La España de Alfonso XIII: Crisis y Dictadura (1914-1931)
La Situación Económica y Social
Con la muerte de Canalejas y la caída en desgracia de Maura, los partidos tradicionales fueron incapaces de intentar nuevas reformas que pudiesen mantener el sistema. Los siguientes gobernantes, Romanones (liberal) y Dato (conservador), sin la talla de sus predecesores, trataron de administrar la situación, siendo sobrepasados por las circunstancias.
La situación social y política se agravó con el estallido de la I Guerra Mundial (1914-1918). En ella se enfrentaron dos grandes alianzas: la Triple Alianza (Alemania, Austro-Hungría, Bulgaria y Turquía) y la Triple Entente (Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso con el apoyo de EE.UU.).
España fue neutral y esto benefició su proceso de industrialización, contando con los capitales repatriados de las colonias tras el desastre de 1898 y con los conseguidos con la venta de alimentos y material a los beligerantes.
España continuaba siendo un país agrario, con cerca de un 70% de la población activa trabajando en el sector primario, mientras que la población empleada en la industria era solo del 16%, concentrada sobre todo en la construcción y el textil. El 6% de la propiedad de la tierra estaba en manos de la nobleza, y las fincas grandes representaban un 28% del total. No obstante, desde principios de siglo, la agricultura había experimentado ciertas mejoras: nuevas roturaciones de tierras, la producción de olivo para la exportación, la implantación de nuevos cultivos como la naranja y la remolacha azucarera, y el uso de nuevas técnicas, lo que produjo un aumento de la producción. Pero, por otra parte, se mantuvo una agricultura eminentemente cerealista y tradicional (uso del barbecho) con bajos rendimientos. El desigual reparto de la tierra (latifundismo en el sur y minifundismo en la cornisa cantábrica), provocó graves problemas sociales.
En el plano industrial, las regiones más pujantes eran Cataluña, donde se concentraba la industria textil; Asturias, con importantes explotaciones mineras de carbón; y el País Vasco, sede del sector siderúrgico. En estos momentos nacieron las primeras industrias eléctrica, así como químicas (explosivos, fosfatos) y cementeras. Los principales problemas de la industria española consistieron en su desigual distribución espacial y en que las empresas españolas eran en su mayoría de tipo familiar.
La Primera Guerra Mundial cambió el saldo negativo de la balanza comercial española gracias a las exportaciones (hierro, carbón, naranjas…) y a los fletes. También aumentó la participación del capital español en la economía nacional (en explotaciones mineras y ferroviarias se hizo con los capitales extranjeros) y fortaleció a la banca.
Pero no todo fueron aspectos positivos: aunque se producía más, los precios subieron más de un 15% porque se conseguían beneficios más altos exportando los productos españoles, generando una fuerte inflación.
La Crisis de 1917
El gobierno liberal de García Prieto tuvo que hacer frente a la triple crisis que se originó durante el verano de 1917:
1. Crisis militar:
El ejército español estaba dividido entre oficiales peninsulares y africanistas, que ascendían por méritos de guerra. Los problemas económicos (inflación) y, sobre todo, el descontento por los ascensos, llevó a varios coroneles a organizar Juntas de Defensa, agrupaciones de mandos militares a modo de sindicatos, que el gobierno intentó disolver sin éxito, lo que provocó su caída en junio. Dato volvió a la presidencia del gobierno y legalizó las juntas en 1916.
2. Crisis parlamentaria:
Debido a la inestabilidad social, el gobierno Dato gobernaba mediante decretos, sin convocar las Cortes. Esto llevó al político nacionalista catalán F. Cambó, de Solidaritat Catalana, a organizar en Barcelona una Asamblea de Parlamentarios (unos 70) para exigir unas Cortes Constituyentes. En esta asamblea participaron pocos liberales y conservadores. El gobierno, que al principio la ignoró, al final acabó disolviéndola sin problemas en julio al incluir en su gabinete a miembros de otros partidos, incluidos los nacionalistas.
3. Crisis social:
Ya en el mes de marzo, la CNT y la UGT habían emplazado conjuntamente al gobierno a solucionar la subida de precios de los alimentos. Las huelgas se sucedieron hasta el verano y en agosto los ferroviarios de la UGT llamaron a una huelga general, que paralizó el país del 10 al 13 de agosto, con más de 70 muertos en toda España. El gobierno recurrió al ejército para reprimir a los huelguistas (Ley de Fugas contra los líderes obreros).
