La Segunda República Española: Auge, Reformas y Caída (1931-1936)

El Advenimiento de la República

Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, se estableció un gobierno al mando del general Berenguer. Paralelamente, se firmó el Pacto de San Sebastián, que buscaba el establecimiento de una Segunda República Española, pero fracasó ante una inesperada sublevación de uno de sus miembros. Sin embargo, tiempo después, el éxito de los republicanos en las grandes ciudades tras las elecciones municipales provocó el establecimiento de un gobierno provisional republicano y el exilio del rey Alfonso XIII.

La Segunda República se desarrolló durante una triple crisis a nivel internacional: económica, tras el crack del 29; política, debido al empuje del fascismo (provocando una debilitación de la democracia); y una crisis de las relaciones internacionales reflejada en una tensión entre las diferentes potencias que desembocó en la Segunda Guerra Mundial.

A nivel nacional, España sufría una situación económica débil y sus fuerzas políticas se mostraron crecientemente polarizadas en torno a la derecha y la izquierda.

El Gobierno Provisional y las Primeras Reformas

Nació un gobierno provisional instaurado como consecuencia del triunfo de los republicanos en las grandes ciudades, compuesto por miembros de diferentes partidos políticos. El primer decreto-ley que llevó a cabo este gobierno estableció la libertad de creencias, las libertades individuales y determinados derechos sociales (como el reconocimiento de los sindicatos), el reconocimiento de la propiedad privada y el derecho de expropiación.

Paralelamente, se desarrollaron una serie de acontecimientos como el regreso de los represaliados de la dictadura; se aupó la defensa de la unidad nacional frente a la voluntad de proclamación de un estado catalán; y surgieron determinados conflictos con la Iglesia, que culminaron en la quema de conventos, costándole al cardenal Segura su expulsión.

Reformas Militares de Azaña

En el ámbito militar, Manuel Azaña llevó a cabo una serie de reformas:

• Disminución de las divisiones a fin de ahorrar presupuesto.
• Disolución de la Academia Militar General de Zaragoza, tachada de centro antirrepublicano, cuyo director era el general Franco.
• Estableció el pase de los oficiales antirrepublicanos a la reserva.
• Supresión del Consejo Supremo de Justicia Militar y sustitución por una Sala de Tribunal Supremo.
• Creación de la Guardia de Asalto, cuerpo armado de gran lealtad a la República.
• Reserva del 60% de las plazas de las academias militares a los suboficiales que aspirasen al ascenso.

Reformas Laborales de Largo Caballero

Por otro lado, Largo Caballero llevó a cabo una serie de reformas laborales cuya finalidad era la de dotar a los trabajadores de seguridad en su contratación y de ampliar su capacidad de gestión en las empresas. Algunos de los decretos más significantes fueron:

• Proteger del desahucio a los campesinos mediante un aplazamiento de los arrendamientos.
• Asegurar la contratación colectiva.
• Establecer jurados mixtos.
• Obligar a contratar los peones del pueblo donde se realizasen faenas agrícolas.
• Garantizar un salario mínimo por jornada de trabajo.

La Constitución de 1931

El 28 de junio de 1931 se convocaron mediante decreto-ley elecciones para las Cortes constituyentes. Esta convocatoria se realizó mediante la modificación parcial de la ley electoral de 1907, que permitió el voto a partir de los veintitrés años y la modificación de las circunscripciones electorales.

Ante la desunión de la derecha, fueron las candidaturas de centro-izquierda las que se hicieron con el triunfo. La nueva Constitución se orientó según los diferentes partidos representados en la Asamblea: Partidos republicanos, que aportaron un sentido autonomista y anticlerical, y el PSOE, que buscó una ampliación de los derechos sociales y garantías para los servicios públicos.

Celebradas las elecciones, fue elegido como presidente de la Cámara Julián Besteiro.

