Los Fundamentos Ideológicos del Franquismo

Los fundamentos ideológicos del régimen franquista están conformados por la ideología y aspiraciones de los diversos grupos, las llamadas familias, que participaron en la sublevación durante la Guerra Civil, junto con las propias ideas personales de Franco. Además, se fue adaptando al contexto internacional de cada momento, apoyándose el dictador en cada una de las familias según las circunstancias. La base del poder del dictador era el ejército, con un fuerte sentimiento nacionalista español frente a los nacionalismos disgregadores periféricos, la imposición de un orden social y un fuerte autoritarismo. A cambio, el ejército se benefició de grandes privilegios (escuelas, viviendas, economatos). La Iglesia, que aporta la moralidad católica y creencias religiosas a cambio del mantenimiento económico del clero, el poder registrar la propiedad de los edificios religiosos sin cargo impositivo, el control del sistema educativo y el ejercicio de la docencia, así como el control moral en todos los ámbitos de la vida y el arte (censura). Falange aporta valores del fascismo desde un fuerte nacionalismo, a la militarización de la sociedad a través de organizaciones juveniles (Frente de Juventudes, Sección Femenina, SEU) y sindicales (sindicatos verticales), pero también medidas de corte social (educación y sanidad públicas, Seguridad Social). A cambio, Falange intentará mantener el control político del régimen, pero chocará con la autoridad de Franco, quien mantendrá un férreo control dentro del partido único del Movimiento Nacional, permitiéndoles mantener únicamente los símbolos externos (uniforme, desfiles, saludo, símbolos). Los monárquicos, que a cambio de su apoyo, aspiran a una reinstauración monárquica en la línea de Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII. Franco les concederá con la Ley de Sucesión el que España se defina como un reino y que Juan Carlos de Borbón acabe siendo designado sucesor del dictador, pero teniendo que venir de niño a España para ser educado y formado bajo la supervisión del régimen. Como grupo residual estaría el carlismo, pero que lejos de tratar de imponer la línea monárquica carlista, aspira más al mantenimiento de un fuerte catolicismo y tradicionalismo. Las clases medias y altas, aspiran al mantenimiento del orden social y de sus propiedades evitando el peligro de una revolución socialista.

La II Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939 mostrando el régimen su simpatía por los países del Eje, pero sin entrar abiertamente en la guerra. En octubre de 1940, se entrevistó con Hitler en Hendaya para tratar las condiciones de entrada en la guerra. Se adoptó la posición de “no beligerancia” y Franco puso condiciones que le parecieron excesivas a Hitler: ayuda militar y económica, recuperación de Gibraltar y posesiones en el norte de África (a costa de Francia). Cuando Alemania invadió la URSS en junio de 1941, Franco envió la División Azul para luchar en el frente ruso. En esta primera fase el papel de Falange y Serrano Suñer, en las relaciones con la Alemania nazi fue muy importante. Sin embargo, a partir de 1943, ante la previsible derrota alemana, se volvió a la neutralidad. Se retiró la División Azul y trató de mejorar sus relaciones con los países aliados. Pero en 1945-46 el régimen franquista fue condenado por los vencedores en la II Guerra Mundial. Se denunció su carácter fascista, el apoyo que había recibido en sus orígenes de Italia y Alemania y su política favorable al Eje. La condena se formuló en la Conferencia de Potsdam y fue reiterada en la ONU, que pidió la retirada de embajadores. Francia, incluso, cerró la frontera durante dos años. España quedó prácticamente aislada.

Franco introdujo cambios en el régimen, tendentes a reducir los aspectos fascistas más visibles. Promulgó el Fuero de los Españoles y un indulto para los presos políticos. Pero la salida del aislamiento se debió más a las nuevas condiciones internacionales (inicio de la Guerra Fría) que a los cambios superficiales introducidos por Franco. Al bloque occidental liderado por EEUU le convenía un régimen fuertemente anticomunista, aunque fuese una dictadura. A partir de 1949 empezó a mejorar sus relaciones con Estados Unidos: negoció empréstitos y en diciembre de 1950 se nombraba un embajador en Madrid. España fue entrando gradualmente en diversos organismos internacionales: Organización Mundial de la Salud, UNESCO, Organización Mundial del Trabajo. En 1953 se firmaron los acuerdos con Estados Unidos de defensa mutua y asistencia militar, por los que se instalaban cuatro bases militares. España recibía a cambio ayudas económicas. También en ese año se firmó el nuevo Concordato con el Vaticano. Básicamente ratificaba las ventajas de la Iglesia católica en el Estado español, pero era un importante reconocimiento exterior del régimen de Franco. El año 1955 marcaba el fin del aislamiento, con la entrada de España en la ONU.

