Evolución Política de la Restauración Borbónica
Reinado de Alfonso XII (1875-1885)
Prácticamente todo el reinado estuvo dominado por la figura de Antonio Cánovas del Castillo, cuyo principal objetivo inicial fue pacificar el país y acabar con los conflictos armados pendientes.
Conflictos Armados
- Tercera Guerra Carlista: En 1876, el general Martínez Campos tomó Irún y Fernando Primo de Rivera tomó Estella, el principal bastión carlista. El pretendiente Carlos VII abandonó España. El fin de la guerra carlista coincidió con la reorganización del movimiento, dando lugar al partido carlista liderado por Nocedal.
- Guerra de Cuba (Guerra de los Diez Años): Cuba buscaba su independencia, contando con cierto apoyo estadounidense. El general Martínez Campos fue nombrado Capitán General de la isla y en 1878 convenció a los líderes independentistas para aceptar la Paz de Zanjón, que ponía fin al conflicto, aunque no resolvía las aspiraciones independentistas.
- Otros conflictos: Hubo que hacer frente a problemas menores con Ceuta y Melilla, Ifni y las Islas Carolinas.
Construcción del Régimen Político
El resto de la actuación de Cánovas se encaminó a la construcción del régimen político de la Restauración:
- Estableció un sistema administrativo centralista, suprimiendo los fueros de Navarra y el País Vasco (aunque se mantuvieron conciertos económicos).
- Elaboró una ley electoral basada en el voto censitario (restringido).
- Diseñó un sistema electoral mayoritario que favorecía a los dos grandes partidos dinásticos (Conservador y Liberal) y dejaba al margen a los pequeños partidos.
- Entre 1877 y 1878 llevó a cabo una labor centralizadora jurídico-administrativa.
- La Ley de Imprenta reconocía la posibilidad de censura previa.
- La Ley de Reuniones limitaba las actividades de grupos considerados antimonárquicos.
Posteriormente, el gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta solucionó el problema universitario (la cuestión universitaria que había afectado a catedráticos republicanos) y permitió el regreso de líderes vinculados a la Revolución de 1868.
Regencia de María Cristina (1885-1902)
Tras la muerte prematura de Alfonso XII, su esposa María Cristina de Habsburgo asumió la regencia. Durante el llamado «Gobierno Largo» de Sagasta y el Partido Liberal-Fusionista, se introdujeron importantes reformas legales que completaron el marco legislativo de la Restauración:
- Se reconoció la libertad de prensa (con matices).
- Se aprobó la Ley de Asociaciones (1887), que legalizaba las asociaciones políticas y laborales (sindicatos).
- Se instauró la Ley de Jurados.
- Finalmente, se aprobó la Ley de Sufragio Universal Masculino (1890), aunque su efectividad fue limitada por el fraude electoral y el caciquismo.
Guerra Colonial y Crisis de 1898
Durante el siglo XIX, España enfrentó varios conflictos en sus colonias cubanas, destacando la Guerra Larga (1868-1878) y la Guerra Chiquita (1879-1880). La prometida autonomía para la isla nunca se implementó de forma satisfactoria, en parte por la presión de los plantadores de azúcar españoles y la industria textil catalana, que se beneficiaban del mercado colonial cautivo.
En 1895, José Martí inició la Guerra de Independencia de Cuba. El gobierno español intentó sofocarla militarmente (con Valeriano Weyler) y luego negociar. En 1897, Sagasta nombró Capitán General a Ramón Blanco para intentar una vía negociada y conceder la autonomía, pero ya era tarde.
Mientras tanto, se produjo también un movimiento independentista en Filipinas, liderado por Emilio Aguinaldo. El general Fernando Primo de Rivera (el mismo de la guerra carlista) consiguió una pacificación temporal mediante negociación.
El hundimiento del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana en febrero de 1898 fue el pretexto (casus belli) para la intervención de Estados Unidos y el detonante de la Guerra Hispano-Estadounidense.
La flota española fue destruida en las batallas navales de Cavite (Filipinas) y Santiago de Cuba. Para España, la rápida derrota fue un auténtico mazazo moral y militar. Se firmó la rendición.
Mientras se producía la guerra en las colonias, en la península se agudizaron los problemas de orden público y la crisis política. En agosto de 1897, Cánovas del Castillo fue asesinado por un anarquista. Tras su asesinato, Sagasta se hizo cargo del gobierno y le correspondió gestionar la derrota y firmar el Tratado de París (diciembre de 1898), por el cual España cedía Cuba, Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos.
