La Guerra de Sucesión Española (1701-1714)

En el año 1700 muere Carlos II sin descendencia, siendo el último rey de la dinastía de los Habsburgo. Los dos candidatos al trono son Carlos de Austria y Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, el monarca francés más poderoso de Europa en el momento. Carlos II había elegido como heredero a este último, que es nombrado rey de España como Felipe V. Pero rápidamente saltan las alarmas entre las potencias europeas, fruto de lo que posiblemente sería la unión en una misma corona de España y Francia, lo que supondría una hegemonía indiscutible. Es por ello que Inglaterra, Holanda y Portugal deciden mostrar su apoyo al candidato austriaco, lo que desencadenó el primer conflicto armado del siglo XVIII: la Guerra de Sucesión, que funcionó como contienda europea a la vez que guerra civil española:

• Como guerra europea, enfrentó al bloque francoespañol con la Gran Alianza antiborbónica, a la que se añadieron Austria y, más tarde, Saboya.
• Como guerra civil española, la Corona de Aragón (Aragón, Cataluña y Valencia) apoyó a Carlos de Austria, mientras que la Corona de Castilla lo hizo con Felipe V.

La guerra finaliza con el nombramiento de Carlos de Austria como emperador de Alemania en 1711. Este cambio plantea una nueva amenaza para Europa, puesto que si Carlos fuese nombrado rey de España podría formarse un gran bloque hispanoalemán, por lo que Inglaterra presiona para firmar la paz, conocida como Paz de Utrecht, que consiste en una serie de tratados entre los contendientes de la Guerra de Sucesión, de los que Inglaterra resultó ser la gran vencedora en su imparable ascenso como nueva potencia mundial. Obtuvo todo tipo de ventajas:

• Militares, como la demolición de la base naval francesa de Dunquerque.
• Mercantiles, como el monopolio para introducir esclavos negros en la América española durante treinta años, además del navío de permiso.
• Territoriales, logrando la obtención de Gibraltar, Menorca y Terranova, esta última de gran importancia estratégica para la posterior adquisición de Canadá.

España, por el contrario, resultó ser la gran vencida, ya que a cambio del reconocimiento de Felipe V como rey perdió todos sus territorios europeos.

Los Borbones en España: Reformas y Centralización

Los Decretos de Nueva Planta

La reorganización político-administrativa del nuevo Estado fue obra de los tres primeros Borbones: Felipe V, Fernando VI y Carlos III, que contribuyeron al establecimiento de una monarquía centralista y unificada, según el modelo francés. La modificación más importante fue la unificación jurídica e institucional de la monarquía a través de los Decretos de Nueva Planta promulgados por Felipe V. Como castigo por el apoyo prestado a Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión, suprimió los fueros e instituciones particulares de la Corona de Aragón. Los Decretos de Nueva Planta establecían como máxima autoridad un Capitán General al frente de una Audiencia. Se suprimieron las Cortes particulares, lo que conllevó a la creación de Cortes únicas para toda la monarquía, y los organismos forales, como las Diputaciones. Además, desapareció el Consejo de Aragón, que carecía ya de sentido. De este modo se consiguió la monarquía unitaria, solamente manteniendo los fueros vascos y navarros, por la fidelidad de estos al bando borbónico durante la guerra.

Reformas Administrativas

En busca de una más eficaz gestión del gobierno, se trasladaron las funciones de los Consejos hacia las denominadas Secretarías de Estado y del Despacho, que sufrieron variaciones con el tiempo. A su frente estaban los Secretarios, semejantes a los ministros modernos, que despachaban directamente con el rey. Los Consejos fueron decayendo, a excepción del de Castilla, que mantuvo su rango de máximo organismo político en una especie de Ministerio de Gobernación, sin dejar de ser Tribunal Supremo de Justicia. Aparecieron las Intendencias, que eran divisiones administrativas semejantes a las provincias que los Borbones crearon siguiendo el modelo francés. A su cabeza estaban los intendentes.

Reformas Hacendísticas

En cuanto a la Hacienda, como consecuencia de los Decretos de Nueva Planta, Felipe V obligó a contribuir a los territorios de la Corona de Aragón, estableciendo para cada reino una cantidad equivalente a la que se pagaba en Castilla. Fernando VI pretendía implantar una reforma fiscal que consistía en sustituir los distintos tipos de impuestos que se cobraban en cada provincia por una única contribución. Para establecerla, era necesario efectuar un recuento detallado denominado Catastro Estatal, fuente histórica de primer orden para conocer la economía y sociedad castellana de mediados del siglo XVIII. Pero las protestas y reclamaciones frustraron lo que habría sido un duro golpe a los estamentos privilegiados.

