Dimensión política del conflicto

Tras el golpe de estado de julio del 36, se produce la caída del gobierno de Casares Quiroga por divergencias dentro del Frente Popular y con los sectores más radicales de las organizaciones obreras. Martínez Barrios forma gobierno, pero dimite también a los pocos días y le sucede el hasta entonces ministro de marina, José Giral. Una de sus primeras decisiones fue la entrega de armas a las milicias populares para defender la República. Desde este momento, en la España republicana va a existir un doble poder: el formal, que continúa con la legalidad, y el real, en manos de sectores anarcosindicalistas, socialistas y comunistas radicales y armados, que crean comités organizados para hacer fracasar el pronunciamiento. En estos, los líderes obreros se impusieron con autoridad para tomar decisiones políticas, militares, de abastecimiento… La situación bélica propició la revolución social (ocupación de tierras, socialización de la tierra, etc.) y José Giral dimitió. Azaña encargó un nuevo gobierno a Largo Caballero (septiembre del 36) cuyo objetivo era reorientar la dualidad del poder hacia un solo poder legítimo que permitiese afrontar una guerra a largo plazo. Sin embargo, tras los enfrentamientos en Cataluña entre los partidos de la Generalitat, que conseguiría imponerse a ellos, y entre anarcosindicalistas y trotskistas, Largo Caballero dimite en mayo del 37, formándose un nuevo gobierno presidido por Juan Negrín, cuyo objetivo prioritario era ganar la guerra. Este defendió «una política de resistencia hasta el final», pero el golpe en marzo de 1939 del coronel Casado y Besteiro en Madrid hicieron deponer su mando y finalizar la Segunda República.

En el bando sublevado, en julio del 36 se constituyó la Junta de Defensa Nacional, que asumió todos los poderes del estado y representaba el poder legítimo ante las potencias extranjeras del bando nacional, pero a pesar de esta unificación había tres focos de poder diferenciados: Franco y el ejército de África, Queipo del Llano, máximo dirigente en la zona sur, y Mola, dirigente en el Norte. En octubre de 1936 Franco fue elegido jefe del gobierno concentrando en su persona el poder político y militar. En 1937 se definió su ideario político: Dictadura Militar, de eliminación de partidos políticos y la constitución de un partido único. Así, en abril de 1937 Franco promulgó el Decreto de Unificación, por el que falangistas y carlistas se integraron en un partido único (FET de las JONS). El estado quedó configurado de forma centralizada y autoritaria, apoyado en el Ejército, la Iglesia y la FET de las JONS.

Dimensión internacional del conflicto

La duración y el resultado del conflicto dependieron de la intervención de las potencias extranjeras. Ambos bandos buscaron suministros y armamento en el exterior. Sin embargo, en septiembre de 1936 se alcanzó un compromiso político para aislar el conflicto. Para ello se creó un Comité de No Intervención al que se adhirieron casi todos los estados europeos. Este acuerdo perjudicó a la República y fue continuamente saboteado por Alemania, Italia y la Unión Soviética.

Los sublevados recibieron la ayuda de Italia, Alemania y Portugal. Hitler aportó material bélico, aviones y un cuerpo de tropas de combate (la «Legión Cóndor»). Esta intervención de Alemania tuvo motivos económicos (obtener minerales y materias primas españolas) y estratégicos (debilitar a Francia).

Italia colaboró con la entrega de material bélico, combustible y unos 50.000 hombres, por razones de simpatía ideológica y para ganar un aliado en el Mediterráneo. Franco pagó al terminar la guerra estas ayudas con divisas, materias primas y minerales.

Por su parte, los republicanos solicitaron ayuda a Francia y Gran Bretaña y, al no recibirla por el temor de estas potencias a un enfrentamiento con alemanes e italianos, intentaron comprar armas a la URSS. Stalin aprobó el envío de cientos de aviones y carros de combate para compensar la ayuda fascista a los sublevados, mantener la credibilidad internacional de la URSS como potencia impulsora de la revolución proletaria a escala mundial y desviar la atención de las potencias fascistas del área centro-oriental de Europa. La ayuda soviética fue decisiva, pues evitó el hundimiento del ejército republicano, contribuyendo a prolongar la guerra, y reforzó la posición de poder de los comunistas en el gobierno republicano. Al mismo tiempo, los soviéticos impulsaron la creación de las Brigadas Internacionales, una fuerza militar compuesta por voluntarios de todo el mundo para luchar en favor de la República.