Institucionalización del Franquismo

Con la aprobación en enero de 1938 de la Ley de Administración Central del Estado, que unifica la jefatura del estado y la jefatura del gobierno en manos de Franco, se sientan las bases de la institucionalización del franquismo. Este se basaba en el poder personal del jefe del Estado, Franco, (el Caudillo) que asumía la jefatura del Estado, del gobierno, del partido único y del ejército (generalísimo), uniendo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial bajo su control, siendo responsable únicamente “ante Dios y ante la historia” según su propia ideología. Las libertades públicas y los derechos de asociación y reunión fueron anulados; se prohibieron los partidos políticos. Pero las fuerzas que habían apoyado la sublevación quedaron integradas, mediante el Decreto de unificación, en un partido único: Falange Española Tradicionalista y de las JONS (El Movimiento). Franco era el jefe nacional del Movimiento. Todos los militares y funcionarios quedaron automáticamente incorporados a la Falange. El nuevo régimen adoptó muchos de los símbolos (yugo y flechas, camisa azul, saludo…) y terminología falangista. Se prohibieron los sindicatos de clase y la huelga. En su lugar, se estableció un sindicalismo vertical, que agrupaba obligatoriamente a obreros y empresarios, supeditado al Estado. Se ejerció un control total de la información, a través de la censura y la propaganda de los principios del Régimen. Se dio una represión sistemática de los partidarios de la República durante la Guerra Civil por medio de: la Ley de Responsabilidades Políticas (1939) y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940).

El nuevo orden institucional se recogió en diversas leyes orgánicas:

• El Fuero del Trabajo (1938), siguiendo al fascismo italiano y de influencia católica, permitía la intervención del Estado en la economía e instauraba los sindicatos verticales en las relaciones laborales.
• La Ley de Cortes (1942), que ante una posible victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, trataba de ofrecer una imagen democrática del régimen, mediante una representación en Cortes (procuradores) a través de una democracia corporativa del ejército, la iglesia, la enseñanza, la familia….
• El Fuero de los Españoles (1945), que también quería presentar al régimen como un sistema más democrático al conceder una serie de derechos fundamentales a los españoles, pero dentro del marco legal muy restrictivo establecido por la dictadura.
• La Ley de Referéndum (1945), que permitía la consulta nacional en asuntos importantes.

Para dar salida a la continuidad del régimen Franco, mediante la Ley de Sucesión, aprobada en referéndum (1947), estableció que España era un reino, aunque sin rey efectivo y con un jefe de estado, Franco, en calidad de regente vitalicio. Franco no aceptaba a Don Juan de Borbón, el heredero de Alfonso XIII, demasiado liberal para su gusto y, tras muchas dudas, pactó con Don Juan (1948) que la sucesión recaería en su hijo, el infante Juan Carlos de Borbón, que debería trasladarse a Madrid donde sería educado bajo la dirección política del Caudillo. En 1958 se aprobó la Ley de principios fundamentales del Movimiento, que recogía la ideología básica (familia, religión, y nacionalismo español) en la que se basaba la dictadura. Por último con la Ley Orgánica del Estado (1967) se separaba la jefatura del Estado y de gobierno y se fijaban sus funciones y límites.