El 98 y sus Repercusiones: El Regeneracionismo
La derrota de 1898, conocida como el «Desastre del 98», provocó una profunda crisis de conciencia nacional. El Regeneracionismo fue un movimiento intelectual y político, no estrictamente organizado, que surgió como respuesta. Sus proponentes (como Joaquín Costa) criticaron duramente la situación política, social e intelectual de España durante la Restauración, denunciando la corrupción, el caciquismo, el atraso económico y el aislamiento internacional. Proponían reformas profundas para modernizar el país («escuela y despensa»). Aunque influyente, el Regeneracionismo fue a menudo manipulado por diferentes fuerzas políticas, incluyendo los dictadores del siglo XX.
El grupo más destacado de intelectuales influidos por esta crisis fue la llamada Generación del 98 (Unamuno, Baroja, Azorín, Machado, etc.), que reflexionó sobre la identidad de España y sus problemas.
La Segunda República Española
Introducción: La Caída de la Monarquía y la Proclamación de la República
Pocos meses después de la caída de la dictadura de Miguel Primo de Rivera (enero de 1930), y tras el breve gobierno del general Berenguer, el rey Alfonso XIII encomendó al almirante Aznar la tarea de formar gobierno en febrero de 1931, con el objetivo de regresar a la legalidad constitucional previa a la dictadura. Este gobierno convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, seguidas de elecciones a Cortes Constituyentes.
Las elecciones municipales fueron interpretadas por gran parte de la población como un plebiscito sobre la monarquía, personificada en Alfonso XIII, a quien se responsabilizaba por su apoyo a la dictadura primorriverista.
La interpretación de los resultados ha sido objeto de debate historiográfico. Aunque el número total de concejales elegidos fue favorable a los partidos monárquicos (debido a su victoria en las zonas rurales), una lectura más detallada revela que las fuerzas republicanas y socialistas obtuvieron una victoria abrumadora en la mayoría de las grandes ciudades y capitales de provincia.
En las zonas rurales, tradicionalmente sometidas al control caciquil, los concejales elegidos fueron mayoritariamente monárquicos. Sin embargo, el triunfo republicano en los núcleos urbanos tuvo un impacto político decisivo.
La República fue proclamándose en las principales ciudades españolas a lo largo del día 14 de abril de 1931. Ante la falta de apoyos significativos y el clamor popular, Alfonso XIII renunció a la Jefatura del Estado (aunque no abdicó formalmente) y marchó al exilio ese mismo día. Inmediatamente después, se proclamó oficialmente la Segunda República Española.
La República fue recibida por la mayor parte de la población con gran entusiasmo, vista como la oportunidad para llevar a cabo las reformas políticas, económicas y sociales que España necesitaba para modernizarse y avanzar socialmente. Sin embargo, numerosos obstáculos amenazaron desde el principio la estabilidad del nuevo régimen.
Contexto Económico y Social
Aunque el inicio de la República coincidió con la gran crisis económica mundial iniciada con el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929, la incidencia directa de esta crisis en la economía española fue relativamente leve, debido al proteccionismo y al relativo aislamiento de España respecto a los mercados internacionales. Además, la depreciación de la peseta hizo disminuir los precios de los productos españoles en el exterior, aumentando temporalmente su competitividad.
La crisis internacional, sin embargo, sí tuvo efectos indirectos, como la disminución de las exportaciones, el retorno de emigrantes (aumentando el paro) y la dificultad para obtener financiación exterior para las reformas. Esto contribuyó a aumentar la frustración de las aspiraciones reformistas, especialmente durante el primer bienio.
Las dificultades económicas de la República también tenían una raíz interna, heredada de problemas estructurales:
- Problemas tradicionales: elevado paro agrícola (especialmente jornaleros); escasa capacidad de absorción de mano de obra por parte de las ciudades debido a la débil industrialización; desigual reparto de la tierra (latifundismo en el sur, minifundismo en el norte); descapitalización industrial y agrícola; escasa competitividad internacional; déficit crónico en la balanza comercial.
- Problemas coyunturales: La desconfianza de empresarios y propietarios agrícolas hacia el nuevo régimen republicano y sus reformas (como el aumento de salarios y la jornada de ocho horas) provocó una caída en las inversiones privadas y, en algunos casos, fuga de capitales.
