Antecedentes Históricos de la División Territorial en España
La Época Romana: Hispania
La ocupación romana de Hispania, desde finales del siglo III a.C. hasta el siglo V d.C., trajo consigo numerosas variaciones en la organización territorial. Inicialmente dependiente de la Galia, el territorio peninsular experimentó sucesivas divisiones según las necesidades administrativas, políticas y económicas de Roma. En el siglo III d.C., la diócesis de Hispania se componía de cinco provincias: Baetica, Carthaginensis, Lusitania, Tarraconensis y Gallaecia.
Las Bases Medievales
Las invasiones bárbaras introdujeron a pueblos como los suevos, vándalos y alanos en la península Ibérica. Sin embargo, fueron los visigodos quienes se establecieron definitivamente, instaurando una monarquía electiva que mantuvo la división territorial romana. La llegada de los musulmanes en el 711 d.C. marcó un cambio radical, dividiendo la península en dos partes: una cristiana al norte y una musulmana al sur.
La primera división significativa de la parte cristiana surgió con la herencia de Sancho el Mayor de Navarra (1035), configurando los reinos de Navarra, Castilla y Aragón. En la zona nororiental, se desarrollaba una realidad política heredera del imperio carolingio, destacando el condado de Barcelona.
El poder musulmán dividió el territorio en coras, demarcaciones territoriales que sirvieron de base para los reinos de taifas tras la disolución del califato de Córdoba (1031). Hasta el siglo XV, el territorio peninsular se fue integrando en los reinos cristianos de Castilla y Aragón, quedando dividido en reinos (Córdoba, Sevilla, Jaén, Valencia, entre otros). Portugal siguió una historia independiente desde el siglo XII, y Navarra, reducida a sus dimensiones altomedievales, fue absorbida por Fernando el Católico en 1512.
De la Unión Dinástica a la Centralización Política
El matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón supuso la unión dinástica de las dos monarquías más poderosas de la península. Los Reyes Católicos y sus sucesores mantuvieron la división en reinos con sus respectivos fueros, generando disparidad administrativa y territorial. La llegada de la dinastía borbónica en el siglo XVIII introdujo nuevas formas organizativas «a la francesa», basadas en la centralización. Los Decretos de Nueva Planta de Felipe V buscaban homogeneizar el territorio español, anulando los fueros y privilegios de Cataluña, Valencia, Aragón y Mallorca. Estos decretos unificaron territorialmente la mayor parte de la corona española, aunque Vascongadas y Navarra mantuvieron sus fueros.
Los Afanes Centralizadores del Liberalismo Decimonónico y los Inicios del Siglo XX
La Revolución Francesa de 1789 y la invasión napoleónica de 1804 impulsaron la reunión de las Cortes Constituyentes en Cádiz. Estas abogaron por una división provincial que superara las antiguas circunscripciones medievales, proponiendo 44 provincias. El regreso de Fernando VII tras la Guerra de Independencia restauró el absolutismo y el sistema de intendencias.
Durante la regencia de María Cristina, Javier de Burgos, Secretario de Fomento, propuso una división territorial por provincias basada en el Nuevo Régimen, pero tomando como referencia la antigua configuración en reinos. Esta división, que establecía 49 provincias, buscaba motivos económicos y administrativos, además de evitar regionalismos. Esta división ha permanecido casi intacta hasta la actualidad, arraigando profundamente en el territorio español, excepto en Cataluña, que poseía tradiciones territoriales particulares.
El régimen liberal combatió los regionalismos a través de la división provincial. En palabras de Juan Pablo Fusi, la nueva división territorial de Javier de Burgos «tuvo el inmenso mérito de poner fin a la confusísima y atomizada administración territorial del Antiguo Régimen. Creó un sistema uniforme y racional», aunando criterios administrativos, geográficos, económicos e histórico-culturales.
Sin embargo, el sentimiento regionalista persistió, como se evidenció con el establecimiento de la I República en 1873, que incluyó un proyecto federal fallido y un intento separatista cantonalista.
La II República (1931-1936)
La Constitución de 1931 permitía a las «regiones históricas» optar al autogobierno mediante Estatutos de Autonomía. La Guerra Civil frenó estas iniciativas en las zonas donde triunfó el golpe de Estado, y las aceleró en las zonas leales al gobierno republicano. Cataluña y el País Vasco votaron Estatutos de Autonomía, que fueron anulados tras la ocupación franquista.
La Vuelta al Centralismo (1939-1978)
La victoria franquista impuso una concepción centralista del Estado, anulando cualquier atisbo de regionalismo y conservando la división provincial decimonónica. Los estatutos autonómicos de Cataluña y el País Vasco fueron derogados, y todo lo considerado «no español» fue prohibido y perseguido.