Relaciones Iglesia-Estado

En este mismo siglo, las relaciones con la Santa Sede entraron en una fase de roces y dificultades por su apoyo al candidato austriaco durante la contienda. Esto se resolvió con la firma del Concordato de 1753, en el que el monarca español tenía el total control sobre la Iglesia española. No obstante, Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas en 1767, al ser acusados de ser los culpables de los motines de 1766.

Política Exterior de los Borbones en el siglo XVIII

La Paz de Utrecht puso fin a la hegemonía francesa e inauguró un nuevo orden internacional de equilibrio entre tres grandes potencias rivales entre sí: Francia, Austria e Inglaterra. España quedó relegada a potencia de segundo rango, aliada de Francia y rival de Inglaterra y Austria. Hasta 1730, la política exterior de Felipe V se orientó a la recuperación de antiguas posesiones en Italia, influido por la presión de su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Lo que no pudo obtener España en solitario, lo conseguiría incorporándose al sistema de alianzas europeos mediante los Pactos de Familia con Francia, tratados de ayuda y defensa mutua. Durante el reinado de Felipe V se concertaron dos:

• El Primer Pacto de Familia (1733) involucró a España en la Guerra de Sucesión de Polonia, del lado de Francia y en contra de Austria. La guerra tuvo como escenario Italia, donde por fin se obtuvo el reino de Nápoles y Sicilia para uno de los hijos de Isabel de Farnesio, don Carlos, futuro Carlos III de España.
• El Segundo Pacto de Familia (1743) llevó a España a la Guerra de Sucesión de Austria, lo que proporcionó el ducado de Parma.

El reinado de Fernando VI representó un paréntesis de paz, fruto de su política de neutralidad ante conflictos europeos. Fueron años de negociaciones con Inglaterra, Portugal y la Santa Sede para resolver asuntos pendientes. Carlos III volvió a la política de intervención militar en conflictos europeos al lado de Francia. Pero el sistema de alianzas europeo se había modificado y ahora Austria era aliada de ambos reinos. La segunda mitad del siglo XVIII estuvo marcada por guerras coloniales en las que el principal enemigo era Inglaterra:

• Por el Tercer Pacto de Familia (1761), España se ve envuelta en la Guerra de los Siete Años, resuelta en el Tratado de París, en el que España tuvo que ceder La Florida a Inglaterra, aunque recibió La Luisiana por parte de Francia.
• En 1779 España renovó el Pacto con Francia y apoyó a los insurrectos en la Guerra de Independencia de las colonias inglesas, concluida en la Paz de Versalles, que supuso para España la recuperación de Menorca y La Florida. De esta última guerra, surgieron los Estados Unidos de Norteamérica, lo que creó una gran incertidumbre para España, ya que el ejemplo de los independentistas del norte se podía extender a sus propios territorios.

El Reformismo Ilustrado de los Borbones

El Despotismo Ilustrado se impuso en casi toda Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII. En el plano teórico, el Despotismo Ilustrado elaboró nuevas justificaciones racionales que sustituirían las de derecho divino. Esta vez consistía en demostrar la utilidad y eficacia del régimen absolutista. Se llegaron a formular retóricamente las obligaciones del rey con respecto a sus súbditos: conseguir el bienestar social, así como la protección de propiedades y seguridad. Sus fuentes ideológicas se basaron en filósofos ilustrados franceses, como Voltaire o Diderot, que confiaban en el poder de la razón como fuerza para mejorar la realidad social. Como práctica gubernamental, el Despotismo Ilustrado se caracterizó por su actividad reformista en el plano económico, político y educativo. Los fines de esta acción reformista eran mejorar la situación del pueblo y garantizar la estabilidad de la Monarquía incrementando los ingresos fiscales, reforzando el poderío militar y evitando rebeliones populares. Este reformismo modernizador fue una respuesta adaptativa conservadora, nada radical ni revolucionaria.

