La Transición Española (1975-1982)

Definición y Características Generales

La Transición es el proceso histórico a través del cual se supera la dictadura franquista y se restauran las instituciones democráticas en España. Se trata de un periodo comprendido, generalmente, entre la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975 y la victoria electoral del PSOE en octubre de 1982.

Este cambio no hubiera sido posible sin el consenso y los pactos acordados entre la Monarquía, los sectores aperturistas herederos del franquismo y la oposición política democrática. Pero, sobre todo, no habría sido viable sin el empuje de la sociedad civil y la movilización popular.

Aquel consenso permitió la aprobación de la Constitución de 1978, que consagraba la monarquía parlamentaria como forma de gobierno y definía las líneas de un Estado descentralizado conocido como el Estado de las Autonomías.

Rasgos Peculiares:

• Se trató de una evolución controlada desde el propio régimen franquista hacia la democracia. De hecho, el sucesor de Franco como jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón, había sido elegido por el propio dictador. Se transitó «de la ley a la ley», utilizando los mecanismos legales del franquismo para desmontarlo, convirtiéndose en un proceso a medio camino entre reforma y ruptura.
• Se considera un reflejo de los profundos cambios sociales, económicos y culturales alcanzados por la sociedad española en las décadas anteriores, que hicieron que el régimen dictatorial resultara anacrónico e inadecuado para gobernar. La evolución fue mayoritariamente pacífica, aunque no exenta de tensiones y violencia.
• Fue fruto de un complejo proceso de consenso y negociación entre los dirigentes políticos más aperturistas del antiguo Estado franquista y la oposición democrática (socialistas, comunistas, nacionalistas, democristianos, liberales).
• Respondió también a la presión y movilización popular (obrera, estudiantil, vecinal), que influyó decisivamente para que se produjeran cambios sustanciales y se acelerara el proceso democratizador. Es un hecho aceptado que la transición fue antes social que política.

El Papel del Rey y el Gobierno de Adolfo Suárez

Dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, se produjo la proclamación del príncipe Juan Carlos I como rey de España. El entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, fue confirmado inicialmente en su cargo. Ambas figuras clave habían sido designadas en el marco institucional del régimen franquista.

Arias Navarro pretendía ser el continuador de un «franquismo sin Franco», lo que pronto generó tensiones con el monarca, partidario de una reforma más profunda y rápida hacia la democracia. El Rey contó con el apoyo y asesoramiento de figuras clave como Torcuato Fernández-Miranda (Presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del Reino).

La combinación de presiones políticas, sociales y la falta de sintonía con el Rey llevaron a la dimisión forzada de Arias Navarro en julio de 1976. Siguiendo una hábil maniobra política diseñada por Fernández-Miranda, el Rey nombró a Adolfo Suárez como nuevo presidente del Gobierno. Suárez era una figura procedente del propio régimen (había sido Ministro Secretario General del Movimiento), pero con una clara voluntad reformista y capacidad de diálogo.

Logros Clave del Gobierno de Suárez:

• Su gabinete fue determinante para pilotar la restauración de la democracia en España.
• Consiguió la adhesión de sectores importantes del antiguo régimen al proceso de reforma. Impulsó y logró la aprobación de la Ley para la Reforma Política por las propias Cortes franquistas. Esta ley, sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976 y aprobada masivamente, significó el «suicidio» político del franquismo y abrió la puerta a la convocatoria de elecciones democráticas para unas Cortes constituyentes.
• Logró la aceptación y colaboración de la oposición democrática con el proceso de reforma. Un hito fundamental y arriesgado fue la legalización del Partido Comunista de España (PCE) el 9 de abril de 1977 (conocido como «Sábado Santo Rojo»), a pesar de las fuertes resistencias de los sectores involucionistas del ejército y la extrema derecha. El PCE, liderado por Santiago Carrillo, aceptó la monarquía parlamentaria y la bandera nacional como símbolos del nuevo marco democrático.
• Se reconoció y legalizó a los principales partidos políticos y sindicatos, incluyendo los partidos nacionalistas, especialmente en Cataluña (como ERC y CiU) y el País Vasco (como el PNV), que jugarían un papel relevante en el nuevo sistema político.

El Restablecimiento de la Democracia: Elecciones de Junio de 1977

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas libres en España desde febrero de 1936. El triunfo fue para la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de centro-derecha creada y liderada por Adolfo Suárez, que aglutinó a reformistas del franquismo, democristianos, socialdemócratas y liberales. El segundo partido más votado fue el PSOE, liderado por Felipe González.

Tras las elecciones, la UCD formó gobierno en minoría, necesitando establecer pactos puntuales con otras fuerzas políticas. El objetivo principal de la legislatura constituyente (1977-1979) era elaborar y aprobar una nueva Constitución democrática.

Acuerdos Destacados de la Legislatura Constituyente:

• Firma de los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977): Amplios acuerdos socioeconómicos y políticos suscritos por el Gobierno, los principales partidos políticos con representación parlamentaria y los agentes sociales (sindicatos y patronal). Buscaban hacer frente a la grave crisis económica (marcada por la inflación y el desempleo, e influida por la crisis mundial del petróleo) y consolidar el incipiente sistema democrático.
• Restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña (septiembre de 1977) y el regreso del exilio de su presidente histórico, Josep Tarradellas, como símbolo de la recuperación del autogobierno.
• Elaboración y aprobación de la Constitución de 1978.

La Constitución de 1978

El diseño del texto constitucional se fundamentó en la política de consenso entre las principales fuerzas políticas representadas en las Cortes (UCD, PSOE, PCE, AP, nacionalistas catalanes y vascos), reflejando un espíritu de reconciliación y la voluntad de superar las divisiones históricas.

