La Época de las Regencias y el Problema Carlista
Moderados y progresistas. Con la definitiva victoria del liberalismo en España, el Antiguo Régimen quedó abolido y el absolutismo fue sustituido por un sistema político liberal. Sin embargo, los liberales se dividieron en dos corrientes: los moderados, que defendían la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, y los progresistas, que apoyaban la soberanía nacional, otorgando el poder a las Cortes.
La regencia de María Cristina (1833-1840). Durante los primeros años de la regencia, se intentó establecer un marco político estable. En este contexto, se promulgó el Estatuto Real de 1834, una «carta otorgada» que establecía un sistema bicameral con el Estamento de Próceres, equivalente a un Senado, y el Estamento de Procuradores, similar a un Congreso. El gobierno de Martínez de la Rosa, encargado de aplicar estas reformas, cayó en 1835. Su sucesor, el conde de Toreno, también fracasó, lo que provocó la aparición de juntas revolucionarias progresistas y la llegada al poder de Mendizábal.
La fase progresista de la revolución liberal (1835-1837). El gobierno progresista de Mendizábal (1835-1836) se centró en dos grandes desafíos: la Primera Guerra Carlista, que enfrentaba a los partidarios de Isabel II contra los de Carlos María Isidro, y la desamortización eclesiástica, que consistió en la expropiación de bienes del clero regular para sanear la Hacienda. En 1836, la destitución de Mendizábal y la llegada al poder de Francisco Javier Istúriz, un moderado, provocaron una nueva oleada revolucionaria. Ese mismo año, el Motín de los Sargentos de La Granja obligó a la regente a restablecer la Constitución de 1812. Se formó un nuevo gobierno progresista liderado por Calatrava y Mendizábal, que consolidó el triunfo de la revolución liberal con la aprobación de la Constitución de 1837 y una nueva ley electoral.
La vuelta de los gobiernos moderados (1837-1840). A partir de 1837, los moderados recuperaron el poder y comenzaron a consolidar su influencia. En este período emergieron dos figuras clave: Espartero, líder progresista, y Narváez, líder moderado. La aprobación de la Ley de Ayuntamientos (1840), que otorgaba mayor poder al gobierno central, generó una fuerte oposición de los progresistas y nuevas revueltas. La situación llevó a la renuncia de María Cristina, que partió hacia Francia, dejando la regencia en manos de Espartero.
La Primera Guerra Carlista (1833-1839). La guerra carlista fue tanto un conflicto dinástico como ideológico. Los carlistas apoyaban a Carlos María Isidro y defendían el absolutismo y los valores tradicionales, mientras que los isabelinos respaldaban a Isabel II y el liberalismo. En cuanto a los bandos enfrentados, los carlistas contaban con el apoyo de la nobleza rural, el clero y el campesinado, con sus principales focos de resistencia en el País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo, mientras que los isabelinos eran respaldados por la alta nobleza, funcionarios, burguesía y clases populares urbanas. El conflicto tuvo tres fases: en la primera (1833-1835) los carlistas obtuvieron importantes victorias, en la segunda (1835-1837) realizaron incursiones por diversos territorios, y en la tercera (1837-1839) fueron finalmente derrotados, firmándose el Convenio de Vergara (1839) entre Espartero y Maroto, que puso fin a la guerra. Las consecuencias de la guerra fueron profundas, consolidando el predominio liberal y debilitando el absolutismo.
La regencia de Espartero (1840-1843). Con la salida de María Cristina, el general Espartero asumió la regencia con el apoyo de los progresistas. Sin embargo, su forma autoritaria de gobernar generó división dentro de su propio partido. Se rodeó de una camarilla de militares y chocó con el sector progresista de las Cortes. En diciembre de 1842, los bombardeos sobre Barcelona, ordenados por Espartero para sofocar un levantamiento, aumentaron el descontento. Finalmente, en 1843, se produjo una rebelión contra él, en la que participaron tanto progresistas como moderados, liderados por Narváez. El enfrentamiento decisivo ocurrió en Torrejón de Ardoz, donde Espartero fue derrotado y tuvo que exiliarse en Inglaterra. Para evitar otra regencia, las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, que asumió el trono con un gobierno moderado encabezado por González Bravo y Narváez.
