Características de la Dictadura de Franco
La dictadura del general Franco se caracterizó por una absoluta concentración de poderes en manos del general, pero sin una ideología concreta en que sustentarse. En general, se pueden encontrar varias fuentes ideológicas: el catolicismo, que combinado con el patriotismo, originó el llamado nacional-catolicismo; el anticomunismo visceral; y el conjunto de la tradición conservadora española, que explica el antiliberalismo, la condena de las ideologías obreras y de los nacionalismos periféricos.
Desde el punto de vista social, el régimen contó con el apoyo de la oligarquía terrateniente e industrial, deseosa de recuperar el dominio social y económico amenazado por las reformas de la República, así como con el apoyo de los sectores de opinión conservadores y católicos, como el pequeño campesinado o los grupos urbanos de provincias. Pero la clave en la supervivencia del régimen fue la existencia de una mayoría silenciosa que no apoyó al régimen, pero que, por miedo o necesidad, se terminó acomodando.
Desde el punto de vista institucional, el régimen se apoyó en tres pilares: el Ejército, que garantizaba la represión de la disidencia; la Iglesia, que legitimó el régimen; y el partido único o Movimiento Nacional, que, a través de la propaganda, la información y los sindicatos verticales, ejercía un control sobre la población.
En sus momentos iniciales, la evolución política del régimen estuvo condicionada por la política exterior. Ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el régimen adoptó una inicial neutralidad, rota con la declaración de no beligerancia y la aproximación a Hitler ante el triunfo de las potencias del Eje en 1940. Esta aproximación se plasmó en la entrevista con Hitler en Hendaya y en el envío de la División Azul. En el terreno interior, esto se reflejó en la definición del régimen como nacional-sindicalista, con una fuerte presencia de Falange y el empleo de la retórica fascista.
Pero el retroceso de las potencias fascistas y el previsible triunfo de los aliados obligan al régimen a modificar su imagen, algo que se acentúa con el aislamiento internacional y la condena internacional tras la guerra. El régimen abandona la retórica fascista, reduce la presencia de Falange y se define como nacional-católico, dando más importancia a los ministros católicos para mejorar la imagen. Al mismo tiempo, se aprueban varias Leyes Fundamentales, como la que crea unas Cortes no electivas a modo de parlamento, el Fuero de los Españoles y la Ley de Sucesión, que declara a España como estado católico, social y representativo. El régimen se autocalifica como democracia orgánica, en la que los españoles participan a través del sindicato, la familia y el municipio.
En 1953, en el contexto de la Guerra Fría, los Estados Unidos ven en el anticomunismo del régimen un posible aliado y firman los acuerdos de cooperación, que, a cambio de ayuda económica, ceden a EE. UU. varias bases militares. Ese año también se firma el concordato con el Vaticano. Ambos acuerdos permiten la rehabilitación internacional del régimen. Éste, más seguro ahora, aprueba la Ley de principios fundamentales del Movimiento, convertidos en la base doctrinal del régimen.
La política económica se caracteriza por la autarquía y la búsqueda del autoabastecimiento, resultado del aislamiento exterior y de la voluntad del régimen. Ello se tradujo en un intervencionismo del Estado que regula toda la actividad económica, una industrialización por el Estado a través del INI y el control de la agricultura mediante la recogida de la cosecha a precios fijados por el Estado. El control de los trabajadores se hizo mediante los sindicatos verticales controlados por Falange. Esta política provocó una escasez y miserias generalizadas, que obligó a racionar alimentos básicos, la proliferación del mercado negro y el desarrollo de la corrupción como forma de conseguir licencias y permisos.
Pese a la dura represión del régimen, se desarrollaron diversas formas de oposición. En zonas de montaña se desplegó una táctica guerrillera conocida como el maquis, que acabó desapareciendo fruto de la represión y el miedo de la población. Paralelamente, don Juan de Borbón pasó de una postura de apoyo al franquismo a un acercamiento a las democracias parlamentarias, que se plasmó en el Manifiesto de Lausana. Finalmente, don Juan se acercó al dictador y aceptó que su hijo Juan Carlos viniera a educarse a España bajo la tutela del dictador. Mientras, la CNT y, sobre todo, el PCE intentaron organizar células clandestinas con poco éxito. En los años 50, aparecen nuevas formas de oposición: se producen huelgas en las zonas industriales y, en 1956, estudiantes universitarios protestan contra su encuadre en el sindicato falangista.
