La Desamortización en España

1. La Doctrina Liberal y la Propiedad

Según la doctrina liberal, los hombres deben ser felices. Para garantizar dicha felicidad es necesario poseer unos bienes que aseguren tanto el presente como el futuro. De este modo, la propiedad se convierte en un derecho natural, pues se trata del medio imprescindible para alcanzar la felicidad.

Ya que todos los hombres buscan la felicidad, es necesario que gocen de total libertad y se encuentren en igualdad de oportunidades. Atendiendo a esto, el Estado debe garantizar:

• La propiedad privada
• La libertad

2. La Desamortización

De acuerdo con estos razonamientos, la revolución liberal burguesa actuó sobre el sistema de tenencia y propiedad de la tierra, logrando cambios significativos.

En el Antiguo Régimen gran parte de la tierra era de manos muertas, es decir, estaban fuera del mercado. Pertenecían a la Iglesia o a los municipios. Además de no tributar, no podían ser vendidas. Al encontrarse fuera del mercado se obstaculizaba su capitalización y mejora.

En el siglo XVIII los reformistas ilustrados, preocupados por maximizar los beneficios procedentes de la explotación de la tierra, trataron, tímidamente, de cambiar el sistema señorial de propiedad. Pero habrá que esperar al siglo XIX para que se produzcan verdaderos cambios en el sistema de propiedad y tenencia de la tierra. Para ello fue necesario desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales:

Mediante las desvinculaciones se liberan las tierras de los patrimonios vinculados, pasando sus titulares de usufructuarios a propietarios, pudiendo de este modo vender libremente sus posesiones. Para poner en marcha las desvinculaciones eran necesarias otras medidas legales previas:

• Abolir los señoríos, lo cual significaba acabar con las relaciones de dominio de los señores sobre los habitantes de sus territorios.
• Convertir en propiedad particular y libre las tierras.
• Suprimir los mayorazgos. Era ésta una institución de origen medieval mediante la que se aseguraba la integridad de los patrimonios, transmitiéndose estos al primogénito, que quedaba como usufructuario, no pudiendo vender los bienes heredados y debiendo transmitirlos íntegros a sus herederos.

A través de la desamortización el estado nacionaliza los bienes, eclesiásticos o civiles (de los municipios) para su posterior venta en subasta pública.

Con estas medidas se pretendía, en definitiva, aumentar el número de propietarios, los cuales, mediante la aplicación de su trabajo, aumentarían su riqueza, y con ello su felicidad, al tiempo que se engrandecía la riqueza nacional.

En una desamortización se pueden distinguir grosso modo varios pasos:

• En primer lugar, se promulgan leyes para proceder con las desvinculaciones de los bienes nobiliarios y la desamortización de los bienes eclesiásticos y municipales.
• A continuación, el estado se apropia de dichos bienes, dejando de este modo de estar en manos muertas (fuera del mercado) para convertirse en bienes nacionales susceptibles de ser vendidos en el mercado.
• Finalmente, esos bienes salen a la venta en subasta pública.

Los beneficios obtenidos por el Estado español fueron destinados principalmente a amortizar la dilatada deuda pública.

El Proceso Desamortizador en España

La desamortización se produjo de manera discontinua, siendo impulsada o frenada según el signo político de los gobiernos constituidos.

Desde 1767 (año en que los jesuitas fueron expulsados de España por el gobierno ilustrado durante el reinado de Carlos III) hasta 1924 (cuando Calvo Sotelo derogó definitivamente las leyes sobre la desamortización) pasaron a manos privadas casi 20 millones de hectáreas, el 39% de la superficie del Estado.

Pueden distinguirse una serie de fases en este largo proceso desamortizador:

• Desamortización de Godoy (1798), ministro de Carlos IV.
• Desamortización de José I y de las Cortes de Cádiz (1811-1813)
• Desamortización del Trienio Liberal (1820-1823)
• Desamortización de Mendizábal (1836-1851)
• Desamortización de Madoz (1855-1924)

Una de las primeras desamortizaciones eclesiásticas se llevó a cabo en tiempos de Carlos IV, hacia 1798. El estado obtuvo permiso de la Santa Sede para expropiar y vender los bienes de los jesuitas y de obras pías (hospicios y beneficencias).