La Década Moderada (1844-1854)
Las reformas moderadas y la Constitución de 1845. Tras la caída de Espartero, el gobierno de González Bravo marcó el inicio de la Década Moderada con la restauración de la Ley de Ayuntamientos de 1840 y la creación de la Guardia Civil en 1844 para garantizar el orden en el territorio. Bajo el liderazgo de Narváez, se construyó un Estado liberal en su versión moderada, caracterizado por la aprobación de la Constitución de 1845, que consolidó una monarquía fuerte y limitó el sufragio.
Se estableció un Estado centralizado y uniforme mediante leyes de administración local y provincial, se buscó la reconciliación con la Iglesia con vistas a la firma del Concordato, se llevó a cabo una reforma de la Hacienda para mejorar la recaudación de impuestos y se promulgó la Ley Electoral de 1846, que redujo aún más el número de votantes.
El desarrollo político de la Década. En este periodo, el matrimonio de la reina Isabel II se convirtió en un asunto clave debido a las presiones internacionales de Francia e Inglaterra. Finalmente, el enlace se limitó al ámbito familiar entre dos de sus primos: Francisco de Asís, con quien terminó casándose, y Carlos VI, conde de Montemolín, cuya candidatura generó la Segunda Guerra Carlista (1846-1849), un conflicto de menor escala que afectó especialmente Cataluña. A medida que avanzaba la década, los moderados se dividieron internamente, lo que debilitó su gobierno. Entre los últimos líderes destaca Bravo Murillo, quien firmó el Concordato de 1851 con la Santa Sede, asegurando privilegios para la Iglesia en educación y administración eclesiástica. Sin embargo, la corrupción en la construcción de la red ferroviaria aumentó el descontento y, finalmente, la sublevación conocida como la «Vicalvarada» en 1854 puso fin a la Década Moderada, dando paso al Bienio Progresista.
El Bienio Progresista y la Vuelta al Moderantismo (1854-1868)
El Bienio Progresista (1854-1856) comenzó con el pronunciamiento de 1854, liderado por los generales O’Donnell y Dulce contra el gobierno moderado. La sublevación, conocida como la “Vicalvarada”, culminó con el Manifiesto de Manzanares (7 de julio de 1854), redactado por Cánovas del Castillo, que pedía reformas políticas y económicas. La revuelta se transformó en una revolución popular con la creación de Juntas Revolucionarias, lo que llevó a la formación de un gobierno progresista presidido por Espartero con O’Donnell al frente del Ejército. Durante este periodo se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes y se redactó un nuevo proyecto constitucional, la llamada Constitución *non nata* de 1856, que nunca llegó a aprobarse. En el ámbito económico se aprobaron importantes leyes como la desamortización de Madoz (1855), que afectó bienes del Estado y de la Iglesia, la Ley de Ferrocarriles (1855) para impulsar el desarrollo de infraestructuras y la Ley de Bancos de Emisión y de Sociedades de Crédito (1856) para modernizar el sistema financiero. Sin embargo, el Bienio terminó en medio de una creciente conflictividad social, con protestas obreras en Cataluña y motines de subsistencias en Valladolid y Palencia. La inestabilidad llevó a la dimisión de Espartero y a la toma de poder por O’Donnell, quien puso fin al gobierno progresista.
El retorno al moderantismo (1856-1868) estuvo marcado por la alternancia en el poder entre moderados y la Unión Liberal. O’Donnell, al llegar al gobierno, suprimió la Milicia Nacional, disolvió las Cortes y restableció la Constitución de 1845 con un Acta Adicional, aunque posteriormente Narváez eliminó esta Acta y volvió al moderantismo puro. Entre 1858 y 1863, O’Donnell lideró un “gobierno largo”, caracterizado por un periodo de crecimiento económico y una política exterior expansionista con intervenciones en Cochinchina, Marruecos y México.
