Estándar 94. Industria textil catalana, siderurgia y minería.

En el transcurso del siglo XIX, España buscó impulsar la revolución industrial para cambiar la estructura económica, priorizando la industria sobre la agricultura, en sintonía con el resto de Europa. Cataluña lideró esta expansión, comenzando con la industria algodonera, orientada hacia la producción para el mercado en lugar del autoconsumo. A pesar de la interrupción causada por la Guerra de la Independencia en 1808, la producción se reanudó rápidamente gracias a la iniciativa empresarial y la introducción de nuevas máquinas de hilado y vapor para compensar la falta de mano de obra.

Sin embargo, la industria textil catalana se enfrentó a limitaciones, como la escasez de carbón y la debilidad del mercado interno español. Para contrarrestar esto, se implementaron medidas proteccionistas, como la prohibición de importar algodones extranjeros. También se establecieron colonias industriales, proporcionando viviendas cercanas a los trabajadores.

En cuanto a la industria siderúrgica, experimentó diversos centros a lo largo del siglo XIX. Málaga fue el primero, con altos hornos en 1826, pero resultó desfavorable debido a la dificultad de transportar carbón desde Asturias. A partir de 1864, las fábricas de hierro se instalaron en Asturias, y desde 1876, el centro siderúrgico se trasladó al País Vasco. Gran Bretaña exportaba carbón galés a los altos hornos vascos, mientras que recibía acero de las costas españolas.

La Ley de Minas de 1868 liberó el sector minero, entregando la explotación de las minas a compañías extranjeras, principalmente francesas e inglesas. Esto tuvo escasos efectos en la economía e industrialización española. Los principales yacimientos explotados incluyeron Riotinto para la extracción de plomo, Almadén para el mercurio y Cantabria para el zinc.

El desarrollo industrial demandó la expansión del ferrocarril para transportar metales y otros materiales pesados a largas distancias, culminando con la Ley General de Ferrocarriles en 1855. Además, el progreso en la siderurgia impulsó la metalurgia, encargada de fabricar máquinas para actividades industriales, y también favoreció el crecimiento de la industria química.

Estándar 102. Revisionismo político de Alfonso XIII.

El periodo de revisión política tuvo lugar durante una fase de declive en España, tras los eventos desastrosos de 1898. A pesar de la ascensión de Alfonso XIII al trono en 1902, a la temprana edad de 16 años, el sistema de la Restauración aún se mantenía, aunque mostraba signos de fragilidad.

El revisionismo político se define como una corriente intelectual que surgió en respuesta a la crisis del 98, buscando identificar los problemas de España y proponer posibles soluciones. Joaquín Costa fue su máximo exponente, argumentando que la Restauración no estaba llevando al país hacia un futuro próspero. Así, el revisionismo representó los esfuerzos de reforma desde dentro del propio sistema de la Restauración.

Tanto el partido liberal como el conservador intentaron realizar reformas. Antonio Maura, líder del partido conservador, expresó el carácter del revisionismo con su famosa frase: «Hagamos la revolución desde arriba o nos la harán desde abajo». Durante su gobierno entre 1907 y 1909, Maura intentó implementar reformas para atraer el apoyo de la población neutral, modificando la Ley Electoral, reconociendo el derecho a la huelga en 1909, promulgando la Ley de Protección de la Industria Nacional, y estableciendo el Instituto Nacional de Previsión en 1908, entre otras medidas.

En el turno liberal, bajo el liderazgo de José Canalejas entre 1910 y 1912, se llevaron a cabo más reformas, incluyendo la reducción de impuestos, cambios en la legislación de reclutamiento y reemplazo, la aprobación de la Ley del Candado en 1910 para limitar nuevas órdenes religiosas, y la Ley de Mancomunidades en 1914 para otorgar más autonomía a las regiones periféricas, entre otras medidas.

Sin embargo, el asesinato de Canalejas en 1912 marcó el fin del revisionismo, desencadenando una alta inestabilidad política y la fragmentación de los partidos que conformaban el sistema bipartidista. Con el final de las reformas, la Restauración se debilitó aún más y entró en un proceso de descomposición, exacerbado por la llegada de la Primera Guerra Mundial, lo que llevó a España a una mayor inestabilidad y disociación social.

Estándar 109. Manifiesto de Primo de Rivera.

El texto propuesto se considera una fuente primaria histórica. Fue escrito por Miguel Primo de Rivera y Orbaneja el 13 de septiembre de 1923 en Madrid. El autor alude a toda la población española informando de la situación política actual y justifica el golpe de estado, basándose en los hechos inexcusables del gobierno anterior. El manifiesto tiene una gran relevancia, ya que es una declaración instantánea acerca del golpe de estado llevado a cabo ese mismo día, que iniciaría la dictadura de los próximos seis años.

El escrito se divide en tres párrafos. En el primero, el autor culpa a los “profesionales de la política” por ser los causantes de la crisis del 98 y de la inestabilidad esto trajo consigo. Primo de Rivera considera imprescindible una intervención para que España no tenga un “fin trágico”. En el segundo párrafo se hace mención de la corrupción en el sistema bipartidista y de las prácticas de los partidos, como el fraude electoral. Por último, en el tercer párrafo, se afirma que “el pueblo sano demanda e impone”, por lo tanto, no tienen que justificar lo llevado a cabo, se tenía que poner un fin a los actos injustificables del gobierno anterior.

El golpe de Estado se llevó a cabo en una época de alta inestabilidad y descontento social. La motivación directa era por una conspiración iniciada en Madrid a principios del año. Asimismo, tuvo un gran efecto sobre la revolución las crisis y conflictos de 1917 y 1919, al igual que el conflicto de Marruecos, empezado en 1921.

Al final, el golpe de Estado se produjo el 13 de septiembre de 1923, hecho que no sorprendió a la población española. Por la situación social y la inexistencia de un régimen verdadero, que se suma a la abstención del ejército, fue relativamente fácil que Primo de Rivera tomara el poder. Este contó con los apoyos militares de Cataluña, Aragón y Madrid. Asimismo, el Rey y la Iglesia católica fueron partidarios de la revolución y durante el gobierno se beneficiaron de ello en gran medida. En ámbitos más civiles, la burguesía catalana, las élites económicas, clases medias y parte del PSOE y UGT también apoyaron la causa. De hecho, apenas contaban con oposición y la escasa que provenía de los socialistas y anarquistas no afectó en gran medida al golpe.