El Cierre de la Transición Democrática y la España Constitucional (1979-2000)

El periodo comprendido, según la perspectiva política, entre 1979 y 2000 marca la culminación de la Transición Democrática española. Durante estas décadas, España se transformó en una nación con características homologables a las de sus vecinos europeos. El año 1979 fue crucial, con la celebración tanto de elecciones municipales como generales. Las elecciones municipales son un pilar democrático que se celebra cada cuatro años desde la restauración democrática (la mención a la II República de 1931 en el texto original parece una confusión contextual, ya que esas elecciones dieron paso a un cambio de régimen distinto). En esta etapa también se configuró el mapa autonómico actual, con 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La consolidación del sistema democrático se apoyó en un régimen parlamentario caracterizado por la alternancia en el poder, aunque la duración de las legislaturas no siempre completó los cuatro años estipulados.

Presidentes Clave del Periodo

• Adolfo Suárez: Figura de gran relevancia histórica por su papel decisivo durante la Transición, gestionando los complejos desafíos heredados de la dictadura franquista.
• Felipe González: Opositor a la dictadura, ascendió a secretario general del PSOE en el Congreso de Suresnes y presidió el gobierno entre 1982 y 1996.
• José María Aznar: Lideró el Partido Popular tras la renuncia de Manuel Fraga y ocupó la presidencia desde 1996 hasta 2004, año en que no se presentó a la reelección, siendo sucedido como candidato por Mariano Rajoy.

Dificultades y Desarrollo Político Inicial

Las elecciones de marzo de 1979 marcaron el fin del proceso constituyente. Era necesario establecer un poder legislativo conforme a la nueva Constitución, que introdujo cambios significativos, como la eliminación de la prerrogativa real de designar directamente a 40 senadores.

Un mes después de las generales, se celebraron las elecciones municipales. Aunque la UCD (Unión de Centro Democrático) obtuvo el mayor número de concejales a nivel nacional, el PSOE consiguió la victoria en las ciudades más pobladas. En numerosos ayuntamientos, pactos entre socialistas y comunistas permitieron a la izquierda asumir el gobierno local.

El desarrollo autonómico avanzó con la aprobación de los estatutos de autonomía para el País Vasco y Cataluña, seguidos por Galicia en 1980. El proceso en Andalucía fue más complejo, requiriendo el apoyo de las diputaciones provinciales, el respaldo de tres cuartas partes de los municipios de cada provincia y la ratificación en referéndum por mayoría absoluta de los electores en cada provincia. Este último requisito resultó particularmente difícil, superándose en todas las provincias excepto en Almería, aunque finalmente se encontró una vía para su constitución como autonomía. En las primeras elecciones autonómicas andaluzas, el PSOE obtuvo la mayoría absoluta.

Además de los retos políticos, el país enfrentó graves problemas como el terrorismo, principalmente de ETA. Un momento crítico fue el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F), protagonizado por Antonio Tejero durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Su fracaso demostró la inviabilidad de soluciones autoritarias en la nueva España constitucional y democrática.

El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo impulsó el proceso de constitución de las autonomías restantes, continuó las negociaciones para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y logró el apoyo parlamentario para la adhesión a la OTAN. Durante este periodo, Adolfo Suárez abandonó la UCD para fundar el Centro Democrático y Social (CDS). Finalmente, Calvo Sotelo convocó elecciones anticipadas para octubre de 1982, que resultaron en una victoria histórica del PSOE.

Los Gobiernos Socialistas de Felipe González (1982-1996)

El largo mandato de Felipe González se puede dividir en tres fases principales:

Primera Etapa (1982-1986)

Marcada por su discurso de investidura, donde expresó su firme determinación de actuar contra quienes operasen «al margen de la Constitución», apoyándose en la amplia confianza demostrada por los españoles el 28 de octubre de 1982. Sus prioridades iniciales fueron:

• La plena integración en las Comunidades Europeas.
• La redefinición de las relaciones con Estados Unidos y la permanencia de España en la OTAN. Respecto a la OTAN, el gobierno cambió su postura inicial contraria a la integración militar, convocando un referéndum en marzo de 1986, que se saldó con un 52,5% de votos a favor de la permanencia y un 39,5% en contra.