Las consecuencias de la crisis fueron muy graves: El partido Conservador y el Liberal se fragmentaron en múltiples facciones a las que fue imposible poner de acuerdo por el personalismo de sus líderes, lo que produjo «gobiernos de concentración» muy inestables: el Gobierno Nacional de marzo de 1918, en el que estaban todos (Maura, Dato, Romanones, Cambó, García Prieto…) duró 9 meses.
El movimiento obrero se reforzó mucho, coincidiendo con los tres años que siguieron al triunfo de la Revolución Soviética en Rusia, el llamado «Trienio Bolchevique» (1918, 1919 y 1920).
La CNT contaba en 1919 con 700.000 afiliados, sobre todo catalanes, destacando entre sus dirigentes Ángel Pestaña y Salvador Seguí. Ese año, mantuvo durante 44 días una huelga en la empresa eléctrica y de tranvías La Canadiense de Barcelona y, en Andalucía, hubo una auténtica rebelión campesina pidiendo tierras. El gobierno recurrió al ejército y, los empresarios, a pistoleros.
Por su parte, la UGT contaba en 1921 con 240.000 afiliados y el PSOE con 45.000. Tras el triunfo de la Revolución en Rusia, se produjo en 1921 una ruptura entre los marxistas españoles: los reformistas (socialdemócratas), mayoritarios y partidarios de llegar a acuerdos con la izquierda burguesa (republicanos y demócratas), no se integraron en la III Internacional, organizada por el Partido Comunista de la Unión Soviética.
El Desastre de Annual
Ese mismo año fue el de un nuevo desastre colonial en el protectorado marroquí (45.000 km² montañosos y sin agua, de escaso valor económico -solo minero-, habitados por beréberes organizados en clanes y cuyo jefe era Abd-el-Krim). El general Silvestre, jefe militar de Melilla y de la zona oriental del protectorado, llevó a cabo una campaña de conquistas imprudente en un frente muy amplio que acabó en una emboscada en Annual en julio. La retirada caótica hacia Melilla dejó 12.000 muertos en las tropas españolas.
Las consecuencias políticas fueron demoledoras. De nuevo, militares y gobierno se echaban la culpa del desastre. El propio rey se vio salpicado por el asunto, al apoyar la expansión colonial y estar cercano a ciertos sectores militares. En las Cortes se formó una comisión para investigar las responsabilidades del desastre (Informe Picasso). En este informe se criticaba la actitud de las altas autoridades del ejército, de los grandes políticos de la Restauración (Romanones) y del mismo monarca. En esta situación se produjo el pronunciamiento del Capitán General de Cataluña, el general Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923.
La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
1) El Directorio Militar (1923-1925):
El Directorio Militar llevó a cabo su labor desde el 15 de septiembre de 1923 al 3 de diciembre de 1925. Las primeras medidas que se tomaron fueron: la disolución de las Cortes, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos; se suprimió el derecho a huelga; se impuso el control de las actividades de reunión; la supresión de las elecciones; el orden policial en la calle y las empresas. Además, los tribunales militares sustituyeron a los civiles en las cuestiones de orden público, se gobernó por reales decretos y los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares.
Se propuso la lucha contra el caciquismo para sanear la vida pública española. Se nombró gobernadores provinciales e inspectores a militares, con el fin de destruir el poder político, social y económico de los caciques.
La organización del Estado:
Durante la Restauración se había creado un modelo de estado centralista y uniforme, con la excepción del Concierto Económico del País Vasco y Navarra. La ineficacia mostrada por el centralismo, junto con el caciquismo, originó la aparición de movimientos regionalistas y nacionalistas que pedían una mayor autonomía. Primo de Rivera reforzó el sistema centralista, clausuró los locales de la Lliga y del PNV y prohibió el uso del catalán y del euskera en los medios oficiales y en la enseñanza. Los grupos regionalistas, autonomistas y nacionalistas se declararon desde ese momento partidarios de un sistema republicano.
La actitud de la dictadura ante las tensiones sociales y el movimiento obrero tuvo dos vertientes. Por un lado, se continuó con una política de represión contra los anarquistas, clausura de publicaciones y locales, persecución de los líderes más significativos. La dureza de la persecución llevó al radicalismo insurreccional a miembros del anarquismo.
