El Reinado de Isabel II (1833-1868): La Primera Guerra Carlista, Evolución Política, Partidos y Constituciones

El reinado de Isabel II (1833-1868) se divide en dos grandes etapas: la minoría de edad (1833-1843), durante la cual ejercieron la regencia su madre María Cristina (1833-1840) y el general Espartero (1840-1843), y el reinado efectivo (1843-1868) tras ser declarada mayor de edad.

Minoría de Edad de Isabel II (1833-1843)

Este periodo comenzó con el estallido de la Primera Guerra Carlista (1833-1840), durante la regencia de María Cristina. Las causas principales fueron:

• La cuestión sucesoria: Los carlistas apoyaban a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, y defendían la Ley Sálica, negando la legitimidad de la Pragmática Sanción que permitía la sucesión femenina de Isabel.
• El enfrentamiento ideológico: El carlismo defendía el Antiguo Régimen (absolutismo, sociedad estamental) y el mantenimiento de los fueros territoriales. El liberalismo (apoyado por los isabelinos) defendía la política centralizadora, la soberanía nacional y la división de poderes.

La Primera Guerra Carlista estalló el 1 de octubre de 1833 tras el Manifiesto de Abrantes y se desarrolló en tres fases:

1. Avance carlista (1833-1835): Tuvieron fuerza principalmente en Navarra y el País Vasco, dirigidos por el general Zumalacárregui.
2. Repliegue carlista (1835-1837): Fracasaron en la toma de Bilbao (donde murió Zumalacárregui) y no consiguieron tomar Madrid en la llamada «Expedición Real» (1837).
3. Triunfo Isabelino (1837-1840): La división interna del carlismo (entre transaccionistas e intransigentes) facilitó el Convenio de Vergara (1839) entre el general carlista Maroto y el liberal Espartero (simbolizado en el «abrazo de Vergara»). Este pacto admitía a militares carlistas en el ejército isabelino y prometía el mantenimiento de los fueros (aunque serían modificados posteriormente). La guerra continuó en el Maestrazgo hasta 1840.

El carlismo no desapareció y provocó la Segunda Guerra Carlista (Guerra dels Matiners, 1846-1849), principalmente en Cataluña, ante el fracaso del intento de boda entre Isabel II y el pretendiente carlista Carlos VI. El movimiento resurgiría con fuerza durante el Sexenio Democrático, dando lugar a la Tercera Guerra Carlista (1872-1876).

Las Regencias (1833-1843): El Desmantelamiento del Antiguo Régimen

Durante las regencias, los gobiernos liberales comenzaron a desmantelar las estructuras del Antiguo Régimen. Los liberales se dividieron pronto en dos grandes corrientes:

• Partido Moderado: Herederos de los «doceañistas» más conservadores de las Cortes de Cádiz. Defendían la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, otorgaban amplios poderes a la Corona, limitaban los derechos individuales y apoyaban un sufragio muy censitario. Liderados por figuras como Martínez de la Rosa y, más tarde, Narváez.
• Partido Progresista: Sucesores de los «exaltados» del Trienio Liberal. Defendían la soberanía nacional residiendo exclusivamente en las Cortes (preferiblemente unicamerales), limitaban el poder del rey, ampliaban los derechos y libertades, y eran partidarios de un sufragio censitario más amplio. Apoyaban la Milicia Nacional. Liderados por figuras como Mendizábal, Calatrava y Espartero.

Regencia de María Cristina (1833-1840)

• Fase moderada (1833-1835): Se inició una transición entre el absolutismo y el liberalismo con reformistas como Cea Bermúdez. Ante la necesidad de apoyos contra el carlismo, la regente llamó al liberal moderado Martínez de la Rosa. Se elaboró el ESTATUTO REAL (1834), una Carta Otorgada que no era una constitución plena. Reconocía Cortes bicamerales (Estamento de Próceres y Estamento de Procuradores) pero no la soberanía nacional, ni la división de poderes, ni una declaración de derechos, dejando amplios poderes legislativos en el Rey.
• Revolución liberal (1835-1840): El descontento progresista y las dificultades de la guerra llevaron a revueltas. Mendizábal, al frente del gobierno, tomó medidas radicales para desmantelar el Antiguo Régimen: libertad de imprenta, ley de supresión de conventos (excepto los dedicados a enseñanza y hospitales) y el Decreto de desamortización de los bienes del clero regular (1836). Estas medidas provocaron su destitución. La regente intentó volver al moderantismo, lo que provocó el pronunciamiento de los sargentos en La Granja (1836), que obligó a María Cristina a restablecer la Constitución de 1812 y entregar el gobierno a los progresistas. El gobierno progresista de Calatrava (con Mendizábal en Hacienda) eliminó el régimen señorial, el mayorazgo y el diezmo, y restableció la ley municipal democrática.
• Obra legislativa: CONSTITUCIÓN DE 1837. Buscaba el consenso entre moderados y progresistas. Consolidó el régimen constitucional; proclamaba la Soberanía Nacional (aunque no de forma tan rotunda como en 1812); establecía una clara división de poderes, Cortes bicamerales (Congreso elegido por sufragio censitario directo y Senado de designación real entre una terna elegida). Reconocía derechos individuales, libertad de prensa, autonomía municipal y la Milicia Nacional. Cuando María Cristina intentó modificar la ley municipal en 1840 para reforzar el control del gobierno central, provocó la oposición progresista liderada por Espartero, que presionaron hasta forzar la renuncia y el exilio de la regente.

Regencia de Espartero (1840-1843)

El general Espartero asumió la regencia, pero su gobierno autoritario (fusilamiento de Diego de León, bombardeo de Barcelona en 1842 por una revuelta popular y librecambista) le granjeó la oposición de moderados y de sectores de su propio partido progresista y del ejército. Moderados y progresistas descontentos organizaron un pronunciamiento liderado por el general Narváez en 1843, que obligó a Espartero a dimitir y exiliarse.

Reinado Efectivo de Isabel II (1843-1868)

Para evitar una nueva regencia, las Cortes proclamaron la mayoría de edad de Isabel II con solo 13 años, iniciando su reinado efectivo. Durante este periodo se procedió a la construcción del Estado Liberal bajo la hegemonía del Partido Moderado, aunque con interrupciones.