El régimen franquista pudo sobrevivir al adaptarse a las circunstancias internacionales de cada momento, pudiéndose dividir en las siguientes etapas:

• 1936-1945 Formación e institucionalización: En ella se sientan las bases institucionales y legales del régimen, definiéndose como un reino con una democracia orgánica de partido único, lo que en la realidad se traduce como una dictadura personal de Franco con el ejército como base de su poder. En esta etapa, marcada por la Segunda Guerra Mundial, se acercará, en un primer momento, a los regímenes nazi y fascista, pero ante la inminente derrota de éstos, volverá a bascular acercándose a las democracias aliadas.
• 1945-1955 Autarquía y aislamiento exterior: Acusado el régimen de colaborar con las potencias del Eje, será excluido de las relaciones políticas y económicas internacionales, promoviendo su caída. Esta situación le obligará a depender económicamente de los recursos nacionales. Sin embargo, el desarrollo de la Guerra Fría propiciará un acercamiento de los EE.UU., que permitirá la paulatina incorporación de España a las relaciones internacionales y la recepción de ayuda económica a cambio de la instalación de bases militares norteamericanas.
• 1955-1970 Desarrollismo y aperturismo: en un contexto de gran crecimiento económico internacional y con la llegada de capitales extranjeros, se propició un gran desarrollo industrial, fomentado desde el régimen a través de sucesivos planes económicos, permitiendo la entrada en el gobierno de expertos que dirijan la economía. Este desarrollo y la llegada del turismo provocaron un tímido aperturismo político y un cambio profundo en la sociedad española, con el nacimiento de una clase media y de una nueva mentalidad.
• 1970- 1975 Crisis del régimen: marcada por el fin del gran crecimiento económico, la enfermedad del dictador y por movimientos internos de la oposición al régimen demando más libertades, terminará con la muerte de Franco y la sucesión como jefe de estado del rey Juan Carlos I, disolvió el régimen franquista dando paso a la transición democrática.

El Desarrollismo Económico

Tras el fracaso del modelo autárquico y a pesar de las ayudas económicas de los EE. UU., los presupuestos y la balanza comercial seguían siendo deficitarios, produciéndose huelgas y protestas en la Universidad y en el sector industrial, junto al intento de los falangistas de aumentar su poder. Ante esta situación Franco remodeló el gobierno en 1957, aceptó entregar la dirección económica a los tecnócratas próximos al Opus Dei y muy influidos por los cambios que se estaban produciendo en Europa, (López Rodó, Navarro Rubio y Alberto Ullastres). Estos aplicaron el “Plan de Estabilización” de 1959, diseñado según las indicaciones del FMI y del Banco Mundial, que aceptaron financiarlo con créditos. Se trataba de liberalizar la economía permitiendo la importación de capitales y frenar la inflación, estabilizando los precios y salarios. Se devaluó la peseta y se impulsó una tímida reforma fiscal. Durante los primeros meses los resultados fueron bastante negativos: los sueldos bajaron, la productividad de las empresas cayó, el coste de la vida aumento y el número de parados se incrementó. Pero a partir de 1961 se empezaron a notar los efectos positivos del plan de estabilización, año en que se inició una etapa de expansión económica.

Esta expansión se basó en el aumento del sector industrial y en la aparición de nuevos recursos económicos: el turismo, las inversiones de capital extranjero y la exportación de mano de obra. La expansión industrial se basó en los bajos salarios y en las inversiones extranjeras; la tecnología, los bienes de equipo y la energía (sobre todo el petróleo) eran importados masivamente por lo que la economía española pasó a depender por completo del exterior. El crecimiento de la industria produjo un éxodo rural hacía las grandes ciudades. Otros muchos buscaron trabajo en Europa. El resultado fue la disminución de mano de obra en el campo, lo que produjo a su vez un alza de salarios en el campo e impulsó la mecanización de las tareas agrícolas y a la demanda de bienes industriales por parte del sector agrario. La balanza de pagos dejó de ser deficitaria, en gran parte por la entrada de de masiva de turistas. A las divisas de los turistas se sumaron las aportaciones de los emigrantes que enviaban buena parte de sus ganancias para el mantenimiento de sus familiares, además la salida de los trabajadores españoles contribuyó a reducir el índice de paro.

