La Regencia de María Cristina (1833-1840)

Tras la muerte de Fernando VII, y para asesorar a la Regente María Cristina, se estableció un Consejo de Gobierno presidido por Francisco Cea Bermúdez. Este gobierno, formado en su mayoría por absolutistas moderados, buscaba llegar a acuerdos con los carlistas. Sin embargo, el inicio de la Primera Guerra Carlista y la necesidad del apoyo liberal a Isabel II provocaron la sustitución del gobierno de Cea Bermúdez por otro capaz de conseguir la alianza de los liberales.

Para liderar este nuevo gobierno, se nombró primer ministro a Francisco Martínez de la Rosa, un liberal moderado que redactó y aprobó el Estatuto Real de 1834. Este documento pretendía facilitar la transición del absolutismo al liberalismo, acercando a los liberales a la causa isabelina y demostrando la disposición de María Cristina a cambiar la forma de gobierno.

El Estatuto Real, aunque no era una constitución, establecía unas Cortes bicamerales con escasas competencias:

• Cámara Alta (Estamento de Próceres): Constituida por personas elegidas por la reina entre nobles, jerarquías de la Iglesia y burgueses adinerados.
• Cámara Baja (Estamento de Procuradores): Elegida por un sufragio muy restringido e indirecto, limitado a hombres mayores de 30 años con una renta anual superior a 12.000 reales. Solo 16.000 hombres, los más ricos del país, tenían derecho a voto.

Las Cortes carecían de iniciativa legislativa, y el monarca, aunque ya no concentraba todos los poderes de manera absoluta, conservaba importantes atribuciones, como la necesidad de su aprobación para la elaboración y aprobación de una ley. El Estatuto Real reflejaba los principios del liberalismo moderado, pero no satisfizo a los liberales progresistas, que demandaban reformas más profundas y mayores libertades.

La necesidad de conseguir apoyos contra el carlismo forzó a la monarquía a aceptar un gobierno progresista liderado por Juan Álvarez Mendizábal en 1835. Este gobierno inició la reforma del Estatuto Real, sentó las bases para un amplio proceso desamortizador, reformó la ley electoral, suprimió los gremios y reorganizó la Milicia Nacional para luchar contra los carlistas.

La desamortización de los bienes del clero provocó la destitución de Mendizábal en 1836, presionado por los sectores privilegiados. Su sustitución por el moderado Francisco Javier Istúriz generó protestas y revueltas a favor del restablecimiento de la Constitución de 1812. El pronunciamiento de los sargentos en la Granja de San Ildefonso (Segovia) en agosto de 1836 obligó a la regente a anular el Estatuto Real, restablecer la Constitución de 1812 y entregar el gobierno a los progresistas.

El nuevo gobierno progresista convocó elecciones a Cortes y elaboró la Constitución de 1837, que se caracterizaba por:

• Reconocimiento de la soberanía popular.
• División de poderes.
• Limitación de los poderes del monarca.
• Cortes bicamerales con poder legislativo: Congreso de los Diputados y Senado. El Congreso tenía mayor importancia, albergando a los principales líderes políticos. Los miembros del Senado eran elegidos por el rey a partir de una lista de candidatos elegidos por los votantes.
• El rey conservaba importantes derechos: iniciativa legislativa, derecho de veto ilimitado y designación de senadores.
• Amplia declaración de derechos (imprenta, asociación, etc.).
• Libertad religiosa, pero con el compromiso del Estado de mantener económicamente al clero católico, afectado por la desamortización.

La Ley Electoral asociada amplió el censo electoral del 0,15% al 2,4%, permitiendo el voto a españoles mayores de 25 años que pagasen 200 reales en contribuciones. A partir de este momento, se configuró un sistema de partidos (moderados y progresistas) que se alternaron en el poder durante el reinado de Isabel II.

En 1840, un intento del gobierno moderado de implementar una ley electoral más restrictiva, limitar la ley de imprenta, otorgar a la Corona la capacidad de nombrar alcaldes y favorecer al clero provocó el enfrentamiento del general Espartero, jefe del Partido Progresista, con la Regente. Los progresistas impulsaron un movimiento revolucionario, y María Cristina nombró a Espartero presidente del gobierno. Sin embargo, su exigencia de compartir la regencia llevó a la renuncia de María Cristina en octubre de 1840 y a su exilio.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Espartero, ya como regente, disolvió las Juntas Revolucionarias y convocó Cortes con mayoría progresista. Su gobierno se caracterizó por el autoritarismo, gobernando con una camarilla de militares (los «ayacuchos») y alejándose de los progresistas, lo que le hizo perder popularidad.

En 1842, la aplicación de una política librecambista que abría el mercado español a los tejidos ingleses generó una gran protesta en Barcelona, ya que la industria textil catalana no podía competir. Espartero sofocó la revuelta bombardeando la ciudad, lo que desprestigió aún más su figura.

Los moderados, aprovechando la división progresista, lideraron un pronunciamiento junto a progresistas disidentes, encabezado por el general Narváez. Espartero renunció en 1843 y se exilió a Londres. Ante el fracaso de las dos regencias, las Cortes declararon la mayoría de edad de Isabel II, con solo trece años.