Década Moderada (1844-1854)

Liderada por el general Narváez, se acometieron distintas medidas para establecer un estado liberal conservador:

• Supresión de la Milicia Nacional y creación de la Guardia Civil (1844) para mantener el orden público, especialmente en el ámbito rural.
• Promulgación de la CONSTITUCIÓN DE 1845: Establecía la soberanía compartida Rey-Cortes, Cortes bicamerales (Congreso elegido por sufragio muy censitario y Senado vitalicio de designación real). Recortaba derechos y libertades respecto a la de 1837.
• Centralización administrativa: Control de la administración provincial (gobernadores civiles) y local (alcaldes designados).
• Nuevo Código Penal (1848) y proyecto de Código Civil.
• Reforma fiscal de Mon-Santillán (1845) para racionalizar la Hacienda.
• Firma del Concordato con la Santa Sede (1851), que restablecía relaciones con el Vaticano, reconocía el catolicismo como religión oficial y única del Estado, y frenaba las desamortizaciones a cambio de que la Iglesia aceptara las ventas ya realizadas y el Estado se comprometiera a sostener el culto y el clero.

El aumento del autoritarismo de los últimos gobiernos moderados y la corrupción provocaron descontento. En 1849 se fundó el Partido Demócrata, escindido de los progresistas, que reivindicaba el sufragio universal masculino, Cortes unicamerales, libertad religiosa, instrucción primaria gratuita e intervención del Estado en ámbitos sociales. La suspensión de las Cortes en 1854 aumentó el malestar.

Bienio Progresista (1854-1856)

Comienza con el pronunciamiento militar del general O’Donnell en Vicálvaro («Vicalvarada»), inicialmente fallido. En su retirada, se le une el general Serrano y juntos proclaman el Manifiesto de Manzanares (redactado por un joven Cánovas del Castillo), con promesas progresistas para atraer apoyo popular. Isabel II, ante la presión, encargó el gobierno a Espartero, formando coalición con O’Donnell.

Se restauraron medidas progresistas: Ley de Imprenta, Ley Electoral (más amplia), Milicia Nacional. Se elaboró una nueva constitución (la de 1856, llamada «non nata» porque nunca llegó a promulgarse) que recuperaba principios progresistas.

Importante obra legislativa en economía:

• Desamortización de Madoz (1855): Afectó a bienes eclesiásticos aún no vendidos, pero sobre todo a bienes municipales (de propios y comunes) y del Estado.
• Ley General de Ferrocarriles (1855): Impulsó la construcción de la red ferroviaria con incentivos a la inversión extranjera.
• Ley Bancaria (1856): Creó el Banco de España y reguló la banca privada.

La crisis económica, la conflictividad social (huelgas obreras) y el aislamiento político de los progresistas (enfrentados a O’Donnell y a la Corona) provocaron la caída de Espartero y el fin del Bienio.

Gobiernos de la Unión Liberal y Crisis Final (1856-1868)

Tras la caída de Espartero, O’Donnell, con su nuevo partido, la Unión Liberal (que intentaba ser un centro entre moderados y progresistas), asumió el poder, alternándose con Narváez (moderado) en los años siguientes. Se restableció parcialmente la Constitución de 1845 con un Acta Adicional más liberal (luego suprimida).

Este periodo se caracterizó por una relativa estabilidad inicial y una política exterior más activa y de prestigio (Guerra contra Marruecos 1859-60, expedición a México, intervención en Conchinchina), aunque de escasos resultados prácticos.

Sin embargo, en los últimos años, el régimen se enfrentó a:

• Una grave crisis económica (financiera, industrial y de subsistencias) desde 1866.
• Una creciente crisis social: descontento popular, alejado de un régimen liberal elitista.
• Una crisis política: El autoritarismo de los últimos gobiernos moderados, la represión (sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil en 1866) y la impopularidad de la reina aumentaron la oposición.

La oposición (progresistas, demócratas y, más tarde, republicanos) firmó el Pacto de Ostende (1866), al que se unieron los unionistas tras la muerte de O’Donnell (1867), con el objetivo de destronar a la reina y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal. La muerte de Narváez (1868) dejó a la reina aún más aislada. En septiembre de 1868, los generales Prim (progresista) y Topete (unionista) iniciaron la sublevación conocida como “La Gloriosa” en Cádiz. La revolución, dirigida militarmente por el general Serrano (unionista), derrotó a las tropas leales a la reina en la Batalla de Alcolea, provocando la caída de Isabel II y su exilio, abriendo la esperanza de un régimen democrático: el Sexenio Democrático.

El Reinado de Isabel II: Las Desamortizaciones y la Transformación Social

El reinado de Isabel II (incluyendo las Regencias y el reinado efectivo) supuso la transición del Antiguo Régimen al Estado liberal en España. La desigualdad jurídica basada en estamentos desapareció progresivamente y la economía tendió a liberalizarse, especialmente en lo referente a la propiedad de la tierra.

Las Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz

La necesidad de liberalizar la propiedad del suelo, concentrada en «manos muertas» (Iglesia, municipios, nobleza con mayorazgos), fue un pilar fundamental de la reforma agraria liberal. Se recurrió a las desamortizaciones: la expropiación por parte del Estado de tierras y bienes (eclesiásticos o municipales principalmente) para su posterior venta en pública subasta. Junto a ellas, se tomaron otras medidas como la abolición del régimen señorial, la supresión de los gremios y la eliminación del mayorazgo.

Aunque hubo tímidos intentos de reforma agraria en el siglo XVIII (venta de bienes de los Jesuitas en 1767) y en la época de Godoy (1798), y las Cortes de Cádiz (1813) y el Trienio Liberal (1820-1823) dieron pasos importantes, las grandes desamortizaciones se produjeron bajo Isabel II:

La Desamortización de Mendizábal (1836-1849)

Tuvo lugar principalmente durante la Regencia de María Cristina, impulsada por el ministro progresista Juan Álvarez Mendizábal tras las revueltas de 1835. Consistió fundamentalmente en la venta por subasta de las tierras expropiadas a la Iglesia (desamortización eclesiástica), sobre todo las del clero regular (órdenes religiosas suprimidas).

Objetivos:

• Sanear la Hacienda Pública, muy endeudada.
• Financiar el ejército liberal en la Primera Guerra Carlista.
• Crear una base social de propietarios adeptos a la causa liberal frente al carlismo.
• Fomentar la productividad agraria y aumentar la recaudación fiscal a largo plazo.

Consecuencias:

1. Desmantelamiento de la propiedad territorial de la Iglesia y pérdida de sus fuentes de riqueza tradicionales.
2. La propiedad se liberalizó, pero pasó fundamentalmente a manos de la burguesía agraria e industrial y la nobleza ya existente, que disponían de capital para comprar.
3. Al realizarse la venta en pública subasta y admitirse el pago con títulos de deuda pública, contribuyó al aumento de los latifundios en algunas zonas y a la especulación.
4. Proletarización del campesinado: Muchos campesinos no pudieron acceder a las tierras por el precio de los lotes y perdieron derechos de uso sobre antiguas tierras eclesiásticas.
5. La producción agrícola aumentó, pero menos de lo esperado, por la escasa inversión en innovación de muchos nuevos propietarios.
6. El déficit de la Hacienda Pública se alivió solo temporalmente.
7. Pérdida de patrimonio artístico y documental al abandonarse o destruirse muchos edificios conventuales.
8. Profundizó el distanciamiento entre progresistas y moderados, y generó un fuerte rechazo de la Iglesia hacia el liberalismo progresista.