También se pusieron en marcha “los planes de desarrollo” impulsados por el gobierno, fueron tres de duración cuatrienal, entre 1963 y 1975. El estado estimulaba al capital privado a invertir en determinados sectores mediante subvenciones, créditos baratos y facilidades fiscales. El Estado invirtió también en los llamados polos de desarrollo en nuevas ciudades industriales: Valladolid, Huelva, Vigo, etc. Se trataba de promocionar la instalación de nuevas industrias y generar así empleo en zonas deprimidas. Pero no se cumplieron los objetivos previstos, aunque en conjunto, el crecimiento económico entre 1961 y 1973 fue elevado y constante, pero hay que señalar que fue posible gracias a la expansión de la economía mundial. Por ese motivo la crisis de 1973, derivada del alza de los precios del petróleo, detuvo bruscamente el crecimiento español.

Por otro lado los cambios económicos influyeron en la sociedad española. Mientras que durante los años 40 y 50 predominaba el mundo rural atrasado y la pobre, además de un retroceso técnico, científico y cultural, en los años 60, el crecimiento económico provocó la emigración masiva de la población rural y la concentración de la población en las grandes ciudades, cambiando el modo de vida y la mentalidad de los españoles. También contribuyó a esto la apertura al exterior, sobre todo gracias al contacto con los turistas que llegaban masivamente al país. La población aumentó rápidamente (baby boom), impulsada en parte por la política pronatalista del régimen. Este crecimiento obligó a multiplicar el número de escuelas e institutos. Como la Iglesia no podía cubrir las necesidades, la expansión se centró en la enseñanza pública (Ley General de Educación de 1970) También se modificó el sistema de prestaciones sociales y sanitarias, su crecimiento recayó sobre las cotizaciones de los trabajadores pero permitió extender la red de hospitales y cubrir prestaciones por enfermedad, jubilación y desempleo. Aunque tanto el sistema sanitario como las prestaciones resultaban insuficientes.

La dictadura franquista había supuesto para la mujer la pérdida de todos los derechos y avances conseguidos, siendo principal función la maternidad y el cuidado de los hijos y la casa, pero el cambio de mentalidad de las clases medias durante los años 60 permitió el acceso de la mujer al trabajo y a las universidades. La clase media aumentó en esta década siendo la que tenía una mentalidad más abierta y dinámica, abandonando la moralidad eclesiástica del régimen. Aunque no todos los españoles accedieron a los bienes de consumo, electrodomésticos, automóvil y las vacaciones empezaron a estar al alcance de más personas. En 1958 RTVE comenzó sus emisiones y para 1969 dos terceras partes de los hogares contaban con un televisor. La televisión afectó el modo de vida y el comportamiento social, pese a que la censura excluía todo aquello que pudiera atentar contra la moralidad del régimen aunque relajada por la Ley de Prensa de 1966. El crecimiento urbano hizo que se construyeran en los suburbios barrios enteros sin infraestructuras, ni equipamientos sociales y urbanos adecuados. En definitiva la estructura social española durante los años 60 presenta un predominio de la clase obrera que tiende a especializarse y acceder a la propiedad; una clase media en ascenso y una clase dominante más reducida en número pero que acoge la llegada de una élite ligada a la banca y a la entrada de altos funcionarios y ejecutivos.

Oposición y Represión

La legislación establece una dura represión política mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, la Ley de Depuración de Funcionarios de 1939, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo en 1940 y la Ley de Seguridad del Estado de 1941. Tanto la Guardia Civil como el Cuerpo General de policía estaban militarizados. Este “estado de guerra” continuó hasta 1948, por lo que se van a mantener activos los tribunales militares. Continuaron los campos de concentración y los batallones de trabajo, y las penas de muerte se mantuvieron hasta 1952. Numerosos funcionarios, sobre todo maestros y profesores, trabajadores de la administración pública y las grandes empresas privadas así como los sospechosos de haber estado unidos a la República o a los partidos y sindicatos obreros fueron depurados. En virtud de estas leyes, los detenidos eran sometidos a juicios sin garantías procesales. Unos 450.000 españoles que perdieron la guerra se exilaron a otros países. Los que cruzaron la frontera francesa fueron a parar a campos de refugiados. Muchos de ellos fueron entregados a las autoridades franquistas a través de las autoridades alemanas de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de quince mil republicanos españoles terminaron en campos de concentración alemanes, muriendo unos 5000. Otros republicanos engrosaron las filas de la resistencia antinazi en Francia, sobre todo en la zona sur integrados en el Ejército Francés de Liberación, participando en la liberación de París en 1944. Otros se instalaron en la URSS, Argentina, Chile y especialmente México.

