La Alternancia Democrática: de la UCD al PSOE (1979-1982)
El Último Gobierno de Suárez (1979-1981)
En las elecciones de marzo de 1979, la Unión de Centro Democrático (UCD) obtuvo la victoria. Sin embargo, las elecciones municipales de abril del mismo año mostraron un cambio en la tendencia política: la izquierda, con el PSOE a la cabeza, se alzó con la victoria en las principales ciudades, lo que presagiaba dificultades para la UCD.
El último gobierno de Adolfo Suárez se caracterizó por una profunda inestabilidad política y un constante cuestionamiento a su gestión, tanto desde dentro como desde fuera de la propia UCD. Entre los desafíos que enfrentó Suárez, destacan:
- Las divergencias internas en la UCD.
- La complejidad del proceso autonómico, dada la imprecisión de la Constitución en la delimitación de competencias.
- La crisis económica, con el paro y la inflación como principales problemas.
- La amenaza terrorista de ETA y el GRAPO.
- La presión política del PSOE.
Ante este panorama, en enero de 1981, Adolfo Suárez presentó su dimisión. Leopoldo Calvo Sotelo fue designado como su sucesor, pero durante la votación de investidura en el Congreso, el 23 de febrero de 1981, un sector del ejército protagonizó un intento de golpe de Estado. La intervención del Rey Juan Carlos I, quien compareció por televisión en la madrugada para condenar la sublevación, fue crucial para sofocar el golpe.
El Triunfo del PSOE (1982)
A pesar del fracaso del golpe, la UCD se vio debilitada, lo que llevó a Calvo Sotelo a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para octubre de 1982.
Los Gobiernos del PSOE con Felipe González (1982-1996)
: estabilización y plena integración en Europa; luces y sombras de la «Era felipista».
Las elecciones de octubre de 1982 dieron la mayoría absoluta en el Parlamento al PSOE. Su líder, Felipe González, se convierte en el nuevo Presidente de Gobierno. El programa de reformas del PSOE tenía como prioridad la lucha contra la crisis económica, la reconversión industrial, la racionalización de las administraciones públicas y el avance hacia el Estado de bienestar (pensiones, Seguridad Social, sanidad pública).
Se modernizó el sistema fiscal para soportar el aumento del gasto público. También se reformó el ejército, los cuerpos de seguridad pública, la justicia, la administración central y la autonómica. Se pretendía la integración en la Comunidad Económica Europea y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).
Desde la creación de la OTAN, en 1949, España intentó entrar, pero ello fue impedido por la negativa de sus componentes mientras no cambiara el sistema de gobierno español y llegara un sistema democrático. Por fin en 1982 y bajo el gobierno de Calvo Sotelo, España ingresó en la OTAN, pero sin pronunciarse por la integración militar. Un referéndum en estos términos refrendó esta idea (marzo 1986).
La entrada de España en la Comunidad Económica Europea, se realizó el 1 de enero de 1986, como Estado miembro de pleno derecho. Se establece un proceso de adaptación progresivo de España, desde 1986 a 1992, hasta llegar a la plena integración.
En materia de política exterior un evento decisivo será la integración de España en la CEE (actual UE). En este sentido, pese a los esfuerzos realizados por la Dictadura Franquista para la adhesión a Europa, la CEE había rechazado a España por el carácter antidemocrático del Régimen. Muerto el Dictador, la UCD retoma las negociaciones en 1977, pero las presiones francesas fundamentalmente aplazarán la entrada española. Finalmente el PSOE alcanzó la integración plena mediante el Tratado de Adhesión firmado el 12 de junio de 1985 junto con Portugal, que entraría en vigor el 1 de enero de 1986. El ingreso se preparó en una primera etapa del gobierno socialista en la que el reajuste económico fue la nota predominante. El objetivo del mismo no era otro que atajar la crisis latente y preparar a España para el citado ingreso en la CEE. Principalmente se adoptaron medidas para paliar la inflación, aunque el paro siguió creciendo, y desde 1984 se emprendió un proceso de reconversión industrial que tuvo un enorme coste social (despidos, jubilaciones anticipadas, conflictividad laboral). Por otra parte, a cambio de su ingreso, España tuvo que hacer grandes concesiones económicas, reduciendo su producción agropecuaria hasta alcanzar unos cupos establecidos (especialmente de leche, vino y aceite para no saturar un mercado común, libre y sin fronteras); pero obtuvo ventajas políticas y económicas al caminar, junto a los países de su entorno, hacia una Europa unida.