La crisis final del reinado de Isabel II (1863-1868) se debió a su constante apoyo a gobiernos moderados o de la Unión Liberal, lo que dejó a los progresistas sin otra opción que recurrir a pronunciamientos para intentar acceder al poder. Durante el gobierno de Narváez, en 1865, Emilio Castelar criticó la política de la reina en su artículo “El rasgo”, lo que llevó a su destitución como catedrático y a la violenta represión de una protesta estudiantil en la llamada “Noche de San Daniel”. En 1866, bajo el gobierno de O’Donnell, fracasó el levantamiento de los sargentos del cuartel de San Gil, que fue duramente reprimido. Ese mismo año se firmó el Pacto de Ostende entre progresistas y demócratas con el objetivo de destronar a Isabel II. Tras la muerte de O’Donnell en 1867, los unionistas liderados por Serrano se unieron al pacto. En 1868, tras la muerte de Narváez en abril, la revolución de septiembre, conocida como “La Gloriosa”, puso fin al reinado de Isabel II, que se vio obligada a exiliarse.
El Sexenio Democrático. Evolución Política
La Revolución de 1868, conocida como “La Gloriosa”, marcó el inicio de un sistema democrático en España. El régimen de Isabel II colapsó al quedar apoyado únicamente por los moderados, mientras que la oposición, formada por progresistas, demócratas y unionistas, se unió en su contra. En septiembre de 1868 se produjo la sublevación de la Armada en Cádiz, liderada por Juan Prim, Francisco Serrano y Juan Bautista Topete, lo que dio lugar a la formación de Juntas Revolucionarias que exigían reformas políticas y económicas. Tras la victoria en la batalla de Alcolea (28 de septiembre), Isabel II abandonó España el 30 de septiembre.
El Gobierno Provisional, formado en octubre de 1868 y liderado por Serrano con figuras como Prim, Sagasta, Ruiz Zorrilla y Figuerola, tomó las primeras medidas para controlar la revolución desde el poder, disolviendo las Juntas Revolucionarias, estableciendo la peseta como unidad monetaria y suprimiendo los consumos. En enero de 1869 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal, donde triunfaron progresistas y unionistas, con una notable presencia de republicanos. Se debatió entre monarquía o república, y finalmente se optó por una monarquía constitucional bajo la nueva Constitución de 1869, que instauró un régimen liberal democrático con soberanía nacional, amplios derechos y libertades, división de poderes y Cortes bicamerales.
La Regencia de Serrano (junio de 1869-diciembre de 1870) estuvo marcada por inestabilidad política. Con Serrano como regente y Prim como jefe de gobierno, surgieron graves problemas: una Hacienda sin recursos, la oposición de los industriales catalanes al arancel de 1869, la insurrección de Cuba con la Guerra de los Diez Años (1868-1878), la sublevación republicana de octubre de 1869 y la búsqueda de un rey, que culminó con la elección de Amadeo de Saboya, reconocido por las Cortes el 16 de noviembre de 1870.
El reinado de Amadeo de Saboya (diciembre de 1870-febrero de 1873) comenzó con la llegada del monarca a España poco después del asesinato de su principal valedor, Juan Prim. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política y la división de los partidos que lo apoyaban: el Partido Progresista se fracturó en Constitucionales (liderados por Sagasta) y Radicales (dirigidos por Ruiz Zorrilla). La guerra de Cuba continuó, los carlistas iniciaron la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) y tanto la aristocracia madrileña (alfonsinos), el clero, la alta burguesía y los industriales catalanes se opusieron a su reinado. Además, el movimiento obrero se fortaleció con la adhesión de las sociedades obreras a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), inclinándose por el bakuninismo anarquista. Agobiado por la situación, Amadeo de Saboya abdicó el 10 de febrero de 1873, y al día siguiente se proclamó la Primera República.
La Primera República (febrero 1873-enero de 1874) intentó establecer un sistema federal en un contexto de gran inestabilidad. Durante su breve existencia, tuvo cuatro presidentes de gobierno. Estanislao Figueras abolió la esclavitud en Puerto Rico y las quintas y convocó elecciones a Cortes Constituyentes en mayo de 1873, que resultaron en el triunfo de los republicanos federales, aunque con una fuerte abstención. Pi y Margall intentó implementar el federalismo, pero la división entre republicanos unitarios y federales llevó a la insurrección cantonalista, con sublevaciones como la de Alcoy. Incapaz de controlar la situación, Pi y Margall dimitió. Nicolás Salmerón asumió el cargo y reprimió el cantonalismo con los generales Pavía y Martínez Campos, pero renunció para no firmar penas de muerte. Emilio Castelar, más conservador y defensor de una república centralista, rompió con los federales. Su política no fue aprobada por las Cortes, lo que llevó al golpe de Estado del general Pavía, quien disolvió las Cortes y puso fin a la República Federal.