La desunión y la dispersión caracterizan las organizaciones políticas antifranquistas en el exilio, donde se acentuó el enfrentamiento entre comunistas y las demás fuerzas políticas y la división del PSOE. Todas las fuerzas confiaban en que los aliados devolverían España a la democracia, pero El PCE pensaba que sólo la lucha y la acción directa acabarían con Franco, promoviendo la creación del maquis, combatientes clandestinos en los montes de la Península, durante combatidos y perseguidos por la fuerzas del régimen. En el interior el PCE optó por la lucha sindical, junto a activistas católicos de la HOAC (Hermandad de obreros de acción católica), promoviendo huelgas en los años 50. En los años 60 aumentó el número de huelgas, sobre todo en el sector industrial reivindicando mejoras salariales y laborales, creándose CC.OO. (Comisiones obreras), que agrupaba a distintos grupos y que ejerció la lucha sindical con huelgas y presentándose a las elecciones dentro de los Sindicatos Verticales gubernamentales, siendo ilegalizados y enjuiciada su cúpula en el Proceso 1001. Aumentaron a su vez las manifestaciones estudiantiles en la Universidad, sobre todo a partir del movimiento del 68. Surgieron también movilizaciones de las asociaciones de vecinos reivindicando mejores infraestructuras.

También en la Iglesia surgieron discrepancias con el régimen, sobre todo después de la elección del arzobispo Tarancón como presidente de la Conferencia episcopal española. El nacionalismo se reactivó tanto en Cataluña, a través de la Asamblea de Cataluña, como en el País Vasco, donde en 1959 un grupo de miembros del PNV fundó ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Patria y libertad) que optó por el empleo del terrorismo para conseguir la independencia del País Vasco. Los partidos políticos de la oposición se reorganizaron, denunciando la falta de libertad y planteando la necesidad de superar la Guerra Civil como forma de conseguir una unidad a favor de la democracia. El PCE, dirigido por Santiago Carrillo, muy activo en la movilización social interior, sin embargo muchos de sus militantes no renunciaban a los postulados revolucionarios marxistas. El PSOE estaba dividido entre la dirección en el exilio y los militantes organizados en el interior, quienes acabaron haciéndose con el control del partido tras el Congreso de Suresnes de 1972, con Felipe González como nuevo secretario general. También grupos moderados partidarios de la democracia (monárquicos, democratacristianos, liberales) se reorganizaron y participaron el Congreso del Movimiento Europeo en Munich en 1962, reivindicando la democratización de España y tildados por el régimen como el Contubernio de Munich.

La cultura durante el franquismo tuvo una doble vertiente: la oficial del régimen, en donde se exaltaban los valores tradicionales y la moral católica, ensalzando el pasado heroico español sobre todo de los tiempos de los Reyes Católicos y la época imperial tanto en libros de texto como en producciones cinematográficas. En esta vertiente destacaron literatos como José María Pemán o Dionisio Ridruejo. La otra vertiente es la que dentro de los parámetros de la censura, escondía una crítica social muy sutil: el teatro del absurdo de Mihura y Jardiel Poncela, la novela realista de postguerra con Luís Martín Santos, Cela o Delibes, el cine de Berlanga o Buñuel, y sobre todo el empleo del humor con la revista La Codorniz con los famosos dibujos de Mingote. En televisión destacaron las creaciones de Chico Ibáñez Serrador y en el mundo del cómic Ibáñez. La pintura de vanguardia a partir de los 60 y 70 tenemos la tendencia abstracta (Tapies) y la figurativa (Equipo Crónica, Antonio López). La arquitectura se dejó llevar por influencias racionalistas (Edifico España de Otamendi) y visiones retrospectivas del pasado como el neoherrianismo (Nuevos Ministerios, Arco Triunfo de Moncloa). Muchos artistas ya consolidados continuaron su labor creativa desde el exilio, como Juna Ramón Jiménez, Max Aub y algunos escritores de la Generación del 27 o el compositor Manuel de Falla o el intérprete Pau Casals, así como intelectuales como Américo Castro o Claudio Sánchez Albornoz en publicaciones como las del Fondo de Cultura Económica.