El objetivo de las Cortes fue la redacción de una nueva constitución, que no se aprobaría hasta finales de 1931 con una aplastante mayoría, debido a la ausencia de la derecha a la hora de la votación. Las características principales de la Constitución de 1931 fueron:

• Declaración de derechos: Recogió ampliamente derechos y libertades tanto económicas como sociales, que dejaron ver una nueva concepción mucho más moderna del Estado. La violación de estos derechos constitucionales sería juzgada por el Tribunal de Garantías.
• Soberanía nacional: Los poderes emanaron del pueblo, ya que este podía elegir al presidente de la República para un mandato de seis años, a excepción del primero: Alcalá Zamora. La presidencia de la República tenía el poder de disolver las Cortes hasta dos veces, aunque debía justificarlo ante la nueva Cámara.
• Poder ejecutivo: Dualista y compuesto por el presidente de la República y del Gobierno (nombrado por el presidente de la República). Los ministros se encargaron de validar los actos del presidente en la República.
• Sistema de representación: El poder legislativo presentó una única Cámara, denominada Congreso de los Diputados (Cortes), que era elegida por todos los ciudadanos mayores de veintitrés años. En este período, la mujer alcanzó, por primera vez en España, el derecho a voto. Además, se estableció la inmunidad e inviolabilidad de los diputados.
• Diputación permanente e iniciativa legislativa: Por un lado, las Cortes fueron gobernadas entre períodos legislativos por una Diputación permanente. Por otro lado, se reconoció la iniciativa legislativa de carácter popular.
• Poder judicial: Se reconoció el carácter independiente del poder judicial. Se estableció así un Tribunal Supremo y un Tribunal de Garantías Constitucionales. Sus respectivos presidentes fueron elegidos por el Parlamento.
• Estructura del Estado: Se garantizó la autonomía de las regiones en un Estado integral. La autonomía fue refrenada por el Parlamento con la configuración de los Estatutos de Autonomía.
• Relación Iglesia-Estado: España se declaró una República laica, por lo que se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, tomando medidas como la disolución de la Compañía de Jesús, la supresión de los honorarios del clero o la secularización de los cementerios.

El Bienio Reformista (1931-1933)

En 1931 comenzó una nueva legislatura con la presidencia de Manuel Azaña, el cual llevó a cabo una serie de reformas, tanto en la política agraria, como en educación, religión y política.

La Reforma Agraria

La política agraria fue una de las principales preocupaciones del Gobierno de Azaña. Los proletarios anhelaban la distribución de la tierra, así que pronto comenzaron los conflictos. Destacaron los graves sucesos de Badajoz y La Rioja, donde los excesos de la Guardia Civil causaron varios muertos y heridos, obligando al Gobierno a la destitución de su director: Sanjurjo.

Ante esta situación y con la intención de poner fin a los conflictos, se presentaron en las Cortes varios proyectos cuyos objetivos no fueron otros que la desaparición del latifundismo, la penalización del absentismo de los propietarios y la concesión de recompensas al esfuerzo productivo.

Para la puesta en marcha de esta reforma agraria se creó el Instituto para la Reforma Agraria, cuyos objetivos fueron tanto señalar las fincas a expropiar, como la forma de explotación y su reparto a los campesinos.

Pero las indemnizaciones a los campesinos comenzaron a incrementar la deuda hasta cifras a las que la República no pudo hacer frente. Como consecuencia, la reforma adquirió un ritmo demasiado lento, que llevó a los campesinos a perder la esperanza y a posicionarse en contra del sistema.

La Cuestión Religiosa

El objetivo del Gobierno de Azaña en la República era el de aminorar la influencia de la Iglesia católica en la sociedad, especialmente en la educación. Para ello, se implantaron una serie de leyes basadas en la confiscación parcial de los bienes de la Compañía de Jesús, la admisión de matrimonios civiles y divorcios, la secularización de los cementerios y la prohibición de las congregaciones religiosas.

Sin embargo, la influencia de la Iglesia en la sociedad se mantuvo presente y fue la inspiradora de la posterior creación de la CEDA.

Los Estatutos de Autonomía

El desarrollo de los principios constitucionales supuso un apoyo a las fuerzas nacionalistas:

• Cataluña: Tuvo lugar la aprobación del Estatuto de Autonomía catalán: la Generalitat, integrada por un Parlamento, cuya presidencia se encontró al mando de Lluís Companys, de un presidente, que sería Francesc Macià, y por un Consejo ejecutivo.
• País Vasco: Los carlistas y nacionalistas sintieron el distanciamiento entre la Iglesia y el Estado como una amenaza, así que colaboraron juntos para acabar con estas nuevas medidas.
• Galicia: Alfonso Rodríguez Castelao plasmó el Estatuto gallego, al que sometió a un plebiscito. Sin embargo, el inicio de la Guerra Civil y el control de las fuerzas nacionales impidieron su puesta en marcha.
• Andalucía: Blas Infante se convirtió en el líder indiscutible del andalucismo con su preocupación por los temas sociales y su reivindicación de la reforma agraria andaluza.

