El Reinado de Fernando VII (1814-1833)

La Restauración del Absolutismo: El Sexenio Absolutista (1814-1820)

A finales de 1813, Napoleón firmó la paz con España (Tratado de Valençay) y reconocía a Fernando VII como rey. Los liberales hicieron todo lo posible para que la vuelta del rey al país se realizara directamente a Madrid, donde debía jurar la Constitución de 1812. Sin embargo, los partidarios del Antiguo Régimen se organizaron rápidamente para mostrar al rey su apoyo incondicional y solicitarle la restauración del absolutismo a través del documento conocido como Manifiesto de los Persas.

Apoyado por estos sectores y parte del ejército, Fernando VII declaró “nulos y de ningún valor ni efecto” la Constitución y los decretos de las Cortes de Cádiz mediante el Real Decreto de 4 de mayo de 1814, promulgado en Valencia. Por dichos decretos se anunciaba asimismo la vuelta al absolutismo. Se inicia así un periodo de seis años caracterizado por la restauración del Antiguo Régimen, conocido como el Sexenio Absolutista. Se produjo una dura represión contra los liberales y afrancesados: muchos fueron encarcelados o ejecutados, mientras otros marcharon al exilio.

En el contexto internacional, las potencias absolutistas vencedoras de Napoleón habían conseguido en el Congreso de Viena (1814-1815) restaurar el Antiguo Régimen en gran parte de Europa. La Santa Alianza (alianza militar entre Rusia, Austria y Prusia, a la que luego se sumaron otros países) garantizaba la defensa del absolutismo y el derecho de intervención militar en cualquier país para frenar el avance del liberalismo. Fernando VII y su gobierno intentaron rehacer un país devastado por la Guerra de la Independencia.

La situación económica y social era muy difícil:

• Las elevadas pérdidas humanas y materiales habían arruinado al campesinado y provocado la paralización del comercio y de la producción manufacturera.
• La Hacienda Real entró en bancarrota por la escasez de recursos económicos, agravada por el inicio de los procesos de independencia en las colonias americanas, que privaban a la Corona de importantes ingresos.

El descontento crecía. La burguesía liberal y las clases medias urbanas reclamaban la vuelta al régimen constitucional. Una parte del campesinado se negaba a volver a pagar las rentas y tributos señoriales. Además, la integración de antiguos jefes guerrilleros liberales en el ejército regular originó un sector militar propenso a la conspiración, que protagonizó numerosos pronunciamientos militares liberales (Espoz y Mina en 1814, Díaz Porlier en 1815, Lacy en 1817), aunque todos fracasaron inicialmente. La represión fue la única respuesta del gobierno absolutista ante las demandas políticas y sociales.

El Trienio Liberal (1820-1823)

El 1 de enero de 1820, el coronel Rafael de Riego, al frente de las tropas acantonadas en Cabezas de San Juan (Sevilla) que esperaban embarcar para sofocar las revueltas en América, se sublevó proclamando la Constitución de 1812. Aunque inicialmente la sublevación no tuvo un éxito inmediato, la revolución se extendió por otras ciudades españolas. La pasividad de gran parte del ejército y la acción de los liberales en las principales ciudades obligaron finalmente al rey Fernando VII a aceptar la Constitución el 10 de marzo de 1820, con su famosa frase: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». Se convirtió así, forzadamente, en un monarca constitucional, dando comienzo al periodo conocido como Trienio Liberal.

Se convocaron elecciones, se formaron nuevas Cortes y se restauró gran parte de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, con el objetivo de modernizar el país:

• Restablecimiento de la Constitución de 1812 y de los derechos y libertades que esta reconocía.
• Supresión definitiva de la Inquisición, abolición del régimen señorial (aunque su aplicación fue compleja y a menudo favorable a los antiguos señores), y una nueva desamortización de bienes eclesiásticos.
• Restablecimiento de la Milicia Nacional, un cuerpo civil armado de voluntarios para defender el orden constitucional.
• Reformas administrativas, fiscales y educativas que pretendían liquidar las bases del Antiguo Régimen y liberalizar la economía y la sociedad.

Sin embargo, estas reformas suscitaron rápidamente una fuerte oposición:

• El propio rey Fernando VII utilizó todos los resortes constitucionales a su alcance (como el veto suspensivo) para obstaculizar la labor legislativa y conspiró secretamente con los absolutistas y las potencias extranjeras para restaurar su poder absoluto.
• La nobleza tradicional y la Iglesia católica se vieron perjudicadas por la supresión de privilegios, la abolición del diezmo, la supresión de señoríos y la venta de bienes monacales, por lo que alentaron la revuelta contra el gobierno liberal.
• Parte del campesinado se sintió defraudado, ya que las reformas liberales no satisfacían sus principales aspiraciones (como el acceso a la propiedad de la tierra) y, en algunos casos (como la monetarización de las rentas), empeoraron su situación. Los antiguos señores se convirtieron a menudo en propietarios plenos y los campesinos en simples arrendatarios o jornaleros.

Esta oposición se tradujo en la formación de partidas realistas (absolutistas) armadas, especialmente activas a partir de 1822 en zonas rurales de Cataluña, Navarra, Galicia y el Maestrazgo. Llegaron incluso a establecer una regencia absolutista en la Seo de Urgel en el verano de 1822.

