La Crisis de la Restauración en España (1917-1923)

Estallido de la Crisis de 1917

El aumento de la conflictividad social y el deterioro de la vida política española desde 1913 desembocaron, en el verano de 1917, en una crisis militar, política y social de consecuencias fatales para la pervivencia de la monarquía constitucional. Fue la consecuencia de una situación inestable que se venía gestando desde 1913, provocada por el desprestigio de los partidos dinásticos, y que se intensificó con el impacto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

1.- La Crisis Militar: Las Juntas de Defensa

El Ejército, desde 1905, tras la Ley de Jurisdicciones, se había convertido en un grupo de presión: a partir de 1916 organizó las juntas militares de defensa, asociaciones de oficiales que exigían al Gobierno mejoras profesionales y salariales. Las causas fueron, aparte de la inestabilidad gubernamental:

Una nueva ley que establecía el ascenso por méritos de guerra, por lo que solo beneficiaba al ejército de Marruecos, sacrificando a las unidades peninsulares.
Los bajos salarios, deteriorados por la inflación, provocada por el impacto de la guerra mundial.

El descontento era mayor entre los oficiales que permanecían en la península, pues se sentían relegados frente a los que intervenían en la guerra de Marruecos, ya que estos ascendían más rápido. El Gobierno intentó disolver las juntas y detener a sus dirigentes por rebeldía; estos se negaron a desaparecer y, como casi siempre ocurría, tuvieron el apoyo del rey, por lo que el Gobierno tuvo que admitir sus peticiones y reconocer oficialmente el movimiento en junio de 1917. (Algo completamente anormal, pues los militares no gozan del derecho de asociación o sindicación en ningún país).

2.- La Crisis Política: La Asamblea de Parlamentarios

Como respuesta al clima de tensión existente, el gobierno de Eduardo Dato decretó la censura de prensa y la suspensión de las garantías constitucionales y de las Cortes. Ante esta actitud autoritaria, y en medio de una oleada de protestas, Francesc Cambó, dirigente de la Liga Regionalista, convocó en Barcelona (julio de 1917) una asamblea de parlamentarios a la que solo asistieron la oposición de izquierda y algunos liberales. Ello originó un movimiento civil que exigió:

La convocatoria de Cortes constituyentes.
La autonomía para Cataluña.
La aplicación de un programa reformista que contemplara la realidad plurinacional de España.

La heterogeneidad ideológica del movimiento, que dificultó su cohesión, y el rechazo por parte de las Juntas de Defensa, que se situaron junto al gobierno, facilitaron la disolución de la asamblea.

3.- La Crisis Social: La Huelga General Revolucionaria

Las organizaciones obreras anteriormente habían organizado ya una campaña para solicitar el abaratamiento de las subsistencias y convocado una huelga de protesta (18 de diciembre de 1916), que fue un éxito rotundo. La tensa situación social y la creciente importancia de los sindicatos favorecieron la creación de un comité de acción conjunto CNT-UGT. A pesar de las diferencias entre los socialistas, partidarios de una democratización efectiva del régimen, y los anarquistas, impulsores de una revolución social, la extensión de un conflicto ferroviario en Valencia llevó a las centrales sindicales a convocar la huelga general revolucionaria el 13 de agosto de 1917; buscaron el apoyo de algunos sectores del Ejército y de los parlamentarios. Aunque el motivo alegado era protestar por el incremento de los precios de los alimentos básicos, la huelga podía desembocar en una revolución que derrocara al régimen, para reivindicar un cambio político. La movilización se extendió por las principales ciudades de Asturias, el País Vasco, Madrid y Barcelona. El conflicto duró unos cinco días. Los republicanos no respaldaron en su totalidad la huelga, ni fue apoyada por la Asamblea de Parlamentarios, que defendía los intereses de la burguesía, ni mucho menos por el ejército, que reprimió duramente la huelga con un balance de más de 70 muertos, 200 heridos y 2000 detenidos. Su comité organizador (formado, entre otros, por Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero) fue detenido. Pero todos estos acontecimientos, junto con el desgaste del sistema que se venía arrastrando desde la crisis del 98, fueron precipitando al sistema de la Restauración hacia su fin.

