Tema 4. Las Desamortizaciones

La España de principios del s. XIX era eminentemente agraria y las modificaciones que tuvieron lugar a lo largo del siglo en este sector se centrarán en dos aspectos concretos: laestructura de la propiedad de la tierra y el aumento de la producción
.

La estructura de la propiedad en el Antiguo Régimen estaba vinculada a una familia o institución, lo que impedía su venta o fragmentación. Existían tres modalidades jurídicas:
señorío, mayorazgo y amortización o “manos muertas”, vinculadas a un titulo señorial, a una familia y a la Iglesia, respectivamente.

En los tres casos, los propietarios gozaban del usufructo de la tierra, cediéndola para su explotación a cambio de una renta.

El pensamiento ilustrado y la revolución liberal pusieron de manifiesto la necesidad de desvincular la tierra y ponerla en el mercado para modernizar la agricultura. En este contexto se intentó transformar la propiedad de la tierra en España.

La primera tarea fue desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales, proporcionando así las condiciones necesarias para aumentar el número de propietarios particulares y, por tanto, la riqueza nacional.

La desvinculación supuso:

– Por un lado, la abolición de los Señoríos, acabando con el dominio que tenían los señores sobre los habitantes de sus territorios y convirtiendo en propiedad particular y libre aquellas tierras.
El proceso de inició en Cádiz y concluyó en 1837.
Esta medida no aportaba un cambio de propietario, sino la transformación de los señores antiguos en propietarios libres.
– Por otro, la supresión de los mayorazgos, por lo que estos bienes eran declarados libres y podían ser vendidos por sus titulares.

La desamortización fue la medida práctica de mayor trascendencia tomada por los gobiernos liberales y se desarrolló durante todo el siglo XIX, entrando incluso en el XX.

Desamortizar es el acto jurídico en virtud del cual las tierras amortizadas dejan de serlo; para llevarlo a cabo, el Estado incautaba esos bienes, convirtiéndose en “bienes nacionales” y después se ponían en venta mediante pública subasta.

Aunque el proceso desamortizador se identifica con el liberalismo progresista, las desamortizaciones fueron iniciadas sin éxito en el siglo XVI.

Godoy las utilizó en 1798 y 1808 con el propósito de sanear una hacienda nacional en quiebra, sin embargo, salieron perjudicados los arrendatarios y la recaudación por parte del Estado fue insuficiente.

También se intentaron políticas desamortizadoras durante las Cortes de Cádiz (1811-1813) y durante el Trienio Liberal (1820-1823). Sin embargo, la falta de continuidad dio al trasto con estas medidas.

El acelerón definitivo tendrá lugar durante el reinado de Isabel II bajo la dirección de dos ministros de Hacienda:
Mendizábal (1835-1851) y Pascual Madoz (1855-1924).

La desamortización de Mendizábal fue la que ha quedado como la “desamortización” por antonomasia, debido a la ruptura de las relaciones con Roma y a la división social que ocasionó. Mendizábal pretendía lograr varios objetivos con su decreto de desamortización:

– Ganar la Guerra carlista y asegurar con la victoria la continuidad del Régimen Isabelino.
– Eliminar la deuda pública y sanear la Hacienda.
– Crear un mercado de la tierra que permitiese el desarrollo económico.
– Crear una clase de propietarios afectos a la monarquía, pues la consolidación del Régimen Isabelino significaría la consolidación de sus propiedades.
– Reformar la iglesia española para transformarla en una institución de Nuevo Régimen, comprometiéndose el Estado a mantenerla.

Con estos objetivos se publicó en 1836 el decreto desamortizador, poniendo en venta todos los bienes del clero regular (frailes y monjas). Se subastaron tierras, casas, monasterios y conventos con todos sus enseres. En 1837, otra ley sacó a la venta los bienes del clero secular aunque la ejecución de esta ley se llevará a cabo con la regencia de Espartero en 1841.

La segunda desamortización del reinado isabelino fue llevada a cabo por Pascual Madoz en 1855. Fue denominada Ley de Desamortización General, pues se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los de los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior y los bienes municipales, distinguiéndose entre los bienes comunales (bienes de todos los vecinos del municipio) y los de Propios (propiedades del municipio que se arrendaban a particulares).

