El Desastre del 98 y sus Consecuencias
La superioridad material estadounidense facilitó la derrota española en la Guerra Hispano-Estadounidense. Posteriormente, en Cuba, la flota española también fue derrotada y las tropas norteamericanas desembarcaron en Guantánamo y en la isla de Puerto Rico. Tras estas derrotas, mediante el Tratado de París (1898), España renunció a su soberanía sobre Cuba y cedió Filipinas, Puerto Rico y Guam a EE. UU. a cambio de 20 millones de dólares. El derrumbamiento de los restos del Imperio español culminó en 1899 cuando, mediante el Tratado Germano-Español, España vendió a Alemania las islas Carolinas, las Marianas (excepto Guam) y Palaos.
La pérdida de las últimas colonias trajo consecuencias importantes:
- Pérdidas humanas (más por enfermedades que por combate), materiales y económicas.
- Un profundo impacto psicológico y moral, conocido como el «Desastre del 98«, que afectó especialmente al ejército y a la conciencia nacional.
- Una grave crisis política y desprestigio militar.
Estas derrotas también tuvieron profundas consecuencias ideológicas. La convulsión se produjo principalmente entre la clase política y los intelectuales, con menor impacto inicial entre las clases populares. Entre las críticas destacaron:
- Las de los llamados regeneracionistas, cuyo máximo exponente fue Joaquín Costa, que clamaban por una modernización política, social y económica del país.
- Las del grupo de escritores conocido como la Generación del 98 (Unamuno, Baroja, Azorín, Machado, etc.), que reflexionaron amargamente sobre la «decadencia de España».
Los regeneracionistas, en general, no buscaron formar partidos políticos ni participar directamente en la política activa, lo que confirió a sus críticas un carácter más independiente. En 1902, Alfonso XIII fue proclamado mayor de edad, iniciando su reinado personal. Poco después murió Práxedes Mateo Sagasta, marcando simbólicamente el final de una etapa clave del régimen de la Restauración.
Evolución Demográfica y Movimientos Migratorios en el Siglo XIX
En el siglo XIX, la población española creció de aproximadamente 10,5 millones a 18,5 millones de habitantes en 1900. Las causas principales de este crecimiento fueron la remisión de grandes epidemias (como la peste), la mejora paulatina de la dieta y la expansión de algunos cultivos como el maíz o la patata.
Sin embargo, el crecimiento demográfico español fue uno de los más bajos de Europa occidental. Esto se debió a que, si bien la natalidad se mantuvo elevada, la mortalidad también era muy alta (especialmente la infantil), situando la esperanza de vida en torno a los 35 años hacia 1900. La elevada mortalidad se debía principalmente a las deficientes condiciones higiénico-sanitarias, las crisis de subsistencia (malas cosechas) y el impacto de enfermedades infecciosas.
A finales del siglo XIX, la presión demográfica en algunas zonas y la falta de oportunidades laborales impulsaron importantes movimientos migratorios, tanto interiores como exteriores. Muchos españoles se vieron obligados a emigrar hacia América (ultramar) o a otras regiones dentro de la Península. Las principales áreas de emigración fueron Galicia, la cornisa cantábrica, Canarias y Levante, regiones con minifundismo, falta de tierras o crisis agrarias. El destino exterior predominante fue Latinoamérica, especialmente Argentina, Cuba, Brasil y México. Esta emigración masiva fue facilitada por la mejora de los transportes marítimos (barco de vapor), alcanzando su auge en las primeras décadas del siglo XX (aproximadamente entre 1900 y 1930).
El Desarrollo Urbano
Durante este siglo, la mayoría de la población española continuaba siendo rural. El crecimiento urbano fue, en general, lento y limitado, reflejo de una industrialización débil y un sector agrario predominante que retenía a la mayor parte de la población en el campo. A partir de mediados de siglo (especialmente desde 1860), se inició un lento pero constante éxodo rural, que nutrió el crecimiento de las ciudades, principalmente Madrid, Barcelona y las capitales de provincia. Las regiones con mayor dinamismo económico, como Cataluña o el País Vasco, se convirtieron también en focos de inmigración interior.