Hay que señalar que el franquismo provocó la mayor corriente de exiliados de la historia de España. Muchos exiliados acabaron en Francia, luchando en la resistencia francesa y sufriendo la ocupación nazi y los campos de concentración. México fue el país que de forma más generosa acogió a los republicanos españoles. Otro caso especial fue el de los niños de Rusia, que posteriormente sufrieron los rigores de la Segunda Guerra Mundial y el estalinismo. El exilio de los intelectuales constituyó la llamada España Peregrina y originó un auténtico empobrecimiento cultural.
Crisis y Modernización en los Años 50
A finales de los años 50, España está al borde del colapso económico por los fuertes desequilibrios acumulados. Se suavizó el intervencionismo y el crecimiento de las importaciones amenaza con agotar las divisas. Además, la presión obrera logró subidas de salarios que favorecieron la inflación. Los organismos internacionales presionan para que se cambie la política económica y en ello coinciden los nuevos ministros tecnócratas. Todo ello se plasma en el Plan de Estabilización de 1959, que reduce el intervencionismo y facilita la inversión exterior, así como las importaciones y exportaciones.
Este Plan originó una grave crisis inicial, pero al poco propició un fuerte crecimiento económico que se manifestó en una modernización gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, y que se apreció especialmente en la agricultura. Se produjo un fuerte desarrollo industrial, un crecimiento de los servicios modernos así como los vinculados al turismo, y el crecimiento de la renta per cápita. El desarrollo fue dirigido por el Estado, estableciendo unos planes de desarrollo y favoreciendo la distribución territorial mediante los polos de desarrollo. Sin embargo, este desarrollo tuvo elementos negativos, como los fuertes desequilibrios territoriales, los bajos salarios y la dependencia de la financiación exterior, ya fuera de las inversiones extranjeras, las remesas de los emigrantes o las divisas de los turistas europeos.
Este desarrollo se reflejó en los cambios de la sociedad. En la postguerra, la sociedad estaba polarizada y marcada por la pobreza, impregnada de una moral católica y ultraconservadora, y basada en los principios de autoridad, supremacía masculina y exaltación imperial. Pero el desarrollo económico da paso a una sociedad más moderna y abierta. En primer lugar, se producen intensos movimientos migratorios. El éxodo rural vacía pueblos y favorece el crecimiento de los barrios obreros y las ciudades dormitorio de las grandes ciudades, aunque no se solucionaron los problemas del chabolismo o de la ausencia de servicios. Al mismo tiempo, se produce una fuerte corriente migratoria hacia Europa Occidental, que evitó que el régimen tuviera que enfrentarse al problema del paro.
Paralelamente, se moderniza la sociedad. El sector primario se reduce y crece el empleo en el secundario y terciario. Crecen las clases medias urbanas, sobre todo los trabajadores de cuello blanco. La emigración soluciona el histórico problema de los jornaleros, mientras que en la oligarquía pierden peso los terratenientes frente a los intereses financieros e industriales vinculados al capital extranjero. Además, se ponen las bases de una incipiente sociedad de consumo.
Desde el punto de vista político, el periodo está marcado por los nuevos ministros tecnócratas vinculados al Opus Dei y más preocupados por la economía. Estos ministros son conscientes de la necesidad de abordar una modernización política que se plasma en una aparente liberalización, que tuvo su manifestación en diferentes leyes, como la Ley de Prensa, que sustituía la censura previa por sanciones; la Ley de Libertad Religiosa; o la Ley Orgánica del Estado, que, a modo de Constitución, establecía las relaciones entre los órganos del Estado. Este proceso culmina en 1969 con la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor del Caudillo.
Pero el carácter aparente de esta liberalización se plasmó en la dura reacción del régimen frente al llamado Contubernio de Múnich, con duras sanciones hacia sus participantes, la ejecución del dirigente comunista Julián Grimau, o la creación del Tribunal de Orden Público, encargado de la represión política.