## 8.1 La crisis de la Restauración: intentos regeneradores y oposición al régimen
La crisis de 1898 acentuó las críticas hacia el sistema político de la Restauración, al que consideraban causante de la degradación de España. Los más críticos, los regeneracionistas, exigían una regeneración de la vida pública y de la clase política, denunciaban los fraudes del sistema político, exigían su desaparición y estaban encabezados por Joaquín Costa.
Por su parte, los revisionistas, representados por Francisco Silvela y Antonio Maura, todavía consideraban viable el sistema canovista, aunque había que reformarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades sociales. Al final se impusieron las tesis del revisionismo y cuando comience a reinar Alfonso XIII se mantendrá el régimen político de la Restauración en sus bases: bipartidismo, el turno de partidos y la Constitución de 1876. No obstante, ahora el líder del partido conservador era Antonio Maura y José Canalejas, el del partido liberal.
En 1902, el gobierno en manos de los conservadores emprendió una serie de reformas en consonancia con sus tesis revisionistas. Se trataba en palabras de Maura, de hacer «una revolución desde arriba» para mantener el régimen por un largo periodo y apelando a la movilización de las masas, pero siempre dirigidas desde el poder político, para evitar que la revolución fuera «desde abajo.»
Se aprobaron medidas de carácter social como la Ley de protección de accidentes de trabajo y la Ley de huelga, además de la Ley de reforma electoral, que pretendía acabar con el fraude en las elecciones, aunque dejo puerta abierta a la actuación de caciques.
Sin embargo, los pilares del sistema empezaron a quebrantarse por la pujanza del movimiento obrero y las discrepancias alcanzaron su máximo durante la crisis de 1909. El motivo fue la cuestión de Marruecos que desencadenó la Semana Trágica de Barcelona. España había obtenido el acuerdo de las potencias europeas, en la Conferencia de Algeciras en 1906, para ocupar el norte de Marruecos, la región del Rif y convertirlo en un protectorado. El gobierno de Maura decidió la ocupación territorial del protectorado, en febrero de 1909, para tomar posesión del territorio y ante la negativa de los rifeños, que asesinaron a cuatro trabajadores españoles, el gobierno llamó a filas a reservistas, sobre todo catalanes de origen obrero. La medida generó una dura reacción social y los anarquistas convocaron una huelga general que derivó en una revuelta popular. El clima de agitación vivido en Barcelona llevó al gobierno a decretar el estado de guerra y a enviar al ejército. Del 26 al 31 de julio de 1909,
Barcelona se sumió bajo una espiral de violencia que culminó en la incineración de más de 60 iglesias, 150 muertos, mil detenidos, diecisiete penas de muerte y cinco ejecuciones. Como consecuencia. la arbitrariedad de las medidas provocó la caída del gobierno de Maura y abrieron una crisis entre conservadores y liberales. Comenzó así una etapa de gobiernos liberales, primero con Moret y desde 1910, con José Canalejas, hasta su asesinato en 1912. Se aprobaron una serie de medidas de contenido social: se reguló la jornada máxima de trabajo, entre otras, se suprimió el impuesto de consumos y se aprobó la Ley de Reclutamiento, que establecía el servicio militar obligatorio, y la Ley de Mancomunidades, para satisfacer a los catalanes, que querían unir las cuatro provincias catalanas en un solo ente territorial.
Respecto a las fuerzas políticas de la oposición, se podían diferenciar cuatro bloques. Por un lado, los republicanos, que defendían el progreso y la justicia social y contaban con el apoyo de intelectuales comoRamón y Cajal y Galdós. Durante el reinado de Alfonso XIII, se dividieron en varias formaciones políticas: el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, con un discurso anti catalán y anticlerical y el Partido Reformista, de corte moderado.
En cuanto a los nacionalismos, el imperante fue el catalán.
Su principal representante fue la conservadora Liga Regionalista liderada por Francesc Cambó. Los nacionalistas, unidos en Solidaritat catalana lograron que se fundase la mancomunidad catalana, preludio de la autonomía política. En 1922, Francesc Maciá fundó Esta Catalá, un catalanismo más soberanista. El nacionalismo vasco siguió girando en torno al PNV, conservador y tradicionalista, y menos impacto tuvieron los nacionalismo gallego y andaluz, este último impulsado por Blas Infante.
Por su parte, los socialistas tenían fuerza en el PSOE, fundado por Pablo Iglesias en 1789 y en el sindicato UGT. Fueron participando en el sistema político parlamentario, sin abandonar la revolución social, y en 1910, coaligados con los republicanos, consiguieron su primer escaño.
Por otro lado, los anarquistas que, tras los sucesos de la Semana Trágica, fundaron el sindicato CNT en 1910, que propugnaba un sindicalismo de acción directa y la huelga general como instrumentos de luchas. Surgió el anarcosindicalismo, muy arraigado en Barcelona. También existía una corriente terrorista liderada por Buenaventura Durruti. Por último, existían grupos de oposición con menor relevancia como los carlistas, los católicos y los mauristas.
