El Ingreso de España en la CEE: Un Hito en la Historia Económica

El texto que analizamos, de naturaleza informativa y fuente secundaria (historiográfica), aborda la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986. Forma parte de uno de los manuales universitarios más destacados sobre Historia Económica de la España Contemporánea. El autor presenta una valoración muy positiva de los efectos de este ingreso, una perspectiva que, en términos generales, coincide con la opinión mayoritaria de la clase política española, los especialistas en macroeconomía y la sociedad en general.

El Fin de la Autarquía y el Camino hacia la Apertura

Según el profesor Myro, la entrada en la CEE culmina el proceso de apertura y liberalización de la economía española, iniciado en 1959 con el Plan de Estabilización. Este plan marcó el fin de la política económica autárquica de la dictadura franquista, una política con raíces en el proteccionismo de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera.

A partir de los años 60, España experimentó un notable crecimiento económico (el «desarrollismo»), impulsado por la industrialización. Este proceso trajo consigo importantes cambios sociales (urbanización, crecimiento de las clases medias…), aunque no se tradujo en un cambio de régimen inmediato. La dictadura solicitó el ingreso en la CEE en 1962, pero la petición fue rechazada por no cumplir con el requisito democrático, una decisión influenciada por el Congreso (Contubernio) del Movimiento Europeo en Múnich. A pesar de este rechazo, el interés del régimen permitió la firma del Acuerdo Preferencial de 1970, un hito en el proceso de apertura que facilitó una considerable reducción de aranceles y benefició a las exportaciones españolas.

La Transición Democrática y la Segunda Solicitud de Adhesión

La crisis del petróleo de 1973 golpeó duramente a España, provocando inflación y desempleo. Durante la Transición Democrática, los Pactos de la Moncloa (1977) lograron reducir la conflictividad laboral y la inflación, pero el desempleo siguió creciendo hasta la segunda mitad de los ochenta.

Tras las elecciones de 1977, la nueva España democrática cumplía los requisitos políticos para el ingreso en la CEE. La solicitud se presentó nuevamente en julio de 1977 (por el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja), pero el contexto económico español y la situación institucional de la CEE no eran favorables. Francia, preocupada por la competencia de los productos agrícolas y pesqueros españoles, lideró una postura de resistencia. Otros factores, como el intento de golpe de Estado de 1981, la escasa colaboración francesa en la lucha contra ETA, la falta de apoyo español al Reino Unido en la Guerra de las Malvinas, la no apertura de la verja de Gibraltar y la resistencia de varios estados europeos a la revisión del ingreso de España en la OTAN, complicaron el proceso.

El gobierno del PSOE, liderado por Felipe González, revisó la posición antiatlantista previa y logró la permanencia en la OTAN en el referéndum de 1985.

La Negociación y el Tratado de Adhesión

Tras una larga y compleja negociación técnica, liderada por el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, y el Secretario de Estado de Relaciones con la CEE, Manuel Marín, se aprobaron los términos del Acta de Adhesión. Este documento, incluido en el Tratado Internacional de ingreso, fue firmado el 12 de junio de 1985 por los gobiernos español y portugués.

Posteriormente, el tratado fue ratificado por los parlamentos de los estados miembros de la CEE (entonces diez), además de los parlamentos portugués y español. En España, la aprobación fue unánime, y el tratado entró en vigor el 1 de enero de 1986, fecha oficial del ingreso de España y Portugal en la CEE.

El Acta de Adhesión: Cesiones y Adaptaciones

El Acta de Adhesión fue percibida inicialmente como un documento que implicaba importantes cesiones por parte de España. La industria española, poco competitiva, se vio obligada a realizar procesos de reconversión industrial. También fue necesario privatizar empresas estatales del INI. En general, se fomentó la inversión en tecnología, la eliminación de unidades de producción obsoletas, la reducción de la mano de obra y una mayor cualificación profesional.

Las ventajas del acceso a la Unión Aduanera en sectores competitivos como el agrario, el pesquero y algunos de industria ligera se vieron limitadas por un período transitorio de siete años. Además, la adaptación española al Acta de Adhesión coincidió con el paso de la CEE de «Unión Aduanera» a «Mercado Único», lo que implicó la libre circulación de capitales y mano de obra, normativas comunes, el Sistema Monetario Europeo y la armonización fiscal indirecta (IVA). Este avance en la construcción económica europea hizo el proceso aún más complejo.

Otro aspecto clave fue la modernización del sector público, reduciendo su intervencionismo productivo y regulador.

Un tema polémico, no mencionado en el texto, fue la situación de Canarias, Ceuta y Melilla, excluidas de la unión aduanera comunitaria para proteger sus privilegios fiscales. En 1991, Canarias renegoció sus condiciones para integrarse en la PAC, manteniendo parte de sus singularidades fiscales.

Beneficios a Largo Plazo y el Futuro de España en la UE

Aunque el período transitorio fue difícil y los efectos inmediatos no fueron del todo favorables, la economía española pronto se benefició. La competencia europea impulsó la competitividad, los precios se estabilizaron, aumentó la inversión extranjera y los fondos estructurales europeos (FEDER, FEOGA…) financiaron ajustes productivos y obras públicas.

España redujo progresivamente su diferencia de renta per cápita con respecto a la media de la UE. La sociedad española apoyó las iniciativas de los gobiernos de Felipe González y Aznar para profundizar en la construcción europea, tanto económica como política.

También se han respaldado las ampliaciones de 1995 (Europa de los 15) y la ampliación a Europa del Este. España, convertida en uno de los estados con mayor renta y nivel de vida de la UE, pasará pronto de ser receptor de ayudas a ser contribuyente. Este cambio pondrá a prueba el verdadero europeísmo de la sociedad española.