España 1833-1856: Conflictos y Reformas en el Reinado de Isabel II

La Primera Guerra Carlista (1833-1839)

La Primera Guerra Carlista se inició tras la muerte de Fernando VII (1833). Este conflicto enfrentó a los carlistas, partidarios de los derechos dinásticos de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, y los isabelinos, defensores de los derechos al trono de su hija Isabel. Este enfrentamiento se debió a que la madre de Isabel, María Cristina, había promulgado la Pragmática Sanción (1830) que modificaba la ley y convertía a Isabel en heredera. En cambio, los carlistas defendían la Ley Sálica, ley de origen francés que impedía el acceso de las mujeres al trono.

En 1833 los rebeldes proclamaron rey al príncipe Carlos María Isidro, confiándole la defensa del absolutismo y de la sociedad tradicional. Comenzaba así una larga guerra civil que enfrentó a los defensores del Antiguo Régimen y los partidarios de iniciar un proceso reformista de carácter liberal. El Antiguo Régimen era defendido por los carlistas, que tenían una ideología tradicionalista y antiliberal; su lema era «Dios, Patria y Fueros». Los liberales estaban en contra del absolutismo y contaban con buena parte de la alta nobleza y de los funcionarios, así como con un sector de la jerarquía eclesiástica.

Francisco Martínez de la Rosa, un liberal moderado, inició unas primeras reformas muy limitadas. En 1834 propuso el Estatuto Real (un conjunto de reglas para convocar unas Cortes que seguían siendo las mismas del Antiguo Régimen, pero ligeramente adaptadas al nuevo tiempo), pero estas reformas fueron insuficientes. La guerra civil y la desastrosa situación económica provocaron sublevaciones que exigirían una ampliación de libertades políticas y sufragio, y reclamaban la entrega del poder a los progresistas.

En 1836 una revuelta contra la regente la obligó a aceptar la Constitución de 1812, aunque se redactó una nueva carta magna (Constitución de 1837) con cambios respecto a la de 1812 que la hacían más moderada (soberanía nacional, declaración de derechos de los ciudadanos, división de poderes y la no confesionalidad del Estado). En esta Constitución se hicieron algunas leyes importantes: la Ley de Imprenta (1836), que hizo desaparecer la censura previa, y la Ley Electoral (1837), que fijó un sistema de sufragio censitario en el que tenían derecho al voto los varones mayores de 25 años que pagaran un mínimo de 200 reales de contribución directa.

Finalizada la Primera Guerra Carlista (1839), un gobierno dirigido por el moderado Pérez de Castro limitó las reformas en la participación de las clases medias urbanas, promulgando una Ley de Ayuntamientos (supresión del derecho de los ciudadanos a elegir alcaldes). Hubo revueltas populares y María Cristina se vio obligada a renunciar a la regencia. Entonces las Cortes eligieron como regente al general Espartero, que contaba con el apoyo de los liberales progresistas en nombre de la libertad; gobernó hasta 1843 de manera dictatorial, reprimiendo a los moderados y sin someterse nunca al Parlamento. Se ganó el rechazo de todos. Algunos sectores liberales progresistas (demócratas), que lo apoyaron inicialmente, se enfrentaron a él, pues no aceptaban las reformas autoritarias y represivas, aunque se hicieran en nombre del liberalismo.

En 1843 se inició una sublevación militar encabezada por Narváez. Espartero huyó, se exilió en Londres y no regresó a España hasta 1849.

La Década Moderada (1844-1854)

En las elecciones de 1844, realizadas con sufragio censitario, los moderados obtuvieron la mayoría de votos y formaron un nuevo gobierno presidido por el general Ramón María Narváez, que puso fin a la regencia de Espartero. Proclamada mayor de edad a los 13 años, Isabel II asumió el trono de España (1843) y encargó la formación del gobierno al Partido Moderado, liderado por Narváez. Con el apoyo de burgueses conservadores, el Partido Moderado gobernó durante 10 años con mano dura.

Anuló la Constitución de 1837 y redactó otra nueva en 1845 que recogió las ideas básicas del moderantismo: soberanía conjunta entre el Rey y las Cortes, ampliación de los poderes del Ejecutivo y disminución de las atribuciones del Legislativo; y se acordó el mantenimiento del culto y del clero. En esta etapa se realizaron algunas reformas político-administrativas importantes: Ley Fiscal, Código Civil y Penal, Ley de Sociedades por Acciones.

Los políticos moderados intentaron un acercamiento a la Iglesia, enemistada con el régimen liberal desde la desamortización de 1836; se firmó un concordato o convenio de colaboración con el Vaticano por el que la Iglesia recuperaba muchos de sus privilegios y era autorizada para intervenir en la enseñanza. En 1844 se creó la Guardia Civil, cuerpo policial de carácter militar destinado a mantener el orden en las zonas rurales y que, en la práctica, aseguraba el derecho a la propiedad de los terratenientes en el campo.

Los gobiernos favorecieron los negocios financieros en los que participaban políticos, personajes relacionados con el poder y miembros de la familia real. La corrupción y el autoritarismo de los gobiernos hizo que las clases populares dieran su apoyo a un levantamiento liberal de carácter progresista (1854).

El Bienio Progresista (1854-1856)

El año 1854 se inició con un pronunciamiento militar en Vicálvaro. Su instigador fue el general Leopoldo O’Donnell, líder del partido Unión Liberal. Este alzamiento, de carácter revolucionario, no pretendía destronar a la reina Isabel II, sino forzarla a admitir las reformas democráticas interrumpidas en 1844.

Comenzó una nueva etapa política que duró dos años, en la que se comenzó a elaborar una nueva carta constitucional, que finalmente no fue puesta en práctica: la «non nata».

Isabel II pidió al general progresista Espartero que formara gobierno, con el que se volvieron a adoptar las medidas radicales que habían caracterizado la etapa de la regencia de Espartero (como la expulsión de los jesuitas y la ampliación de una segunda desamortización (1855) que supuso el embargo de bienes comunales de los municipios).

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