La Expulsión de los Moriscos y sus Consecuencias

Impacto Demográfico y Económico

En la raíz del problema morisco se encontraba una cuestión demográfica. En vísperas de la expulsión (1609), la población morisca de España era de 319.000 personas, para un total de 8 millones de habitantes. Sin embargo, estos 319.000 moriscos no estaban distribuidos uniformemente por toda la península. Más del 60% se concentraba en el cuadrante suroriental del país, especialmente en Valencia, donde sumaban aproximadamente 135.000. Los aristócratas terratenientes valencianos, protectores de los moriscos, protestaron ante el gobierno de Madrid, argumentando que la expulsión arruinaría sus propiedades.

Aunque la pérdida del 4% de la población española parezca pequeña, representaba un porcentaje mayor de la población activa. Entre los moriscos no había hidalgos, soldados, sacerdotes, vagos ni mendigos, y eran considerados una excelente mano de obra. En algunos lugares, su deportación creó una importante escasez de trabajadores y contribuyentes, afectando sectores como la producción de seda, la horticultura y el transporte, con el consecuente aumento de los salarios.

El Reinado de Felipe IV y las Reformas del Conde Duque de Olivares

Contexto Histórico

Durante el reinado de Felipe IV (1621-1665), España experimentó una gran crisis. El Conde Duque de Olivares (1587-1645), hombre inteligente, trabajador y enérgico, impulsó reformas que lo enfrentaron a la nobleza, el clero y las regiones periféricas.

Política Interior y Exterior

La política interior estuvo marcada por las necesidades de la exterior. Ante la crisis económica, demográfica y hacendística, el Conde-Duque intentó implementar reformas fiscales e institucionales. Castilla, que había sostenido el Imperio, estaba agotada. Portugal se centraba en defender su imperio de holandeses y británicos. Los territorios de la Corona de Aragón, que no se habían beneficiado del Imperio, se resistían a contribuir a su defensa.

La Unión de Armas y la Resistencia a las Reformas

Olivares propuso la Unión de Armas (1626) para distribuir los gastos militares entre los reinos según sus recursos. Sin embargo, esta iniciativa chocaba con la autonomía de los reinos establecida por los Reyes Católicos. Olivares intentó centralizar el Estado basándose en las leyes castellanas, que otorgaban mayor poder al rey. Para atraer a los demás reinos, puso fin al exclusivismo castellano en la administración y el gobierno del imperio. Su objetivo era crear un país unido, superando las diferencias que consideraba arcaicas.

Las Cortes, entre 1626 y 1635, no lograron avances. Portugal, Aragón, Valencia y Nápoles aceptaron enviar recursos al monarca, pero manteniendo sus instituciones. Cataluña se negó reiteradamente.

Reforma Fiscal y Consecuencias

Para obtener recursos, Olivares aumentó impuestos como las alcabalas y los millones, e impuso nuevas contribuciones: papel sellado, lanzas (impuesto que sustituía la obligación militar de la nobleza), impuesto sobre el azúcar y estancos (tabaco, chocolate y sal). Estos impuestos, aplicados en Castilla, provocaron revueltas en el País Vasco y ciudades comerciales. También se impusieron contribuciones forzosas a la nobleza y el clero, e incluso se vendieron pueblos de jurisdicción real, que se convirtieron en señoríos.