La Primera Restauración (1814-1820)

España también tuvo su propia restauración: el retorno de Fernando VII supuso la anulación de las reformas liberales y de los principios revolucionarios emanados de las Cortes de Cádiz y el restablecimiento de la monarquía absoluta.

Fernando VII llegó en 1814 procedente de Francia; fue aclamado por el pueblo en varias localidades españolas como símbolo de la paz, la normalidad y la legitimidad restablecidas después de la guerra. El monarca recibió también presiones por parte de altos oficiales del ejército, de la Iglesia y de políticos conservadores para anular la Constitución y disolver las Cortes, reunidas en Madrid.

En esta línea, el propio rey dio un golpe de estado el 4 de mayo de 1814 al promulgar en Valencia un decreto que anulaba todas las reformas aprobadas en las Cortes, incluida la Constitución de 1812. Al decreto siguió la detención de los políticos liberales más importantes y la disolución de las Cortes por la fuerza. Numerosos liberales tuvieron que exiliarse huyendo de la persecución. Finalmente, Fernando VII entró en Madrid aclamado por sus súbditos.

El rey procedió a restablecer las instituciones de 1808: se restauraron los consejos y la Inquisición, así como la jurisdicción señorial y sus privilegios, y se suspendió la desamortización emprendida en 1813. Sin embargo, el restablecimiento de la monarquía absoluta pronto se enfrentó a una serie de problemas insalvables:

1. Una gran inestabilidad en el gobierno. Los ministros eran relevados continuamente, en especial el de Hacienda, debido a la influencia de la camarilla y a la incapacidad de gobernar con un sistema político obsoleto.
2. Una crisis en la hacienda estatal. La deuda del estado español era un antiguo problema, pero se agravó con la guerra de la independencia, que había generado graves trastornos económicos. A estos se unió el proceso de emancipación de los territorios americanos, que privaba a la corona de unos ingresos fundamentales, dificultaba las relaciones comerciales y el desarrollo de la industria y obligaba al estado a efectuar un gasto extraordinario por el continuo envío de tropas a las colonias para sofocar las rebeliones que allí estallaban. Además, resultaba imposible imponer un sistema tributario que garantizara al estado los ingresos necesarios sin alterar los privilegios económicos y sociales de los diferentes grupos.
3. La acción de la oposición política liberal. Al no poder expresarse públicamente, los liberales recurrieron a la conspiración y a la rebelión militar. La conspiración se canalizó a través de sociedades secretas como la masonería, mientras que la rebelión militar se expresó en los pronunciamientos, que fueron frecuentes a lo largo del siglo XIX. Tras varias sublevaciones fracasadas, la protagonizada por el oficial Rafael del Riego en enero de 1820 desencadenó un cambio político que inició una nueva etapa en España.

El Trienio Liberal (1820-1823)

Tras el pronunciamiento de Riego, Fernando VII firmó un decreto en el que prometía jurar la Constitución de 1812. Se inició así el Trienio Liberal, una etapa de gobierno en la que se intentaron aplicar las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz. No se trató de una restauración liberal, pues tuvo algunas peculiaridades muy destacables: los liberales gobernaban y disponían de una milicia armada, pero también empezaron a escindirse en una corriente moderada y otra exaltada. Al mismo tiempo nacía la opinión pública y se gestaba una oposición al nuevo régimen que desencadenaría rebeliones militares de carácter absolutista.

El Programa de Gobierno

A diferencia de lo que había sucedido durante las Cortes de Cádiz, cuando las medidas aprobadas difícilmente podían aplicarse en un país en guerra, el liberalismo debía enfrentarse ahora a la realidad social y económica de España. Era preciso poner en práctica las reformas e implicar en ellas a los poderes del estado, incluido el monarca, que se mostraba reticente a aceptar la Constitución.

Se restablecieron leyes aprobadas en Cádiz, como la supresión definitiva del Tribunal de la Inquisición y la abolición del régimen señorial; se reemprendió la desamortización, aplicándola a los mayorazgos, que fueron suprimidos. También se abordó una reforma eclesiástica para reducir el número de monasterios y órdenes religiosas; los bienes de las órdenes eliminadas se nacionalizaron y se vendieron. Se redujo a la mitad el importe del diezmo cobrado por la Iglesia. En este periodo se aprobaron el Reglamento General de Instrucción Pública, el primer Código Penal y una nueva división del territorio español en 52 provincias.

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