EL PROCESO DESAMORTIZADOR

Con las leyes desamortizadoras se pretendía desvincular los bienes de la Nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales, que se encontraban en manos muertas. Ambas acciones pretendían el mismo objetivo: sacar al mercado los bienes de la nobleza, el clero y los municipios para que se pudieran vender y conseguir con la venta la riqueza necesaria, ante la insostenible situación de penuria de la Hacienda Pública. Estas medias consistieron en expropiar las fincas rústicas y urbanas del clero y de los ayuntamientos, nacionalizarlas y posteriormente venderlas a los particulares en subasta pública. El Estado se comprometía a compensar a la Iglesia haciéndose cargo de los gasto del culto y del clero.
La palabra desvinculación se aplicaba a los bienes de los seglares, y la desamortización a los bienes de los eclesiásticos.
La desvinculación supuso una doble decisión. La primera fue la abolición de los señoríos, lo que significaba acabar con una serie de relaciones de dominio que los señores habían tenido, debido a privilegios concedidos por los reyes, sobre los habitantes de unos determinados territorios y, por convertir en propiedad particular y libre aquellas tierras. El proceso iniciado en Cádiz fue largo, a causa de las múltiples quejas y problemas surgidos, y concluyó en 1837.
La segunda medida fue la supresión de los mayorazgos. En Cádiz sólo se había insinuado, y la primera ley que la recogía se escribió en 1820, durante el trienio liberal. Las resistencias de la nobleza retrasarían su culminación hasta 1841.
La desamortización, primero de los bienes eclesiásticos y luego de los pueblos, fue la medida XIX, entrando incluso en el XX.
La desamortización suponía dos momentos bien diferenciados: primero, la incautación por parte del Estado de esos bienes, por lo que dejaban de ser de manos muertas para convertirse en bienes nacionales; y segundo, la puesta en venta, mediante pública subasta. El producto de lo obtenido lo aplicaría el Estado a sus necesidades.

FASES DEL PROCESO

La desamortización ya había empezado a ser aplicada en el siglo XVIII. Se ha calculado que, desde que se pusieron en venta los primeros bienes de los jesuitas, expulsados de España por Carlos III, pasaron a manos de propietarios particulares 19900000 hectáreas que habían sido de propiedad colectiva, a sea, el 39 por 100 de la superficie del país.
Este dilatado proceso de ventas no fue continuo, sino resultado de varias desamortizaciones: la de Godoy, ministro de Carlos IV (1798), la de las Cortes de Cádiz (1811-1813), la del Trienio Liberal (1820-1823), la de Mendizábal (1836-1851), y la de Pascual Madoz (1855-1924).

Antecedentes

– Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, se dan los primeros pasos. Se incluye la desamortización de Godoy. En ella se desamortizaron bienes de la Compañía de Jesús, de hospitales, hospicios, Casas de Misericordia.
– José I realizó también una pequeña desamortización que no implicó la supresión de la propiedad, sino la confiscación de sus rentas para el avituallamiento y gastos de guerra de las tropas francesas, de forma que se devolvieron en 1814.
– Durante el Trienio Liberal se llevaron a cabo otras desamortizaciones poco ambiciosas que fueron deshechas tras la caída del régimen liberal.
1º la desamortización eclesiástica de Mendizábal. Afectó a los bienes del clero regular (órdenes religiosas). En contrapartida, la Iglesia recibió compensaciones importantes y el Estado se encargó del mantenimiento del clero.
2º la desamortización civil de Madoz. Afectó a los bienes pertenecientes al Estado, a los ayuntamientos y otras instituciones.

LA DESAMORTIZACION GENERAL DE MADOZ

En 1855, el ministro de Hacienda del progresista Espartero, Pascual Madoz, también progresista y amigo de Mendizábal, sacó a ala luz su Ley de Desamortización General. Se ha llamado civil pero también afectó al clero. Se llamaba general porque se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva: las de los eclesiásticos que no habían sido vendidas en la etapa anterior y la de los pueblos:
Bienes de propios y comunes. Se expropian también propiedades de Órdenes Militares, cofradías, obras pías, santuarios, de la beneficencia y de la instrucción pública. La finalidad era obtener medios económicos para el Estado.
Las ventas fue una copias de la de Mendizábal, sin embargo, había dos diferencias claras. Una se refería al destino del dinero obtenido: fue dedicado a la industrialización del país, a la expansión del ferrocarril. La otra diferencia estaba en la propiedad de dicho dinero: el Estado no era el propietario, sino los ayuntamientos. Aquel percibiría el importe de las ventas en nombre de estos y transformaría en lo que hoy podría ser bonos del Estado, lo cual significaba que éste se convertía en custodio de los fondos de los ayuntamientos, utilizándolos para el bien de todos. En este proceso, la burguesía con dinero fue de nuevo la gran beneficiaria.
Alcanzó un mayor volumen de ventas. El Estado ingresó unos 8000 millones de reales que sirvieron para cubrir el déficit presupuestario del Estado, amortizar la Deuda Pública y realizar obras públicas, reservándose 30 millones anuales para la reedificación y reparación de iglesias.