La Quiebra de la Monarquía Parlamentaria (1917-1923)

Durante el periodo comprendido entre 1917 y 1923 hubo varias tentativas, todas ellas fracasadas, de revitalizar el sistema mediante un programa que no pudo realizarse por la falta de entendimiento entre los grupos políticos que formaron los diferentes gobiernos de concentración. El programa previsto para desbloquear el sistema consistía esencialmente en:

Una reforma constitucional.
La apertura de un proceso de autonomías regionales.
La secularización del Estado.
Cortes unicamerales.
Limitación del poder del Rey.

Los Gobiernos de Concentración

Dato, que había vuelto a formar gobierno en 1917 a instancias del Rey, logró controlar la crisis de aquel año. Fue apoyado por el ejército, que adquiría un creciente protagonismo, y la burguesía «reformista» de la Asamblea de Parlamentarios, que se alió con el bloque oligárquico, ya que temía el triunfo de una revolución social. Después de la dimisión del gobierno de Dato en octubre de 1917, instigada por las Juntas de Defensa, el rey propuso la creación de gobiernos de concentración. Eran ejecutivos formados por liberales, conservadores y miembros de la Liga Regionalista de Cataluña. Por primera vez se rompía el bipartidismo, pero la alianza de la oligarquía liberal-conservadora con los regionalistas solo era un intento desesperado del bloque dominante por seguir manteniendo el poder ante el peligro revolucionario. Estos gobiernos llevaron a cabo reformas, como las del presidido por el liberal García Prieto, que intentó contentar al ejército con una subida de los salarios y ascensos por antigüedad, o las del gobierno Maura de 1918, que, con el regionalista Cambó como ministro de fomento, impulsó la agricultura, las obras públicas, los ferrocarriles y el desarrollo cultural. Ante el fracaso de los gobiernos de concentración se volvió al turno, pero la incapacidad para conseguir mayorías restó eficacia a la gestión política.

