Guerra de Sucesión
La muerte sin descendientes de Carlos II y su testamento en favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, fue la causa principal de la Guerra de Sucesión. Para impedir que las coronas de España y Francia quedasen unidas bajo un mismo monarca Inglaterra, Países Bajos y el Emperador, constituyeron la Gran Alianza (Tratado de la Haya, 1701) en favor del archiduque Carlos de Austria. Francia, junto a Baviera, algunos principados alemanes y los recursos de la corona española defendieron a Felipe V. En la Península desde 1705 fue una guerra civil, dividiéndose los españoles en austracistas, mayoritarios en la Corona de Aragón, que defendían al candidato austriaco que garantizaba el mantenimiento de sus fueros e instituciones, y felipistas sobre todo en Castilla. Fue una guerra dinástica con un escenario peninsular en que se impusieron los borbones, gracias a las victorias de Almansa (1706) y Villaviciosa (1710) tras el ascenso del Archiduque al trono imperial en 1711; y otro europeo en que triunfaron los aliados. Los Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714), pusieron fin al conflicto e instauraron el principio del equilibrio de poderes, con el fin de conseguir una paz duradera; Felipe V fue reconocido rey de España, pero cedió todas sus posesiones en Europa a los aliados: a Austria (Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña) y a Saboya (Sicilia). Inglaterra retuvo Gibraltar y Menorca, y obtuvo concesiones sobre el comercio con América (el ‘navío de permiso’) y el monopolio del tráfico de esclavos el asiento de negros.
Reformas Borbónicas en España
Siguiendo el modelo francés, los primeros borbones (Felipe V, Fernando VI y Carlos III) hicieron reformas en el gobierno con la intención de establecer una monarquía absolutista, centralizada y unitaria. Los Decretos de Nueva Planta de 1707 y 1716 promulgados en el contexto de la Guerra de Sucesión, suprimían los fueros e instituciones de los territorios de la Corona de Aragón (virreyes, cortes, consejos, diputaciones) y les incorporaban al sistema administrativo y judicial castellano. Navarra y las provincias vascas, como territorios fieles a Felipe V, conservaron sus fueros. El Consejo de Castilla aumentó sus antiguas prerrogativas gubernativas y judiciales. En las Cortes castellanas se integraron ciudades de la antigua corona de Aragón, convirtiéndose en Cortes Generales del Reino de España. Los Consejos fueron sustituidos por las Secretarías de Estado y del Despacho, divididas en Estado, Hacienda, Guerra y Marina, y Gracia y Justicia, antecedentes de los actuales ministerios, se reunían en el Gabinete, y se limitaban a ejecutar las órdenes del monarca. España se dividió en provincias y capitanías generales con poder militar y administrativo, que presidía una Audiencia que ejercía la mayoría de justicia. Los intendentes representaban al gobierno central en el territorio en materias de hacienda, reclutamiento, obras públicas y economía. Los corregidores se extendieron a las ciudades de la antigua Corona de Aragón. En el Ejército y la Armada, se implantó el nuevo sistema de reclutamiento obligatorio, conocido como quintas, y se construyeron los astilleros de El Ferrol, Cádiz y Cartagena.
En el siglo XVII los reyes delegaron en la práctica su gobierno en los validos: nobles en que el rey depositaba toda su confianza. Su poder era informal, la amistad y cercanía al rey les permitía detentar el monopolio de la gracia real -provisión de todos los cargos seculares y eclesiásticos. Los validos manejaban el gobierno mediante sus ‘criaturas’-redes clientelares, y a través de juntas particulares que suplantaban a los consejos. Si Felipe III (1598-1621) confió su gobierno al Duque de Lerma, su hijo Felipe IV (1621-1665) lo hizo en el Conde Duque de Olivares. El término de la Tregua de los doce años en 1621 puso fin a la Pax Hispánica, que había dominado el reinado de Felipe III. La reanudación de la guerra en Flandes, en el contexto de la Guerra de los Treinta Años, llevó a Olivares a proponer dos nuevos proyectos de reforma: los Erarios Reales y la Unión de Armas. El rechazo de ambos obligó a aprobar en Cortes nuevos impuestos: los cientos, tras fracasar uno sobre la sal que provocó revueltas en Vizcaya en 1631. Al declararse la guerra Francia en 1635 el incremento de la presión fiscal, el reclutamiento y alojamiento de tropas provocarán la rebelión catalana y portuguesa de 1640 y complots nobiliarios en Aragón y Andalucía. Olivares fue desterrado de la Corte en 1643, tras el abandono de la nobleza. La crisis de 1640 resultó decisiva para la pérdida de la hegemonía política en Europa. El enfrentamiento con Francia obligó a alojar tropas en Cataluña en contravención de sus fueros, provocando la violenta reacción de los segadores y la extensión de la rebelión a toda Cataluña.
