El Reinado de Isabel II: Entre Regencias, Conflictos y Reformas (1833-1868)

El reinado de Isabel II se divide en dos etapas: la minoría de edad, con las regencias de María Cristina (1833-1840) y de Espartero (1840-1843); y el reinado efectivo (1843-1868) con la mayoría de edad. La minoría de edad de Isabel II comenzó con el estallido de la Primera Guerra Carlista (1833-1840), que tuvo lugar durante la regencia de María Cristina.

Causas de la Primera Guerra Carlista

Entre las causas encontramos, por un lado, la cuestión sucesoria, al nombrar Fernando VII a su hija Isabel heredera legítima al trono y a su madre para ejercer la regencia con la Pragmática Sanción. Los carlistas apoyaban a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, como sucesor y, por tanto, a la Ley Sálica, frente a Isabel II, los liberales y la Pragmática Sanción; por otro lado, el enfrentamiento ideológico entre carlistas e isabelinos.

• El carlismo defendía el Antiguo Régimen, el tradicionalismo, el catolicismo conservador y el mantenimiento de los fueros (usos y costumbres por los que se regían el País Vasco y Navarra frente a la política centralizadora liberal) para conservar las instituciones de gobierno autónomas, sus sistemas judiciales y exenciones fiscales. Geográficamente, sus partidarios se situaban en la mitad norte de España, especialmente en Navarra y País Vasco, así como parte de Cataluña, Aragón y Valencia. Entre sus apoyos destacan la baja nobleza, oficiales reaccionarios, artesanos y campesinos, y parte del clero (rural).
• El liberalismo defendía la política centralizadora, soberanía nacional y división de poderes. Estaban apoyados por los burgueses, funcionarios, hombres de negocios, mandos del ejército y alta nobleza y clero.

Fases de la Primera Guerra Carlista

La Primera Guerra Carlista estalló el 1 de octubre de 1833 con el Manifiesto de Abrantes, y se desarrolló en tres fases:

1. 1ª fase: avance carlista (1833-1835). Los carlistas se hicieron fuertes en Navarra y País Vasco, dirigidos por Zumalacárregui, donde el ejército isabelino no pudo reprimirlos. Hubo victorias carlistas en el valle de los Amézcoas y fracasos carlistas, como el asedio a Bilbao (muerte de Zumalacárregui).
2. 2ª fase: repliegue carlista (1835-1837). Fracasan las expediciones fuera del País Vasco y Navarra con las Expediciones Gómez y Real; y son derrotados en Luchana (1836) por Espartero, replegándose más allá del Ebro.
3. 3ª fase: triunfo isabelino (1837-1839). Espartero liberó gran parte de los territorios ocupados por los carlistas. La división del carlismo facilitó el Convenio de Vergara (1839) entre Maroto y Espartero (abrazo de Vergara), poniendo fin a la guerra. Se pactó admitir militares carlistas en el ejército isabelino y mantener los fueros a cambio de la renuncia de Navarra a su condición de reino.

La cuestión foral será un conflicto sin resolver a lo largo de todo el siglo XIX. Además del descalabro económico y humano que produjo la guerra, la victoria de los liberales supondrá su entrada definitiva en el gobierno. Sin embargo, el carlismo se mantuvo activo y provocó dos conflictos más: la Segunda Guerra Carlista (1846-1849), ante el fracaso de la boda entre Isabel II y Carlos VI, y la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) en el Sexenio Democrático.

Las Regencias y el Desmantelamiento del Antiguo Régimen

Durante las regencias (1833-1843), los gobiernos liberales comenzaron a desmantelar gradualmente el Antiguo Régimen. Destacó el papel de los militares en esta época debido a la debilidad de los gobiernos, la falta de líderes carismáticos y la creencia de que un militar podría gobernar mejor la nación. Además, los liberales formaron dos partidos:

• El Partido Moderado, continuista con los doceañistas, que defendía la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, otorgando amplios poderes al rey y limitando los derechos individuales.
• El Partido Progresista, que seguía a los exaltados, defendía la soberanía nacional y buscaba limitar el poder del rey.