Crisis Económica y Violencia Social

Al finalizar la Primera Guerra Mundial (1919) se intensificó la crisis económica, puesto que a la inflación de los años de la guerra se unió la contracción de la demanda, que provocó el cierre de empresas, el aumento del paro y rebajas salariales generalizadas. Esto, a su vez, se tradujo en un crecimiento espectacular de la afiliación obrera a los sindicatos. La situación cambió con la crisis económica de la posguerra: muchos patronos se pasaron a la línea dura y al enfrentamiento con lo que consideraban una dictadura sindical. Asimismo, el triunfo de la Revolución Bolchevique de 1917 insufló entusiasmo en las organizaciones obreras, para las que Rusia se convirtió en un mito. Esta situación provocó un aumento de la conflictividad social. La presión de un movimiento obrero cada vez más fuerte aconsejaba que el gobierno adoptara algunas medidas de carácter social, como la tradicional reivindicación obrera de la jornada de ocho horas en la industria (1919) o la creación del Ministerio de Trabajo (1920). El descontento de los obreros fue dirigido por los sindicatos, en un proceso de expansión creciente. La UGT, minoritaria, se expandió en este periodo, incluso entre los jornaleros andaluces, más próximos al anarquismo. Por su parte, la CNT, con mayor número de afiliados y con mayor capacidad de movilización, era hegemónica en Cataluña. La acción sindical se vivió tanto en el campo, especialmente en el andaluz, como en los centros urbanos e industriales (Cataluña, Asturias, País Vasco y Madrid). En Andalucía, la agitación social se había mantenido baja desde principios de siglo hasta 1917, en cuya huelga general apenas hubo participación del campo. Sin embargo, entre 1918 y 1920, se vivió una etapa de actividad revolucionaria, el llamado «trienio bolchevique», provocada por múltiples factores: la situación de miseria de los jornaleros agrícolas, la carestía de la vida y la influencia de la Revolución rusa. Bajo la dirección de los dos grandes sindicatos, se sucedieron las huelgas, se invadieron los campos, se repartieron las tierras, se tomaron ayuntamientos, etc. La revolución social acabó en 1920, a consecuencia de la declaración del estado de guerra y la consiguiente represión. En Cataluña, a pesar del fracaso de la huelga general de 1917, continuó el crecimiento de la CNT de forma ininterrumpida y se impuso como corriente mayoritaria la conocida como anarcosindicalista (más violenta y partidaria de la acción directa) frente a la sindicalista, más moderada y pragmática. Las huelgas, los sabotajes y los atentados se sucedieron continuamente. La respuesta de la patronal catalana se caracterizó por su dureza: frente a la huelga obrera, el lock-out (cierre patronal de la empresa por decisión del dueño); frente a la acción directa o terrorismo rojo, el terrorismo blanco o contratación de pistoleros y bandas armadas para asesinar a dirigentes obreros y sindicales; y la fundación de los llamados sindicatos amarillos: los llamados sindicatos libres. Las autoridades civiles y militares de Barcelona practicaron también un auténtico terrorismo de Estado, al servicio de la patronal, con la promulgación por el conservador Eduardo Dato de la «ley de fugas», cuya aplicación significaba dar licencia para disparar al detenido que intentaba fugarse, que se convirtió en pretexto legal para disparar por la espalda contra cualquier arrestado. En definitiva, el clima de violencia en Cataluña adquirió una intensidad preocupante. En Asturias y Vizcaya, el talante más moderado de los socialistas, más importantes en estas zonas, determinó una menor agitación y violencia que en Cataluña, aunque también fueron frecuentes los enfrentamientos entre obreros, por un lado, y la patronal y el gobierno, por otro. Desde otro punto de vista, el triunfo de la Revolución rusa de 1917 no solo supuso un estímulo a la agitación obrera, sino también una división ideológica del movimiento obrero, que se saldó con una ruptura dentro de las filas del socialismo. En 1919 se fundó en Moscú la Tercera Internacional o Internacional Comunista, que pretendía agrupar a todas las organizaciones obreras para extender la experiencia revolucionaria rusa a todo el mundo. En 1920, un grupo de las Juventudes Socialistas decidió transformarse en Partido Comunista de España, según las directrices de Moscú.

El Fracaso Militar en Marruecos: El Desastre de Annual

El convenio entre España y Francia de 1912 había convertido las zonas de influencia de ambos países en Marruecos en un protectorado compartido. (Institución de derecho internacional, por la cual un Estado protector, España y Francia, dirige la política del Estado protegido, Marruecos, y asume la obligación de defenderlo de agresiones exteriores. En la práctica, fue un instrumento europeo de dominación colonial en África y Asia y mantuvo las apariencias con un teórico reconocimiento de las autoridades locales). El protectorado español, en el norte de Marruecos, comprendía una zona mucho más pequeña y pobre que la del Protectorado francés y tenía más inconvenientes que ventajas:

Era un territorio muy montañoso (cadena del Rif).
Las vías de comunicación eran escasas y difíciles.
La riqueza económica se limitaba a las minas de hierro de las montañas del Rif.
La población rifeña era muy belicosa y se dividía en tribus reacias a renunciar a su independencia para someterse a un mando único.

