Adhesión de España a las Comunidades Económicas Europeas (1985)
El Acta de Adhesión a las Comunidades Económicas Europeas, firmada en Bruselas en 1985, marcó la entrada de España y Portugal en la CEE. Este hito se sustentó en un dictamen favorable que consideraba:
- La previa negociación entre las partes, donde España y Portugal reconocieron las normas y la vinculación a las Comunidades Europeas.
- El fundamento de los regímenes políticos de ambos países en la democracia y el respeto a los derechos humanos.
- La contribución de la ampliación al fortalecimiento de la paz y la libertad en Europa.
Tras el fin del régimen franquista, los gobiernos de Suárez y Calvo Sotelo iniciaron el proceso, pero las dificultades en la estructura económica española retrasaron la admisión durante ocho años. Fue durante el primer gobierno de Felipe González que la solicitud fue finalmente aceptada.
Las negociaciones, complejas por la postura inicial de Francia, se desbloquearon gracias al apoyo de Alemania, que impulsó el aumento de los fondos comunitarios con la entrada de España y Portugal, y al cambio de postura francesa con la llegada al poder del socialista Mitterrand en 1982.
El reconocimiento de las normas europeas implicó que España cumpliera con requisitos relacionados con los valores europeos y el respeto a la dignidad de la persona. La consolidación de la democracia española fue otro requisito fundamental para la integración. La aprobación del ingreso, una decisión política para fortalecer las democracias de Grecia, España y Portugal, presentaba importantes desafíos económicos debido al menor desarrollo de los estados del sur de Europa. Con esta ampliación, la CEE pasó a tener 329 millones de habitantes.
Desde los años 60, el gobierno de Franco había solicitado la incorporación de España a la CEE, fundada con el Tratado de Roma en 1957. Los fines de la CEE eran la supresión de aduanas y la creación de un área de libre cambio, la integración económica plena, la unidad política supranacional y la disminución de las diferencias económicas. Durante la transición, el reto de la entrada en la CEE se asociaba a la consolidación de la democracia y la modernización de España.
Con Felipe González, en 1985, se firmó el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas. España se convertía en miembro de la CEE. La Comunidad exigió largos periodos transitorios para aquellos sectores españoles más competitivos donde los miembros de la CEE podían verse perjudicados. La libre circulación de trabajadores no se admitió hasta 1993, el libre comercio de frutas, hortalizas y aceite de oliva se retrasó hasta 1996, y el acceso a caladeros pesqueros hasta 2003. A cambio, España consiguió plazos largos para el desarme arancelario en el sector industrial.
Constitución Española de 1978
Elaborada por las Cortes Constituyentes en Madrid en 1978 y destinada a la nación española, la Constitución de 1978 define a España como un Estado democrático donde la soberanía reside en la nación. Establece la monarquía parlamentaria como forma de Estado y un modelo autonómico.
Con sufragio universal y la separación total de poderes (legislativo en las Cortes, ejecutivo en el Gobierno y judicial en los jueces), la Constitución fue aprobada el 6 de diciembre y promulgada el 29 de diciembre de 1978. Este hito marcó la transición de la dictadura franquista a un régimen monárquico, gracias al consenso entre los diversos partidos políticos representados en las Cortes Constituyentes.
Con 169 artículos, la Constitución de 1978 es, después de la de 1812, una de las más extensas. Ha sido fundamental para la creación del nuevo Estado democrático y contiene los siguientes principios:
- El Rey como Jefe del Estado, quien sanciona y promulga las leyes, disuelve las Cortes y convoca elecciones, además de ser Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.
- El poder legislativo reside en el Congreso de los Diputados y el Senado.
- El poder ejecutivo reside en el Gobierno, que dirige la política interior y exterior.
- El poder judicial reside en los juzgados y tribunales.
- Una declaración de derechos y libertades.
- Un Estado laico.
Previamente a la aprobación de la Constitución, Adolfo Suárez optó por el restablecimiento formal de la Generalitat como régimen preautonómico para Cataluña, impulsando así la autonomía regional en España. Las Comunidades Autónomas se constituirían con sus propios Estatutos de Autonomía, aprobados por las Cortes Generales.
El contexto histórico de la Constitución es la Transición democrática (1975-1982), iniciada con la muerte de Franco en 1975 y la proclamación de Juan Carlos I como Rey y Jefe de Estado. Esta transición, una evolución controlada desde el franquismo hacia la democracia, fue fruto del acuerdo entre algunos dirigentes franquistas y la oposición. A la oposición se le facilitó su integración en el sistema a cambio de la supresión del independentismo de los nacionalistas vascos y catalanes.
Tras la formación del gobierno de Suárez, se aprobó la Ley para la Reforma Política, que establecía unas nuevas Cortes bicamerales (noviembre de 1976). En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936, con la victoria de la UCD de Suárez. La Constitución de 1978 representó el restablecimiento de la democracia en España. El consenso, si bien fundamental, generó cierta ambigüedad en algunos aspectos.