## 8.2 El impacto de acontecimientos internacionales: Marruecos, Primera Guerra Mundial y Revolución rusa
En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y, aunque España se declaró neutral, la opinión pública y los dos principales partidos políticos mostraron su simpatía hacia un bando u otro: los conservadores eran germanófilos, partidarios de Alemania y Austria, y los liberales y el Rey eran aliadófilos, del lado de Francia y Reino Unido. También, se produjo una engañosa euforia económica, pues España se benefició exportando sus productos a los países beligerantes y consiguió enormes superávits en su balanza comercial, sin embargo, sus efectos sociales fueron muy dispares: las reservas del Banco de España se triplicaron; aumentó la producción textil y agrícola; la oligarquía y la burguesía se vieron favorecidas por altísimos beneficios pero no hubo un aumento salarial de los trabajadores y el empobrecimiento de la clase trabajadora contribuyó al aumento de las tensiones sociales, sobre todo al final de la guerra, con el cierre de fábricas y aumento del paro. El malestar social se extendió desde la clase trabajadora hasta los sectores del ejército, desencadenando la crisis de 1917.
Por un lado, dentro del ejército había malestar por los bajos salarios y la escasez de medios, además el nuevo sistema de ascensos, que sustituía al tradicional de antigüedad por el de servicios activos en Marruecos o pruebas de aptitud, lo que permitía el rápido ascenso de los llamados africanistas. En este contexto, muchos oficiales se agruparon en las Juntas Militares de Defensa para defender sus derechos y el rey, Alfonso XIII intervino a favor de sus reivindicaciones.
Por otro, ante el cierre de las Corte por parte del gobierno liberal de Romanones, los partidos catalanistas, encabezados por la Liga Regionalista de Francesc Cambó, los republicanos y los socialistas organizaron una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, el 5 de julio de 1917. Los parlamentarios reclamaban el final del régimen canovista y la autonomía para Cataluña.
Finalmente, la asamblea fue disuelta por las diferencias ideológicas de sus miembros y la Guardia Civil. Por último, los sindicatos UGT y CNT organizaron una huelga general en agosto de 1917 y la respuesta del gobierno fue muy dura, acabando con 70 muertos, cientos de heridos y dos mil detenidos.
Los graves sucesos de 1917 obligaron a los conservadores a intentar salvar el sistema formando gobiernos de concentraciónobiernos de concentración, formados por conservadores y liberales, y se incluyó a la Liga Regionalista. Se propusieron varias reformas constitucionales y el reconocimiento de la autonomía de Cataluña, sin embargo, el estallido de la Revolución rusa de octubre de 1917 provocó agitación social en Andalucía y Cataluña, dando lugar alTrienio Bolchevique (1917-1920). El enfrentamiento entre trabajadores y patronos adquirió una extrema violencia, especialmente en Barcelona, donde los patronos recurrieron a pistoleros. Además, los sindicatos UGT y CNT convocaron huelgas, ocuparon fincas, se repartieron tierras entre los jornaleros y tomaron ayuntamientos. El gobierno declaró el estado de guerra y lo sofocó con una dura represión. En este clima de agitación, se fundó el Partido Comunista en 1920 y las acciones anarquistas provocaron una reacción conservadora. La violencia no cesó y Eduardo Dato, expresidente del Consejo de ministros, cayó víctima en un atentado anarquista.
Por su parte, la guerra de Marruecos acentuó aún más la crisis. España, a pesar de quedar fuera del reparto colonial de África, consiguió obtener un protectorado sobre la zona norte de Marruecos, la zona del Rif, en la Conferencia Internacional de Algeciras en 1906. La política colonial marroquí influyó en la vida de los españoles de época. Para el ejército era una oportunidad de recuperar el prestigio perdido en la guerra hispano-estadounidense, mientras que para la sociedad española fue un elemento de crispación, por el reclutamiento de reservistas hacia Marruecos. En los primeros años de ocupación, se produjeron incidentes por la resistencia de la población rifeña, que hostigaba a las fuerzas españolas en Melilla y las derrotó en el Barranco del Lobo en 1909. Al finalizar la Primera Guerra Mundial se reemprendió la ocupación del Rif. En esa estrategia, en julio de 1921, el general Fernández Silvestre llevó a cabo una acción precipitada subestimando la capacidad de las fuerzas rifeñas que, lideradas por Abd-el-Krim, contraatacados a las fuerzas españolas, infligiéndolas una gravísima derrota conocida como el Desastre de Anual, en el que murieron unos 12.000 soldados españoles.
La derrota desató una tormenta política, en la que se exigieron responsabilidades al ejército, al gobierno e incluso al rey Alfonso XIII. De hecho, se creó una comisión parlamentaria para esclarecer lo sucedido, caso conocido como Expediente Picasso. Esto provocó malestar en las fuerzas armadas que, además de la agitación social, fue un excelente pretexto para que el ejército interviniese, de nuevo, dando un golpe de estado dirigido por el general Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, con el que acabó el régimen de la Restauración.