La Regencia de María Cristina (1833-1840)

La regencia de María Cristina comenzó con la fase moderada, una transición entre el Estado absolutista de Fernando VII y el liberal de Isabel II, con reformistas como Cea Bermúdez, que intentaron contentar tanto a liberales como carlistas. Cea Bermúdez fue sustituido por Martínez de la Rosa, un liberal moderado. Durante esta fase, se llevó a cabo la División provincial de Javier de Burgos y se elaboró el Estatuto Real (1834), una Carta otorgada (no una constitución), que reconocía Cortes bicamerales: un Estamento de Próceres (designado por el rey) y un Estamento de Procuradores (con sufragio restringido). Sin embargo, no reconocía soberanía nacional, división de poderes ni derechos individuales, dejando el poder legislativo en manos del rey.

La insurrección de 1835 dio paso a la revolución liberal (1835-1840), que reclamaba un gobierno progresista. El encargado de liderar este cambio fue Mendizábal, quien adoptó medidas para desmantelar el Antiguo Régimen: libertad de imprenta, la Ley de supresión de conventos y el Decreto de Desamortización (1836), que afectó a los bienes del clero regular. Estas medidas provocaron su destitución. La regente María Cristina intentó volver al moderantismo, lo que llevó al pronunciamiento de La Granja, que obligó a entregar el gobierno a los progresistas y restablecer la Constitución de 1812.

El gobierno progresista de Calatrava eliminó el régimen señorial, el mayorazgo y el diezmo, y restableció la Ley Municipal. Las Cortes elaboraron la Constitución de 1837, consolidando el régimen constitucional; proclamaba la soberanía nacional, la división de poderes y unas Cortes bicamerales. Además, reconocía derechos individuales, libertad de prensa, autonomía municipal y la creación de la Milicia Nacional. El intento de modificar la Ley Municipal (1840) provocó la oposición progresista y de Espartero, lo que llevó a la salida de María Cristina.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Tras el ministerio-regencia de Espartero, en 1841, las Cortes lo eligieron regente. Durante la regencia de Espartero (1840-1843), su autoritarismo (llegó a bombardear Barcelona) provocó la oposición de los progresistas y de varios militares como Prim, Serrano, Narváez y O’Donnell. Moderados y progresistas organizaron un pronunciamiento liderado por Narváez, que obligó a Espartero a dimitir. Esto convirtió a Narváez en jefe de Gobierno y proclamó a Isabel II mayor de edad, dando paso al reinado efectivo (1843-1868).

El Reinado Efectivo de Isabel II (1843-1868)

La Década Moderada (1844-1854)

En la Década Moderada (1844-1854), Narváez, líder de los moderados, acometió diversas medidas: suprimió la Milicia Nacional y creó la Guardia Civil (1844); promulgó la Constitución de 1845, más conservadora que la de 1837, que mantenía la soberanía compartida entre Rey y Cortes, Cortes bicamerales con sufragio censitario para el Congreso y un Senado vitalicio de designación real. Bravo Murillo, sustituto de Narváez, implementó reformas como el control de la Administración provincial y local, un nuevo Código Civil y Penal, la reforma fiscal y la firma del Concordato de 1851 entre la Santa Sede e Isabel II.

Con el aumento del autoritarismo, se fundó el Partido Demócrata (1849), que reivindicaba el sufragio universal, Cortes unicamerales, libertad religiosa, instrucción primaria gratuita e intervención del Estado en ámbitos sociales. La suspensión de las Cortes en 1854 aumentó el descontento general.

El Bienio Progresista (1854-1856)

El Bienio Progresista (1854-1856) comenzó con el pronunciamiento del general O’Donnell en Vicálvaro (conocido como Vicalvarada). En su retirada, se unió a Serrano, y ambos proclamaron el Manifiesto de Manzanares, dando inicio a una nueva etapa de reformas progresistas.

Isabel II encargó el gobierno a Espartero, quien asumió la responsabilidad con O’Donnell como ministro de Guerra. Durante su mandato, se llevaron a cabo varias reformas progresistas importantes. Entre ellas, se restauraron la Ley de Imprenta, la Ley Electoral y se reorganizó la Milicia Nacional. Además, se elaboró la Constitución de 1856, que aunque nunca llegó a entrar en vigor, mantenía principios progresistas como la soberanía nacional, un sistema de Cortes bicamerales electivas y la potestad legislativa compartida entre el Rey y las Cortes. Esta constitución también ampliaba los derechos individuales y fortalecía el marco liberal del país.

En términos económicos, se aprobó la Desamortización de Madoz en 1855, que afectó a los bienes eclesiásticos, municipales y del Estado. También se aprobaron la Ley de Ferrocarriles en 1855 y la Ley Bancaria en 1856, que buscaban modernizar la infraestructura económica de España. Sin embargo, la creciente crisis social, unida a la inestabilidad política, llevó a la dimisión de Espartero.