Por otro lado, el gobierno de la dictadura llevó a cabo una labor legislativa importante en materia social. Esta legislación social reconocía la seguridad en el trabajo y la creación del Instituto Nacional de Previsión, con seguros de accidentes, enfermedad y jubilación. Además, se destinaron partidas para la creación de escuelas de formación profesional, barriadas para obreros y protección al emigrante. Para resolver los conflictos de las negociaciones colectivas se establecieron los comités paritarios a nivel de empresa y municipio, las comisiones mixtas provinciales y los consejos de corporación de sector. Los sindicatos y las organizaciones empresariales tenían el mismo número de representantes.
En el exterior, lo más destacado de este periodo fue la resolución del conflicto de la guerra en Marruecos. La guerra en Marruecos era totalmente impopular y muy costosa. Miguel Primo de Rivera se declaró partidario de entablar negociaciones con Abd-el-Krim para una autonomía muy amplia y abandonar los territorios recientemente conquistados. Ordenó la retirada de Xauen con la esperanza de permitir las negociaciones con los rifeños, pero estos presionaron sobre las plazas fuertes de Ceuta y Melilla y atacaron los territorios franceses en Marruecos.
Tras coordinar las futuras acciones militares con Francia, Primo de Rivera llevó a cabo el desembarco de Alhucemas (8 septiembre de 1925). En mayo de 1926 se produjo la rendición de Abd-el-Krim ante los franceses. El fin del conflicto le dio gran popularidad, pero dejaba sin resolver el enorme gasto militar y el problema político originado por una numerosa oficialidad africanista ascendida por méritos de guerra y con ansias de intervención política.
En 1924 se fundó la Unión Patriótica como partido nacional único, a imitación del fascismo italiano, con la intención de consolidarse en el poder. Este partido careció de un programa político desarrollado. Intentaba atraer a las clases medias que no habían participado en la política de la Restauración y se definía como un movimiento nacional por la reforma, lejos de la antigua derecha y de la izquierda. Nunca consiguió convertirse en un partido de masas y fracasó. Los únicos grupos dispuestos a colaborar procedían del antiguo partido conservador y de los sectores confesionales católicos. A partir del Directorio Civil se convirtió en un partido gubernamental.
2) El Directorio Civil (1925-1930):
El 3 de diciembre de 1925 se constituyó el Directorio Civil. El fin de la guerra de Marruecos y el restablecimiento de la estabilidad social habían hecho muy popular a la Dictadura. Tres fueron los principales proyectos del nuevo gobierno:
Institucionalizar la Dictadura y crear un nuevo sistema político:
En 1926 se convocó una Asamblea Consultiva compuesta por representantes de los viejos partidos, de las corporaciones profesionales y de personalidades designadas por el gobierno con el fin de elaborar una nueva constitución. Esta reunión se hacía en medio de un estado de excepción, sin libertad de prensa y de asociación. La mayoría de los representantes de los viejos partidos y el mismo rey se opusieron a las pretensiones del dictador. Los socialistas, los liberales y la mayor parte de los conservadores se negaron a participar. Se trabajaría en comisiones, solo se podrían tratar los temas que marcase el gobierno y la constitución sería claramente autoritaria, con una asamblea con diputados de representación corporativa (organizaciones patronales, sindicatos y obreros), diputados de elección popular y diputados de derecho propio. La constitución nunca llegó a elaborarse, pero este intento de mantenerse en el poder originó la aparición de una oposición activa a la dictadura que fue endureciendo sus posiciones a medida que avanzaba el proceso.
Modernizar la economía y relanzar la producción:
Los políticos al frente del Directorio Civil procedían de los viejos partidos (José Calvo Sotelo), de los grupos regionalistas y algunos eran técnicos independientes.
Se llevó a cabo una política económica intervencionista, con un aumento considerable de la inversión pública. Para racionalizar las inversiones públicas y privadas se constituyó un Consejo de Economía Nacional, verdadero centro motor de la expansión. Se constituyeron monopolios en sectores claves: petróleo, ferrocarriles, línea telefónica, etc. Los más importantes fueron CAMPSA y Telefónica.
El impulso económico más importante fue el programa de obras públicas, destinado a combatir el paro y a dinamizar todos los demás sectores. Se crearon las confederaciones hidrográficas destinadas a la construcción de embalses y al aprovechamiento integral de las cuencas fluviales. Se llevó a cabo un amplio programa de construcción de carreteras gestionado por el Circuito Nacional de Firmes Especiales. Se construyeron más de 7.000 km.