Por otro lado, el clero católico español prestó decidido apoyo ideológico y propagandístico a los sublevados. La iglesia legitimó el golpe militar y justificaron el conflicto calificándolo de Santa Cruzada para «salvar la civilización cristiana». Este importante respaldo fue premiado al finalizar la guerra por el Estado franquista garantizando a la iglesia una situación privilegiada y derogando las leyes aprobadas durante la República sobre el divorcio o la enseñanza.

El fin de la guerra y el mantenimiento de la represión

Terminada la guerra civil, el estado de guerra y la actuación de los durísimos tribunales militares se mantuvieron hasta abril de 1948. La ley de responsabilidades políticas de 1939 estaba destinada a perseguir a quienes desde octubre de 1934 habían colaborado con la República. Para ello, además de los tribunales militares, se constituyeron tribunales especiales formados por el ejército, la judicatura y el partido. Los tribunales militares resolvían entre 12 y 15 casos a la hora; la falta de garantías procesales era total, ya que se partía del principio de culpabilidad, es decir, todo aquel que no pudiera demostrar su inocencia era considerado culpable. Las penas de muerte eran frecuentes, así como las de largos años de prisión. La acción de los tribunales especiales consistió en decretar penas de prisión o la separación de sus empleos a los considerados culpables y en estos tampoco hubo demasiadas garantías procesales.

Para que nadie pudiese quedar libre de sospecha, en marzo de 1940 se promulgó la ley de represión de la masonería y el comunismo, que sirvió para condenar a todo aquel que no se pudiera probar inocente. Así, el régimen de Franco procedió a una represión sistemática y selectiva. No hay acuerdo unánime sobre el número de personas ejecutadas como consecuencia de esta ni de cuántos sufrieron penas de prisión.

Consecuencias demográficas, económicas y sociales de la guerra civil y de la posguerra

Es difícil cuantificar el número de muertos como consecuencia directa de la guerra. La cantidad comúnmente aceptada es 243.000. A efectos demográficos, también fueron importantes los fallecidos por enfermedad o malnutrición, los emigrados e incluso los no nacidos como consecuencia de la guerra. Se estima que las pérdidas demográficas por estas razones oscilan entre las 750.000 y el millón de personas.

Consecuencias económicas

La producción de la economía española descendió en todos los sectores:

1. La agricultura se redujo un 20% y la cabaña entre un tercio (vacuna y lanar) y la mitad (porcina), reducción que sometió a la población de la posguerra al hambre y al racionamiento de los alimentos.
2. La producción industrial se redujo un 30% y su recuperación fue lenta y difícil por impedirlo la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento al finalizar esta.
3. Las comunicaciones quedaron muy maltrechas, la marina mercante perdió un tercio del tonelaje; los ferrocarriles, un 40% de locomotoras y vagones, el transporte por carretera, un 70%…
4. En el aspecto del bienestar social destaca la destrucción masiva de viviendas.
5. Los gastos de guerra de ambos ejércitos se estiman en un equivalente de 6 billones de pesetas.

Consecuencias sociales

El descenso de la producción agrícola causó la carencia de alimentos, lo que obligó al racionamiento de estos. Gracias al hambre proliferó la venta fraudulenta en el mercado negro de productos esenciales, lo que enriqueció a unos cuantos. Por otro lado, tras la guerra civil, se sufrieron las depuraciones: expulsión del empleo a aquellos funcionarios públicos que hubiesen permanecido fieles a la República o que no se hubiesen mostrado ardientes defensores del régimen.

La significación del exilio

Los miles de exiliados tras la guerra civil supusieron una importante pérdida demográfica y económica, pues supuso que miles de españoles dejaran de prestar sus servicios al país. Los principales países de acogida fueron Francia, México y Rusia.