La Situación Política Española en la Segunda República

La situación política española en la época de la Segunda República se caracterizó por una profunda polarización. Las fuerzas políticas y la opinión pública sabían que las elecciones se convertirían en un plebiscito sobre la continuidad de la República.

Proclamación de la República y Periodo Constituyente

Las elecciones municipales de abril de 1931 marcaron un cambio significativo en el panorama político, poniendo fin a la monarquía.

Las Elecciones y el Gobierno Provisional

En abril, las elecciones municipales, celebradas por sufragio universal masculino, dieron la victoria a las candidaturas republicano-socialistas en las grandes ciudades. El 14 de abril, los concejales de Éibar proclamaron la República, mientras la población celebraba espontáneamente en las calles. Ante esta situación, el rey Alfonso XIII renunció y abandonó el país.

En Madrid, los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional en la Puerta del Sol y proclamaron la Segunda República Española. Los miembros de este gobierno representaban a las fuerzas republicano-socialistas. Al margen de la coalición quedaron la derecha monárquica, los nacionalistas vascos y el obrerismo más radical (comunistas y anarquistas). El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes.

El gobierno decretó medidas de urgencia, como la concesión de amnistía general para los presos políticos, la proclamación de las libertades políticas y sindicales, y la designación de cargos de la administración. También se abordaron tareas como la reforma del ejército, el inicio de negociaciones con catalanes y vascos para pactar una solución, y medidas para proteger a los campesinos expulsados de las tierras por no poder pagar las rentas. Las promesas de cambio contaron con un amplio apoyo popular, pero también con la animadversión de los grandes propietarios agrícolas. Las elecciones generales del 28 de junio tuvieron una alta participación, y la victoria fue para la coalición republicano-socialista.

La Constitución de 1931

La Constitución de 1931 fue muy avanzada para su tiempo. Tenía un carácter democrático y progresista, definiendo a España como una república de trabajadores de todas las clases y estableciendo que todos los poderes emanan del pueblo. Los principios fundamentales de la Constitución eran:

• El Estado: Se configuraba de forma integral, pero aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos.
• El Poder Legislativo: Residía en las Cortes.
• El Poder Ejecutivo: Recaía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de gobierno.
• El Poder Judicial: Se confiaba a jueces independientes.

Se reconocía una declaración de derechos y libertades, garantizando la igualdad absoluta ante la ley, la educación, el trabajo y la no discriminación. Se estableció el voto a partir de los 23 años y, por primera vez, también para la mujer. Por último, se afirmaba la laicidad del Estado al no declarar ninguna religión como oficial. La Constitución no logró el consenso de todas las fuerzas políticas y, aunque fue aprobada, generó discrepancias entre la izquierda y la derecha.

Las Reformas del Bienio de Izquierdas (1931-1933)

Entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, el gobierno de Manuel Azaña impulsó un programa de reformas con el objetivo de modernizar y democratizar la sociedad española.

La Cuestión Religiosa

Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. Se estipuló la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. También se permitió el divorcio y el matrimonio civil. El temor a la influencia de las órdenes religiosas llevó al gobierno a prohibirles dedicarse a la enseñanza. El proceso se completó con la Ley de Congregaciones, que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas. El enfrentamiento más grave se produjo con los jesuitas. La actitud hostil del cardenal Segura y del obispo de Vitoria provocó que el gobierno optase por una medida de fuerza y dictase su expulsión del territorio español.

La Modernización del Ejército

Manuel Azaña impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Para ello, redujo los efectivos militares, puso fin a la macrocefalia, eliminó el fuero especial de los militares, aseguró su obediencia al poder civil y terminó con la tradicional intervención del ejército en la vida política. Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que establecía que todos los oficiales activos debían prometer su adhesión a la República, lo cual fue aceptado por los militares. Posteriormente, se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República. La reforma tuvo resultados limitados: se consiguió la disminución de gastos del ejército, pero la reducción de presupuesto dificultó la modernización del material de armamento.