La Transición Española

El éxito de la Transición se debió a ser una reforma desde dentro del sistema, dirigida por la voluntad reformista del rey Juan Carlos, la habilidad política de Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, la pasividad del ejército, controlado por el General Gutiérrez-Mellado, la actitud de la población, deseosa de un cambio democrático pero temerosa de una guerra civil y el contexto internacional, favorable al cambio democrático. Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre del 75, Juan Carlos de Borbón fue jurado rey por las Cortes, con todos los poderes heredados del dictador. Carlos Arias Navarro, hombre del régimen, fue confirmado presidente del gobierno por el rey. Mantuvo una política inmovilista que chocaba con la intención re formadora del rey, por lo que presentó su dimisión en julio de 1976. Adolfo Suárez fue nombrado presidente del gobierno por el rey, introdujo las reformas necesarias para transformar la dictadura en un sistema democrático, pero manteniendo la legalidad franquista. Aprobó una primera amnistía para presos políticos y presentó a las Cortes franquistas en septiembre la Ley para la Reforma Política, que preveía elecciones por sufragio universal y Cortes Constituyentes bicamerales. El gobierno y el presidente de las Cortes franquistas, Torcuato Fernández Miranda, presionaron a los procuradores para que la aprobaran lo que suponía el principio del fin del Franquismo. El pueblo aprobó la Ley para Reforma Política en referéndum, el 15 de diciembre de 1976. En Abril de 1977 Suárez legalizó el Partido Comunista (los otros partidos lo eran ya) y disolvió el partido único (Movimiento Nacional). En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas. Concurrieron: Alianza Popular de Manuel Fraga (derecha), Unión de Centro Democrático de Suárez (centro), los partidos nacionalistas vasco y catalán, el PSOE de Felipe González (izqda.) y el PCE de Santiago Carrillo (izqda.). Las elecciones las ganó UCD (165 escaños), seguida del PSOE (118).

Suárez y su gobierno se vieron presionados desde todos los lados. De una parte los franquistas presionaron para evitar cualquier cambio. Por otro lado, las consecuencias de la crisis de 1973 originaron un aumento del paro, una inflación galopante y los sindicatos promovieron movilizaciones, huelgas y paro en todo el territorio nacional. Por si fuera poco, grupos terroristas izquierdistas (GRAPO), de derechas (Guerrilleros de Cristo Rey y Triple A) y nacionalistas (ETA) incrementaron la lucha armada. Practicaron todo tipo de asesinatos, secuestros y robos (secuestro de Oriol y Urquijo por los GRAPO, asesinatos de policías y militares por ETA, asesinato de los abogados laboralistas de Atocha por la extrema derecha). El gobierno facilitó la reinserción de los terroristas etarras y negoció con ella, se reforzó la política antiterrorista y las fuerzas policiales, pero no se contó con la colaboración francesa para acabar con el refugio pro-etarra del País Vasco francés. Posteriormente, los gobiernos socialistas propiciaron la lucha policial ilegal a través de los GAL, que terminarían con el encarcelamiento de su responsable, el ministro del interior. Hasta el fin del terrorismo ETA asesinará a 873 personas, contando con el apoyo político de Herri Batasuna y la indolencia de sectores políticos, civiles y religiosos vascos. El tener que formar un gobierno en minoría, obligó a Suárez a buscar el consenso con los demás partidos para elaborar la constitución. Para hacer frente a esos problemas, el 25 de octubre se firmaron los Pactos de la Moncloa por el Gobierno, las asociaciones empresariales, los sindicatos y los partidos políticos. En ellos se proponían una serie de reformas económicas (privatización de empresas, reducción de la inflación, mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores…), reformas fiscales y reconocimientos sindicales. Los firmantes se comprometían a otorgar estabilidad política y sindical al gobierno.

La Constitución de 1978

A las pocas semanas de su elección, las Cortes iniciaron los trabajos para elaborar la Constitución. Las Cortes elegidas en 1977 se convirtieron inmediatamente en Cortes Constituyentes. Se eligió una Comisión Constitucional y esta eligió a siete diputados para elaborar un primer texto como proyecto constitucional. Estos siete diputados, los «padres de la constitución» fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca de UCD; Gregorio Peces-Barba del PSOE; Jordi Solé Turá del PCE; Miquel Roca, en representación de Minoría Catalana y del PNV ; y Manuel Fraga de AP. La ausencia de un representante del PNV ligada a la cuestión de los «derechos históricos», tuvo graves consecuencias ya que el principal partido nacionalista vasco no apoyó finalmente el texto constitucional.