El problema de la distribución de la tierra no se abordó y esta siguió en manos de los grandes propietarios.
Reformar el ejército:
El ejército tenía un exceso de oficiales que habían ascendido por méritos de guerra en la última guerra carlista (1872-1876) o en las guerras coloniales de Cuba y África. El presupuesto militar era enorme y la mayor parte se destinaba al pago de los salarios de los oficiales.
Para conseguir una oficialidad homogénea se fundó la Academia General Militar, con sede en Zaragoza, presidida por Francisco Franco. Se intentó también la disminución del número de oficiales mediante la concesión de otros destinos en la administración y la jubilación anticipada.
La Oposición y el Fin de la Dictadura
La oposición al régimen dictatorial se vertebró sobre todo en la última etapa de gobierno. El frente opositor era amplio y albergaba a tendencias muy distintas:
- Los líderes de los viejos partidos liberales se opusieron a la política autoritaria y arbitraria. Se negaron a colaborar en la Asamblea Consultiva e incluso participaron en la organización de diferentes conspiraciones.
- Parte de la oficialidad del ejército se opuso a la política africanista y a los ascensos por mérito de guerra. A partir de 1926 son numerosos los intentos de conspiración en diferentes unidades militares.
- Los partidos republicanos mantuvieron su oposición no solo al dictador, sino a la monarquía que había aceptado el golpe de Estado. A partir de 1928 experimentaron un crecimiento considerable, sobre todo Izquierda Republicana de Manuel Azaña.
- Los sindicatos y partidos obreros: la CNT se manifestó contraria al golpe militar y fue perseguida por el régimen. Con la formación de la FAI y la crítica situación económica a partir de 1929, el anarquismo se convirtió en la principal fuerza sindical de España. El PSOE y la UGT también se opusieron a la dictadura.
- Los intelectuales y los estudiantes: eran grupos con una gran actividad crítica que fueron ganando influencia poco a poco, sobre todo, en los medios urbanos. En 1924 se expulsó a profesores de la universidad (Miguel de Unamuno fue desterrado a Fuerteventura y después se marchó al exilio). En 1928 el dictador elaboró un estatuto universitario que favorecía claramente a las universidades privadas; en Madrid, Barcelona, Salamanca, Zaragoza, se produjeron manifestaciones estudiantiles. El gobierno cerró las universidades de Madrid y Barcelona. Muchos catedráticos abandonaron la docencia.
La abolición de los derechos de reunión y prensa originó multitud de protestas. Se clausuraron muchas publicaciones y los panfletos ridiculizando al dictador y al rey se extendieron por diferentes medios. Se clausuró el Ateneo de Madrid. Así, la mayor parte de la intelectualidad y de los periodistas se declararon contrarios a la dictadura y partidarios de la república.
En 1929 las críticas contra el sistema dictatorial alcanzaron su cénit. En enero hubo un intento de golpe de estado con el apoyo de líderes conservadores y liberales. En julio las corporaciones (las Universidades, los colegios de Abogados y de Ingenieros) nombraron miembros de la Asamblea Consultiva a declarados enemigos del dictador.
Ante esta situación, Miguel Primo de Rivera realizó una consulta a los capitanes generales y a los más altos oficiales del ejército. La mayoría de los consultados le negaron su apoyo para continuar su acción de gobierno. El 28 de enero de 1930 presentó su dimisión al rey. Alfonso XIII, contrariado por no haberle consultado a él, la aceptó y nombró nuevo gobierno presidido por el general Berenguer, que fue conocido como la Dictablanda. Primo de Rivera se exilió en Francia y murió poco después.
El gobierno de Berenguer tenía como propósito volver a instaurar el régimen democrático, pero debía hacerse progresivamente. Se acordó convocar elecciones municipales para conocer la situación política del país. Mientras tanto, en agosto de 1930, toda la oposición (republicanos, nacionalistas y socialistas) firmó el Pacto de San Sebastián, donde se acordó no colaborar con el sistema monárquico y preconizar la instauración de la república.
Berenguer dimitió en febrero de 1931 y fue sustituido por el almirante Aznar, que convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Los partidos de la oposición plantearon los comicios como un plebiscito sobre la monarquía, y el resultado electoral conllevó el fin del reinado de Alfonso XIII.