Coincidiendo con el ingreso en la CEE España inicia una etapa de relanzamiento económico que se extenderá hasta principios de los 90. Además, podemos destacar que en 1989, España ocupó por primera vez la presidencia de la CEE, que ejercen por turno los distintos países miembros.
La política de integración europea prosiguió su curso y el 7 de febrero de 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, por el que se creaba la UE en sustitución de la CEE. En ese mismo año España atraviesa una etapa de esplendor de su imagen en el exterior asociada a la celebración de dos grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Con el tratado de Maastricht se establecía además un programa de convergencia económica que obligaba a todos los países miembros a adoptar una serie de medidas que les permitieran lograr la unión económica y monetaria (bajo la dirección del Banco Central Europeo) y utilizar una moneda común, el euro. España se comprometió a reducir su deuda pública y su inflación pero para ello tuvo que adoptar medidas impopulares como la contención del gasto público y la congelación de los salarios de los funcionarios. Finalmente el gobierno del PSOE no cumplió todos los requisitos impuestos en Maastricht pero al menos consiguió beneficiarse desde 1993 de los fondos de cohesión destinados a los miembros de la UE con menos recursos.
El azote del terrorismo de ETA
La violencia terrorista de ETA no cesó con la llegada de los socialistas al poder. Frente a ella, el Gobierno combinó a lo largo del tiempo diferentes tipos de medidas, además de las estrictamente policiales:
a) Medidas de carácter diplomático, orientadas esencialmente a lograr la cooperación de Francia. En este sentido fue fundamental el cambio de actitud de las autoridades francesas desde 1984, año en que retiraron la condición de asilados políticos a los etarras -el sur de Francia se había convertido en el refugio de la cúpula y de muchos militantes de ETA-y establecieron acuerdos de colaboración con España para perseguirlos y extraditar a los que tenían causas judiciales pendientes en nuestro país. Fruto de esta colaboración fue la desarticulación en 1992 de la cúpula de ETA, en la localidad francesa de Bidart.
b) La continuación de la política de reinserción iniciada por la UCD, dirigida a los etarras dispuestos a renunciar a la violencia. c) La creación de un frente político contra el terrorismo, que se materializó en dos acuerdos: el Pacto de Madrid (1987), firmado por todos los partidos democráticos del Congreso de los Diputados; y el Pacto de Ajuria Enea (1988), firmado en este
caso por los partidos democráti cos del Parlamento Vasco. T6
d) La negociación directa con ETA en las «conversaciones de Argel» (1987 y 1988),
que el Gobierno suspendió ante la intransigencia de los terroristas y su negativa a renunciar a la violencia, con atentados especialmente sanguinarios como la masacre de Hipercor en Barcelona -supermercado situado en un barrio obrero- en junio de 1987, con 15 muertos y 35 heridos.
El capítulo más siniestro de la lucha antiterrorista fue la aparición de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), autores de varios atentados entre 1983 y 1987, sobre todo en el sur de Francia, que causaron 28 víctimas mortales en el entorno de ETA. Su actuación en el escenario francés parecía perseguir un doble objetivo: extender el problema del terrorismo a Francia para que se viera obligada a colaborar en la persecución de ETA, y acabar con la seguridad y confianza de que disfrutaba la organización terrorista en suelo francés.
El escándalo estalló años después con la detención de dos policías españoles implicados en los hechos, que denunciaron conexiones entre los GAL y políticos socialistas vascos y del Ministerio del Interior; se señaló incluso al presidente Felipe González, cuya responsabilidad no pudo ser demostrada.
El PSOE volvió a ganar las elecciones generales de 1989, aunque con una sensible pérdida de votos y un aumento de la abstención. Alianza Popular se transformó en el Partido Popular y eligió un nuevo líder, José María Aznar, que quiso redefinir la política centrista del partido.
En las elecciones de 1993 el PSOE perdió la mayoría absoluta y tuvo que pactar con Convergéncia i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Esto supuso un giro hacia la derecha en su política social y económica, cediendo además ante las demandas de los nacionalistas.