La Desamortización de Madoz (1855-1867)

Se inició durante el Bienio Progresista (Ley General de Desamortización Civil y Eclesiástica de 1855), impulsada por el ministro Pascual Madoz. Afectó a los bienes eclesiásticos que quedaban sin vender, pero sobre todo a los bienes municipales (tierras de propios, arrendadas por los ayuntamientos, y tierras comunales, aprovechadas directamente por los vecinos) y a bienes del Estado.

Objetivos:

• Reducir la deuda pública.
• Financiar la construcción de infraestructuras necesarias para modernizar la economía, especialmente el ferrocarril.

Consecuencias:

• Provocó la ruptura de relaciones con la Santa Sede (hasta 1859) y conflictos con la reina.
• Supuso un incremento de recursos para el Estado significativamente mayor que la de Mendizábal (duplicó los ingresos).
• Tuvo un impacto social muy negativo, especialmente al recaer sobre las tierras comunales, que eran un medio de subsistencia fundamental para los campesinos más pobres, agravando su proletarización.

De la Sociedad Estamental a la Sociedad de Clases

Los cambios jurídico-políticos del liberalismo (igualdad ante la ley) supusieron el paso de una sociedad estamental (cerrada, basada en el privilegio por nacimiento) a una sociedad de clases (teóricamente abierta, determinada por la riqueza y la propiedad). Sin embargo, la legislación isabelina estuvo encaminada a proteger la propiedad privada y a la oligarquía que la poseía.

• La Nobleza: Perdió sus privilegios estamentales (exención fiscal, señoríos jurisdiccionales), pero la revolución liberal le permitió consolidar la propiedad plena de sus tierras (antiguos señoríos territoriales) y comprar más bienes desamortizados. Muchos nobles mejoraron su situación económica y conservaron gran parte de su poder e influencia social gracias a su presencia en la Corte, altos mandos del ejército y en la política (especialmente en el Senado). Mantuvieron una mentalidad predominantemente rentista. La pequeña nobleza (hidalgos) sí experimentó un mayor deterioro económico y social.
• El Clero: Se vio muy afectado al perder su principal fuente de ingresos (el diezmo) y sufrir las desamortizaciones de sus propiedades. El número de clérigos disminuyó drásticamente. Por ello, gran parte del clero se mostró receloso o contrario al sistema liberal, especialmente al progresista. El Concordato de 1851 supuso una cierta reconciliación con el Estado moderado.
• La Burguesía: Fue la gran protagonista y beneficiaria del nuevo orden liberal. La supresión de privilegios permitió legalmente la movilidad social, y las desamortizaciones y la liberalización económica le ofrecieron oportunidades de negocio. Se distingue una burguesía periférica (ligada a la industria y el comercio, como en Barcelona o Bilbao) y otra burguesía de interior (más vinculada a las finanzas, la agricultura, el comercio y la administración, como en Madrid o Valladolid). Más tarde apareció una burguesía financiera más potente. Dominó la vida social, económica y política en las ciudades y en el Estado.
• Las Clases Medias: Grupo muy heterogéneo y minoritario, pero en crecimiento (pequeños propietarios rurales, mandos intermedios del ejército, funcionarios, profesionales liberales, comerciantes, artesanos). En este sector, el Estado liberal encontró un importante apoyo, aunque también surgieron de él críticas y movimientos de oposición (los estudiantes universitarios, por ejemplo, impulsaron el Partido Demócrata y luego el movimiento republicano).
• Las Clases Populares: Eran el grupo más numeroso y heterogéneo (campesinos sin tierra, jornaleros, arrendatarios, personal de servicios domésticos, artesanos urbanos). Su situación general no mejoró e incluso empeoró en muchos casos (proletarización rural). La incipiente industrialización del país (concentrada en la periferia, como Cataluña o País Vasco) creó un nuevo grupo: la población obrera o proletariado industrial, que vivía en condiciones muy precarias. Este grupo comenzó a organizarse a través de asociaciones de ayuda mutua y protagonizó las primeras protestas. Su movimiento adquirirá mayor relevancia durante el Sexenio Democrático, con la llegada de las ideas socialistas y anarquistas y el contacto con la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT – Primera Internacional).

El Sexenio Democrático (1868-1874): Constitución de 1869, Amadeo I y la Primera República

El Sexenio Democrático (o Revolucionario) fue un periodo convulso de seis años que intentó establecer en España un sistema político democrático. Se enmarca en una Europa y un mundo cambiantes: difusión de nuevas ideas y prácticas sociales (democracia, socialismo, anarquismo), políticas (imperialismo), avances tecnológicos (inicio de la Segunda Revolución Industrial, apertura del Canal de Suez) y nuevos movimientos culturales (Realismo y Naturalismo).

La Revolución de 1868 («La Gloriosa»)

Antecedentes: El malestar social por la crisis de subsistencias, la crisis financiera e industrial de 1866, y el creciente desprestigio político y personal de Isabel II crearon un caldo de cultivo revolucionario. Tras el fracaso de la sublevación del cuartel de San Gil (1866), el Partido Progresista (liderado por Prim) y el Partido Demócrata firmaron el Pacto de Ostende (Bélgica), al que se unieron los republicanos y, posteriormente (tras la muerte de O’Donnell), los unionistas (liderados por Serrano), con el objetivo de derrocar a la reina y convocar Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal.

La Revolución: Se inició en septiembre de 1868 con el pronunciamiento del almirante Juan Bautista Topete en Cádiz, al mando de la Armada, secundado por los generales Prim y Serrano. Los sublevados lanzaron el manifiesto “Viva España con honra”, en el que denunciaban la corrupción del régimen isabelino, proclamaban la expulsión de la reina y el establecimiento de un Gobierno provisional que asegurase el orden, las libertades y la regeneración política del país. Tras el golpe de Estado militar, se inició una revolución popular: se formaron Juntas Revolucionarias en muchas ciudades que asumieron el poder local y reclamaron reformas más radicales (sufragio universal, abolición de quintas y consumos, libertades plenas). El ejército leal a la reina fue derrotado en la Batalla de Alcolea (Córdoba). Isabel II, sin apoyos, se exilió a Francia.