Además, pronto surgieron tensiones entre los propios liberales, que se dividieron en dos tendencias principales:

• Los moderados (o doceañistas, por su participación en las Cortes de Cádiz), partidarios de realizar las reformas con prudencia, buscando un compromiso con las antiguas élites y quizás reformar la Constitución hacia un sentido más conservador. Gobernaron en la primera etapa del Trienio (1820-1822).
• Los exaltados (o veinteañistas, protagonistas de la revolución de 1820), que defendían la aplicación estricta de la Constitución de 1812 y reformas más rápidas y profundas, buscando el apoyo de las clases medias y populares urbanas. Gobernaron en la etapa final (1822-1823).

El régimen del Trienio Liberal finalizó abruptamente debido a la intervención militar extranjera, solicitada por Fernando VII. Las potencias de la Santa Alianza, reunidas en el Congreso de Verona (finales de 1822), acordaron intervenir en España para restaurar el absolutismo y encargaron la misión a Francia. En abril de 1823, un ejército francés, conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, bajo el mando del Duque de Angulema, invadió España. Sin apenas encontrar resistencia popular significativa y con la colaboración de los realistas españoles, restauraron a Fernando VII como monarca absoluto el 1 de octubre de 1823.

La Década Ominosa (1823-1833)

La restauración del absolutismo por segunda vez dio paso a la última década del reinado de Fernando VII, denominada por los liberales como Década Ominosa. Este periodo se caracterizó por:

• Una dura represión contra los liberales. Muchos fueron ejecutados (Riego, El Empecinado, Mariana Pineda, Torrijos y sus compañeros), encarcelados o tuvieron que marchar de nuevo al exilio (principalmente a Reino Unido y Francia). Se crearon organismos específicos para la represión política, como las Juntas de Purificación y la policía política.
• La anulación de toda la legislación del Trienio Liberal y la restauración de las instituciones del Antiguo Régimen, excepto la Inquisición, que no fue formalmente restablecida, aunque su función represiva en materia religiosa fue asumida en parte por las llamadas Juntas de Fe.
• Graves problemas económicos. Las dificultades crónicas de la Hacienda se vieron agravadas por la pérdida definitiva de la mayor parte del imperio colonial americano (tras la decisiva batalla de Ayacucho en 1824), lo que supuso un duro golpe económico y de prestigio.

Ante la caótica situación financiera, el gobierno tuvo que adoptar algunas reformas técnicas y administrativas de carácter moderado, como la creación del Consejo de Ministros (1823), un estricto control del gasto público, y el impulso a ciertas instituciones económicas como el Banco de San Fernando (1829, antecedente del Banco de España) y la Bolsa de Comercio de Madrid (1831). Para llevar a cabo estas reformas, Fernando VII buscó la colaboración de absolutistas moderados y del sector más conservador de la burguesía financiera e industrial.

Esta tímida apertura y la colaboración con sectores considerados poco afines al absolutismo más puro, junto con el no restablecimiento formal de la Inquisición, provocaron la desconfianza y la oposición de los sectores absolutistas más intransigentes (los realistas puros, apostólicos o ultras). Estos consideraban que el rey era demasiado blando con los liberales y que estaba traicionando los ideales absolutistas. En Cataluña, este descontento estalló en 1827 en la revuelta de los Malcontents o Agraviados. Estos sectores ultraconservadores comenzaron a agruparse en torno a la figura del hermano del rey, el infante Carlos María Isidro, quien hasta entonces era el previsible sucesor al trono, ya que Fernando VII, tras tres matrimonios, no había tenido descendencia que le sobreviviera.

La cuestión sucesoria se convirtió en el principal problema político en los últimos años del reinado. En 1829, Fernando VII se casó por cuarta vez con su sobrina, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. En 1830, la reina quedó embarazada y, ante la posibilidad de que naciera una niña, Fernando VII hizo pública la Pragmática Sanción. Este documento, aprobado por las Cortes en 1789 bajo el reinado de Carlos IV pero que no había llegado a publicarse oficialmente, derogaba la Ley Sálica (introducida por Felipe V en 1713, que impedía reinar a las mujeres si había herederos varones en la línea principal o lateral) y restablecía el derecho sucesorio tradicional castellano (recogido en las Partidas de Alfonso X), que sí permitía reinar a las mujeres en ausencia de herederos varones directos.

En octubre de 1830 nació la princesa Isabel (futura Isabel II). Los partidarios de Don Carlos (los carlistas) consideraron la Pragmática Sanción un acto ilegal y defendieron los derechos sucesorios del infante Carlos. Aprovechando una grave enfermedad del rey en 1832 (conocida como los sucesos de La Granja), los carlistas consiguieron presionar al monarca moribundo para que derogara la Pragmática. Sin embargo, tras una inesperada mejoría, Fernando VII restableció la Pragmática Sanción, destituyó a los ministros carlistas y puso al frente del gobierno a absolutistas moderados partidarios de Isabel. María Cristina, nombrada regente durante la enfermedad del rey, comprendió que para defender los derechos de su hija frente a los carlistas necesitaba apoyos y buscó la alianza con los sectores liberales más moderados, decretando una amplia amnistía para los exiliados liberales en 1832.

Fernando VII murió el 29 de septiembre de 1833. Su hija Isabel, de apenas tres años, fue proclamada reina como Isabel II, bajo la regencia de su madre María Cristina. El mismo día, don Carlos María Isidro se autoproclamó rey como Carlos V desde Portugal, y sus partidarios se levantaron en armas en diversas zonas de España, especialmente en el País Vasco, Navarra y Cataluña. Comenzaba así la Primera Guerra Carlista (1833-1840), una cruenta guerra civil que enfrentó durante siete años a los carlistas (defensores del absolutismo y los fueros) y los isabelinos (inicialmente absolutistas moderados, pero que pronto tuvieron que apoyarse en los liberales para defender el trono de Isabel II).