La Evolución Demográfica de España, 1800-1930

La población española pasó en el siglo XIX de unos 10.5 a 18.5 millones. El aumento demográfico se debió a la desaparición de determinadas epidemias, mejoras en la dieta alimenticia o expansión de nuevos cultivos como la patata y el maíz. Sin embargo, la demografía española del siglo XIX respondía a un modelo demográfico tradicional. Si comparamos las tasas demográficas españolas de natalidad, mortalidad y mortalidad infantil con las de los países del norte de Europa, las españolas son más elevadas, además de ser menor la esperanza media de vida de los habitantes peninsulares.

Durante el siglo XIX continuó la tendencia de la centuria anterior. También se observó un crecimiento constante, aunque lento, de la población urbana, consecuencia del retraso relativo de la industrialización. El crecimiento urbano fue más palpable desde 1860 y el éxodo rural se dirigía a las capitales de provincia, sobre todo a Madrid, centro político, y a Barcelona, núcleo industrial. A principios del siglo XX la mayor parte de la población continuaba siendo rural y un 70% vivía en núcleos de menos de 20,000 habitantes.

En las décadas finales del siglo XIX el desajuste entre aumento de población y las escasas oportunidades de empleo explica la emigración exterior a Ultramar. Los principales focos migratorios estuvieron en la cornisa cantábrica, Canarias y Cataluña. Los países de destino eran Argentina, México, Cuba y Brasil.

En el primer tercio del siglo XX España comienza un proceso en que sus parámetros demográficos se acercan a los considerados como propios de países modernos. En el primer tercio de esta centuria España experimenta un proceso de transición demográfica que arrojó descensos significativos de la tasa mortalidad y un aumento considerable de la esperanza de vida. El descenso de la natalidad fue un proceso más lento. El resultado de esta evolución fue un considerable incremento de la población española que pasó de 18.5 millones a 23.5 millones de habitantes en 1930.

La emigración exterior española alcanza un máximo histórico entre 1900 y 1914, que descenderá posteriormente debido a la Primera Guerra Mundial. El incremento de la población, el retraso económico y las mejoras en la navegación explican estos movimientos migratorios.

Una vez ralentizada la emigración exterior, tomó el relevo la migración interior. En el primer tercio del siglo XX disminuyó en un millón la población activa agraria que fue atraída por Madrid y Barcelona y, en menor medida, por Bilbao y Sevilla. La intensificación de este proceso de urbanización se dio entre el final de la I Guerra Mundial y el crack del 29, y aunque fue más lento que en Europa, apuntaba un camino que se consolidará a partir de los años sesenta.

Principales Medidas Económicas del Bienio Progresista, 1854-1856

Las líneas de actuación en materia económica de los progresistas fueron dirigidas a la reanudación de la obra desamortizadora, a la extensión de la red ferroviaria y a la liberalización de las entidades financieras.

La Desamortización de Madoz de 1855

Tenía carácter universal y así afectaba a bienes del Estado, de la Iglesia, de las órdenes militares, de instituciones benéficas, pero especialmente recayó sobre los bienes de propios y comunales de los ayuntamientos. Concebida para atraer recursos a la Hacienda e impulsar la modernización económica; una parte de sus ingresos fueron invertidos en la red de ferrocarriles, considerada fundamental para fomentar los intercambios y el crecimiento económico.

La Desamortización de Madoz estuvo vigente, contando supresiones y reanudaciones, hasta finales del siglo XIX. Si el valor estimado de la venta de bienes en la Desamortización eclesiástica de Mendizábal y sus sucesores fue de casi 3,500 millones de reales, las ventas entre 1855 y 1895 alcanzaron casi los 8,000 millones de reales.

Las fincas también se vendieron en pública subasta, pero ahora el pago se haría en metálico. Se pensaba dar a la Iglesia y a los pueblos títulos de deuda al 3% de interés por el valor nominal igual al importe conseguido con la venta de sus bienes. El importe de las ventas se destinaría de este modo a amortizar la Deuda, nivelar el presupuesto del Estado y financiar las obras públicas.

La Ley General de Ferrocarriles de 1855

Los historiadores españoles polemizan en torno al modelo elegido para su construcción en España: su concepción radial, el ancho de vía distinto al europeo y sobre todo, las franquicias arancelarias. Para unos historiadores, estas exenciones arrebataron una oportunidad para el desarrollo industrial, en concreto para la expansión de la siderurgia. Para otros historiadores, el modelo elegido fue el necesario, ya que argumentan que la siderurgia española no estaba preparada para satisfacer la demanda ferroviaria y si lo hubiera hecho, sería a un ritmo más lento, a un precio más alto y sin la aportación del capital exterior.