La palabra que más se utilizó durante el proceso de redacción de la constitución fue la de «consenso». Se trataba de evitar la triste tradición española de «constituciones de partido» que habían jalonado especialmente nuestro siglo XIX. Aquellas cuestiones que suscitaban mayores diferencias fueron redactadas de tal forma que pudieran ser aceptadas por las diversas fuerzas políticas. Esta es la razón de la cierta ambigüedad que se puede encontrar en algunos artículos de la Constitución. Tras su debate en el Congreso y en el Senado, el texto final fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados por 316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Finalmente, el Proyecto de Constitución fue sometido a referéndum de los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978. La Constitución quedó aprobada con un 87,87% de votos afirmativos.

El Proceso Preautonómico

Ante el deseo de autogobierno de vascos y catalanes, manifestado de forma espectacular el 11 de septiembre cuando millón y medio de catalanes se manifestaron por la autonomía en Barcelona, el gobierno de Suárez inició el proceso preautonómico antes de la aprobación de la Constitución. Suárez optó por el restablecimiento formal de la Generalitat, en septiembre de 1977, y en el País Vasco en diciembre de ese mismo año se creó el Consejo General Vasco, como régimen preautonómico para la región. A principios de 1978, Cataluña y País Vasco eran regiones preautonómicas. Entre abril y octubre de 1978, se crearon por decreto-ley, organismos preautonómicos para el gobierno de Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias. Ante las demandas de autonomía de catalanes y vascos, y en menor medida de gallegos, el gobierno de UCD optó por impulsar la generalización del principio de autonomía regional. Se trataba de lo que coloquialmente se denominó «café para todos» y prefigurar el futuro constitucional de la estructura territorial de España.

Contenido de la Constitución

En el título preliminar se contienen los principios fundamentales de la Constitución: Se define a España como un Estado social y democrático de Derecho, se proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo y se define la forma política del Estado como una Monarquía parlamentaria. El artículo 2 hace compatible la unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta es una de las grandes novedades de la Constitución. El título I es el más extenso de la Constitución y contiene los derechos, libertades y deberes de los españoles. Aquí se recogen los derechos individuales como el derecho a la vida, a la integridad física, la libertad ideológica, religiosa y de culto, a la libertad de expresión, a la educación, etc. También se incluyen algunos derechos sociales como la protección a la familia, disponer de una vivienda digna, disfrutar del medio ambiente, derecho al trabajo, a la protección de la salud, etc. La única modificación realizada en la Constitución hasta el año 2006 se realizó en 1992 para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en España. Esta modificación se hacía necesaria tras la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea.

En lo que se refiere a la Corona (título II) se establece que el Rey es el Jefe del Estado y se fijan sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Su poder es meramente formal. La Constitución establece la separación de poderes y organiza los poderes del Estado:

• Las Cortes están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal y ejercen el poder legislativo.
• El Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa ya que puede presentar proyectos de leyes a las Cortes y desarrollar los reglamentos de las leyes aprobadas. El Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo.
• Los Jueces y magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal Constitucional cuya función es evitar cualquier violación de la Constitución y vigilar que no haya leyes que contradigan al texto constitucional. Es también el máximo órgano encargado de proteger los derechos y libertades fundamentales.

En su título VIII la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de nuestro país: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen. Se establecieron los cauces legales para que los territorios que lo desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran constituirse en Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas que se constituyeron tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que asumen. Los Estatutos de Autonomía deben ser aprobados por las Cortes Generales, y serían consideradas Leyes Orgánicas por el Estado. Aprobada la Constitución, se constituyeron en el período 1979-1983 las actuales Comunidades Autónomas y nuestro país quedó conformado por 17 Comunidades y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla constituidas en 1995). Cada una de estas comunidades posee una Asamblea Legislativa y un Gobierno propio. La Constitución también establece el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español.