El Movimiento Obrero en España en el Siglo XIX
La limitada industrialización española condicionó la formación de un movimiento obrero débil, concentrado principalmente en Cataluña. Sus inicios se hallan en las sociedades de auxilio mutuo, con un enfoque más asistencial que reivindicativo. La represión gubernamental fue severa, especialmente contra las protestas luditas. La llegada de los Borbones y los Decretos de Nueva Planta establecieron un modelo centralista y absoluto que transformó la estructura política del país. Con el tiempo, las libertades políticas facilitaron el desarrollo del movimiento obrero, influenciado por la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). Esto impulsó la expansión del anarquismo (predominante en Cataluña) y el marxismo, culminando con la fundación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879, liderado por Pablo Iglesias.
Consecuencias de la Crisis del 98 en España
La derrota ante Estados Unidos en 1898 resultó en la pérdida de los últimos territorios españoles en América y Asia, generando profundas repercusiones:
- Económicas: Crisis financiera, inflación y pérdida de negocios coloniales.
- Políticas: Debilitamiento del régimen de la Restauración y auge de regionalismos y nacionalismos.
- Sociales: Sentimiento de derrota, desmoralización y crisis de identidad nacional.
- Culturales: Surgimiento de la Generación del 98 y del Regeneracionismo, con figuras como Joaquín Costa, promotor de reformas educativas y económicas.
Los Decretos de Nueva Planta y la Centralización Borbónica
Con la llegada de los Borbones, España adoptó un modelo de gobierno centralista y absoluto, consolidado mediante los Decretos de Nueva Planta promulgados por Felipe V tras la Guerra de Sucesión. Estos decretos suprimieron los fueros e instituciones de autogobierno de Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña, imponiendo las normas de Castilla. Navarra y las provincias vascas conservaron sus fueros por su lealtad al monarca. La reorganización territorial eliminó los centros de decisión fuera de Madrid. Se reemplazó la figura del virrey por la del capitán general, con funciones militares y gubernativas. Se crearon audiencias para asesorar y administrar justicia, y se introdujo la figura del intendente, encargado de la economía y administración local, siguiendo el modelo francés. El sistema fiscal se unificó con impuestos específicos para cada territorio, como el Catastro en Cataluña y la Contribución Única en Aragón. Se impuso la uniformidad lingüística, con el castellano como única lengua oficial. Las Cortes de Aragón se integraron en las de Castilla, que se convirtieron en las únicas del reino. El Consejo de Aragón fue suprimido y el Consejo de Castilla se convirtió en el principal órgano de gobierno. Los antiguos Consejos fueron sustituidos por Secretarías de Despacho, precursoras de los ministerios actuales.
El Sistema Canovista y la Constitución de 1876
El sistema canovista, consolidado con la Constitución de 1876, estableció un régimen político basado en la monarquía constitucional, el bipartidismo, el turnismo y el caciquismo. La Constitución, promulgada el 30 de junio de 1876, buscaba unificar las corrientes del liberalismo para asegurar la estabilidad política. Establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, un sistema bicameral con un Senado elitista y un Congreso de Diputados electivo. Reconocía derechos como la libertad de expresión, reunión y asociación, aunque sujetos a regulaciones. El sufragio no se definía, permitiendo que fuera censitario (Partido Conservador) o universal masculino (Partido Liberal). El sistema se sustentaba en la manipulación electoral y el caciquismo, asegurando la alternancia entre conservadores y liberales, excluyendo a otras fuerzas políticas. La Constitución permitió la consolidación del capitalismo y la abolición de fueros vascos, pero enfrentó crisis como la del 98, la Semana Trágica de 1909 y la crisis de 1917. El golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 suspendió la Constitución, marcando el declive del sistema canovista y de la monarquía.
Origen y Evolución del Catalanismo, Nacionalismo Vasco y Regionalismo Gallego
El origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego están ligados a la situación política, social y económica de España durante el siglo XIX y principios del XX. Durante la Restauración, el sistema político se caracterizó por el turnismo, excluyendo a otras fuerzas políticas, como los movimientos regionalistas y nacionalistas, que surgieron como respuesta a la centralización del poder.
El catalanismo se formó como un movimiento que defendía la autonomía de Cataluña. A finales del siglo XIX, se consolidaron varias manifestaciones de esta identidad, apoyando la lengua, la cultura y los intereses económicos catalanes. El nacionalismo vasco se desarrolló en el País Vasco, buscando la defensa de los fueros tradicionales y la identidad vasca, con un enfoque en la independencia política. En Galicia, el regionalismo gallego surgió como una reivindicación cultural y autonómica, buscando mayor atención a los problemas específicos de la región. Estos movimientos, aunque restringidos y marginalizados, lograron establecer una base de apoyo popular que continuó evolucionando.
Las Desamortizaciones y la Evolución Demográfica en el Siglo XIX
Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz
Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz fueron procesos de expropiación y venta de bienes de instituciones como la Iglesia o los municipios, con el objetivo de obtener recursos para el Estado. Se aplicaron durante el reinado de Isabel II bajo gobiernos progresistas. Ambas buscaban capitalizar el Estado mediante subastas públicas, pero no lograron los resultados esperados. La de Mendizábal (1836) se centró en bienes eclesiásticos, y su recaudación se destinó al Estado. La de Madoz (1855) afectó principalmente a bienes municipales, y los ingresos fueron gestionados por los municipios.
Evolución Demográfica
Durante el siglo XIX, España experimentó un crecimiento demográfico notable, pasando de 11 a casi 19 millones de habitantes. Sin embargo, este aumento se produjo en un contexto de atraso económico y social, con una población mayoritariamente rural, altas tasas de natalidad y mortalidad, y deficientes condiciones sanitarias. El crecimiento de la población siguió tres etapas:
- Hasta 1815: Estancamiento debido a crisis económicas, epidemias y un modelo demográfico antiguo.