En política interior, el objetivo central fue la reforma económica, incluyendo una dura reconversión industrial que afectó especialmente a los sectores naval y siderúrgico, y en menor medida al textil. Se dio continuidad a la reforma tributaria iniciada por UCD, fundamental para financiar el desarrollo del Estado del Bienestar. Se expandió la previsión social (pensiones, jubilaciones) y se emprendieron reformas en el ejército. Sin embargo, el problema del terrorismo de ETA persistió sin solución.

Segunda Etapa (1986-1992)

Los socialistas revalidaron su mayoría absoluta en las elecciones de 1986 y 1989, aunque con resultados inferiores a los de 1982. Económicamente, fue un periodo de fuerte crecimiento, aumento de beneficios empresariales y reformas en el sistema bancario. Sin embargo, surgieron tensiones sociales. Sectores de la izquierda y sindicatos reclamaban mayores aumentos salariales. El distanciamiento entre el gobierno y los sindicatos culminó en la huelga general del 14 de diciembre de 1988, considerada por algunos como el punto de ruptura entre la UGT y el PSOE.

Esta etapa estuvo marcada por la celebración de dos eventos de gran proyección internacional en 1992: la Exposición Universal de Sevilla (Expo ’92) y los Juegos Olímpicos de Barcelona. También se inició la construcción de la primera línea de Alta Velocidad Española (AVE) entre Madrid y Sevilla.

Tercera Etapa (1993-1996)

Tras las elecciones de 1993, el PSOE perdió la mayoría absoluta y necesitó apoyos parlamentarios. Esta legislatura se caracterizó por una creciente inestabilidad política y la agudización de problemas:

• Escándalos de corrupción.
• Denuncias sobre la implicación de fuerzas de seguridad en la «guerra sucia» contra ETA (caso GAL).
• Una coyuntura económica de crisis.

La falta de apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 1996 obligó a Felipe González a convocar elecciones anticipadas para marzo de ese año, poniendo fin a su mandato.

El Gobierno de José María Aznar (1996-2004)

Las elecciones de 1996 supusieron un cambio político, con la llegada del Partido Popular (PP) al gobierno. La primera consecuencia fue la dimisión de Felipe González como secretario general del PSOE y una profunda crisis en el partido socialista.

Aspectos destacados de la gestión de Aznar:

• Política Exterior: Se mantuvo una línea de continuidad con la etapa anterior, priorizando la relación atlántica y con un enfoque mediterráneo dentro del marco europeo.
• Política Económica: El principal esfuerzo se centró en cumplir los criterios de convergencia para la entrada de España en la moneda única europea (el euro). Esto implicó políticas de control del déficit público y estabilidad presupuestaria.
• Política Social: Una decisión de gran repercusión social fue la supresión del servicio militar obligatorio.
• Educación: Hubo intentos de reforma educativa que no llegaron a prosperar.
• Terrorismo: Siguió siendo uno de los mayores desafíos. La situación experimentó un cambio significativo tras el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en 1997, que generó una masiva respuesta social contra ETA.

Tras completar la legislatura, Aznar convocó elecciones en el año 2000, en las que el Partido Popular obtuvo por primera vez la mayoría absoluta.

El Consenso Económico y Político: Pilares de la Democracia

El Consenso Económico: Los Pactos de la Moncloa

La transición hacia la democracia coincidió con la llegada a España de los efectos de la crisis económica mundial de 1973. Las condiciones económicas generaban una notable inseguridad social, con un paro en rápido ascenso y un preocupante déficit exterior. Para afrontar esta situación, el Gobierno, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales firmaron en 1977 los Pactos de la Moncloa. Este ambicioso acuerdo buscaba:

• Luchar contra el desempleo.
• Reactivar la inversión productiva.
• Frenar la elevada inflación.
• Garantizar aumentos salariales moderados.