Una ponencia constitucional, formada por siete representantes de diferentes partidos (conocidos popularmente como los «padres de la Constitución»: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca por UCD; Gregorio Peces-Barba por el PSOE; Jordi Solé Tura por el PSUC/PCE; Manuel Fraga Iribarne por AP; y Miquel Roca i Junyent por Minoría Catalana), redactó un anteproyecto que fue ampliamente debatido y modificado en las Cortes (Congreso y Senado) entre mayo y octubre de 1978.

Finalmente, la Constitución fue aprobada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978 con un apoyo masivo (más del 88% de votos afirmativos sobre una participación del 67%). Fue sancionada por el Rey el 27 de diciembre y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sentó las bases del nuevo Estado democrático y social de derecho y abrió la puerta al desarrollo del Estado de las Autonomías.

Principales Características:

Inspirada en parte en la Constitución republicana de 1931, en la tradición constitucional española y en otras constituciones europeas (como la alemana, la italiana o la francesa), contiene 169 artículos y establece:

• Un régimen político donde España se define como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Su forma política es la monarquía parlamentaria. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
• La Jefatura del Estado se atribuye al Rey (figura hereditaria), con funciones esencialmente representativas y simbólicas (arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones), y está sometido a la Constitución y las leyes.
• Se establece una clara división de poderes: el poder Ejecutivo recae en el Gobierno (dirigido por el Presidente), que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; el poder Legislativo reside en las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), que representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos y controlan la acción del Gobierno; y el poder Judicial, independiente, está a cargo de jueces y magistrados, administrando justicia en nombre del Rey.
• Incluye una amplia y detallada declaración de derechos y libertades fundamentales (Título I), garantizando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
• Define la organización territorial del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas (Título VIII), reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España y la solidaridad entre todas ellas.

El Estado de las Autonomías

La organización territorial del Estado español, diseñada en el Título VIII de la Constitución de 1978, se caracteriza por su flexibilidad, apertura y principio dispositivo. No define un modelo federal cerrado ni un mapa autonómico predeterminado, sino que establece los procedimientos para que las diferentes regiones y nacionalidades puedan acceder a la autonomía y asumir competencias.

El texto constitucional reconoció las «nacionalidades y regiones» que integran la «indisoluble unidad de la Nación española» y estableció diferentes vías de acceso a la autonomía, lo que inicialmente generó ciertas desigualdades temporales en el nivel competencial entre las comunidades.

Se establecieron principalmente dos vías para constituir las comunidades autónomas:

• La vía rápida o especial (regulada en el artículo 151): Pensada inicialmente para las «nacionalidades históricas» (Cataluña, País Vasco y Galicia), que ya habían plebiscitado Estatutos de Autonomía durante la Segunda República. Permitía alcanzar el máximo nivel competencial previsto constitucionalmente de forma más rápida, tras la elaboración del Estatuto y su aprobación en referéndum por la población de la región. Andalucía también accedió a la autonomía por esta vía tras un referéndum específico en 1980.
• La vía lenta o común (regulada en el artículo 143): Prevista para el resto de regiones. Implicaba una asunción inicial de un menor nivel de competencias, que podrían ampliarse pasados cinco años mediante la reforma de sus respectivos Estatutos de Autonomía. No requería inicialmente un referéndum para aprobar el Estatuto (aunque sí para su reforma posterior).

Entre finales de los años 70 y 1983 se completó el complejo proceso de negociación y aprobación de los Estatutos de Autonomía, constituyéndose las 17 Comunidades Autónomas (CC. AA.) y las dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla, con estatutos aprobados en 1995), configurando el mapa autonómico actual de España.

El Terrorismo Durante la Transición

El terrorismo fue un factor de gran tensión y desestabilización durante todo el periodo de la Transición, buscando hacer descarrilar el proceso democrático mediante la violencia, aunque finalmente no consiguió impedirlo.

Actuaron grupos de extrema derecha (neofascistas o tardofranquistas), vinculados a los sectores más inmovilistas del régimen anterior. Fueron responsables de atentados violentos, como la Matanza de Atocha (enero de 1977), donde fueron asesinados cinco abogados laboralistas vinculados al PCE y Comisiones Obreras. Su fracaso en el intento de abortar la transición y la consolidación de la democracia contribuyeron a su paulatina desarticulación y desaparición hacia 1982.

Grupos de extrema izquierda también recurrieron a la violencia. El FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), de inspiración maoísta, actuó en los últimos años del franquismo. En el verano de 1975, asesinaron a miembros de las fuerzas de seguridad. El régimen franquista respondió con extrema dureza, ejecutando por fusilamiento a dos de sus miembros (junto a tres de ETA) en las últimas ejecuciones de la dictadura, el 27 de septiembre de 1975, lo que generó una gran condena internacional.

Los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), de ideología marxista-leninista, iniciaron su actividad terrorista en 1975 y la continuaron durante la Transición y años posteriores con asesinatos y secuestros (como el del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol), aunque fueron perdiendo fuerza progresivamente durante la década de 1980.

Sin embargo, el grupo terrorista más activo, persistente y letal durante este periodo y las décadas siguientes fue ETA (Euskadi Ta Askatasuna). Lejos de desaparecer con la llegada de la democracia, ETA intensificó brutalmente su campaña de atentados (los llamados «años de plomo»), buscando la independencia del País Vasco y Navarra. Sus acciones causaron centenares de víctimas (principalmente miembros de las fuerzas de seguridad, militares, políticos, jueces, empresarios y civiles) y generaron una enorme crispación social y política, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos para la democracia española.