Entre los aspectos positivos que tuvo el ferrocarril, subrayamos el impacto sobre el comercio interior, ya que la disminución del coste del transporte contribuyó a los intercambios comerciales y a la progresiva articulación de un mercado nacional que hasta la introducción de la red férrea estaba disgregado en pequeños mercados locales y comarcales, mal comunicados y con precios desiguales.

La Ley de Bancos y Sociedades de Crédito (1856)

En este año, por un lado, se creaba el Banco de España y por otro, la Ley de Sociedades regulaba la fundación de sociedades por acciones y les otorgaba una amplia libertad de actuación.

La Crisis de 1917

• Crisis militar: Aparición de las ya citadas Juntas de Defensa y el Manifiesto de Junio de 1917.
• Crisis política: Como respuesta, el Gobierno de Dato clausuró las Cortes, suspendió las garantías constitucionales y censuró la prensa. Como reacción, nace en Barcelona y a iniciativa de la Lliga, la Asamblea de Parlamentarios catalanes, que exige la formación de un Gobierno Provisional que convoque Cortes Constituyentes, capaces de afrontar un nuevo modelo de organización del Estado. La Asamblea fracasará por la escasa asistencia de los convocados (sobre todo concurrieron republicanos y socialistas) y la intervención de la Guardia Civil.
• Crisis social: A la crisis militar y política, se unió la crisis social en un país que sufría una imparable inflación de precios. Los sindicatos denunciaron el descenso de los salarios reales, la carestía de los productos y la falta de trabajo. La huelga no finalizaría hasta que no se formase un Gobierno provisional que convocase unas Cortes Constituyentes. La huelga general de agosto de 1917 tuvo una incidencia desigual y fue reprimida aplicando la ley marcial, sacando el Ejército a la calle.

La Inestabilidad Política y Social Post-1917

A partir de 1917, los problemas político y social no harían más que agravarse. Desde el punto de vista político, se intentó en 1918 un Gobierno de Concentración de los Partidos dinásticos, presidido por Maura, pero fracasó pronto. Se volvería entonces, de nuevo, a la alternancia entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, pero las disensiones en su seno impedían mayorías parlamentarias y Gobiernos de larga duración. A la inestabilidad gubernamental acompañaban las medidas de excepción: la suspensión de las garantías constitucionales y la clausura del Parlamento.

Se incrementó de forma masiva la afiliación a la CNT, sindicato anarquista que reafirmó su apoliticismo. La radicalización de la conflictividad social en el campo también se observó en las principales ciudades industriales, donde las relaciones laborales entre patronos y obreros desembocaron en el pistolerismo. En Barcelona, a la acción directa de los anarquistas, respondieron los patronos con la contratación de los pistoleros a sueldo. Los Gobiernos de la Restauración recurrieron sobremanera a la declaración del estado de excepción y a la puesta en práctica de la ley de fugas. El momento tuvo lugar en 1923, suceso que distanció más a los militares de los políticos y de la población civil. Cuando iba a ser debatido en las Cortes el Expediente Picasso, y el problema de las “responsabilidades” en Marruecos, Miguel Primo de Rivera, daba un golpe de Estado con la aquiescencia del Rey y se postulaba para resolver los problemas de la monarquía.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Así, la Dictadura de Primo de Rivera, implantó el estado de guerra durante dos años. Se aprobó también el Estatuto Provincial, que fortalecía a las Diputaciones, subrayaba la unidad de la patria y servía como pretexto a Primo de Rivera en 1925 para disolver la Mancomunidad catalana.

En 1925, tras el éxito militar, el Dictador se decidió a dejar atrás el Directorio Militar y pasar a la institucionalización del régimen. Así, crearía su propio periódico propagandista (“La Nación”), su propio partido (“La Unión Patriótica”), la Organización Corporativa Nacional y por último, un intento fracasado de elaborar algo parecido a una Ley de leyes.

La ruptura con el parlamentarismo liberal de la Restauración quedaba bien a las claras. Así, cuando la dictadura militar entre en crisis en el año 1930, la solución de recambio ensayada por el General Berenguer o el Almirante Aznar, no podrá ser la vuelta al turno dinástico. La caída de la Dictadura se llevará poco tiempo después, en las elecciones de abril de 1931, la caída del régimen político de la Restauración de Alfonso XIII, que no había sido capaz de resolver los problemas que se apuntaban en los comienzos de su reinado.