La Reforma Agraria

Fue el proyecto de mayor envergadura. Pretendía poner fin al predominio del latifundismo en el centro y sur de España y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres. La verdadera reforma consistía en la elaboración de una Ley de Reforma Agraria, aprobada por las Cortes en septiembre de 1932. El objetivo de la ley no era un cambio radical, sino la modernización de la agricultura. La ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza. La aplicación de esta ley se encomendó al IRA, que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados. Los resultados fueron escasos porque se expropiaron muchas menos hectáreas y se asentaron muchos menos campesinos de los previstos. Fue un fracaso por su complejidad. La aplicación de esta ley originó una tensión social. Los grandes propietarios se opusieron abiertamente a la reforma y se aliaron con los enemigos de la República. Por otro lado, los campesinos quedaron decepcionados con los resultados y se orientaron hacia posturas revolucionarias y de enfrentamiento.

La Reforma del Estado Centralista

La configuración de un Estado que permitiera a las regiones con sentimientos nacionalistas tener una organización propia y acceder a la autonomía era una cuestión pendiente en la vida política española. En Cataluña, Francesc Macià había proclamado la República Catalana, creando un grave problema dado que el Pacto de San Sebastián determinaba que la Constitución debía establecer un nuevo tipo de Estado. La negociación entre el gobierno provisional y los dirigentes políticos catalanes permitió la anulación de esta decisión (Generalitat). Una comisión quedó encargada de redactar el Estatuto de Nuria, que fue aprobado. El régimen autonómico catalán contaba con un gobierno y un parlamento propio. Las primeras elecciones legislativas al Parlamento catalán dieron la victoria a Esquerra Republicana de Catalunya, y Francesc Macià fue elegido presidente de la Generalitat. En el País Vasco se aprobó el Estatuto de Estella, pero su aprobación se retrasó debido a la oposición del republicanismo de izquierdas y de los socialistas, que consideraban este proyecto en exceso confesional e incompatible con la Constitución republicana. En Galicia, la conciencia nacionalista era menos acusada y el nacionalismo distaba mucho de ser una fuerza hegemónica. Como consecuencia, el proceso estatutario fue mucho más lento y se sometió a un plebiscito que nunca llegó a ser aprobado por las Cortes debido a la Guerra Civil.

La Obra Educativa y Cultural

La enseñanza tenía como objetivo primordial promover la educación liberal y laica. El centro de su actividad fue la enseñanza primaria, creando 10,000 escuelas y 7,000 plazas para maestros, mientras el presupuesto de educación se incrementó en un 50%. Los dirigentes republicanos estaban convencidos de la necesidad de mejorar el nivel cultural de la población y hacer de la cultura un derecho para la mayoría. Las Misiones Pedagógicas llevaban a las zonas rurales bibliotecas, coros, conferencias, cines y grupos de teatro como La Barraca.

Las Reformas Laborales

El socialista Francisco Largo Caballero inició una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva, y la Ley de Jurados Mixtos. Se estableció también la semana laboral de 40 horas y se estimuló el aumento de salarios. Se promovió la creación de seguros sociales, se redujo la jornada laboral de trabajadores de campo y se reforzó el papel de los sindicatos agrícolas. Estas medidas irritaron a las organizaciones patronales, que se opusieron y consiguieron frenar algunos proyectos como el de la intervención obrera en las empresas.

El Bienio Conservador (1933-1936)

En otoño de 1933, la crisis de la coalición republicano-socialista era evidente. Manuel Azaña dimitió y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó elecciones.

Las Elecciones de 1933 y el Gobierno de Derechas

Las elecciones generales del 18 de noviembre fueron las primeras en las que votaron las mujeres. La izquierda se presentó a los comicios desunida, presentando candidaturas separadas. Además, importantes masas obreras optaron por la abstención a petición de la CNT, que defendía su tradicional apoliticismo revolucionario. La derecha se presentó unida y organizada. El resultado fue la victoria de los partidos de centro-derecha, que inauguró el llamado «Bienio Negro».