La Crisis del Reinado de Isabel II (1856-1868)

De 1856 a 1868, se alternaron en el poder los gobiernos moderados y los de la Unión Liberal. Durante este período, destacó la Ley Moyano de 1857, una reforma moderada destinada a mejorar la Instrucción Pública en España, aunque aún mantenía una estructura conservadora en muchos aspectos.

O’Donnell, al frente de la Unión Liberal, trató de establecer un liberalismo centrista, buscando conciliar las ideas de la derecha progresista y la izquierda moderada. En su visión, España debía recuperar su prestigio internacional y avanzar hacia una modernización sin perder la estabilidad. Durante su mandato, la situación política se volvió cada vez más tensa debido a los conflictos con la monarquía y la crisis económica. Por otro lado, Narváez, líder de los moderados, tuvo que enfrentarse a varias sublevaciones, como la de los sargentos del cuartel de San Gil y al Pacto de Ostende en 1866, firmado por progresistas, demócratas y republicanos con el objetivo de destronar a la reina y convocar unas Cortes Constituyentes que instauraran un nuevo orden.

La crisis económica y el malestar social, exacerbado por la corrupción y el fraude electoral, aumentaron las críticas a la monarquía, provocando un progresivo aislamiento de la Reina Isabel II. La muerte de Narváez y O’Donnell dejó a la monarquía aún más vulnerable. Finalmente, en 1868, los generales Prim y Topete iniciaron la sublevación conocida como «La Gloriosa«, con el apoyo del unionista Serrano, que provocó la caída y el exilio de Isabel II y la instauración de un gobierno provisional liderado por Prim y Serrano.

Las Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz: Transformación de la Propiedad en la España del Siglo XIX

La desamortización fue una de las medidas de mayor trascendencia tomada por los gobiernos liberales, y consistió en la confiscación y venta de los bienes de la Iglesia y de los municipios, un proceso que se desarrolló durante gran parte del siglo XIX. En su esencia, la desamortización consistió en incautar los bienes de manos muertas (es decir, propiedades que no estaban en el mercado libre) y ponerlos a la venta mediante subastas públicas. Los ingresos obtenidos se utilizaron para financiar la guerra carlista y la construcción del ferrocarril, entre otras cosas.

El proceso desamortizador significó un cambio radical en el sistema de propiedad de la tierra en España, afectando a casi 20 millones de hectáreas. El primer gran impulso de la desamortización fue la llevada a cabo por Mendizábal en 1836, durante la regencia de María Cristina, en un contexto de guerra carlista y de insurrección liberal. La principal motivación de esta medida fue reducir la deuda pública, ya que la mala situación financiera del Estado hacía imposible obtener nuevos préstamos. La desamortización permitió al gobierno obtener recursos para financiar la guerra contra los carlistas y, a la vez, cambiar la estructura de la propiedad en España.

Objetivos y Consecuencias de la Desamortización de Mendizábal

Los objetivos de la desamortización de Mendizábal fueron múltiples: financiar la guerra carlista, reducir la deuda pública, atraer a la burguesía adinerada hacia el campo liberal y reestructurar la propiedad de la Iglesia. La desamortización de 1836 se centró en la venta de bienes del clero regular (frailes y monjas), incluidas tierras, monasterios, conventos y otros bienes. La subasta de estos bienes permitió que los nuevos propietarios fueran, en su mayoría, grandes terratenientes y la nueva burguesía, que se benefició de la concentración de tierras.

A lo largo de las décadas siguientes, el proceso de desamortización se expandió, especialmente con la Desamortización de Madoz en 1855, que extendió la venta de bienes a los municipios y al Estado. Este proceso también estuvo destinado a financiar la construcción del ferrocarril, entre otros proyectos de infraestructura.

Impacto Social y Económico de las Desamortizaciones

Las consecuencias de la desamortización fueron significativas. Por un lado, permitió al Estado obtener recursos necesarios en un momento crítico, y por otro, cambió profundamente la estructura de la propiedad de la tierra. La desamortización afectó tanto a las grandes propiedades eclesiásticas como a las tierras de los municipios, favoreciendo la concentración de la propiedad en manos de pocos terratenientes, lo que contribuyó al nacimiento de una nueva clase social, la burguesía terrateniente.