El Gobierno Provisional y la Constitución de 1869 (1868-1871)

Se formó un Gobierno Provisional presidido por el general Serrano (unionista), con Prim (progresista) como ministro de la Guerra y figuras de ambos partidos. Este gobierno tomó medidas inmediatas como:

• Disolución de las Juntas Revolucionarias (lo que frustró a los sectores más radicales).
• Decretos democratizadores: libertad de imprenta, derecho de reunión y asociación, sufragio universal masculino (para mayores de 25 años).
• Medidas anticlericales moderadas: expulsión de los jesuitas, derogación del fuero eclesiástico.
• Convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes (enero 1869), las primeras con sufragio universal masculino directo en España.

Las elecciones dieron la mayoría a la coalición gubernamental de progresistas, unionistas y demócratas monárquicos. Las Cortes redactaron la CONSTITUCIÓN DE 1869, la primera constitución democrática de la historia de España:

• Establecía la soberanía nacional.
• Una estricta división de poderes: Legislativo en las Cortes (Congreso y Senado electivos), Ejecutivo en el Rey (a través de los ministros responsables) y Judicial en los jueces independientes.
• Consagraba una amplísima declaración de derechos y libertades básicos (reunión, asociación, expresión, inviolabilidad del domicilio).
• Por primera vez, establecía la libertad religiosa (aunque el Estado se comprometía a mantener el culto y clero católicos).
• Mantenía el sufragio universal masculino.
• Establecía la Monarquía Democrática como forma de gobierno.

El Gobierno también aprobó legislación importante: Ley Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial, reforma del Código Penal, Ley de Matrimonio Civil, juicios con jurado.

La Búsqueda de un Rey y la Regencia de Serrano (1869-1870)

Aprobada la Constitución, España era una monarquía sin rey. Se instauró una Regencia presidida por Serrano, mientras Prim fue nombrado Jefe de Gobierno y se dedicó a la difícil tarea de encontrar un candidato al trono que fuera aceptado por las Cortes y las potencias europeas. Se descartó la vuelta de los Borbones (aunque Cánovas del Castillo ya empezaba a formar el Partido Alfonsino en defensa de los derechos del hijo de Isabel II, Alfonso). Durante este periodo (1869), los problemas se acumularon:

• Comienzo de la Guerra Larga de Cuba (Grito de Yara, 1868).
• Reorganización de los carlistas en torno a Carlos VII, que daría lugar a la Tercera Guerra Carlista (1872).
• Sucesión de levantamientos republicanos federales por todo el país, duramente reprimidos.
• Creciente agitación social y desarrollo del movimiento obrero (influencia de la AIT).

Prim barajó varios candidatos (Leopoldo de Hohenzollern -cuya candidatura provocó la guerra franco-prusiana-, el Duque de Montpensier, Fernando de Coburgo) y finalmente se decantó por Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia Víctor Manuel II, de talante liberal y democrático. En octubre de 1870, Amadeo aceptó la corona con el consentimiento de las potencias europeas, y en noviembre las Cortes lo eligieron Rey de España.

El Reinado de Amadeo I (Enero 1871 – Febrero 1873)

El reinado de Amadeo I fue breve y fracasó debido a múltiples factores:

• A su llegada a España, se produjo el asesinato de su principal valedor, el general Prim (diciembre 1870), lo que le dejó sin su apoyo más firme y dividió a la coalición monárquico-democrática.
• La persistencia del conflicto militar en Cuba y el estallido de la Tercera Guerra Carlista (1872).
• La falta de apoyos políticos sólidos: la coalición gubernamental se fragmentó (unionistas se acercaron a los alfonsinos, progresistas se dividieron entre radicales de Ruiz Zorrilla y constitucionales de Sagasta).
• La fuerte oposición de los carlistas, los republicanos (que ganaban apoyo popular) y los alfonsinos (partidarios de la restauración borbónica).
• La oposición de la nobleza y la burguesía tradicional, que lo veían como un rey extranjero y poco afín a sus intereses.
• Las movilizaciones obreras y populares que reclamaban un régimen republicano y mejoras sociales.

Ante la ingobernabilidad del país y la falta de respaldo, Amadeo I abdicó en febrero de 1873. Reunidas en sesión conjunta el Congreso y el Senado, y ante el vacío de poder, proclamaron la Primera República Española.

La Primera República Española (Febrero 1873 – Enero 1874)

La Primera República tuvo una vida efímera (apenas 11 meses) y se caracterizó por una enorme inestabilidad política y social, sucediéndose cuatro presidentes:

1. Estanislao Figueras (Republicano Federal): Presidió un gobierno de coalición. Su principal cometido era convocar Cortes Constituyentes para promulgar una nueva Constitución republicana. Se enfrentó a graves problemas heredados: crisis de Hacienda, Guerra de Cuba, Tercera Guerra Carlista. Promulgó una amplia amnistía, abolió la esclavitud en Puerto Rico y suprimió las quintas (sistema de reclutamiento militar obligatorio). Chocó con los republicanos federales más intransigentes y dimitió.
2. Francisco Pi y Margall (Republicano Federal): Tras las elecciones a Cortes Constituyentes (con altísima abstención), que dieron una clara mayoría a los republicanos federales, se proclamó la República Democrática Federal. Se elaboró un proyecto de Constitución Federal (1873) que dividía España en 17 Estados federados (incluyendo Cuba y Puerto Rico), pero no llegó a aprobarse. Durante su mandato estalló la Revolución Cantonal: ciudades y regiones (protagonizada inicialmente por republicanos federales «intransigentes», clases medias y trabajadores urbanos) se declararon cantones independientes (el más importante, el de Cartagena), desafiando al gobierno central. Incapaz de controlar la situación y contrario a reprimir por la fuerza a los cantonalistas, Pi y Margall dimitió.
3. Nicolás Salmerón (Republicano Federal moderado): Se centró en restablecer el orden, recurriendo al ejército para sofocar la insurrección cantonal (excepto Cartagena) y reprimir los movimientos obreros internacionalistas. Dimitió al negarse a firmar las penas de muerte impuestas a algunos líderes cantonalistas por motivos de conciencia.
4. Emilio Castelar (Republicano Unitario): Representaba el giro conservador de la República. Obtuvo poderes extraordinarios de las Cortes para restablecer el orden, suspendió las garantías constitucionales y reforzó el poder del ejército para luchar contra carlistas y cantonalistas. Cuando las Cortes se reunieron en enero de 1874 para retirarle la confianza, el General Manuel Pavía dio un golpe de Estado, disolviendo las Cortes republicanas y poniendo fin a la experiencia federal.

