La Ley de 1876 y la abolición del régimen foral
La Ley de 21 de julio de 1876 disponía que los deberes constitucionales de acudir al servicio militar y contribuir a los gastos del Estado se extendieran a las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, al igual que al resto de la Nación. También autorizaba al Gobierno a introducir reformas en el régimen foral, con el consentimiento de las provincias.
Si bien la ley no suprimía literalmente el régimen foral, otorgaba amplios poderes al Gobierno, que pronto fueron ejercidos. Ante la desobediencia civil de las Diputaciones forales, encabezadas por la de Vizcaya, el Gobierno disolvió estas instituciones por decreto en 1877, consumando la liquidación formal del régimen foral.
El Concierto Económico
La Ley de 1876 no supuso el fin de la autonomía económica y administrativa de las diputaciones vascas. El artículo 5 autorizaba al Gobierno a establecer modificaciones según las circunstancias locales.
Haciendo uso de esta facultad, el decreto de Cánovas del Castillo de 28 de febrero de 1878 estableció el Concierto Económico. Este régimen excepcional permitía a las nuevas Diputaciones provinciales recaudar y gestionar determinados impuestos, con la obligación de pagar un cupo a la Hacienda estatal.
El sistema fue bien acogido por la burguesía vasca, especialmente la vizcaína, que experimentaba el inicio de la revolución industrial.
Consecuencias de la abolición foral
La abolición del régimen foral contribuyó a la radicalización de una parte del fuerismo liberal, que consideraba roto el pacto foral. Surgieron dos grupos políticos intransigentes: los euskaros navarros y los euskalerriakos bilbaínos.
La Asociación Euskara de Navarra, fundada en 1877, promovió el renacimiento cultural vasquista y un sentimiento prenacional. En su vertiente política, abogaba por la unión vasconavarra para recuperar los Fueros.
Reacción de los liberales vascos
La aprobación de la Ley de 1876 no fue bien recibida por los liberales vascos. Las diputaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa solicitaron su anulación y se negaron a aplicarla.
El Gobierno central intervino las cuentas de la Diputación Foral de Vizcaya y encarceló a los alcaldes que se negaban a llamar a los jóvenes al servicio militar. Ante esta situación, las diputaciones de Álava y Guipúzcoa aceptaron la ley, pero Cánovas suspendió e invalidó las facultades de las diputaciones forales.
Se establecieron Diputaciones provinciales al igual que en el resto de España. Dos años más tarde, se acordó el Concierto Económico, un sistema de financiación que sigue vigente en la actualidad.