Sin embargo, el proceso también tuvo efectos negativos. La Iglesia perdió una gran parte de su poder económico y se debilitó como institución, lo que generó tensiones con el Estado. Además, muchos campesinos y pequeños propietarios se vieron desplazados, y las grandes propiedades pasaron a manos de una élite que, en muchos casos, no cultivaba directamente la tierra, sino que la rentaba o especulaba con ella. Esto creó un desequilibrio social y económico que contribuyó al malestar de las clases populares, alimentando la oposición al régimen monárquico.

El proceso desamortizador y sus efectos contribuyeron a la evolución de la sociedad española de una sociedad estamental a una sociedad de clases, donde la burguesía emergió como la nueva clase dominante, mientras que las clases populares y campesinas seguían siendo las más desfavorecidas.

En 1837 se amplió al clero secular, aunque la ejecución de esta no fue hasta la regencia de Espartero el 2 de septiembre de 1841. La desamortización civil será realizada por Madoz ya durante el reinado efectivo de Isabel II dentro del Bienio Progresista (1854-1856). El 1 de mayo de 1855 se promulgó la Ley General de Desamortización, con la que se ponían a la venta la totalidad de los bienes de propiedad colectiva y aquellos amortizados (eclesiástica o municipal). Se pretendía poner fin al proceso desamortizador iniciado por Mendizábal y suspendido durante la Década Moderada. De nuevo fue la gran burguesía la gran beneficiaria, aunque la participación de pequeños propietarios fue mayor que en la primera.

Consecuencias del Proceso Desamortizador

Como consecuencias del proceso desamortizador encontramos:

• Las tierras no se repartieron entre los menos favorecidos, ya que no se intentó hacer ninguna reforma agraria, sino conseguir dinero para los planes del Estado.
• Aumentó el volumen general del producto agrícola al ponerse más tierras en producción.
• Apareció un proletariado agrícola, formado por más de dos millones de campesinos sin tierra, jornaleros sometidos a duras condiciones de vida y trabajo.
• Se conformó una burguesía terrateniente, emulando a la vieja aristocracia.
• El latifundio predominó en el centro y el sur de España.
• Se empeoró las condiciones del pequeño campesinado que antes disfrutaba de las propiedades comunales.
• Se perdió o expolió una gran parte del patrimonio artístico y cultural español.

La Transformación Social en la España del Siglo XIX

El proceso desamortizador contribuyó a la transformación de la sociedad estamental en una nueva sociedad de clases y consolidó la alianza entre la ascendente burguesía y la nobleza terrateniente. Con la configuración del Estado liberal, los estamentos desaparecieron al imponerse la igualdad jurídica, poniendo fin a los privilegios. Todos pagaban impuestos, eran juzgados por las mismas leyes, y gozaban teóricamente de los mismos derechos políticos. Así la población constituía una sola categoría jurídica, la de ciudadanos. Los ciudadanos quedaron definidos por la pertenencia a una clase social, siendo grupos abiertos y no cerrados como en el Antiguo Régimen.

La Nobleza y el Clero en la Nueva Sociedad Liberal

La nobleza, disminuyó y perdió su influencia al perder sus privilegios, pero se adaptó a las circunstancias. Siguió presente en los altos cargos de la Administración, del Ejército y en política (Senado), y mejoró su situación económica (alta nobleza). El clero cambió con la revolución liberal; perdió su principal fuente de ingresos, el diezmo, y el monopolio de la enseñanza. La Iglesia perdió parte de sus bienes con las desamortizaciones, y las órdenes religiosas disminuyeron; se mostró enemiga del liberalismo, contraria a la tolerancia religiosa y separación Iglesia-Estado.

El Ascenso de la Burguesía

La gran protagonista fue la burguesía, la sustitución de privilegios permitió legalmente la movilidad social, y las desamortizaciones la posibilidad de conseguir bienes. El progreso económico, favoreció la aparición de una burguesía de negocios: banqueros, comerciantes, propietarios de tierras y de inmuebles urbanos, grandes profesionales y altos cargos del Estado. Fuera de las grandes urbes, se desarrolló una burguesía más modesta.

Las Clases Medias y el Proletariado

Las clases medias constituían entre el 5% y 10% de la sociedad, eran propietarios de tierras, comerciantes, profesionales liberales y empleados públicos. Constituyeron un grupo influyente en el país. La revolución industrial aportó una nueva clase social, el proletariado industrial. En el siglo XIX se desarrolló el movimiento obrero, favorecido por las malas condiciones laborales (largas jornadas), de vida (hacinamiento), económicas (salarios bajos), y falta de protección social.