La Transición hacia la Restauración (Enero – Diciembre 1874)

Tras el golpe de Pavía, se estableció un gobierno provisional encabezado por el general Serrano, apoyado por unionistas y progresistas constitucionales (como Sagasta). Este régimen, una república unitaria autoritaria o dictadura militar de facto, se centró en restablecer el orden, sofocar los últimos focos cantonales (Cartagena) y luchar contra los carlistas. Mientras tanto, Cánovas del Castillo preparaba activamente el regreso de los Borbones en la figura de Alfonso XII. El pronunciamiento en Sagunto del general Martínez Campos (diciembre de 1874), proclamando a Alfonso XII como rey, aceleró los acontecimientos, puso fin al Sexenio Revolucionario e inició la Restauración Borbónica.

La Restauración Borbónica (1874-1902): Cánovas del Castillo, Turno de Partidos y Constitución de 1876

Tras el golpe del general Pavía (enero 1874) que disolvió las Cortes republicanas, se estableció un Gobierno provisional del general Serrano. Este régimen, que funcionó como una dictadura militar de facto, se dedicó a sofocar los focos de revuelta cantonal y carlista, anuló gran parte de la legislación del Sexenio, reprimió a la oposición republicana y prohibió las organizaciones obreras internacionalistas.

La Restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII se extiende desde su proclamación en diciembre de 1874 (llegada a España en enero de 1875) hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII en 1902 (incluyendo la Regencia de María Cristina de Habsburgo, 1885-1902). El verdadero artífice del sistema político de la Restauración fue Antonio Cánovas del Castillo, quien consiguió establecer en España una monarquía liberal parlamentaria, aunque no democrática, que proporcionó una notable estabilidad política durante casi 40 años.

El Proyecto Político de Cánovas

El proyecto de Cánovas se gestó durante el Sexenio Democrático. Al frente del Partido Alfonsino, consiguió que la reina Isabel II en el exilio abdicara a favor de su hijo Alfonso (1870). Alfonso se educó en el extranjero, incluyendo la academia militar británica de Sandhurst. Tras el golpe de Pavía, Cánovas impulsó la publicación del Manifiesto de Sandhurst (diciembre de 1874), redactado por él mismo y firmado por Alfonso. En él, se presentaba la restauración de una monarquía dialogante, constitucional y católica como la única solución viable a la inestabilidad y los problemas de España, prometiendo un régimen liberal y ordenado.

Aunque Cánovas prefería una restauración por vía civil, el pronunciamiento militar en Sagunto (diciembre de 1874) de los generales Martínez Campos y Jovellar proclamó a Alfonso XII como rey, adelantándose a la acción política de Cánovas. Serrano dimitió, Cánovas formó un gabinete-regencia hasta la llegada del rey, y en enero de 1875 Alfonso XII lo confirmó al frente del Gobierno.

El Sistema Canovista: Bases y Funcionamiento

Durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885), Cánovas del Castillo estableció las bases de su sistema político para conseguir la estabilidad. Sus pilares fundamentales fueron:

1. Pacificación del país: Era prioritario acabar con los conflictos bélicos internos.
   • Fin de la Tercera Guerra Carlista (1876): La derrota carlista supuso la abolición definitiva de los fueros vascos (aunque se sustituyeron por Conciertos Económicos).
   • Fin de la Guerra Larga de Cuba (Paz de Zanjón, 1878): Se concedió una amnistía, cierta autonomía administrativa (que no se cumplió plenamente) y la abolición de la esclavitud (que se retrasó hasta 1886).
   • Subordinación del poder militar al civil: Se buscó que el ejército, protagonista político durante gran parte del siglo XIX a través de los pronunciamientos, volviera a los cuarteles y sirviera al Estado con independencia de quién gobernara. El rey se consolidó como jefe supremo del ejército.
2. Bipartidismo y Turno Pacífico: Inspirado en el modelo británico, Cánovas diseñó un sistema basado en la alternancia en el Gobierno de dos grandes partidos dinásticos («partidos de turno») que aceptaran la monarquía alfonsina y la Constitución. El objetivo era evitar que uno de los partidos monopolizara el poder y el otro tuviera que recurrir a pronunciamientos para gobernar, como había ocurrido en el reinado de Isabel II. Los partidos que se turnaron fueron:
   • Partido Conservador: Heredero de moderados y unionistas, aglutinaba también a los sectores católicos más pragmáticos. Liderado por el propio Cánovas del Castillo. Apoyado por la aristocracia, la burguesía financiera y latifundista. Defendía el orden, la propiedad, el sufragio censitario y el catolicismo.
   • Partido Liberal (o Liberal-Fusionista): Formado por antiguos progresistas, demócratas y republicanos moderados dispuestos a aceptar la monarquía. Liderado por Práxedes Mateo Sagasta. Apoyado por la burguesía industrial y comercial, funcionarios, profesionales liberales y sectores del ejército. Defendía mayores libertades (expresión, asociación), el sufragio universal (que implantó en 1890) y un enfoque más laico del Estado.
   El turnismo funcionaba de forma artificial: no eran los electores quienes decidían el cambio de gobierno, sino que el rey, de acuerdo con los líderes de ambos partidos, encargaba la formación de Gobierno al partido que le correspondía gobernar (generalmente cuando el partido en el poder sufría desgaste). El nuevo presidente del Gobierno convocaba elecciones, que siempre ganaba gracias a un sistemático fraude electoral organizado desde el Ministerio de la Gobernación. Este fraude se basaba en:
   • El “encasillado”: El Ministerio elaboraba la lista de los candidatos (afines al gobierno) que debían salir elegidos en cada distrito electoral.
   • La actuación de los caciques: Personajes influyentes a nivel local (terratenientes, notables) que, mediante presión, favores, compra de votos o amenazas, aseguraban que salieran elegidos los candidatos del encasillado.
   • La manipulación directa del proceso electoral si era necesario: falseamiento del censo (incluyendo muertos o impidiendo votar a opositores), manipulación de actas, coacción en las mesas electorales. Estas prácticas fraudulentas se conocían popularmente como “pucherazo”.
   Este sistema, aunque garantizaba la estabilidad y la alternancia, era profundamente antidemocrático y dejaba fuera del juego político a las demás fuerzas (carlistas, republicanos, socialistas, nacionalistas).
3. La Constitución de 1876: Para legitimar el nuevo régimen, Cánovas convocó elecciones a Cortes Constituyentes (aún por sufragio universal masculino, como en el Sexenio, aunque luego se restringiría). Estas Cortes, de mayoría conservadora, redactaron y aprobaron la Constitución de 1876, que estaría vigente hasta 1923 (y nominalmente hasta 1931), siendo la de mayor duración en la historia de España. Era una constitución de carácter moderado y flexible, inspirada en la de 1845 pero incorporando algunos derechos y principios de la de 1869 para dar cabida a los liberales.
   • Establecía la soberanía compartida Rey-Cortes.
   • No existía una división de poderes estricta: el Rey tenía amplios poderes (poder ejecutivo, nombramiento del jefe de gobierno, mando del ejército, derecho de veto, poder de disolver las Cortes, participación en el poder legislativo).
   • El poder legislativo residía en las Cortes bicamerales junto con el Rey:
     • Congreso de los Diputados: Elegido por sufragio (inicialmente censitario -ley electoral de 1878-, luego universal masculino -ley electoral de 1890-).
     • Senado: Más conservador, compuesto por senadores por derecho propio (nobleza, jerarquía militar y eclesiástica), senadores vitalicios nombrados por el Rey, y senadores elegidos por corporaciones y mayores contribuyentes (elección indirecta y censitaria).
   • El poder judicial correspondía a los tribunales.
   • Recogía una declaración de derechos y libertades (herencia de 1869), pero su desarrollo se remitía a leyes posteriores, lo que permitió a los conservadores restringirlos.
   • Declaraba la confesionalidad católica del Estado, pero toleraba el ejercicio privado de otros cultos (solución de compromiso entre la unidad católica defendida por los moderados y la libertad religiosa de 1869).