Los Pactos de la Moncloa lograron crear un clima de estabilidad social que fue fundamental para poder abordar con éxito la redacción y aprobación de la nueva Constitución.

El Consenso Político: La Constitución de 1978

Una vez establecido el consenso económico, las nuevas Cortes Generales, constituidas en julio de 1977, abordaron la tarea primordial de elaborar y aprobar una nueva Constitución. Se designó una Comisión Constitucional, compuesta por representantes de las principales fuerzas políticas (conocidos como los «padres de la Constitución»), para redactar un anteproyecto.

Tras un extenso debate parlamentario, la Constitución fue aprobada. Sus características principales son:

• Establece la Monarquía Parlamentaria como forma de Estado.
• Proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español.
• Abole la pena de muerte.
• Declara la aconfesionalidad del Estado en materia religiosa.
• Garantiza un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales.
• Organiza territorialmente el poder a través del Estado de las Autonomías.

Basada en el consenso político, su redacción, a menudo flexible y abierta a interpretación, facilitó su aceptación generalizada. Fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978, obteniendo un respaldo masivo (87,8% a favor, 7,8% en contra). El Rey Juan Carlos I la sancionó el 27 de diciembre de 1978.

Tras la aprobación de la Constitución, el Presidente Suárez disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para marzo de 1979. Para favorecer la reconciliación nacional, se decretó una amnistía política total y se convocaron las primeras elecciones sindicales democráticas en febrero de 1979.

Principales Instituciones del Estado según la Constitución de 1978

La Corona

• El Rey es el Jefe del Estado.
• Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales.
• Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.
• Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
• La sucesión al trono sigue el orden regular de primogenitura y representación, con preferencia del varón sobre la mujer y, dentro del mismo sexo, de la persona de mayor edad sobre la de menor.
• Al ser proclamado, el Rey presta juramento ante las Cortes Generales.

Las Cortes Generales (Parlamento)

• Representan al pueblo español.
• Son bicamerales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
• El Congreso se compone de entre 300 y 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto para un mandato de cuatro años.
• El Senado es la Cámara de representación territorial, elegida también por cuatro años.
• Los Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones y de inmunidad parlamentaria (no pueden ser detenidos salvo en caso de flagrante delito).

El Gobierno

• Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar, y la defensa del Estado.
• Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
• Se compone del Presidente, los Vicepresidentes (si los hubiere) y los Ministros.
• El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina a sus miembros. Tras cada elección general, el Rey propone un candidato a la Presidencia (previa consulta con los grupos políticos), quien debe exponer su programa y solicitar la confianza del Congreso.
• El Gobierno cesa tras las elecciones generales, por dimisión o fallecimiento de su Presidente, o por pérdida de la confianza parlamentaria.
• El Gobierno es políticamente responsable ante el Congreso de los Diputados.
• Mecanismos de control parlamentario:
  • Cuestión de Confianza: Planteada por el Presidente sobre su programa o una declaración de política general. Se otorga por mayoría simple.
  • Moción de Censura: Iniciada por el Congreso (al menos una décima parte de los diputados), debe incluir un candidato alternativo (carácter constructivo) y requiere mayoría absoluta para prosperar. Si se aprueba, el Gobierno dimite y el candidato es investido Presidente.
• El Presidente del Gobierno puede proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras.

El Poder Judicial

• La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados.
• Integran el poder judicial, siendo independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
• La potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales.
• Es obligatorio cumplir las sentencias y colaborar con la Administración de Justicia.
• La justicia será gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos.
• La Ley Orgánica del Poder Judicial regula su constitución, funcionamiento, gobierno y el estatuto de Jueces y Magistrados.
• El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Está presidido por el Presidente del Tribunal Supremo e integrado por veinte vocales.
• El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo, social), salvo en materia de garantías constitucionales. Su Presidente es nombrado por el Rey, a propuesta del CGPJ.
• El Ministerio Fiscal (Fiscalía) promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. Actúa con autonomía funcional. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.