8.3 La dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII.El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, dirigió una sublevación militar que puso fin al régimen parlamentario y justificó su acción en la grave crisis social y política que vivía el país por la radicalización del movimiento obrero, el auge de los movimientos nacionalistas y el fracaso en la Guerra de Marruecos. Además, existía gran malestar en el ejército por el Expediente Picasso, una comisión de investigación parlamentaria, que buscaba depurar responsabilidades tras el desastre de Annual y que los militares consideraban una humillación. El golpe se extendió rápidamente a otras capitanías generales y contó con el apoyo de la Iglesia, la oligarquía, el empresariado catalán conservador y las clases medias acomodadas. Por su parte, el rey Alfonso XIII, dubitativo al principio, acabó aceptando el golpe militar y encargó la formación de gobierno a Primo de Rivera, dando lugar al Directorio militar (1923-1925). El directorio, encabezado por Primo de Rivera, tomó las siguientes medidas: disolvió las Cortes y prohibió la actividad de los partidos políticos; dejó en suspensión la Constitución de 1876, aunque no llegó a derogarse; sustituyó las autoridades civiles por militares; prohibió la bandera y el himno catalanes, restringió el catalán al ámbito privado y suprimió la Mancomunidad catalana. Por último, se aplicó una política de mano dura para restablecer el orden social, prohibiéndose las manifestaciones, las huelgas y los sindicatos y se paralizaron las investigaciones al ejército. En cuanto a la ideología, el nuevo régimen no tenía una bien definida, aunque simpatizaba con el fascismo italiano y su programa de actuaciones se resumía en su lema: «menos política y más administración». Algunas medidas administrativas fueron el desarrollo de una política centralista, la persecución de los anarquistas, el restablecimiento del orden público mediante la implantación del estado de guerra y la reorganización de la administración local y provincial,
colocando mandos militares como gobernadores provinciales y alcaldes nombrados por el gobierno. Sin embargo, el gran éxito durante los primeros años de la dictadura fue poner fin a la Guerra de Marruecos: los rifeños, enardecidos por sus éxitos ante los españoles, atacaron la soberanía francesa, lo que propició el desembarco de Alhucemas en 1925 por las fuerzas franco-españolas y la rendición de Abd-el-Krim, poniendo fin al conflicto en 1927. Los éxitos conseguidos consolidaron la dictadura que, para impulsar el crecimiento económico, dio entrada a en el gobierno a civiles de ideología conservadora y capacidad de gestión como José Calvo Sotelo o Enrique Aunós, iniciándose el Directorio civil (1925-1930). A continuación, se llevaron a cabo iniciativas para institucionalizar el régimen: se creó la Unión Patriótica, un partido político que recogiese los principios ideológicos del régimen (religión, patria y monarquía), se sustituyeron las antiguas Cortes por una Asamblea Nacional Consultiva, un sucedáneo del parlamento; se creó un Consejo Nacional del Trabajo, una especie de sindicato vertical para resolver los conflictos laborales y se proyectó una nueva constitución en 1929 pero no llegó a promulgarse. En el ámbito económico, se adoptaron medidas de carácter nacionalista e intervencionista para impulsar la economía, pero se vieron frenadas por el crac del 29:
se aumentaron los aranceles para proteger la industria nacional, se realizó un ambicioso plan de obras públicas e infraestructuras que creó muchos puestos de trabajo a costa de un exceso de endeudamiento y se crearon empresas públicas en sectores estratégicos y en calidad de monopolio como Telefónica o CAMPSA. No obstante, aunque la dictadura fue aceptada por muchos españoles como una situación provisional, su afán por perpetuarse acabó desgastando al régimen y generalizó la oposición: los republicanos fundaron en 1926 la Alianza Republicana e iniciaron una campaña en el exterior contra la dictadura, apoyada por intelectuales como Ortega y Gasset o Unamuno. Por su parte, los obreros y estudiantes fundaron la Federación Universitaria Estudiantil y la Federación Anarquista Ibérica. Los viejos partidos se desligaron de la dictadura y exigieron nuevas elecciones y la restauración de la Constitución de 1976. Además, la crisis económica de 1929 llevó a amplios sectores políticos y sociales a pedir el relevo de Primo de Rivera. En este contexto, el rey, que había mantenido el régimen hasta el momento, se fue alejando de las posiciones de gobierno y Primo de Rivera, ante la falta de apoyos, dimitió en enero de 1930, exiliándose en París.
Alfonso XIII nombró a Dámaso Berenguer como jefe de gobierno, que intentó recuperar el régimen de la Restauración, estrategia conocida como la «dictablanda», pero con escaso éxito. En agosto de 1930, la oposición antimonárquica firmó el Pacto de San Sebastián con el objetivo de derrocar al rey e instaurar la república parlamentaria, para lo que se creó un comité revolucionario presidido por Niceto Alcalá-Zamora. En febrero de 1931, el almirante Juan Bautista Aznar sustituyó a Berenguer y convocó elecciones municipales como signo de normalización democrática. El triunfo se lo llevaron los republicanos que, dos días después, el 14 de abril de 1931, proclamaron la Segunda República Española