El aumento de la población urbana hizo necesarias reformas interiores (derribo de murallas) y la creación de nuevos barrios planificados (ensanches), como los de Barcelona (Plan Cerdà) o Madrid (Plan Castro). Asimismo, se acometió la mejora de infraestructuras urbanas: pavimentación, alcantarillado, agua corriente, alumbrado público (primero de gas, luego eléctrico) y transporte (tranvías).
La Revolución Industrial en la España del Siglo XIX
Factores Limitantes y Focos Industriales
La Revolución Industrial en España fue un proceso lento, tardío e incompleto en comparación con otros países europeos, debido a diversos factores:
- Inestabilidad política crónica durante gran parte del siglo.
- Pérdida del mercado colonial americano.
- Escasez de materias primas clave (carbón de calidad y caro) y dependencia tecnológica del exterior.
- Lento crecimiento demográfico y bajo poder adquisitivo de la población, lo que conformaba un mercado interior débil y poco articulado.
- Falta de una burguesía industrial fuerte y de inversión estatal significativa (el capital de las desamortizaciones no se dirigió prioritariamente a la industria).
- Política económica predominantemente proteccionista que, si bien defendía la producción nacional, desincentivó la innovación y la competitividad.
No obstante, existieron importantes focos de industrialización regional:
- Cataluña: Principal centro industrial del país, liderado por la industria textil algodonera, seguida de otras como la metalúrgica o la química.
- País Vasco: Industria siderúrgica (hierro y acero), impulsada por la exportación de mineral de hierro de alta calidad y la creación de grandes empresas como los Altos Hornos de Vizcaya (fundados en 1902, resultado de fusiones previas). También destacó la industria naval y metalúrgica.
- Asturias: Minería del carbón (hulla), esencial para la industria nacional pese a su calidad y costes de extracción.
En Andalucía, tras un intento inicial de desarrollo siderúrgico en Málaga (que fracasó por los costes del combustible), la industrialización fue muy limitada, predominando el sector agroalimentario (aceite, vino).
El Sistema de Comunicaciones: El Ferrocarril
La construcción del ferrocarril fue clave para intentar articular un mercado interior, facilitando el transporte de personas y mercancías a mayor velocidad y menor coste relativo. Hasta mediados de siglo (1855), la red ferroviaria era muy escasa (destacando la línea Barcelona-Mataró de 1848).
La Ley General de Ferrocarriles de 1855 impulsó la construcción masiva, otorgando amplias facilidades y concesiones a compañías, mayoritariamente de capital extranjero (principalmente francés). Esto implicó la importación de gran parte del material ferroviario (raíles, locomotoras), lo que limitó el estímulo directo a la siderurgia nacional.
La crisis financiera de 1866 provocó la quiebra de muchas compañías ferroviarias y paralizó temporalmente la construcción, evidenciando la escasa rentabilidad inicial de muchas líneas, construidas a menudo con criterios más políticos que económicos.
Durante la Restauración, la construcción se reactivó. Sin embargo, la red presentó problemas estructurales:
- Estructura radial con centro en Madrid, dificultando las comunicaciones transversales entre zonas periféricas e industriales importantes.
- Adopción de un ancho de vía distinto al estándar europeo (el «ancho ibérico»), lo que encarecía y dificultaba el comercio internacional al obligar a transbordos en la frontera.
- Trazados a menudo condicionados por intereses políticos más que por la eficiencia económica.
Paralelamente, se mejoró la red de carreteras (Plan General de Carreteras de mediados de siglo), se modernizaron algunos puertos (Barcelona, Bilbao, Valencia) y se extendió la red de telégrafos, mejorando las comunicaciones.
Proteccionismo vs. Librecambismo
En cuanto a la política comercial, tras un breve paréntesis librecambista durante el Sexenio Democrático (representado por el Arancel Figuerola de 1869), la Restauración impuso de nuevo políticas proteccionistas, especialmente a partir del arancel de 1891 promovido por Cánovas.
Grupos de presión como los industriales textiles catalanes, los productores de cereal castellanos («trigueros»), los mineros asturianos y los siderúrgicos vascos demandaron y obtuvieron aranceles elevados para proteger sus productos de la competencia exterior.
Si bien el proteccionismo benefició a corto plazo a estos sectores al reservarles el mercado nacional, a largo plazo dificultó la modernización tecnológica, la competitividad internacional y la plena integración de la economía española en el mercado mundial, contribuyendo a mantener precios interiores elevados.
