nacional, elección directa de alcaldes).
• La Ley de Desamortización General de 1855, promovida por el ministro de Hacienda Pascual Madoz. Afectó a los bienes de la Iglesia (que aún no habían sido vendidos), pero sobre todo a los bienes de los municipios (propios y comunes), del Estado y de otras instituciones. Su objetivo era sanear la Hacienda y financiar obras públicas, pero perjudicó a los campesinos más pobres que usaban las tierras comunales.
• La Ley General de Ferrocarriles (1855), que reguló la construcción de la red ferroviaria española, ofreciendo grandes incentivos a las empresas inversoras (muchas de ellas extranjeras). Esto impulsó la construcción ferroviaria pero también generó especulación y dependencia del capital exterior.

Además, se aprobó una legislación para:

• Favorecer la reforestación.
• Poner en marcha el sistema de telégrafos.
• Ampliar la red de carreteras.
• Fomentar el crecimiento de las sociedades por acciones y de la banca (creación del Banco de España como banco emisor).
• Desarrollar la minería (Ley de Minas de 1859, aunque preparada en el Bienio).

Sin embargo, el periodo estuvo marcado por una gran conflictividad social (huelgas obreras en Cataluña, motines campesinos en Andalucía) que atemorizó a las clases conservadoras, incluyendo a O’Donnell y su sector. Las discrepancias dentro de la coalición gubernamental (Espartero-O’Donnell) se agudizaron. Finalmente, O’Donnell dio un golpe de fuerza con el apoyo de Narváez y la reina, provocando la dimisión de Espartero y poniendo fin al Bienio.

3. Los Gobiernos Unionistas (1856-1863)

Tras desplazar a Espartero, O’Donnell consolidó su propio partido, la Unión Liberal, una formación de centro que pretendía aglutinar a los sectores más moderados del progresismo y a los más abiertos de los moderados. El nuevo Gabinete, tras un breve retorno inicial de Narváez, consiguió una relativa estabilidad política interior (el llamado «gobierno largo» de O’Donnell, 1858-1863) y un cierto progreso económico, aprovechando la coyuntura internacional favorable.

Durante este periodo se revitalizó el parlamentarismo (aunque con control gubernamental) y se llevó a cabo una activa y agresiva política exterior que buscaba recuperar el prestigio internacional de España y exaltar el sentimiento nacional. Se participó en diversas intervenciones militares:

• Expedición a Cochinchina (actual Vietnam) junto a Francia (1858-1862).
• Guerra contra Marruecos (1859-1860), que culminó con la victoria en Tetuán y Wad-Ras, obteniendo una ampliación de Ceuta y una indemnización económica.
• Intervención en México junto a Francia y Reino Unido (1861-1862) para exigir el pago de la deuda (España se retiró pronto).
• Anexión temporal de Santo Domingo (1861-1865), a petición de los propios dominicanos, aunque acabó en fracaso.

En 1863 se evidenció la descomposición interna de la coalición gubernamental y el desgaste de O’Donnell, manifestada en la sucesión de gobiernos inestables. O’Donnell dimitió y la reina llamó de nuevo a los moderados dirigidos por Narváez.

4. Los Gobiernos Moderados y la Crisis Final del Reinado (1863-1868)

Los últimos años del reinado de Isabel II estuvieron marcados por el retorno al poder del Partido Moderado más autoritario, liderado por Narváez, y la exclusión de los progresistas y demócratas del juego político. Conspiraciones, pactos secretos, intentos de pronunciamientos… la inestabilidad y la falta de apoyos al régimen eran evidentes.

Los moderados recurrieron al autoritarismo y la represión para mantenerse en el poder (como en la Noche de San Daniel, 1865, contra estudiantes universitarios). Los progresistas, liderados ahora por el general Juan Prim, optaron definitivamente por la vía de la insurrección para derribar a Isabel II, a la que consideraban un obstáculo para el progreso y la democracia.

En 1866 tuvo lugar la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil en Madrid, con la adhesión de progresistas y demócratas, que fue duramente reprimida por el gobierno de O’Donnell (que había vuelto brevemente al poder).

La situación del gobierno empeoró debido a una grave crisis financiera (quiebra de bancos y compañías ferroviarias) y a una profunda crisis de subsistencias (malas cosechas, aumento del precio del pan) en 1867-1868. El descontento popular aumentó considerablemente.

Amplios sectores de la sociedad (progresistas, demócratas, unionistas descontentos tras la muerte de O’Donnell en 1867) coincidieron en la necesidad de promover un pronunciamiento militar y una revolución para acabar con el régimen isabelino.

5. La Revolución de 1868: La Gloriosa

En agosto de 1866, progresistas y demócratas (con la posterior adhesión de los unionistas) acordaron un programa mínimo en la ciudad belga de Ostende (Pacto de Ostende): destronamiento de Isabel II y convocatoria de Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal masculino para decidir la futura forma de gobierno (monarquía o república).

Este pacto constituyó la fase previa a la Revolución de 1868, conocida como La Gloriosa. El alzamiento militar se inició en Cádiz en septiembre de 1868, al mando de los generales Prim (progresista), Francisco Serrano (unionista) y el almirante Juan Bautista Topete (unionista), al grito de «¡Viva España con honra!».

La sublevación se generalizó rápidamente por Andalucía y otras ciudades españolas, formándose juntas revolucionarias. Las tropas gubernamentales, leales a Isabel II, fueron derrotadas en la Batalla del Puente de Alcolea (Córdoba). Esta derrota forzó a la reina Isabel II a abandonar España y exiliarse en Francia, dándose inicio al periodo denominado Sexenio Democrático o Revolucionario (1868-1874).

Conclusiones: La Consolidación del Estado Liberal

La revolución liberal iniciada en las Cortes de Cádiz y desarrollada durante las regencias y el reinado de Isabel II supuso una radical transformación en España:

• Una nueva estructura política que reposaba, con avances y retrocesos, en un régimen constitucional y representativo, liquidando la monarquía absoluta.
• Una nueva estructura social basada teóricamente en la igualdad ante la ley, el final de los privilegios estamentales y el nacimiento de la sociedad de clases, dominada por la burguesía y la aristocracia terrateniente.
• Una nueva estructura económica basada en los principios del liberalismo económico: propiedad privada, libertad de industria y comercio, configurando una economía de mercado capitalista.

Todo ello fue el resultado de un complejo proceso, a menudo violento (guerras civiles, pronunciamientos), fruto de un difícil consenso entre las nuevas élites burguesas y las élites procedentes del Antiguo Régimen que se adaptaron a los cambios. Fue un proceso mediatizado por el constante intervencionismo militar en la política, las intrigas de las camarillas de palacio y la sistemática adulteración del sufragio (tanto censitario como, más tarde, universal).

Pese a los continuos vaivenes políticos, las guerras y la inestabilidad, el liberalismo, en su versión más moderada, consiguió consolidar su presencia en lo fundamental durante este periodo.

En definitiva, durante el largo periodo que abarca desde la muerte de Fernando VII hasta la caída de Isabel II (1833-1868), España experimentó una serie de cambios cruciales que consolidaron el Estado liberal burgués y sentaron las bases, con todas sus limitaciones y contradicciones, de la España moderna.