En el aspecto militar, el territorio estaba dividido en dos comandancias (la de Ceuta y la de Melilla) separadas entre sí por la bahía de Alhucemas, por lo que el principal objetivo era dominar dicha bahía para unir ambas zonas. La concesión del protectorado no incluía necesariamente su ocupación militar. Francia lo hizo primeramente, a lo que respondió España haciendo lo propio en Asila y Alcazarquivir, en la costa atlántica; sin embargo, la ocupación efectiva de todo el territorio era un asunto más complicado. El escaso interés del territorio explica la inexistencia de una política gubernamental definida y coherente con lo que se pretendía conseguir en la zona; este hecho se tradujo en una actuación vacilante que alternaba fases de intervención militar con fases de desinterés y paralización de actuaciones. Al mismo tiempo, debemos añadir la impopularidad de la guerra por parte de la mayoría de la población y la división dentro del propio ejército, entre el sector africanista (que se podía beneficiar de los ascensos por méritos de guerra) y el sector juntista (que se oponía a este sistema de promoción). El general Berenguer había iniciado una penetración lenta por el territorio a partir de 1919, que era la medida más acertada que cabía tomar dada la resistencia indígena y las dificultades orográficas de la región rifeña. Sin embargo, en 1921, el general Fernández Silvestre cometió un error militar: inició una penetración rápida para alcanzar Alhucemas y someter a la más peligrosa tribu rifeña; esto fue una imprudencia y un error táctico (no dejó bien cubierta la retaguardia), con lo que el ejército español quedó a merced de las tropas irregulares de Abd-el-Krim, el caudillo rifeño, que desencadenó un auténtico desastre militar para las tropas españolas, el llamado «desastre de Annual». Las tropas españolas, aisladas en la ratonera de Annual, sufrieron un gran descalabro, huyendo en desbandada mientras eran acribilladas por los irregulares de Abd-el-Krim. Los socialistas y republicanos no desaprovecharon la ocasión para atacar al sistema, apuntando directamente a la figura del rey como responsable también, por su conocimiento y aprobación de los hechos. Para aclarar las acusaciones del desastre de Annual se formó una comisión para depurar las responsabilidades y las acusaciones contra el rey, los políticos y el ejército, el llamado expediente Picasso, cuyo informe no llega a las Cortes, ya que pocos días antes de su presentación el general Primo de Rivera protagonizaba el golpe de Estado que iniciaba la etapa de la dictadura.

Conclusión

El hecho de que el dramático sexenio que va de 1917 a 1923 desemboque en una dictadura no deja de responder a una cierta lógica. La persistencia del caciquismo rural obstaculiza gravemente la maduración de una democracia parlamentaria que en toda Europa había exigido un largo periodo de habituación y arraigo, y que no era más extraña al pueblo español que a cualquier otro de los de Europa occidental. Las fuerzas de 1917 que, conjuntadas, hubieran podido poner en marcha nuevamente, de manera estable, el sistema político del país, van a comportarse como meros grupos de presión con fuerza propia. Si por los años del Desastre del 98 es «regeneración» la palabra clave para expresar el talante colectivo de los españoles que soñaban, con Costa, en un «cirujano de hierro» que pusiera fin a los males de la patria, por los años que preceden y siguen al 17 se habla insistentemente de «renovación». La renovación no había podido encontrar el camino normal y seguro de la revisión constitucional, de la reforma social, del ensanchamiento progresivo de la ciudadanía. Habría de confiarse a un cirujano de hierro que, por vía milagrosa, sacase al país del atasco. La historiografía más reciente ha subrayado la unión entre el mito aludido y la razón para que la burguesía apoyara el golpe militar, ya que anhela una mayor protección -la protección del militar- frente a la creciente marca del obrerismo. Así, entre 1922 y 1923, la monarquía de Alfonso XIII tenía solo dos alternativas para mantenerse: una democratización real del sistema o el establecimiento de un régimen autoritario. Se hicieron algunos esfuerzos por solucionar los problemas a través de medios civiles y constitucionales: se disolvieron las juntas de defensa, se cesó a Martínez Anido como capitán general de Barcelona y se nombró a un civil para dirigir la crisis de Marruecos. No obstante, el régimen derivó finalmente en una solución autoritaria. Los sistemas dictatoriales fueron una constante en la Europa de los años veinte, especialmente en los países agrarios y más atrasados del continente, situados en el este y en la costa mediterránea. El caso de España no fue una excepción en el contexto europeo, desembocando en el golpe de Estado del general Primo de Rivera, capitán general de Cataluña a la sazón (13 de septiembre de 1923). El Gobierno -presidido por García Prieto, con Alba como personalidad más característica- dimite al día siguiente. El rey accede a entregar el poder a Primo de Rivera.