La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional, declaró el estado de guerra y exigió que el poder pasase a manos de los militares. Tras unas horas de vacilaciones, el rey Alfonso XIII le encomendó la formación de un nuevo gobierno, integrado exclusivamente por militares. La dictadura tuvo siete años de vida en los que se sucedieron dos formas de gobierno: el Directorio Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (1925-1930), así denominados por la procedencia de sus miembros. El Directorio Militar fue un régimen con carácter interino con la pretensión de resolver los problemas pendientes; el Directorio Civil pretendía la institucionalización del régimen y mostraba más interés por las cuestiones de índole económica y social.
Las Causas del Golpe de Estado
El golpe de Estado se justificó con el argumento de que el régimen constitucional estaba bloqueado y desprestigiado, y que existía un grave peligro de revolución social. El dictador concibió su acción no como un fin, sino como un remedio indispensable. Su discurso tenía pretensiones regeneracionistas e incluso moralistas, se centraba en la crítica de la «vieja política» y presentaba un claro componente populista, con el que intentaba ganarse la adhesión popular. En su manifiesto inaugural, Primo de Rivera anunció su firme voluntad de limpiar el país de caciques y de acabar con el bandidaje político, la indisciplina social y las amenazas a la unidad nacional. También hay que considerar que en la decisión de Primo de Rivera y en el rápido plácet regio, influyó notablemente el deseo de ambos de evitar que las Cortes exigieran responsabilidades por el desastre de Annual.
La Reorganización del Estado
Las primeras medidas del Directorio Militar mostraron su carácter dictatorial: suspensión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas, cese de las autoridades civiles, prohibición de las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, etc. Todo ello fue acompañado de la militarización del orden público y de una represión del obrerismo más radical (cenetistas y comunistas).
La regeneración política era uno de los objetivos primordiales del discurso del dictador. También se disolvieron los ayuntamientos y fueron sustituidos por juntas de vocales asociados, integradas por los mayores contribuyentes de cada localidad y nombradas a través de los gobernadores civiles. La regeneración prometida quedó en una gran farsa, ya que se suspendieron todos los mecanismos electorales y la renovación política se limitó a sustituir unos caciques por otros.
El régimen propugnaba una nueva forma de hacer política y para esa tarea se creó un nuevo partido, la Unión Patriótica. Se trataba de un partido gubernamental, sin un programa ideológico definido y cuya misión primordial era proporcionar apoyo social a la dictadura y seguir las directrices de la superioridad. Los afiliados al nuevo partido procedían básicamente de las filas del catolicismo, de los funcionarios de las administraciones y de los caciques rurales.
La Política Económica y Social
La dictadura se benefició de la buena coyuntura económica internacional de los años veinte. Fueron años de política nacionalista y de dirigismo estatal que combinaron elementos intervencionistas (acentuación de la orientación proteccionista) con un impulso al desarrollo industrial de los sectores de bienes de inversión.
El Estado tuvo un protagonismo económico notable gracias al fomento de las obras públicas (ferrocarriles, carreteras, planes hidroeléctricos, etc.) y se aprobó un decreto de protección de la industria nacional que preveía la concesión de ayudas estatales a las empresas que no podían competir con el exterior. También se concedieron grandes monopolios como el de teléfonos a la Compañía Telefónica Nacional de España y se otorgó la exclusividad en la importación, refinado, distribución y venta de petróleo a la compañía arrendataria CAMPSA. Toda esta política comportó un notorio crecimiento del déficit presupuestario y provocó un acusado endeudamiento del Estado que, en 1929, era siete veces superior al de 1924, aunque estaba disfrazado por la contabilidad oficial.
La dictadura puso en marcha un modelo de regulación del trabajo que pretendía eliminar los conflictos sociales mediante la intervención del Estado, la integración de los sectores moderados del movimiento obrero y la represión de las organizaciones más radicales. A este fin se creó la Organización Corporativa Nacional, que articulaba las relaciones laborales sobre la base de las profesiones, creando los comités paritarios que estaban formados en igual número por patronos y obreros. Su misión era la reglamentación de los salarios y de las condiciones de trabajo, así como la mediación y arbitraje en caso de conflictos laborales. Estos comités encontraron el apoyo de la UGT, mientras la CNT era prohibida y se potenciaba, en cambio, a los sindicatos libres.
La Oposición a la Dictadura
La oposición fue integrada por los líderes de los partidos dinásticos, republicanos, catalanistas, comunistas, anarquistas y casi todos los intelectuales. Participaron en conspiraciones militares como el complot de la Sanjuanada (1926). El cierre de universidades derivó en protestas de estudiantes (Federación Universitaria Española (FUE)).
La Caída del Dictador
La oposición creciente a Primo de Rivera se intensificó cuando el rey se convenció de que la permanencia de la dictadura era un peligro para la monarquía. Alfonso XIII optó por retirar la confianza al dictador, que dimitió el 30 de enero de 1930. Berenguer fue el encargado de sustituirlo con el objetivo de volver a la normalidad constitucional («dictablanda»). Los republicanos, catalanistas de izquierda y el PSOE acordaron el Pacto de San Sebastián (un programa para presentarse a las elecciones y convertirse en el gobierno provisional de la futura república, que adquirió el compromiso de reconocer el derecho a la autonomía de Cataluña, País Vasco y Galicia). Berenguer fue incapaz de hacer nada y fue cambiado por Aznar. En aquel momento se convocaron elecciones municipales, consideradas peligrosas. Se quería volver a la normalidad, pero Alfonso XIII se había comprometido con la dictadura y las elecciones se presentaron como un plebiscito.