Reformas Religiosas

Los Borbones llevaron a cabo importantes reformas. Durante el reinado de Carlos III la Orden de los Jesuitas fue suprimida, obligándola a abandonar el país y confiscando sus bienes. Los obispos españoles aplaudieron esta acción, puesto que habían sido acusados sin fundamento de los motines de 1766. La auténtica causa fue la intención de imponer la autoridad del rey en materia eclesiástica, pues la Compañía de Jesús defendía el poder del papado sobre la autoridad monárquica. Carlos III recortó los poderes del Tribunal de la Santa Inquisición, poniendo límites a este tribunal eclesiástico de la Iglesia católica, que surgió en España en tiempos de los Reyes Católicos. El Tribunal del Santo Oficio persiguió falsos conversos, protestantes y acusados de brujería o blasfemia. Además, la Inquisición censuraba publicaciones escritas. Durante el reinado de Carlos III, se evitaron torturas e impidieron las quemas públicas de herejes.

Reformas Económicas

Carlos III se rodeó de un equipo de ilustrados que le asesoraron en las tareas de gobierno. Durante su reinado emprendió un conjunto de reformas destinadas a resolver la crisis de la agricultura, sector primordial de la economía española, de cuya prosperidad dependía, directa o indirectamente, el resto de los sectores. El principal escollo para el desarrollo de la agricultura fue el régimen de propiedad de la tierra. La mayor parte de estas no podía venderse o entregarse a quienes pudieran mejorarlas o explotarlas adecuadamente, pues eran tierras amortizadas, es decir, sus titulares podían disponer libremente de sus frutos o rentas que generasen, pero no podían desprenderse de ellas. Había tres tipos de tierras amortizadas:

• Eclesiásticas
• Municipales
• Vinculadas a mayorazgos: estas últimas podían ser disfrutadas por el primogénito, pero solamente podían ser transmitidas de generación en generación.

Iglesia y nobleza explotaban directamente una pequeña parte de sus tierras, mientras que la mayoría eran arrendadas a campesinos en pequeñas parcelas a cambio del pago de una renta. Las excesivas rentas que el campesinado arrendatario debía pagar apenas le dejaban invertir en mejoras de la tierra, pero incluso cuando era posible, tampoco le interesaba, pues no eran de su propiedad. Como consecuencia, los rendimientos agrícolas eran muy bajos y originaban con frecuencia crisis de subsistencia. Al aumentar la población subía la demanda de productos agrarios, con lo que la única solución fue la roturación de nuevas tierras, que al ser de peor calidad, los rendimientos eran aún más bajos. El problema de la tierra en la segunda mitad del siglo se acentuó con el crecimiento de la población, que ejerció una gran presión sobre la economía. La monarquía adopta medidas parciales que no atentasen con los intereses económicos de los estamentos privilegiados:

• Arrendamiento de tierras municipales a campesinos que tuvieran medios necesarios para trabajarlas, medida insuficiente por estar limitada a ciertas zonas de Castilla. Fracasó en sus propósitos por la corrupción de las oligarquías municipales encargadas de aplicarlas.
• Colonización de nuevas tierras, planificadas y financiadas por la Corona para favorecer la existencia de pequeños propietarios campesinos, laboriosos y contribuyentes. El mejor ejemplo fue la colonización de Sierra Morena, que obedecía también a la intención de acabar con el bandolerismo y asegurar así la ruta hacia Andalucía.
• El proyecto de una Ley Agraria para resolver el problema de la tierra. De este fin se encargó a la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, que elabora un informe sobre problemas de la agricultura y sus posibles soluciones. Se prolongó demasiado, por lo que fue cometido a Jovellanos, cuyo Informe al expediente de la ley agraria se publicó en 1794, demasiado tarde nuevamente como para ser considerado por parte de la monarquía.

Todas ellas fueron medidas insuficientes. El problema de la tierra pasó casi intacto al siglo XIX, durante el cual se trató de resolver ya con planteamientos radicales.

