La Guerra de Sucesión y el Sistema de Utrecht
En noviembre de 1700 muere Carlos II, quien deja como heredero de sus reinos a Felipe de Anjou (nieto de Luis XIV de Francia). Felipe es proclamado rey de España sin renunciar a sus derechos al trono francés. Si bien Carlos II buscó preservar la integridad de la Monarquía, la posibilidad de una unión dinástica entre Francia y España desencadenó la Guerra de Sucesión (1701-1714). En este conflicto se enfrentaron los partidarios de Felipe de Borbón (Francia, Baviera y Suecia) y los defensores del archiduque Carlos de Austria (Austria, Gran Bretaña, Holanda, Portugal, Prusia y Saboya). En el ámbito interno, la Corona de Castilla apoyó a Felipe, mientras que los territorios de la Corona de Aragón respaldaron a Carlos.
En 1711, la proclamación del archiduque Carlos como Emperador marcó el inicio del fin de las hostilidades. Sus aliados, temerosos de un resurgimiento del poderío hispanoalemán similar al de Carlos V, presionaron para alcanzar la paz. Mediante la Paz de Utrecht-Rastadt (1713-1714), Felipe V fue reconocido como rey de España, pero a cambio debió ceder sus posesiones europeas: los Países Bajos, Milanesado, Nápoles y Cerdeña pasaron a Austria; Sicilia a Saboya; y Gibraltar y Menorca, junto con privilegios comerciales como el Asiento de Negros y el Navío de Permiso, a Inglaterra. Este acuerdo estableció un equilibrio de poder entre tres grandes potencias rivales (Francia, Austria e Inglaterra), relegando a España a un papel secundario en el escenario europeo.
Cambio dinástico. Los primeros Borbones
La entronización de Felipe V, confirmada tras su victoria en la Guerra de Sucesión, inauguró una nueva dinastía en el trono español: los Borbones. Felipe V (1700-1746) inicialmente recurrió a validos extranjeros (Alberoni, Ripperdá), pero tras sus fracasos en política exterior, los reemplazó por reformistas españoles (Melchor de Macanaz, José Patiño, Campillo). En política interior, creó las Secretarías de Estado (precedente de los actuales Ministerios), y en el ámbito económico, impulsó las primeras manufacturas reales (tapices, cristales, entre otras).
En 1724, ante la posibilidad de heredar la corona francesa, Felipe V abdicó en favor de Luis I (conocido como «el rey olvidado»). Sin embargo, la muerte de Luis I ese mismo año obligó a Felipe V a retomar el trono. Fernando VI (1746-1759), por su parte, delegó el gobierno en la siguiente generación de burócratas, destacando figuras como José de Carvajal y, sobre todo, el Marqués de la Ensenada. Su política exterior de neutralidad le permitió concentrarse en la recuperación nacional. En el plano económico, Ensenada intentó unificar y generalizar los impuestos, para lo cual ordenó la realización de un Catastro (1750), pero esta iniciativa fracasó debido a la oposición de la nobleza y el clero.
Reformas en la organización del Estado. La Monarquía centralista
La nueva dinastía borbónica, influenciada por el modelo centralista francés, emprendió una serie de reformas orientadas a la uniformidad y centralización del poder político. Los Decretos de Nueva Planta, promulgados como represalia por el apoyo de la Corona de Aragón a Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión, establecieron la centralización administrativa. Estos decretos abolieron los fueros, instituciones y privilegios de los territorios de Aragón y Valencia (1707), Mallorca (1715) y Cataluña (1716). Por el contrario, Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa conservaron sus fueros.
En la Administración central, las Secretarías de Estado, especializadas por áreas de gestión (Estado, Gracia y Justicia, Marina, Guerra, Hacienda), fueron reemplazando gradualmente a los Consejos, algunos de los cuales fueron suprimidos (como los de Italia y Aragón). Las Cortes perdieron protagonismo, limitándose a la aprobación de ciertas cuestiones y a la jura del heredero. En 1713, Felipe V modificó el sistema de sucesión a la Corona mediante la imposición de la Ley Sálica, que excluía a las mujeres del trono.
En la Administración territorial, tras la supresión de los virreinatos en los territorios de la Corona de Aragón, se intentó coordinar las funciones políticas y militares del Capitán General con las gubernativas y judiciales de la Audiencia que él presidía. No obstante, el principal elemento del intervencionismo borbónico en la administración territorial fue la creación de las Intendencias, precedentes de las provincias, gobernadas por un intendente nombrado por el rey y con competencias en justicia, policía, recaudación de impuestos y asuntos militares.
En la administración local, se extendió a toda España el modelo castellano, estableciendo la figura del corregidor, nombrado por el rey, en cada municipio. La reforma de la Hacienda buscaba establecer un sistema eficaz de recaudación y unificar los impuestos. Si bien el primer objetivo se logró mediante la gestión directa de los impuestos por parte de funcionarios reales, el segundo fracasó debido a la resistencia de la nobleza y el clero.