- 1815-1860: Crecimiento acelerado gracias a reformas agrarias y aumento de la producción agrícola.
- Segunda mitad del siglo XIX: Crecimiento ralentizado debido a crisis agrícolas, falta de industrialización, emigración y guerras.
A nivel social, la estructura evolucionó de un sistema estamental a una sociedad de clases. La aristocracia mantuvo su influencia, la burguesía se consolidó, y las clases medias crecieron, aunque seguían siendo minoritarias. La mayoría de la población pertenecía a las clases populares, especialmente el campesinado. La distribución territorial de la población presentaba grandes desigualdades, con alta concentración en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga y Murcia, y baja densidad en zonas del interior.
El Reinado de Fernando VII (1814-1833)
Fernando VII regresó a España en 1814 tras la ocupación napoleónica, encontrando un país dividido entre absolutistas y liberales. El 4 de mayo de 1814, disolvió las Cortes, abolió la Constitución de 1812 y restauró el absolutismo.
- Sexenio Absolutista (1814-1820): Fernando VII se centró en la represión de los liberales, mientras la economía del país estaba en crisis.
- Trienio Liberal (1820-1823): Comenzó con el pronunciamiento de Riego, quien proclamó la Constitución de 1812. El rey, obligado, juró la Constitución, pero intentó debilitarla. El gobierno liberal impulsó reformas anticlericales, generando protestas. Con la ayuda de la intervención francesa, los «Cien Mil Hijos de San Luis» restauraron el absolutismo en 1823.
- Década Ominosa (1823-1833): Fernando VII anuló las reformas liberales y reprimió a los liberales. Preparó el camino para el acceso de su hija Isabel al trono con la «Pragmática Sanción» en 1830. Al morir en 1833, Isabel II fue proclamada reina, provocando la Primera Guerra Carlista.
La Tardía Industrialización en España
La industrialización en España comenzó tardíamente, en el primer tercio del siglo XIX, debido a la falta de una agricultura mecanizada, la escasez de un sistema financiero desarrollado y la dependencia externa en sectores como la minería y el ferrocarril. El proteccionismo y el bajo nivel de vida limitaron la demanda interna.
Industria Textil
La industria textil, especialmente la algodonera, destacó en Cataluña gracias al proteccionismo y al avance económico de la región. La industria catalana se desarrolló debido a la iniciativa empresarial y el uso de la energía de vapor, pero su crecimiento estuvo limitado por los altos precios.
Industria Siderúrgica
La industria siderúrgica se asentó inicialmente en Andalucía, aunque los costos eran elevados. A partir de 1860, Asturias tomó protagonismo, y la siderurgia vasca emergió gracias a la calidad de su mineral de hierro. En Vizcaya, se fundó Altos Hornos de Vizcaya, que introdujo el convertidor Bessemer para producir acero.
Minería
El siglo XIX vio un auge en la explotación de recursos gracias a la Ley de Minas de 1825. Las leyes de 1849 y 1859 permitieron la llegada de capitales privados, principalmente extranjeros. A partir de 1868, las exportaciones de minerales se convirtieron en una fuente importante de ingresos.
La Abdicación de Amadeo I y la Primera República
El texto de la abdicación de Amadeo I, redactado el 11 de febrero de 1873, es una fuente primaria histórica de naturaleza expositiva y política. Amadeo I expresa su frustración por la ingobernabilidad de España, destacando la división interna del país. Agradece haber sido elegido rey, pero subraya que no puede actuar fuera de la ley. Su renuncia marca el fin de la monarquía de los Saboya en España.
La llegada de Amadeo I al trono se produjo tras la Revolución de 1868. La elección de Amadeo fue compleja, y su reinado estuvo marcado por una fuerte oposición. A pesar de sus esfuerzos, no consiguió el apoyo de la sociedad española y renunció al trono, dando paso a la proclamación de la Primera República.
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
La Constitución de 1812, conocida como «La Pepa», fue la primera constitución de España, promulgada durante la Guerra de Independencia. Estableció la soberanía nacional, un sistema político con sufragio indirecto, y reconoció derechos fundamentales, manteniendo el catolicismo como religión oficial. El modelo de gobierno era una monarquía moderada, con separación de poderes. Aunque innovadora, tuvo una vigencia corta debido a la restauración del absolutismo con Fernando VII.
La Minoría de Edad de Isabel II y el Papel de los Militares
La proclama de Espartero de 1841 destaca los avances logrados bajo el gobierno liberal, pero también llama a la movilización para defender los ideales liberales ante los levantamientos carlistas. Durante el reinado de Isabel II, los militares desempeñaron un papel fundamental, con generales como Narváez, Espartero, O’Donnell y Prim ocupando la presidencia del gobierno. La creación de la Guardia Civil en 1844 consolidó la versión conservadora de la milicia. La Revolución de 1868, impulsada por militares, puso fin al gobierno de Isabel II.
La Revolución de 1868 y la Constitución de 1869
La caricatura refleja el contexto de la Revolución de 1868, cuando Isabel II fue destronada y comenzó la búsqueda de un nuevo monarca. La imagen satiriza la inestabilidad política del momento. La Revolución trajo consigo la Constitución de 1869, que optó por la monarquía democrática. El general Prim eligió a Amadeo de Saboya, cuyo reinado se caracterizó por la falta de apoyo, llevando a su abdicación en 1873 y a la proclamación de la Primera República, que duró solo 11 meses.