Autarquía y Desarrollo Económico

En los años 40 y 50, el régimen franquista implementó una política económica autárquica, basada en la autosuficiencia y el proteccionismo. El Estado controlaba todos los sectores de la economía, creando un fuerte sector público gestionado por el Instituto Nacional de Industria (INI). Sin embargo, la agricultura fue la gran perjudicada, ya que no hubo reformas agrarias y recibió escasas ayudas estatales.

Para solucionar los problemas de desabastecimiento, se creó el Servicio Nacional de Trigo, que obligaba a los agricultores a vender sus cosechas al Estado a bajo precio. El modelo autárquico impidió el crecimiento económico, caracterizado por altos costes y escasa competitividad, lo que se tradujo en inflación, déficit comercial y una Hacienda Pública deficitaria.

Liberalización y Desarrollo

A lo largo de los años cincuenta, el régimen comenzó a liberalizar la economía y romper su aislamiento internacional. Los acuerdos con EE. UU. y el ciclo expansivo de la economía europea permitieron la integración de España en organizaciones internacionales como la Organización Europea de Cooperación Económica y el Fondo Monetario Internacional.

El fin del aislamiento supuso la llegada de materias primas, suministros y financiación, esenciales para el crecimiento industrial. En 1957, se incorporaron ministros tecnócratas al Gobierno, quienes elaboraron el Plan de Estabilización Económica de 1959, que perseguía reducir la inflación y liberalizar la actividad económica y las relaciones comerciales con el exterior.

El Plan conllevó medidas de reajuste y austeridad, como recortes en el gasto público, congelación de salarios y devaluación de la peseta. También se favoreció la llegada de inversiones extranjeras. Los efectos fueron inmediatos: se estabilizó la inflación y mejoró la balanza comercial, pero tuvo efectos negativos como el descenso del consumo y el aumento del paro.

Planes de Desarrollo

En los años 60, se creó la Comisaría de Plan de Desarrollo, dirigida por el tecnócrata López Rodó. Se pusieron en marcha tres Planes de Desarrollo, mediante los cuales el Estado orientaba a los empresarios privados y planificaba el sector público, marcando objetivos de crecimiento económico.

La planificación se centró en el sector industrial, buscando solucionar las deficiencias de productividad y generar nuevos»polos de desarroll» para reducir los desequilibrios regionales. El gran crecimiento económico que experimentó España a partir de los años 60 le permitió incorporarse definitivamente al grupo de países industriales.

Control Social e Ideológico

Los primeros años del franquismo se caracterizaron por un estricto control social e ideológico. Se utilizó la propaganda para exaltar la figura del caudillo y los logros del régimen, y para adoctrinar a la población e imponer un estilo de vida conforme a los valores de los vencedores.

La censura de libros, periódicos, actividades culturales y viajes empobreció cultural e intelectualmente a la sociedad española. La formación ideológica y moral de la sociedad recayó en diversas instituciones, como el Frente de Juventudes, la Sección Femenina y la Iglesia Católica, que tuvo un peso muy importante en el control de la moral social.

Modernización Social

La modernización de la estructura social estuvo vinculada al desarrollo económico de los 60. Se pasó de una sociedad básicamente rural y polarizada a una sociedad con predominio de clases medias urbanas. El aumento de la renta per cápita y de los salarios permitió avanzar hacia una sociedad de consumo, con la compra de electrodomésticos y el uso del automóvil.

La prosperidad económica, la mejora de la educación y el contacto con extranjeros produjeron profundos cambios en la mentalidad de los españoles, que empezaron a ser más abiertos y permisivos. La mujer comenzó a incorporarse a la universidad y al trabajo, y la juventud demandaba cambios hacia la libertad moral, cultural y política.

Represión y Oposición

Para el régimen franquista, la victoria en la Guerra Civil no era definitiva, sino que debía consolidarse con una política de represión sistemática del enemigo interno. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 declaraba»rebelde» a todos los que hubieran apoyado la»subversión roj» y castigaba severamente cualquier manifestación u organización en contra del régimen.

El Tribunal de Responsabilidades estaba integrado por militares, miembros del partido único y jueces, y sus sentencias podían ser de cárcel, destierros, económicas, trabajos forzados o penas de muerte. Se estima que se encarcelaron a 300.000 presos políticos y alrededor de 60.000 personas fueron fusiladas en la década de los cuarenta.

La gran represión franquista y las elevadas cifras de exiliados dificultaron la reconstrucción de una oposición en el interior de España. En 1945, desde Suiza, el hijo de Alfonso XIII, D. Juan de Borbón, publicó el»Manifiesto de Lausan» pidiendo la dimisión de Franco y reivindicando la restauración de la monarquía.

Oposición Interna y Externa

La oposición popular en el interior de España estuvo protagonizada por los»Maqui» entre 1944 y 1949. Era un movimiento de resistencia guerrillero que pretendía desgastar y destruir al franquismo, pero su capacidad de actuación fue limitada.

En la década de los 50, la oposición interna se orientó hacia las huelgas obreras y las protestas estudiantiles. El régimen respondió con una dura represión. En los años 60, la oposición en el exilio pasó a un segundo plano, mientras que la oposición política y social interna fue creciendo.

Transición Democrática

El 20 de noviembre de 1975 moría Franco y le sucedía en la jefatura del Estado el rey Juan Carlos I. En su discurso, dejaba entrever su voluntad democrática. Se planteaban tres posibilidades de futuro: la continuidad del franquismo sin Franco, la ruptura pactada o la ruptura con el régimen.

Juan Carlos I inició contactos con los aperturistas del régimen para estudiar el tránsito de la dictadura a la democracia. Nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, quien inició algunos cambios moderados, como la legalización de los partidos políticos, salvo nacionalistas y comunistas.

La oposición presionó al régimen con huelgas y manifestaciones. El rey, consciente de que Arias Navarro era un obstáculo para la transición democrática, forzó su dimisión en junio de 1976.

Suárez nombró a personajes aperturistas en puestos claves del régimen y buscó el apoyo de sectores franquistas aperturistas y de la oposición política. El instrumento de reforma fue la Ley para la Reforma Política, que establecía la formación de unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal.

El siguiente paso fue someter la Ley a un referéndum en diciembre de 1976, que fue aprobada por el 94%. El segundo obstáculo era la legalización de algunas fuerzas políticas, especialmente el PCE. Aun a pesar del riesgo de golpe militar, Suárez consiguió su legalización el 9 de abril de 1977.

Elecciones Democráticas y Constitución

El 15 de junio de 1977 se celebraron elecciones democráticas a cortes Constituyentes. Con una participación cercana al 80%, se produjo la victoria del partido liderado por Adolfo Suárez, Unión de Cetro Democrático (UCD). En segundo lugar, quedó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Adolfo Suárez fue elegido primer presidente de un gobierno democrático en más de cuarenta años y se inició el proceso constituyente. Tras casi un año de discusiones, el 31 de octubre de 1978 el Congreso de los Diputados aprobó el texto constitucional.

El 6 de diciembre fue sometida a referéndum y aprobada por el 90% de los votantes. Al tiempo que nacía el régimen constitucional, el Gobierno de Suarez tenía que hacer frente a la fuerte crisis económica que vivía España. Para evitar que la población identificara crisis económica y democracia, el Gobierno y la oposición firmaron en 1977 los Pactos de la Moncloa.