La Paralización de Reformas

El nuevo gobierno, presidido por Alejandro Lerroux, inició su mandato paralizando una parte del proyecto reformista anterior. En el campo, se frenó la reforma agraria: se fijó la devolución de tierras a la nobleza, se anuló la cesión de tierras mal cultivadas a los campesinos de Extremadura y se concedió libertad de contratación. La cuestión agrícola enfrentó al gobierno central con la Generalitat de Cataluña a raíz de la promulgación de la Ley de Contratos de Cultivo. Esta ley permitía a los campesinos arrendatarios de las viñas acceder a la propiedad de las tierras que trabajaban pagando a los propietarios unos precios tasados. Los propietarios, organizados alrededor de la conservadora Lliga Catalana, buscaron el apoyo de la mayoría conservadora en las Cortes. Estas enviaron la ley al Tribunal de Garantías Constitucionales, que determinó su inconstitucionalidad y anuló sus efectos. La Generalitat no aceptó la anulación y aprobó una ley idéntica. El gobierno intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero. En cuanto al ejército, no se anuló la reforma, pero se aprobó una amnistía para los sublevados con Sanjurjo. En materia de educación, se respetaron los cambios del gobierno anterior. El viraje conservador y la obstrucción de las reformas impulsadas en el bienio de izquierdas tuvieron como consecuencia una radicalización del PSOE y la UGT. El ala izquierdista propuso dejar de colaborar con los burgueses y propició la revolución social, mientras que otros defendían la necesidad de colaborar con los republicanos de izquierda para estabilizar la República y profundizar en el proceso reformista. El sector radical del PSOE y los anarquistas declararon una guerra abierta contra el nuevo gobierno, que se tradujo en huelgas y conflictos. La CEDA endureció su posición y reclamó una acción en materia de orden público, exigiendo participar en el gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario.

La Revolución de Octubre de 1934

La izquierda interpretó la entrada de la CEDA en el gobierno como una deriva hacia el fascismo. Se produjeron huelgas y manifestaciones en algunas ciudades para defender las reformas sociales, amenazadas por la acción del nuevo gobierno. El movimiento fracasó a nivel nacional. En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social fruto del acuerdo previo entre anarquistas, socialistas y comunistas. El gobierno envió desde África a la Legión, al mando del general Franco, para reprimir el levantamiento. La resistencia se prolongó durante 10 días, pero fue derrotada. La represión fue durísima: más de 100 muertos mineros, etc. En Cataluña, la revuelta contó con el respaldo del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, sucesor de Francesc Macià. Companys pretendía evitar la entrada de la CEDA en el gobierno. Por ello, proclamó la República Catalana dentro de la República Federal Española, al mismo tiempo que una alianza de partidos y sindicatos de izquierda organizaba una huelga general. La negativa de la CNT a participar en la huelga y el escaso apoyo ciudadano hicieron fracasar la insurrección. Se declaró el estado de guerra y el ejército, al mando del general Batet, ocupó el Palacio de la Generalitat. Azaña fue también encarcelado y en Madrid fueron detenidos varios líderes de la izquierda.

La Crisis del Segundo Bienio

Las consecuencias de la Revolución de Octubre fueron notables. La CEDA aumentó su influencia en el gobierno y se mostró partidaria de aplicar las condenas con rigor y de proceder a una reorientación más dura de la política del gobierno. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se anuló definitivamente la Ley de Contratos de Cultivo y los campesinos fueron obligados a pagar las rentas. La CEDA presentó un anteproyecto para modificar la Constitución que recogía una revisión muy restrictiva de las autonomías, la abolición del divorcio y la negación de la posibilidad de expropiación de tierras. Una fuerte crisis de gobierno estalló en el otoño de 1935. El Partido Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción, como el caso del estraperlo. Estos escándalos agravaron las diferencias en el interior de la coalición gubernamental. Gil Robles intentó que le nombraran presidente del gobierno para poder aplicar sin trabas el programa de su partido, pero Alcalá Zamora se negó y decidió, a finales de diciembre, convocar nuevas elecciones para febrero de 1936.