Durante la Guerra de Independencia (1808-1814) el gobierno de José I, por un lado, y las Cortes de Cádiz, por otro, decretaron nuevas desamortizaciones, que al igual que las que se pusieron en marcha durante el Trienio Liberal (1820-1823), no tuvieron casi ninguna repercusión debido a la reposición del absolutismo monárquico.

Las desamortizaciones posteriores serán las más importantes de todas, debido a la importancia de los bienes a los que afectaron y a la transcendencia que tuvieron. Nos referimos a la desamortización de Mendizábal (1835) y a la desamortización de Madoz (1855). Las analizaremos a continuación con un poco más de detenimiento:

Desamortización de Mendizábal (1836)

También denominada eclesiástica, debido al importante volumen de bienes pertenecientes a la Iglesia a los que afectó.

Mendizábal actuó durante el Bienio Progresista (1835-1837), primero como primer ministro, más tarde como ministro de Hacienda. Durante aquellos años se estaba desarrollando la I Guerra Carlista, en la que se estaba decidiendo la continuidad de Isabel II en el trono, y con ello la continuidad del nuevo estado liberal.

Con el objeto de poder financiar la guerra, así como para poder respaldar las futuras peticiones de préstamos a instituciones extranjeras con las que financiar los proyectos de desarrollo liberales, era necesario disminuir la deuda pública existente. Estos fueron motivos suficientes que permitieron legitimar la publicación del Decreto desamortizador de febrero de 1836 impulsado por Mendizábal, a través del que se ponían en venta todos los bienes del clero regular (frailes y monjas). Al año siguiente, en 1837, otra ley amplió los bienes afectados a los del clero secular. Sin embargo, la caída de los progresistas imposibilitó su aplicación hasta 1841, durante la Regencia de Espartero.

Como consecuencia de la desamortización se desarrolló en España una nueva clase propietaria, una burguesía agraria, que identificaría sus intereses con el mantenimiento y la estabilidad del nuevo régimen liberal. Por otra parte, la desamortización trajo consigo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Roma.

En las ventas, aparte de metálico, se admitían los títulos de deuda pública por su valor nominal. Esto benefició en gran medida a los compradores, ya que los títulos de deuda se encontraban muy depreciados en el mercado.

Como consecuencia del gran tamaño de los lotes sacados a subasta, sólo los más pudientes pudieron participar en las compras. El campesinado no pudo participar en las subastas debido a su incapacidad económica.

Desamortización de Madoz (1855)

A través de la Ley de Desamortización general, de 1 de mayo de 1855, se pusieron en venta los bienes eclesiásticos que no habían sido afectados en la etapa desamortizadora anterior, así como los bienes de los pueblos, los denominados bienes de propios, con cuyo arrendamiento se sufragaban los gastos de los concejos, y los bienes comunales o baldíos, que eran aprovechados libremente por los vecinos, constituyendo una parte bastante importante de las economías domésticas campesinas.

Salvo en contadas excepciones, sólo se aceptó el pago en metálico. Al pagarse los bienes por su valor real, la burguesía no mostró tanto interés como en la desamortización anterior. Además, y especialmente a partir de 1870, comenzaron a aparecer en España nuevas opciones de inversión que ofrecían intereses más altos a la burguesía.

El campesinado participó en mayor medida en las compras, al menos esto es así en las zonas centro y norte peninsular. En el sur, el gran tamaño de las fincas sacadas a subasta continuó impidiendo al pequeño campesino acceder a las subastas.

Consecuencias del Proceso Desamortizador

• La tierra no quedó repartida de manera equitativa entre la sociedad. El objetivo no era llevar a cabo una reforma agraria, sino recaudar dinero para respaldar los planes del estado.
• La superficie de cultivo aumentó, al tiempo que lo hizo la productividad.
• Propició el surgimiento de un proletariado agrícola compuesto por más de dos millones de jornaleros sometidos a unas condiciones de trabajo y vida muy duras.
• Nació una nueva burguesía agrícola que tratará de emular el estilo de vida y los comportamientos propios de la vieja nobleza.
• El tipo de propiedad existente en cada región quedó acentuado, es decir, el latifundismo en la zona centro-sur y el minifundismo en la zona norte peninsular.