Transición Democrática en España (1975-1982)
El 20 de noviembre de 1975, fecha oficial de la muerte de Franco, y siguiendo las disposiciones establecidas por él mismo, se pusieron en marcha los mecanismos legales para garantizar la continuidad del régimen en la figura de don Juan Carlos de Borbón: el 21 fue nombrado Capitán General de los 3 Ejércitos y el 22 fue proclamado ante el Pleno de las Cortes y del Consejo del Reino, rey de España. El primer Gobierno de la Monarquía tuvo una composición heterogénea con representación de todas las “familias” del régimen bajo la Presidencia de Arias Navarro. Desde sus comienzos en su seno convivían tres proyectos políticos distintos, diferenciados en función de la necesidad o no de hacer cambios y de su profundidad: Arias Navarro personificaba el continuísmo con concesión de algunos derechos, Manuel Fraga el reformismo continuísta conjugando la elección por sufragio universal en el Congreso y la designación en el Senado, y Suárez y Areilza, reformistas decididos a la democratización. Fueron estas tensiones internas las que derivaron en la parálisis gubernamental. El inmovilismo de Arias y su ineficacia en el camino hacia las reformas democráticas acentuaron el descontento del rey que pretendía lograr una salida democratizadora; las presiones del monarca lograron que el 1 de julio de 1976 Arias Navarro le presentase la dimisión.
El Gobierno de Adolfo Suárez y la Reforma Política
Tras la dimisión de Arias Navarro, Suárez es nombrado por el rey Presidente del Gobierno. Su proyecto democratizador contemplaba el reconocimiento de la soberanía nacional, la concesión de una amplia amnistía y el diálogo con la oposición, al tiempo que se especificaba la voluntad del Gobierno de someter a la decisión de la nación las cuestiones relativas a la reforma constitucional y a celebrar elecciones generales antes del 30 de junio de 1977. Mediante la técnica de las entrevistas individuales selectivas conseguirá tener la iniciativa política, consolidar su posición, ampliar los apoyos a sus medidas de reforma y debilitar la actuación conjunta de las fuerzas de oposición y sus proyectos de ruptura con la legalidad existente. Paralelamente a la organización de las fuerzas políticas, siguen en las calles las manifestaciones, los atentados terroristas de ETA o del GRAPO y las presiones de los inmovilistas para impedir los cambios. En este contexto, para posibilitar las medidas reformistas encaminadas a reconocer la libertad sindical y política, Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política (LRP), que tenía como punto esencial la convocatoria de unas elecciones generales democráticas para formar nuevas Cortes (Doc.1.- «los diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto»).
Aprobación de la Ley para la Reforma Política y Elecciones de 1977
Los argumentos para la defensa de la LRP se centraron en la idea de llegar a la democracia parlamentaria desde la legalidad vigente y manteniendo la paz social. El Gobierno, apoyado por el rey y la presión de la opinión pública, consiguió que la clase política franquista tomara conciencia de la conveniencia de imitar los modelos europeos y que el proyecto de reforma política fuese mayoritariamente aprobado para su posterior sometimiento a referendo. Con la autodisolución de las Cortes franquistas se iniciaba la “voadura controlada” del régimen. En la celebración del referendo popular sobre la LRP, la oposición democrática defendía la abstención y seguía manteniendo tesis rupturistas. Esa oposición democrática estaba representada por la Plataforma Democrática, producto de la unión de la Junta Democrática y de la Plataforma de Convergencia Democrática, organismos unitarios defensores de la democracia y organizados alrededor del PCE y del PSOE respectivamente. Los resultados no dejaron ninguna duda sobre la victoria del proyecto de reforma, ya que la plataforma democrática solo consiguió lograr un 22,6% de abstención, lo que supuso la derrota de los presupuestos más radicales de la oposición democrática. La legalización de los partidos políticos fue progresiva y concluyó finalmente con la legalización del PCE pese al descontento de sectores militares. Los resultados de las elecciones convocadas para el 15 de junio de 1977 clarificaron el panorama político a prol de la moderación. No hubo dispersión del voto, saliendo reforzados los grandes partidos: la coalición gubernamental UCD consiguió la victoria con una mayoría relativa de escaños; el PSOE fue la segunda fuerza más votada; el PCE ocupó el tercer lugar a gran distancia de los primeros y la cuarta fue AP. Únicamente los nacionalismos catalán y vasco obtuvieron representación, lo que no aconteció con los extremismos.
Consenso Económico y Proceso Constituyente
En el ámbito económico se mantuvo el consenso presente entre las fuerzas políticas durante toda la Transición, quedando reflejado en la sinatura de los Pactos de Moncloa, medidas puestas en marcha para luchar contra la crisis en dos aspectos: reducir la inflación y repartir el peso de la crisis. Además, sirvieron para sentar las bases de una reforma fiscal y de la Seguridad Social. La importante representación obtenida por la izquierda en las elecciones del 77 colocó en primer lugar la necesidad de llevar a cabo un proceso constituyente. Al final de este proceso, España quedaba configurada como un Estado social y democrático de Derecho (Doc. 2.- “Art., 1.1.- España constitúese nun Estado social e democrático de Dereito”) que adopta la forma política de Monarquía Parlamentaria (Doc. 2.- «Art., 1.3.- A forma política do Estado español é a monarquía parlamentaria») y los principios de la soberanía nacional (Doc. 2.- «A soberanía nacional reside no pobo español»), de la libertad y el pluralismo ideológico (Doc. 2, “propugna como valores superiores do seu ordeamento xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político») y de la convivencia democrática, cumpliendo la aspiración de superar la secular crisis política, social e ideológica abierta en 1808 y agravada en 1936, la historia de las “duas Españas”. La Constitución, un texto de consenso, declaraba además a España como un Estado aconfesional, abolía la pena de muerte y reconocía como língua oficial el castellano y las demás lenguas españolas en sus comunidades autónomas (Doc. 2.- «As outras linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas de acordo cos seus Estatutos»). Tras ser aprobada en el congreso la Constitución, igual que los otros dos grandes cambios pactados por las fuerzas políticas, la LRP y las elecciones del 77, fue sometida a la voluntad popular y de este modo, tras el referendo, promulgada el 6 de Diciembre de 1978.
Amenazas a la Democracia y Consolidación del Sistema
La amenaza al sistema democrático implantado en la transición provenía de parte del ejército; algunos sectores eran franquistas y se oponían al establecimiento de la democracia; a esto hay que sumar la alarma que supuso para los militares la legalización del PCE, el desarrollo autonómico, el terrorismo y, especialmente, la anunciada reforma de la propia institución militar. De este xeito formouse una trama golpista que pretendía acabar con la democracia y que estaba a la espera del momento oportuno; este momento fue la toma de investidura de Calvo Sotelo, tras la dimisión de Suárez, y en él el teniente coronel Tejero irrumpiría con la guardia civil en el Parlamento; no obstante, y en Valencia, el general Miláns del Bosch sacaba los tanques a la calle. El intento golpista fracasó por la actitud del rey, de las fuerzas políticas y de la opinión pública en defensa de la democracia y a partir de entonces esa tutela militar iría desapareciendo progresivamente. El sistema democrático se consolidaría con el cambio de gobierno resultante de la victoria del PSOE en las elecciones de 1982 (Doc. 3.- «PSOE 202 escanos»), el cual, confirmando la efectiva alternativa en el poder a través del ejercicio soberano de la ciudadanía, daba a término al periodo historiográficamente considerado de Transición democrática y a la política de consenso que la había hecho posible para abrir una nueva etapa de normalización política plenamente homologable a los modelos europeos de nuestra contorna cultural.