La Aparición de la Banca Moderna
El sistema financiero español también experimentó una importante modernización durante el siglo XIX. A principios de siglo existía el Banco de San Fernando (fundado en 1829). En 1844 se crearon el Banco de Isabel II (como entidad privada rival de la anterior) y el Banco de Barcelona (considerado el primer banco comercial moderno de España). La Bolsa de Madrid había comenzado a funcionar oficialmente en 1831.
Un hito fundamental fue la Ley de Bancos de Emisión y Sociedades de Crédito de 1856, impulsada durante el Bienio Progresista, que sentó las bases del sistema bancario moderno.
En 1856, la fusión del Banco de Isabel II con el Banco de San Fernando dio lugar al nuevo Banco de España, concebido inicialmente como un banco privado con funciones públicas. En 1874, durante la Restauración, este recibió el monopolio de la emisión de billetes para todo el territorio nacional, consolidándose como banco central.
Paralelamente, surgieron importantes bancos privados de negocios y depósitos, como el Banco de Santander (1857) y el Banco de Bilbao (1857). También aparecieron sociedades de crédito destinadas a financiar negocios e infraestructuras, y entidades especializadas como el Banco Hipotecario (1872). El Banco de Vizcaya se fundó más tarde, en 1901. Estos bancos jugaron un papel crucial en la financiación de la industria y el comercio, especialmente en los focos más dinámicos como el País Vasco y Cataluña.
Esquema de la Restauración Borbónica (Inicios)
El Camino hacia la Restauración
El fracaso de los diferentes regímenes experimentados durante el Sexenio Democrático (1868-1874), el temor de las clases dirigentes a la inestabilidad social y política (cantonalismo, movimientos obreros) y el activismo de los partidarios de la monarquía alfonsina favorecieron el proceso de “restaurar” la dinastía borbónica en el trono.
- Antonio Cánovas del Castillo, antiguo político moderado, se convirtió en el artífice político del regreso de los Borbones.
- Cánovas aspiraba a un regreso pacífico y ordenado de Alfonso XII (hijo de Isabel II), basado en un nuevo modelo político. Esto se plasmó en el Manifiesto de Sandhurst (1 de diciembre de 1874), redactado por Cánovas y firmado por el príncipe Alfonso, donde prometía una monarquía constitucional y dialogante.
- Sin embargo, el general Martínez Campos se adelantó a los planes de Cánovas con un pronunciamiento militar en Sagunto (29 de diciembre de 1874), proclamando a Alfonso XII como Rey de España.
Primeras Medidas y Pacificación (Gobierno Provisional de Cánovas)
Tras el pronunciamiento, Cánovas asumió la jefatura de un gobierno provisional (Ministerio-Regencia) hasta la llegada del rey en enero de 1875. Sus primeras medidas buscaron:
- Restablecer el orden y la autoridad.
- Controlar la prensa crítica con el nuevo régimen.
- Buscar el apoyo de la Iglesia Católica (restablecimiento de relaciones).
- Lograr la pacificación interior: poner fin a la Tercera Guerra Carlista (que finalizó en 1876) y a la Guerra de los Diez Años en Cuba (concluida con la Paz de Zanjón en 1878, aunque no resolvió el problema de fondo).
El Sistema Político de Cánovas del Castillo
Cánovas diseñó un sistema político con los siguientes objetivos:
- Devolver a la monarquía borbónica el prestigio perdido durante el reinado de Isabel II.
- Constituir un régimen estable basado en una política ecléctica y pragmática, superando las exclusiones del pasado.
- Excluir al ejército de la participación directa en la política (acabar con los pronunciamientos).
- Establecer un sistema bipartidista basado en dos grandes partidos dinásticos («partidos de turno») que aceptaran la monarquía y la Constitución: el Partido Conservador (liderado por él mismo) y el Partido Liberal (liderado por Sagasta).
- Elaborar una nueva Constitución (1876), de carácter moderado pero flexible.
- Establecer inicialmente un sufragio censitario, aunque posteriormente se aprobaría el Sufragio Universal Masculino (1890).
La Constitución de 1876
En diciembre de 1875 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes (aún por sufragio universal masculino, como en el Sexenio, aunque Cánovas prefería el censitario). La Constitución resultante, promulgada en 1876, se basaba en los principios del liberalismo doctrinario y presentaba las siguientes características:
- Soberanía compartida entre las Cortes y el Rey.