Evolución Política: Reinado de Alfonso XII y Regencia de María Cristina

Reinado de Alfonso XII (1875-1885)

Durante este periodo, el gobierno lo ejerció principalmente el Partido Conservador de Cánovas, salvo un paréntesis entre 1881 y 1884 en que gobernó Sagasta con un Partido Liberal aún en formación.

Medidas del Partido Conservador:

• Restablecimiento del orden público y fin de las guerras.
• Restricción de libertades: Ley electoral de 1878 (sufragio censitario muy restringido), Ley de Imprenta (censura previa).
• Control de ayuntamientos y diputaciones.
• Suspensión de la libertad de cátedra en la Universidad.
• Ilegalización de asociaciones obreras internacionalistas.

Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902)

En 1885 murió prematuramente Alfonso XII, dejando como heredero a un hijo póstumo (futuro Alfonso XIII). Su viuda, María Cristina de Habsburgo, asumió la regencia. Ante el temor a una desestabilización del régimen, Cánovas y Sagasta firmaron el Pacto de El Pardo (1885), comprometiéndose a respetar el turno de partidos, apoyar la regencia y garantizar la continuidad del sistema canovista. Esto consolidó el turnismo, pero también aumentó la corrupción política.

Durante la Regencia, el Partido Liberal de Sagasta tuvo un mayor protagonismo legislativo, especialmente durante el llamado “Parlamento Largo” (1885-1890).

Medidas del Partido Liberal:

• Aprobación de la Ley de Asociaciones (1887), que permitió la legalización de sindicatos y partidos obreros.
• Instauración de juicios con jurado (Ley del Jurado, 1888).
• Aprobación del Código Civil (1889).
• Restablecimiento del sufragio universal masculino (Ley electoral de 1890), aunque su efectividad fue anulada por el fraude electoral y el caciquismo.

En 1893, el gobierno liberal elaboró un proyecto de Estatuto de Autonomía para Cuba y Puerto Rico, pero no llegó a aprobarse a tiempo. En 1895 se iniciaba la insurrección definitiva que llevaría a la guerra de Cuba. El turnismo se mantuvo con dificultades durante toda la regencia, incluso durante la guerra y tras el asesinato de Cánovas por un anarquista en 1897, pero el sistema mostraba claros signos de agotamiento y crisis, que culminarían con el Desastre de 1898.

La Restauración Borbónica (1874-1902): Oposición Política, Nacionalismos y Movimiento Obrero

El sistema político de la Restauración borbónica (1874-1902), diseñado por Cánovas del Castillo y basado en la Constitución de 1876 y el turno pacífico entre conservadores y liberales (consolidado con el Pacto de El Pardo tras la muerte de Alfonso XII en 1885), proporcionó estabilidad pero excluyó a amplios sectores políticos y sociales. A lo largo del periodo, especialmente durante la regencia de María Cristina (1885-1902), la oposición al sistema se fue fortaleciendo, a pesar de superar crisis como la Guerra de Cuba (1895-1898) y el asesinato de Cánovas (1897).

Oposición Política al Sistema

Las principales fuerzas de oposición al régimen de la Restauración fueron:

A) Carlismo

Tras su derrota militar definitiva en la Tercera Guerra Carlista (1876), el carlismo quedó muy debilitado pero no desapareció. Se dividió en varias tendencias:

• Una facción integrista y ultracatólica, liderada por Ramón Nocedal, que fundó el Partido Católico Nacional (1888), rechazando cualquier compromiso con el liberalismo.
• El sector principal, liderado por el pretendiente Carlos VII y figuras como Vázquez de Mella, que optó por la vía política, formando un partido (Comunión Tradicionalista) que participaba en las elecciones, aunque con escasa representación, defendiendo la monarquía tradicional, el catolicismo y los fueros. Mantuvo sus bases sociales en Navarra, País Vasco y zonas rurales de Cataluña y Valencia.

B) Republicanismo

El republicanismo salió muy dividido y desprestigiado de la experiencia de la Primera República. Durante la Restauración, se fragmentó en varios grupos:

• Partido Republicano Posibilista: Liderado por Emilio Castelar. Era el sector más moderado, dispuesto a colaborar con el Partido Liberal de Sagasta dentro de la monarquía si se avanzaba en la democratización. Acabó integrándose en el Partido Liberal.
• Partido Republicano Progresista: Liderado por Manuel Ruiz Zorrilla. Era partidario de la insurrección armada y el pronunciamiento militar para derribar la monarquía, protagonizando varios intentos fallidos.
• Partido Republicano Centralista: Liderado por Nicolás Salmerón. Defendía una república unitaria y reformas sociales.
• Partido Republicano Democrático Federal: Liderado por Francisco Pi y Margall. Mantenía la defensa de una república federal y gozaba de cierta influencia entre la pequeña burguesía y sectores obreros, especialmente en Cataluña.

A pesar de sus divisiones, el republicanismo mantuvo una presencia constante, especialmente en las ciudades, y experimentó un cierto resurgimiento a finales de siglo.

C) Nacionalismos y Regionalismos

Como reacción al centralismo del Estado liberal canovista, surgieron movimientos políticos que reivindicaban el reconocimiento de la identidad cultural, lingüística e histórica de diversos territorios, demandando desde una mayor autonomía administrativa hasta la independencia. Alcanzaron un notable desarrollo a finales del siglo XIX.