La Reforma Educativa

La República adoptó un modelo de escuela coeducativo, laico, público y gratuito, de acuerdo con la Institución de la Libre Enseñanza. El objetivo era la sustitución de la acción de la Iglesia por la del Estado, hecho que generaría problemas de oferta en la enseñanza primaria.

El Gobierno Azañista elaboró entonces un plan educativo basado en la construcción de escuelas, para lo que se exigió a los Ayuntamientos la dotación de solares y la financiación de una parte de la construcción, y en la elevación del sueldo a los maestros, que pasó a ser pagado por el Estado.

La Reforma Laboral

El Ministerio de Trabajo, dirigido por Largo Caballero, tuvo como objetivo sintonizar las relaciones laborales con la Constitución. Para ello, se regularon los convenios colectivos, el derecho a huelga y las jornadas de vacaciones. Así mismo, se ampliaron las prestaciones a los pensionistas, el seguro médico a las mujeres en período de maternidad y las indemnizaciones por accidentes de trabajo.

La Sanjurjada y la Crisis del Bienio Reformista

Las reformas del Gobierno social-azañista alarmaron a una parte de la población, que consideró necesario un giro conservador de la República. Para ello, recurrieron al pronunciamiento militar. Al frente del alzamiento se encontró el general Sanjurjo, que dio un golpe de Estado en 1932. La parte más revolucionaria de la población respondió a este hecho con una huelga general. Los sublevados, en cambio, trataron de tomar el Ministerio de Guerra, pero fracasaron y Sanjurjo fue detenido y condenado a pena de muerte.

En el campo andaluz se produjeron numerosos movimientos huelguísticos que buscaron la instauración del comunismo libertario, pero que fueron rápidamente sofocados por las fuerzas gubernamentales.

En Casas Viejas (Cádiz) tuvo lugar una fuerte represión contra un anarquista, su familia y vecinos. A continuación, se ordenó a los guardias de asalto fusilar a más de una decena de vecinos del municipio. Ante el fuerte impacto de estos sucesos en la opinión pública, en las Cortes se constituyó una comisión de investigación, que acabó encarcelando al capitán Rojas.

Fueron todos estos problemas los que llevaron a Azaña a dimitir en septiembre de 1933 y se convocaron unas nuevas elecciones para finales de año.

El Bienio Conservador o»Bienio Negr» (1933-1935)

Las elecciones generales de noviembre de 1933 dieron la victoria a los partidos de centro-derecha y marcaron un punto de inflexión en la política republicana. El nuevo ejecutivo orientó su acción política hacia el desmantelamiento de toda la obra reformista del bienio anterior. Los gobiernos se estructuraron alrededor de dos fuerzas políticas: el Partido Radical de Lerroux, que había virado hacia posiciones conservadoras, y la CEDA, liderada por José María Gil Robles, con un programa que proponía la revisión de la Constitución y de la legislación social.

El nuevo gobierno presidido por Lerroux inició su mandato con la paralización de buena parte del proyecto reformista anterior. En el campo frenó la reforma agraria, lo que supuso una tendencia a la baja en los salarios de los jornaleros. El campo conoció un ambiente de revancha: los propietarios mostraron su voluntad de desquitarse de las reformas anteriores y los campesinos respondieron al empeoramiento de sus condiciones con numerosas huelgas.

El Conflicto con la Generalitat

La cuestión agrícola enfrentó al gobierno central con la Generalitat de Cataluña a raíz de la promulgación en 1934 de la Ley de Contratos de Cultivo. Esta ley fue enviada por la Lliga Catalana al Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual determinó su inconstitucionalidad y anuló sus efectos. El gobierno de la Generalitat no aceptó la anulación y poco después volvió a aprobar una nueva ley prácticamente idéntica a la anterior.

Por otro lado, se quiso contrarrestar la reforma religiosa mediante la dotación de un presupuesto para el culto y el clero.