- Amplios poderes para la Corona (poder ejecutivo, derecho de veto, nombramiento de ministros, convocatoria y disolución de Cortes).
- Cortes Bicamerales:
- Senado: Integrado por tres tipos de senadores (por derecho propio, vitalicios nombrados por el Rey, y elegidos por corporaciones y mayores contribuyentes). Cámara de carácter conservador.
- Congreso de los Diputados: Elegido por sufragio directo (inicialmente censitario, muy restringido; luego universal masculino desde 1890).
- Confesionalidad católica del Estado, aunque se toleraba el culto privado de otras religiones.
- Declaración de derechos similar a la de 1869, pero su desarrollo se remitía a leyes posteriores que a menudo los restringieron (especialmente la libertad de prensa, reunión y asociación).
El Turno Pacífico y el Fraude Electoral
El sistema se basaba en el bipartidismo y el turno pacífico en el gobierno entre el Partido Conservador (antiguos moderados y unionistas) y el Partido Liberal (antiguos progresistas, demócratas moderados). Cuando un gobierno se desgastaba o el rey lo consideraba oportuno, llamaba al líder de la oposición a formar gobierno, disolvía las Cortes y convocaba elecciones.
Para garantizar que el resultado electoral fuera favorable al partido que convocaba las elecciones (el que estaba entrando en el gobierno), se recurría sistemáticamente al fraude electoral:
- Encasillado: El Ministro de la Gobernación “encasillaba” en cada distrito electoral al candidato que debía salir elegido (fuese conservador o liberal, según lo pactado).
- Caciquismo: Personajes locales influyentes (caciques) se encargaban de asegurar los resultados mediante coacción, compra de votos, favores, manipulación de censos (incluyendo muertos) y pucherazo (manipulación de las urnas).
Primeros Gobiernos de Alfonso XII (Predominio Conservador: 1875-1881)
Durante los primeros años del reinado, bajo la dirección de Cánovas, se consolidó el régimen. Se defendía:
- El orden social y la propiedad.
- La institución monárquica.
Se aplicaron medidas restrictivas:
- Censura de prensa y control de la libertad de cátedra.
- Restricción del derecho de asociación (ilegalización de organizaciones obreras internacionalistas).
- Abolición definitiva de los Fueros Vascos (1876) como castigo por su apoyo al carlismo, aunque se estableció un sistema de Conciertos Económicos.
- Aprobación de una Ley Electoral (1878) que establecía un sufragio censitario muy restringido (solo votaba alrededor del 5% de la población).
Gobierno Liberal de Sagasta (1881-1884)
En 1881, Alfonso XII llamó por primera vez a gobernar al Partido Liberal de Sagasta, demostrando la viabilidad del turno. Este gobierno intentó desarrollar algunos derechos y libertades:
- Mayor permisividad con la prensa (supresión de la censura previa).
- Restitución de profesores universitarios apartados por sus ideas (como Giner de los Ríos).
- Mayor tolerancia hacia las asociaciones obreras y republicanas.
1885: Muerte de Alfonso XII y Pacto del Pardo
En 1884 volvió Cánovas al poder, pero en noviembre de 1885 murió prematuramente el rey Alfonso XII. Ante el temor a la desestabilización del régimen (con una reina viuda y embarazada, María Cristina de Habsburgo, como regente), Cánovas y Sagasta reafirmaron su compromiso con el sistema mediante el llamado Pacto del Pardo:
- Acordaron apoyar la Regencia de María Cristina.
- Se comprometieron a mantener el turno pacífico y no recurrir a pronunciamientos ni poner en peligro la monarquía.
- Cánovas cedió el poder a Sagasta para garantizar la estabilidad.
Esto dio lugar al llamado «Gobierno Largo» de Sagasta (1885-1890), durante el cual se aprobaron importantes reformas de carácter liberal, como la Ley de Asociaciones (1887) y, sobre todo, la implantación del Sufragio Universal Masculino (1890), aunque el fraude electoral continuó.
En 1902, al cumplir los 16 años, Alfonso XIII fue proclamado mayor de edad, finalizando la Regencia e iniciando su reinado personal.