• Nacionalismo Catalán: Tuvo sus raíces en un movimiento cultural y literario, la Renaixença. El catalanismo político se inició en la Restauración con figuras como el republicano federal Valentí Almirall, que fundó el Centre Català (1882) demandando autonomía. En 1891 se creó la Unió Catalanista, de tendencia más conservadora, que promovió las Bases de Manresa (1892), considerado el primer programa político del catalanismo, que proponía un proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña dentro de España. En 1901 se formó el primer gran partido catalanista moderno, la Lliga Regionalista, liderado por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, de ideología conservadora y burguesa, que se convirtió en la fuerza hegemónica en Cataluña durante las primeras décadas del siglo XX.
• Nacionalismo Vasco: A diferencia del catalán, no tuvo un origen tan ligado a movimientos culturales previos (aunque existió el fuerismo) y nació más tarde, pero evolucionó rápidamente hacia posiciones independentistas. En 1895, Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Inicialmente tuvo un apoyo escaso debido a su radicalismo antiespañol, independentista, católico integrista y racista (defensa de la pureza racial vasca). Desde 1898, Arana moderó algunas de sus posturas, oscilando entre el independentismo y la autonomía, lo que le permitió ganar adeptos entre las clases medias y la burguesía vizcaína, preocupadas por la pérdida de los fueros y la llegada masiva de inmigrantes («maketos») por la industrialización. El PNV se desmarcó del carlismo, aunque compartía la defensa de la religión y los fueros.
• Regionalismo Gallego: Tuvo un desarrollo más lento y un menor arraigo social que los anteriores. Surgió a mediados de siglo vinculado al movimiento cultural del Rexurdimento (con figuras como Rosalía de Castro). Durante la Restauración, el galleguismo político dio sus primeros pasos cuando Manuel Murguía fundó la Asociación Regionalista Gallega (1890), de carácter cultural y autonomista moderado. Tuvo menor implantación social y política que el catalán y el vasco en este periodo.

D) Movimiento Obrero y Campesino

El movimiento obrero organizado surgió en España paralelo al lento desarrollo de la industrialización. Las pésimas condiciones de vida y trabajo del proletariado industrial y del jornalero agrícola crearon poco a poco una conciencia de clase. Tras la creación de sociedades de socorros mutuos y algunos episodios de lucha (ludismo, primeras huelgas), el movimiento obrero despertó con fuerza durante el Sexenio Democrático, tras su desilusión con los partidos demócratas y republicanos y la llegada a España de las ideas anarquistas y socialistas a través de la Primera Internacional (AIT). Se creó la Federación Regional Española (FRE) de la AIT.

Con la Restauración, las asociaciones obreras internacionalistas fueron prohibidas y pasaron a la clandestinidad hasta la aprobación de la Ley de Asociaciones (1887) por el gobierno liberal de Sagasta, que permitió su reorganización.

• Anarquismo: Fue la corriente mayoritaria dentro del movimiento obrero español en este periodo. Se reorganizaron con la fundación de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) en 1881. Tuvieron mayor presencia en Cataluña (obreros industriales) y Andalucía (jornaleros agrícolas). Dentro del anarquismo convivían dos tendencias: la anarcosindicalista, partidaria de la acción sindical reivindicativa y la huelga general revolucionaria; y la anarcocomunista, partidaria de la «propaganda por el hecho» (acciones terroristas contra los pilares del Estado y la burguesía). Las divisiones internas y la dura represión estatal llevaron a finales de los 80 y 90 a un auge del activismo sindical y reivindicativo, pero también a que una minoría radicalizada protagonizara atentados (como el del Liceo de Barcelona en 1893 o el asesinato de Cánovas en 1897). Episodios como el de la «Mano Negra» en Andalucía (una supuesta organización anarquista secreta acusada de asesinatos e incendios, utilizada como pretexto para una dura represión contra los jornaleros) marcaron este periodo.
• Socialismo: De inspiración marxista, tuvo una implantación más lenta pero más organizada. Sus principales núcleos estuvieron en Madrid, Asturias y Vizcaya. Se refugiaron inicialmente en torno a la Asociación del Arte de Imprimir, presidida por Pablo Iglesias. En 1879 fundaron clandestinamente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en 1888 crearon la Unión General de Trabajadores (UGT) como sindicato del partido. Su objetivo era mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los obreros a largo plazo mediante la negociación colectiva, las demandas al poder político y la huelga como instrumento de presión, aspirando a la conquista del poder político por la clase obrera para establecer una sociedad socialista. El PSOE y la UGT fueron, hasta comienzos del siglo XX, minoritarios en comparación con el anarquismo.

Hasta finales del siglo XIX, gran parte de las acciones sindicales (como la huelga) estaban penalizadas como delito y fueron duramente reprimidas por los gobiernos de la Restauración.

El Problema de Cuba, la Guerra Hispano-Estadounidense y la Crisis de 1898

A finales del siglo XIX, los restos del vasto imperio colonial español, tras la pérdida de la América continental a principios de siglo, se reducían a Cuba y Puerto Rico en el Caribe, las Filipinas y un conjunto de pequeños archipiélagos e islotes en el Pacífico (Marianas, Carolinas, Palaos) y algunas posesiones en África.

Las Colonias Españolas a Finales del Siglo XIX

• Cuba y Puerto Rico: Eran las colonias más importantes económica y estratégicamente. Situadas cerca de Estados Unidos, tenían una economía basada en la agricultura de exportación (azúcar, tabaco), que aportaba importantes beneficios a la economía española y a la burguesía peninsular gracias a las leyes arancelarias proteccionistas que imponía la metrópoli. Funcionaban como un mercado cautivo para los productos españoles (harina, textiles) y se les impedía comerciar libremente con otros países, especialmente con Estados Unidos, su mercado natural. Estaban privadas de autonomía política real y autogobierno. La dependencia de España se mantuvo por el papel que la metrópoli cumplía con sus tropas y administración, asegurando el orden social y la pervivencia de la explotación esclavista (abolida tardíamente en Cuba en 1886), que beneficiaba a una reducida oligarquía de terratenientes españoles y criollos. Eran colonias históricas profundamente transformadas por siglos de presencia española.
• Filipinas: La presencia española era mucho menor que en Cuba. La población española era escasa (funcionarios, militares, religiosos) y los capitales invertidos no eran tan importantes. La soberanía se había mantenido durante tres siglos gracias a la presencia militar y, sobre todo, al poder e influencia de las órdenes religiosas, que poseían grandes extensiones de tierra. La relación con la metrópoli se centraba en la explotación de algunos recursos agrarios (tabaco) y en la labor evangelizadora de clérigos y misioneros.