La conflictividad social fue muy aguda, especialmente en las zonas de grandes latifundios como Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva, donde las expectativas de reforma agraria eran muy altas y la impaciencia campesina crecía.
El Gobierno Provisional y las Cortes Constituyentes
El Comité Revolucionario, surgido del Pacto de San Sebastián (acuerdo entre fuerzas republicanas y autonomistas en 1930), se convirtió en el Gobierno Provisional de la República, presidido por Niceto Alcalá-Zamora. Este gobierno, formado en medio del entusiasmo popular, era una coalición integrada por republicanos de distintas tendencias (conservadores, radicales, de izquierda), socialistas (PSOE) y nacionalistas catalanes y gallegos. Fuera de esta coalición quedaron la derecha monárquica, el nacionalismo vasco (PNV, inicialmente reticente) y el obrerismo más radical (comunistas del PCE y anarquistas de la CNT).
El Gobierno Provisional comenzó a implementar algunas reformas urgentes mediante decretos ministeriales y, cumpliendo lo acordado en San Sebastián, convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio de 1931.
La Constitución de 1931
Las elecciones del 28 de junio dieron una clara victoria a la coalición republicano-socialista. Las Cortes resultantes nombraron una Comisión Constitucional que elaboró un proyecto de Constitución, de carácter marcadamente democrático y progresista, que fue aprobado en diciembre de 1931. Sus principales características son:
- Definición de España como una «República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia».
- El Estado se configura como un «Estado integral», compatible con la autonomía de los municipios y las regiones (abriendo la puerta a los Estatutos de Autonomía).
- Se establece una clara separación de poderes:
- Poder legislativo: Recae en unas Cortes unicamerales.
- Poder ejecutivo: Queda en manos del Consejo de Ministros y el Presidente de la República (Jefe del Estado, con poderes limitados y elegido indirectamente por las Cortes y compromisarios), bajo control parlamentario.
- Poder judicial: Se confía a jueces independientes y se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales.
- Establece la posibilidad de expropiación forzosa por causa de utilidad social (clave para la reforma agraria) y de nacionalización de los servicios públicos.
- Introduce una amplia declaración de derechos y libertades individuales y sociales (reunión, asociación, expresión).
- Se establece la aconfesionalidad del Estado (separación Iglesia-Estado), se reconoce el matrimonio civil y el divorcio.
- Se establece el sufragio universal para mayores de 23 años, reconociendo explícitamente el derecho a voto de las mujeres, tras un intenso debate parlamentario.
El Bienio Reformista (1931 – 1933)
Una vez aprobada la Constitución, Niceto Alcalá-Zamora fue elegido Presidente de la República y Manuel Azaña (líder de Acción Republicana) asumió la presidencia del Gobierno. Entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, el gobierno, formado mayoritariamente por republicanos de izquierda y socialistas, impulsó un ambicioso programa de reformas con el objetivo de modernizar y democratizar profundamente la sociedad española, bajo el lema no oficial de «rectificar lo tradicional por lo racional».
Sin embargo, estas propuestas reformistas chocaron con la oposición de los sectores conservadores afectados (Iglesia, ejército, terratenientes, empresarios) y con la impaciencia de los sectores populares que esperaban cambios más rápidos y profundos, en un contexto de crisis económica y creciente polarización política. Las principales reformas abordadas fueron:
- Reforma Religiosa: Buscaba limitar la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad y la educación (Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, disolución de la Compañía de Jesús en España, secularización de cementerios).
- Reforma Militar: Pretendía modernizar el ejército, reducir su excesivo número de oficiales y asegurar su lealtad al régimen republicano (Ley Azaña).
- Reforma Agraria: Intentaba resolver el problema del latifundismo y mejorar las condiciones de los campesinos sin tierra (Ley de Reforma Agraria de 1932), aunque su aplicación fue lenta y compleja.
- Estatutos de Autonomía: Se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña (1932) y se iniciaron los procesos para los del País Vasco y Galicia.
- Reforma Educativa: Buscaba extender la educación pública, laica y gratuita, creando miles de escuelas y mejorando la formación del profesorado (Misiones Pedagógicas).
- Reforma Laboral: Impulsada por el socialista Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, buscaba mejorar las condiciones laborales y fortalecer la posición de los sindicatos (Ley de Contratos de Trabajo, Ley de Jurados Mixtos).