La Guerra de Independencia Española (1808-1814)

El reinado de Carlos IV estuvo condicionado tanto por la Revolución Francesa, como por las dificultades internas con raíces en el pasado más reciente. Encontramos dos fases definidas en la política exterior española durante este reinado:

1. Hostilidad contra Francia: Era prioritario aislar a España del gobierno revolucionario francés, cerrar el país a toda posible penetración de la ideología revolucionaria. Se tomaron medidas defensivas que impidieran la entrada de libros, objetos, periódicos o viajeros que suponían una amenaza para los principios monárquicos absolutistas y católicos de España. En 1793, fue guillotinado el rey Luis XVI, un Borbón como Carlos IV, hecho que provocó la declaración de guerra a Francia. Estas operaciones militares fueron negativas para España, puesto que el ejército francés ocupó parte de Cataluña y el País Vasco. España se vio forzada a firmar la paz y los franceses obtuvieron Santo Domingo y ventajas comerciales a cambio de la retirada de sus tropas.
2. Alianza con Francia: Se dieron alianzas diplomáticas a partir de 1796 con la firma del Tratado de San Ildefonso, pacto hispanofrancés dirigido contra Gran Bretaña. El motivo que impulsó a España fue la defensa de sus intereses económico-comerciales y territoriales en América. La Corona Española y la República Francesa coincidían en derrotar a un enemigo común, Gran Bretaña, seguido de Portugal, con los que entraron en guerra. El resultado fue nefasto para la flota española en el llamado desastre de la Batalla de Trafalgar. Mientras, Napoleón establecía una dictadura y se autoproclamaba emperador de los franceses tras un golpe de Estado. Inició un bloqueo continental en el que prohibía a Europa comerciar con Gran Bretaña para asfixiarla económicamente, puesto que era incapaz de derrotar su flota o invadir la isla. En 1807, España y Francia renuevan su tratado en Fontainebleau con un nuevo objetivo, la invasión y el reparto de Portugal, por lo que Carlos IV permitirá la entrada de tropas francesas en España para facilitar el ataque.

Crisis Interna y Abdicaciones de Bayona

En cuanto a política interior, el reinado de Carlos IV fue un periodo de crisis, inflación y fuertes déficits en la Hacienda Estatal producidos por las pérdidas surgidas de los enfrentamientos contra Francia y Gran Bretaña, y por la insuficiencia de ingresos, mermados por las exenciones fiscales hacia estamentos privilegiados y la dificultad cada vez mayor de la llegada de metales preciosos desde América. La Corona tuvo que recurrir a la desamortización de bienes eclesiásticos para la obtención de ingresos, pero no fue suficiente y acrecentó la impopularidad de Godoy, promotor de la acción. En la Corte se producían continuas intrigas contra Carlos IV y Godoy, en quien el rey había delegado el poder. Este había ascendido al gobierno gracias a su amistad personal con la reina, lo que conllevó a que fuera extremadamente impopular, pues era considerado además un advenedizo. El mismo hijo del rey, Fernando VII, conspiraba contra su padre para destronarlo. En 1807, tuvo lugar el Proceso de El Escorial, al ser descubierta una intriga de Fernando que preparaba contra su padre para hacerse con el trono. Finalmente logró su propósito en 1808, tras el Motín de Aranjuez, en que participaron tanto personajes de la alta nobleza como del bajo pueblo. Carlos IV fue forzado a abdicar. Estos sucesos fueron contemplados por Napoleón, lo que conllevó a un cambio de planes aprovechando la estancia de tropas españolas y la debilidad de la Corona española: eliminaría la dinastía borbónica española, que sería sustituida por su hermano José I, y convertiría los territorios españoles al norte del río Ebro en provincias francesas. Al mismo tiempo, Fernando VII y Carlos IV partieron hacia Bayona, donde el emperador francés les obligaría por la fuerza a renunciar a sus derechos al trono español. Atemorizados, abdicaron y cedieron sus derechos reales a Napoleón, que proclamó rey de España y de las Américas a su hermano. Sin embargo, Napoleón no supo apreciar los siguientes inconvenientes: el inconformismo español hacia las reformas de estilo francés y la infravaloración de los españoles, a los que comparaba con ambos monarcas.

Desarrollo de la Guerra

Así, el 2 de mayo comenzaban en Madrid las revueltas contra el ejército invasor francés. La sociedad española reaccionó en torno a tres actitudes:

• La mayoría de españoles participó en la lucha contra el ejército napoleónico.
• Otro sector, procedente de las ciudades, adoptó una posición indecisa, llegando a jurar algunos fidelidad al emperador francés sólo para conservar su situación.
• Una minoría, los llamados «afrancesados», apoyaron a José I, viendo en el cambio de dinastía la posibilidad de emprender un programa de reformas necesarias para España.

