Glosario de Términos Clave del Siglo XIX Español

Amnistía: Acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por el que los individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. La amnistía actúa sobre el delito mismo. Por ello, la amnistía suele tener efectos retroactivos y extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por el mismo motivo, es general, dado que actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos.

Carta Otorgada: Texto de apariencia constitucional que es considerado una gracia que el soberano concede u otorga a su pueblo. Por tanto, no reconoce el principio de soberanía nacional.

Concordato: Acuerdo bilateral entre la Iglesia Católica (Vaticano) y un Estado encaminado a establecer las bases que deben presidir las relaciones entre ambos. España ha suscrito 3 concordatos con la Santa Sede.

Desamortización: Acto jurídico y administrativo por el que aquellos bienes rústicos y urbanos llamados de manos muertas se hacen de libre disposición, pasan a ser de propietarios particulares, tras su apropiación por el Estado al ser declarados bienes nacionales y venderse posteriormente en pública subasta.

Gobierno Provisional: Gobierno surgido por causa de un golpe de fuerza o situación excepcional y, por tanto, sin legitimidad democrática, que actúa de forma provisional en espera de dotar al país de un marco jurídico que facilite la elección democrática de los gobernantes o bien en espera de la normalización del país una vez se hallan superado las circunstancias excepcionales.

Hábeas Corpus: Derecho que garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias por parte de la autoridad. Se basa en la obligación de presentar a todo detenido en un plazo perentorio ante el juez que podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto.

Pronunciamiento: Acción que un grupo militar ejecuta contra el gobierno para derrocarlo u obligarle a modificar el signo de su política. Lo que busca de inmediato es el apoyo castrense y por supuesto político, mediante una acción militar puntual normalmente de carácter incruento.

Soberanía Compartida: Situación propia de algunas monarquías parlamentarias en las que el poder político se comparte entre el monarca y el parlamento, pudiendo haber preponderancia de uno u otro.

Soberanía Nacional: El poder político emana del conjunto de la nación y no está sometido a ninguna otra fuerza externa. Los individuos que integran una nación delegan y otorgan este poder a sus representantes. El principio de soberanía nacional postula que la legitimidad del poder emana de la nación y se expresa mediante elecciones periódicas.

Soberanía Popular: Postulado democrático según el cual la soberanía reside en el pueblo, el cual, en virtud del contrato social, se la otorga a los gobernantes; eso implica necesariamente la existencia del sufragio universal.

Cortes Constituyentes: Se denominan cortes constituyentes al parlamento o cortes, cuyos miembros representan la soberanía nacional, y que tienen el cometido y la capacidad de dictar o reformar la constitución.

Regencia: Gobierno de un Estado durante la minoría de edad, la ausencia o incapacidad de su legítimo rey.

Milicia Nacional: Unidades armadas al margen del ejército regular, organizadas por ciudades bajo la autoridad de los ayuntamientos.

Diezmo: Parte de la cosecha que se pasaba como tributo al rey o a la Iglesia.

Ley Sálica: Impedía el acceso al trono a las mujeres. Es una ley de origen francés e implantada por Felipe V en España.

Juntas: Organismos de tipo burgués y popular creados en las ciudades para defender el liberalismo. Junto a la Milicia Nacional, fueron el principal instrumento de progresistas y demócratas para movilizar al pueblo y forzar un cambio de régimen político.

Guardia Civil: Cuerpo armado con finalidades civiles pero con estructura militar, que se encargaría del mantenimiento del orden público, sobre todo en el medio rural.

Bienes Propios: Patrimonio perteneciente a los municipios que los ayuntamientos arrendaban para cubrir con sus ingresos los gastos públicos.

Bienes Comunales: Patrimonio de propiedad comunitaria de un determinado municipio cuyo aprovechamiento y disfrute pertenece exclusivamente a sus habitantes. Solían ser bosques y tierras de libre pasto.

La Flaca: Revista satírica, publicada durante el Sexenio. No estaba unida a un partido, pero tenía un carácter prorepublicano.

Consumos: Impuestos que gravaban los productos básicos. Eran los más impopulares entre las clases humildes.

Internacionalismo: Término utilizado por la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) para expresar la necesidad de la unión de los obreros de todo el mundo para defender sus intereses y reivindicaciones.

Bienio Progresista (1854-1856)

En junio de 1854, el pronunciamiento de Vicalvaro a cuyo frente se colocó un moderado descontento, el general O’Donnell, que fundó un nuevo partido, la Unión Liberal. Los sublevados elaboraron el Manifiesto de Manzanares en demanda del cumplimiento de la Constitución de 1845, de la reforma de la Ley Electoral, de la reducción de los impuestos y de la restauración de la Milicia. La presidencia recayó de nuevo en Espartero y O’Donnell fue nombrado ministro de la Guerra. Las elecciones fueron convocadas según la legislación de 1837, que permitió una mayoría progresista y la aparición por primera vez en el Parlamento de algunos diputados demócratas. El nuevo gobierno intentó restaurar los principios del progresismo e inmediatamente restauró la Milicia y la Ley Municipal. También preparó una nueva constitución (1856) que no llegó a ser promulgada, pero que introducía importantes novedades como la libertad de culto y la elección del Senado. El plan de reformas económicas tenía el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la industrialización del país. La nueva Ley Desamortizadora de 1855 afectó a los bienes del Estado, de la Iglesia, de las órdenes militares, de las instituciones benéficas y de los ayuntamientos.

Se pretendía conseguir recursos para la Hacienda e impulsar la modernización económica de España. Una buena parte de los ingresos fueron invertidos en la red de ferrocarriles, considerada la pieza clave para fomentar los intercambios y el crecimiento industrial del país. La construcción de las líneas del ferrocarril se inició en 1855 con la Ley General de Ferrocarriles, que regulaba su ejecución y ofrecía amplios incentivos a las empresas que intervinieran en ella. La preocupación de las Cortes por fomentar el desarrollo económico de España se reflejó también en una legislación para favorecer la reforestación, fomentar el crecimiento de las sociedades por acciones y de la banca y desarrollar la minería.

Las medidas reformistas del bienio no remediaron la crisis de subsistencia. En Cataluña la delicada situación económica produjo huelgas obreras en 1855. Los trabajadores pedían la reducción de los impuestos de consumos, la abolición de las quintas y de la jornada laboral. El malestar social condujo también a un importante levantamiento campesino en tierras castellanas y a la extensión de motines populares en muchas ciudades. El gobierno acabó presentando la Ley de Trabajo, que introducía algunas mejoras y permitía las asociaciones de obreros. Las discrepancias dentro de la coalición gubernamental entre el progresismo más moderado y el más radical se agudizaron. Espartero dimitió y la reina confió el gobierno a O’Donnell, que reprimió duramente las protestas.