La República de Serrano (enero-diciembre de 1874) se instauró tras el golpe de Pavía, bajo un modelo presidencialista de carácter autoritario. Mientras tanto, los alfonsinos, liderados por Cánovas del Castillo, preparaban el regreso de los Borbones. Finalmente, el 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos llevó a cabo un pronunciamiento en Sagunto, proclamando la restauración de Alfonso XII en el trono y marcando el inicio de la Restauración borbónica en España.
Las Transformaciones Económicas del Siglo XIX
Durante el siglo XIX, la agricultura experimentó cambios importantes con la consolidación de la propiedad privada, gracias a las desamortizaciones y la abolición de los señoríos. Sin embargo, a pesar del aumento en la producción de cereales, la política proteccionista impidió la modernización del sector, dificultando la industrialización. En la industria, Cataluña se consolidó como el centro de la producción textil algodonera, impulsada por la mecanización y el proteccionismo. La siderurgia se desarrolló en Andalucía, Asturias y el País Vasco, destacando la inversión de empresarios vascos. A partir de 1868, la minería cobró gran importancia, convirtiéndose en un sector clave para el comercio exterior. El ferrocarril fue fundamental para la integración del mercado nacional. La Ley de Ferrocarriles de 1855 aceleró la construcción de la red, aunque la crisis de 1866 ralentizó temporalmente su desarrollo. A pesar de los problemas, el ferrocarril impulsó el crecimiento económico y la conexión entre regiones.
Análisis del Manifiesto de Manzanares
El manifiesto de Manzanares es un texto de fuente primaria, al tratarse de un manifiesto, redactado por Antonio Cánovas del Castillo, el 7 de julio de 1854, en el mismo momento en el que ocurrieron los hechos. Según su contenido es político, ya que el manifiesto reivindica una serie de principios impulsando la revolución política para poner fin al gobierno corrupto de la década moderada. La idea principal, y el tema del texto es comunicar el éxito del pronunciamiento que se ha producido en Vicálvaro (líneas 1-4) (conocido como la Vicalvarada) y la proclamación de los ideales que pretenden llevar a cabo la regeneración política en España.
Entre las ideas secundarias podemos mencionar las propuestas del programa progresista que aparecen en el texto y persiguen aprobar tras el triunfo del pronunciamiento. Como son la defensa de medidas descentralizadas, la mejora de la ley electoral o la libertad de imprenta, entre otras. El manifiesto de Manzanares surge en un periodo crucial de la España del siglo XIX, caracterizada por la arbitrariedad del gobierno del Partido Moderado. Durante esta etapa Isabel II apoyaba un régimen centralista y excluyente en el que las camarillas influían decisivamente en las decisiones políticas. En este contexto, el pronunciamiento militar conocido como la Vicalvarada (1854) fue liderado por los generales O’Donnell y Dulce. Aunque inicialmente tuvo carácter ambiguo, el movimiento toma un giro progresista cuando en Manzanares se redactó el manifiesto, el cual abogaba por una «regeneración liberal». Este manifiesto tuvo un impacto inmediato, convirtiendo el pronunciamiento militar en una revolución popular. Se formaron juntas revolucionarias en distintas ciudades, lo que obligó a Isabel II a aceptar un gobierno progresista liderado por Espartero con O’Donnell como ministro de la guerra, marcando el inicio del bienio progresista del 1854 al 1856. Durante este periodo se llevaron a cabo importantes reformas como la redacción de una constitución (nunca se llevó a cabo), la aprobación de la Ley de Ferrocarriles (1855), la desamortización de Pascual Madoz, y la restauración de leyes progresistas. Sin embargo, la etapa estuvo marcada por una fuerte conflictividad social, con huelgas, motines por la escasez de alimentos y la represión de las clases bajas, lo que originó inestabilidad política. Finalmente, el bienio progresista terminó en 1856 con el regreso de los moderados al poder, dejando al país en una continua lucha entre facciones políticas que culminaría con la revolución de 1868, conocida como «La Gloriosa», que derrocó a Isabel II y marcó el fin de su reinado.