El nuevo régimen político de José I estaba fijado en el Estatuto de Bayona, un texto parcialmente reformista en el que se seguían manteniendo muchas de las características absolutistas. Pronto el levantamiento generalizado desembocó en una prolongada guerra de resistencia contra los franceses en la que predominó la participación popular, el deseo de independencia y la defensa de propiedades frente a los invasores, a la vez que entusiasmo nacionalista rechazando «lo francés». El desarrollo de la guerra se distingue en tres fases:

• Primera fase (desde mayo a fines de 1808): los españoles opusieron una heroica resistencia frente a la superioridad técnica militar francesa.
• Segunda fase (final 1808 hasta finales 1811): fase de dominio militar francés tras el traslado de Napoleón en persona hacia la península acompañado de 250.000 hombres, en su mayoría los mejores veteranos de guerra.
• Tercera fase (1812-1813): retirada progresiva de los franceses hacia la frontera empujados por los españoles tras su reducción de efectivos al ser incapaces de asumir los frentes de guerra español y ruso.

Todos los habitantes del país y todos los lugares tomaron parte en la guerra de una u otra manera. Las consecuencias fueron las elevadas pérdidas humanas y económicas por la enorme devastación material, la aceleración del desmoronamiento del Imperio Español, España convertida definitivamente en una potencia de segundo orden en Europa, y el desgaste sufrido por los franceses que incidió decisivamente en el desastre final del ejército napoleónico en Europa.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Al haber renunciado al trono Carlos IV y Fernando VII se produjo un vacío de poder. Como José I no era aceptado, será el pueblo español en conjunto el que recoja la soberanía en un acto completamente revolucionario. Las Juntas, que agruparon a representantes del pueblo, fueron los nuevos organismos políticos que asumieron el poder surgido en la España de la resistencia. La obra de la Junta Suprema Central, situada en Cádiz, fue triple:

• Gobernar el país: era el órgano legítimo supremo nacional en ausencia del rey.
• Dirigir la resistencia militar contra los franceses, pues firmó un tratado de alianza con Inglaterra.
• Convocar la reunión de los representantes de la nación en unas Cortes en Cádiz, lo cual fue una iniciativa revolucionaria, pues anteriormente el derecho de convocatoria de Cortes estaba reservado exclusivamente a los reyes.

Las Cortes, formadas por unos 300 diputados procedentes en mayoría de clases medias, se reunieron en 1810 concediéndose poderes ilimitados. Pronto aparecieron entre los diputados dos grandes tendencias: los liberales, partidarios de reformas revolucionarias, y los absolutistas, defensores de la anterior monarquía. Las Cortes proclamaron a Fernando VII legítimo rey. Los objetivos principales de las Cortes de Cádiz fueron reformar profunda y estructuralmente las instituciones políticas, económicas y jurídicas y redactar una Constitución. El primer objetivo se llevó a cabo mediante una serie de decretos y leyes, entre las que destacan las siguientes:

• Libertad de imprenta y supresión de la censura.
• Abolición del régimen señorial y de los señoríos jurisdiccionales.
• Supresión de la Inquisición.
• Abolición del régimen gremial, que suponía la libertad económica, comercial, de trabajo y de fabricación.
• Tímida desamortización eclesiástica, incautando bienes de las Órdenes Militares y de los Jesuitas.
• Creación de un moderno sistema presupuestario para controlar gastos e ingresos del Estado.

La Constitución de 1812

La Constitución de 1812 refleja los principios y valores del liberalismo. Consta de 384 artículos que descansan en cuatro principios fundamentales:

1. Soberanía Nacional: el poder reside en la nación en su conjunto; este precepto se opone a la soberanía monárquica absolutista legitimada por el origen divino.
2. División de poderes: la Constitución confía el poder legislativo en unas Cortes unicamerales. El poder judicial será depositado en los tribunales. El poder ejecutivo queda, con limitaciones, en manos del rey, que ya no tenía la capacidad de disolver las Cortes. Además, sus órdenes quedaban invalidadas en caso de no llevar la firma del ministro correspondiente. Aunque el rey no gobierne, conserva la iniciativa de proponer leyes a las Cortes, la elección de los ministros y la dirección de las relaciones internacionales.
3. El nuevo derecho de representación: los diputados representaban a todos los españoles y no a los estamentos. Así, los ciudadanos participan en la política, aunque indirectamente a través de representantes elegidos mediante un procedimiento electoral por sufragio universal indirecto en cuarto grado.
4. La declaración de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que supone el fin de las diferencias estamentales con privilegios fiscales, militares y jurídicos.