La Independencia de Cuba y Filipinas

El Caso Cubano

Desde mediados de siglo, y especialmente a partir de 1868, surgieron en Cuba fuertes movimientos independentistas. La Guerra de los Diez Años (1868-1878), iniciada con el Grito de Yara por Carlos Manuel de Céspedes, luchó por la independencia y la abolición de la esclavitud. Estos movimientos contaron con la simpatía (y a veces el apoyo encubierto) de Estados Unidos, interesado económica y estratégicamente en la isla. La guerra concluyó con la Paz de Zanjón (1878), en la que el general español Martínez Campos se comprometió a conceder a Cuba cierta autonomía política y administrativa y la abolición de la esclavitud. Sin embargo, las reformas fueron muy tímidas y lentas, generando frustración.

Surgió el Partido Liberal Autonomista Cubano (1878), representando a sectores de la burguesía criolla que buscaban más autogobierno dentro de España, pero la llamada «Guerra Chiquita» (1879-1880) puso de manifiesto el descontento con la Paz de Zanjón y avivó el independentismo más radical.

En 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano (PRC), claramente partidario de la independencia total. La crisis económica en la isla, agravada por la política arancelaria española (Arancel Cánovas de 1891) que dificultaba las exportaciones a EEUU, aumentó el malestar. En 1895 estalló la guerra de independencia definitiva, liderada por figuras como José Martí (muerto en combate al inicio), Máximo Gómez y Antonio Maceo. España envió inicialmente a Martínez Campos, que fracasó en su política de conciliación. Le sustituyó el general Valeriano Weyler, que aplicó una dura política de represión (la «reconcentración» de campesinos) que no logró sofocar la rebelión y causó una gran mortandad, generando críticas internacionales, especialmente en EEUU.

El Caso Filipino

En Filipinas, el descontento contra la administración española y el poder de las órdenes religiosas también creció. José Rizal fundó la Liga Filipina (1892), un movimiento que pedía reformas y autonomía. Tras la deportación de Rizal, surgió una sociedad secreta independentista y más radical, el Katipunan, que inició la insurrección en 1896. La represión española fue dura (ejecución de Rizal en 1896), pero la rebelión continuó liderada por Emilio Aguinaldo.

La Guerra Hispano-Estadounidense (1898)

En 1897, el asesinato de Cánovas llevó al gobierno al liberal Sagasta, quien relevó a Weyler e intentó una vía de conciliación, concediendo la autonomía a Cuba y Puerto Rico (1897). Sin embargo, era demasiado tarde. Los independentistas cubanos, con apoyo de EEUU, continuaron la lucha.

Estados Unidos, con crecientes intereses económicos y estratégicos en Cuba y el Caribe (doctrina Monroe, expansión hacia el Pacífico), y con una prensa sensacionalista (yellow press) que avivaba el sentimiento antiespañol, buscaba una excusa para intervenir. La misteriosa explosión del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana (15 de febrero de 1898) sirvió de pretexto perfecto. A pesar de que España negó su implicación y aceptó una investigación internacional, EEUU culpó a España y le envió un ultimátum exigiendo la retirada de Cuba. Tras el rechazo español, EEUU declaró la guerra en abril de 1898.

La Guerra Hispano-Estadounidense fue breve y desastrosa para España. La superioridad naval y militar estadounidense fue aplastante. Las flotas españolas fueron destruidas en dos batallas navales decisivas:

• Batalla de Cavite (Bahía de Manila, Filipinas, mayo de 1898).
• Batalla naval de Santiago de Cuba (julio de 1898).

Tras estas derrotas, España tuvo que pedir la paz.

La Paz de París y la Crisis de 1898

El Tratado de París (10 de diciembre de 1898) puso fin a la guerra y certificó la liquidación del imperio colonial español:

• España reconocía la independencia de Cuba (aunque quedó bajo tutela estadounidense).
• España cedía a Estados Unidos Puerto Rico, la isla de Guam (en las Marianas) y las Filipinas (a cambio de una compensación económica de 20 millones de dólares).

Al año siguiente, en 1899, España vendió al Imperio Alemán los últimos archipiélagos que le quedaban en el Pacífico (las Carolinas, las Marianas restantes y Palaos).

La derrota y la pérdida de las últimas colonias importantes sumieron a España en una profunda crisis conocida como el «Desastre del 98». Sus consecuencias fueron múltiples:

• Consecuencias Ideológicas y Morales: Se produjo una profunda crisis de la conciencia nacional. La derrota humillante puso de manifiesto el atraso del país y la ineficacia de su sistema político. Surgió un fuerte movimiento intelectual y crítico, el Regeneracionismo, que reflexionaba sobre las causas de la decadencia española y proponía soluciones para modernizar el país en todos los ámbitos (político, económico, social, educativo). Entre sus representantes destacan Joaquín Costa (con su lema «Escuela, despensa y siete llaves al sepulcro del Cid»), Macías Picavea, Valentí Almirall, etc. El Regeneracionismo tuvo su vertiente literaria en la Generación del 98 (Unamuno, Baroja, Azorín, Maeztu, Valle-Inclán), escritores que compartían una visión pesimista de España y una preocupación por su identidad y futuro.
• Consecuencias Económicas: A corto plazo, la derrota supuso la pérdida de los mercados coloniales protegidos y de los ingresos que generaban. Sin embargo, a medio plazo, las consecuencias no fueron tan negativas: se redujo la deuda pública al desaparecer la carga de la guerra; la repatriación a España de los capitales situados en América impulsó la inversión y propició el desarrollo de la banca moderna española. La industria nacional, obligada a competir, inició una fase de modernización, favorecida por políticas proteccionistas.
• Consecuencias Políticas: El Desastre desprestigió a los partidos dinásticos (Conservador y Liberal) y puso en evidencia la falsedad del sistema de la Restauración. Surgieron intentos de reforma desde dentro del sistema, el llamado regeneracionismo político, representado por políticos como Francisco Silvela (conservador) y José Canalejas (liberal), que intentaron modernizar la administración, acabar con el caciquismo y democratizar el sistema, aunque con escaso éxito a largo plazo. En política internacional, España dejó de ser una potencia imperial y reorientó su acción exterior hacia el norte de África (Marruecos), lo que generaría nuevos problemas en el siglo XX.
• Otras Consecuencias:
  • El desprestigio del ejército, culpado de la derrota, generó un resentimiento militarista que tendría graves consecuencias en el siglo XX.
  • El crecimiento del movimiento obrero, que vio en la guerra un conflicto ajeno a sus intereses y sufrió sus consecuencias (quintas).
  • Un mayor empuje y protagonismo de los nacionalismos periféricos (catalán y vasco), que interpretaron el Desastre como una prueba de la incapacidad del Estado español centralista y reforzaron sus demandas de autogobierno.