La Radicalización del PSOE y la UGT

El viraje conservador y la obstrucción a la obra reformista tuvieron como consecuencia una radicalización del PSOE y de la UGT. Su ala más izquierdista, liderada por Largo Caballero, proponía no colaborar más con las fuerzas burguesas y propiciaba la revolución social, mientras el sector moderado defendía la necesidad de colaborar con los republicanos de la izquierda para estabilizar la República y profundizar el proceso reformista.

La Revolución de Octubre de 1934

El enfrentamiento con las fuerzas nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, la radicalización de los socialistas y la proliferación de huelgas y conflictos llevaron a la CEDA a endurecer su posición y a reclamar una acción más contundente en materia de orden público, exigiendo participar directamente en el gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario. Lerroux accedió a estas peticiones y otorgó a la CEDA tres carteras del ministerio.

La entrada de los miembros de la CEDA en el gobierno fue interpretada por la izquierda como un camino hacia el fascismo, por lo que al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, por iniciativa ugetista, se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades. Fracasaron por falta de coordinación del movimiento y por la contundente respuesta del gobierno que decretó el estado de guerra. A pesar de ello, los acontecimientos adquirieron una especial relevancia en Asturias y Cataluña.

La Revolución de Asturias

En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social. Columnas de mineros armados ocuparon los pueblos de la cuenca, sitiaron Oviedo y formaron patrullas dispuestas a defender la revolución y a enfrentarse con las fuerzas del orden. Estas no tardaron en llegar, y tras diez días de resistencia asturiana los núcleos insurrectos fueron derrotados. El balance del conflicto fue muy cruento.

La violencia y radicalización del conflicto asturiano fue un preludio de lo que ocurriría dos años después con el estallido de la Guerra Civil.

La Proclamación de la República Catalana

En Cataluña, el presidente de la Generalitat proclamó la República catalana dentro de la República Federal española. Al mismo tiempo, una alianza de fuerzas obreras organizaba una huelga general. La negativa de la CNT a participar y la escasa participación ciudadana hicieron fracasar el movimiento insurreccional.

La rebelión fue rápidamente sofocada con la declaración del estado de guerra y con la ocupación del palacio de la Generalitat por el ejército. La represión tampoco se hizo esperar y el gobierno de la Generalitat quedó provisionalmente en manos de un militar.

Finalmente, se anuló la Ley de Contratos de Cultivo, muchos propietarios fueron detenidos y los campesinos se vieron obligados a pagar la totalidad de las rentas.

Azaña y varios líderes del Comité de Huelga, entre ellos Largo Caballero, fueron encarcelados.

El Final del Bienio Conservador y la Convocatoria de Elecciones

Las consecuencias de la revolución de octubre fueron notables. La influencia de la CEDA aumentó en el gobierno; se mostró partidaria de aplicar las condenas con rigor y de proceder a una reorientación más dura de la política del gobierno. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se devolvieron las propiedades a los jesuitas y se nombró a Gil Robles ministro de la Guerra y a Franco, jefe de Estado Mayor.

La dura represión unió a las fuerzas de izquierda, hasta entonces divididas, contra la política del gobierno y en torno a un programa común que exigía la amnistía para todos los detenidos.

La influencia de la CEDA se tradujo en un anteproyecto para modificar la Constitución. En él se recogía una revisión en sentido restrictivo de las autonomías, la abolición del divorcio y la negación de la posibilidad de socialización de la propiedad. Pero este proyecto no llegó a ser votado como consecuencia de la crisis de gobierno iniciada en otoño de 1935. En esa crisis influyeron, en primer lugar, la falta de entendimiento entre el presidente de la República y Lerroux. En segundo lugar, el Partido Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción, como el caso del estraperlo o los casos de malversación de fondos por parte de varios políticos radicales. Estos asuntos agravaron las diferencias en el interior de la coalición gubernamental, entre radicales y cedistas, al mismo tiempo que desprestigiaron a los radicales como opción de gobierno.

El clima político se enrareció y la falta de una mayoría parlamentaria que sustentase el programa del gobierno hizo imprescindible un relevo en el poder. Gil Robles intentó que se le nombrara presidente del Gobierno para poder aplicar sin trabas el programa de su partido. Pero Alcalá Zamora se negó y decidió convocar nuevas elecciones para febrero de 1936.