El procedimiento utilizado para las ventas fue una copia del de Mendizábal, pero con dos diferencias:

– El dinero se destinó fundamentalmente a la extensión del ferrocarril.
– El Estado transformaba el importe de las ventas en bonos del Estado, con la finalidad de emplearlos para el bien de todos.

En este proceso la burguesía con dinero fue de nuevo la gran beneficiada, aunque la participación de los pequeños propietarios de los pueblos fue mucho mayor que en la desamortización de Mendizábal.

Estas dos desamortizaciones no consiguieron realizar una Reforma Agraria que mejorase la producción agrícola y la modernización del sector, influyendo en ello la actitud conservadora que adoptaron los compradores.

El desarrollo de la operación resultó más lento de lo esperado, pues antes de la incautación era necesario llevar a cabo el inventariado y la tasación de las propiedades, su distribución en lotes y la organización de la subasta.

El desarrollo de la guerra Carlista también influyó en dicha lentitud, pues los compradores no se decidían ante el temor de que pudiera cambiar el régimen.

También se paralizaron con la llegada al gobierno de los Moderados, llegándose a paralizar las ventas tras la firma del Concordato con la Santa Sede e 1851, para volver a subir a partir de 1854 cuando vuelven los progresistas.

De los 4500 millones de reales recaudados solo 500 fueron pagados en efectivo, con lo que el Estado pudo amortizar a bajo coste gran parte de la deuda de Hacienda, pero el escaso dinero líquido hubo de emplearse en pagar a los funcionarios encargados del proceso y además se tuvo que indemnizar a la Iglesia, con pensiones para el clero.

Las ventas de tierras de propios y comunes se realizaron en pública subasta suponiendo el mayor volumen de ventas y éstas se realizaron con mayor celeridad. Además se consiguió aumentar la recaudación, pues los pagos fueron exigidos en metálico y el Estado se ahorró los costes burocráticos. Con todo, los beneficios tampoco fueron en esta ocasión lo estimado.

Las consecuencias se reflejaron en varios aspectos:

–

Hacendísticas

:El goteo de dinero derivado de la lentitud de las ventas alivió la deuda poco a poco y permitió al Estado manejar fondos muy amplios, aunque nunca dejó de tener deudas.

–

Políticas

: Los nuevos terratenientes fueron el principal nutriente del partido moderado, lo que imposibilitó cambios políticos más profundos.

–

Sociales

: el proceso acabó perjudicando a todos los que deberían haberse beneficiado de él. El sistema de subasta favoreció a los más adinerados, conformándose una burguesía terrateniente que pretendía imitar a la vieja aristocracia, actuando de forma tiránica, expulsando colonos, aumentando las rentas y recurriendo a los arrendamientos a corto plazo.
Los campesinos empeoraron sus condiciones de vida, surgiendo un proletariado agrícola, más de dos millones de campesinos sin tierra, jornaleros sometidos a duras condiciones de vida y trabajo estacional. Esto causó el inicio del éxodo masivo a la ciudad, comenzando así el proceso de envejecimiento de la población rural española.

–

Económicas

: los municipios se vieron despojados de su forma de financiación y pasaron a depender totalmente del poder central.
Se agravó el tradicional sistema de minifundios y latifundios.
Se aumentó las tierras de cultivo sobre los terrenos de peor calidad.
Para el sector ganadero, la desamortización fue nefasta, desapareciendo prácticamente la raza merina española.
La desamortización distrajo el dinero en España el dinero que en otras naciones había sido empleado en la puesta en marcha de la industrialización.
No obstante, hubo efectos positivos: algunas tierras empezaron a trabajarse mejor y aumentó la producción, sobre todo de granos, pasando España de importadora a exportadora, lo que favorecerá indirectamente a la industria (conservera, agroalimentaria…).

–

Culturales

: se perdieron obras de incalculable valor artístico que fueron demolidas o derruidas por ser abandonadas. Por otro lado, la desaparición de la Iglesia en la práctica educativa hizo aumentar el analfabetismo, pues el Estado no pudo cubrir en su totalidad el espacio dejado por ésta.

En conclusión, el proceso desamortizador propició que gran parte de las tierras cambiaran de manos, sin embargo los nuevos propietarios no intervinieron en la modernización de sus explotaciones. Tampoco surgió la pretendida clase de propietarios medios, a la vez que se agravaba la cuestión del “campo español”.
En definitiva, no se dieron las circunstancias adecuadas para apoyar a la Revolución Industrial.