A diferencia del gobierno personal de los primeros Austrias, Carlos I y Felipe II, el gobierno de los monarcas españoles del S XVII se caracterizó por la figura del valido, una persona de confianza para el rey. Destacaron el Duque de Lerma y el Duque de Uceda con Felipe II, y el Conde-Duque de Olivares con Felipe IV. Este sistema suponía un refuerzo al poder absoluto.
Los conflictos internos comienzan en 1609, cuando el Duque de Lerma expulsa a los moriscos, lo cual afectaría a los reinos de Valencia y Murcia. El proyecto presentado en 1625 por el Conde-Duque de Olivares, conocido como la Unión de Armas, provocó una dura resistencia en todos los reinos, ya que todos debían participar en los gastos militares de la monarquía. Esto generó una rebelión en Vizcaya en 1631 por el incremento del precio de la sal, una sublevación en Cataluña en 1640 que se mantuvo independiente aunque controlada por Francia hasta 1652, la rebelión de Portugal hasta su independencia definitiva, y una sublevación en Andalucía en 1641 por el Duque de Medina Sidonia. También hubo sublevaciones en Aragón y Nápoles en 1648. Además, había descontento entre los campesinos y las capas populares por los impuestos y las continuas levas.
Crisis de 1640
En Cataluña existía una situación tensa desde la presentación de la Unión de Armas en 1625, iniciando una política centralista. La situación empeoró cuando en 1635 se inició la guerra entre Francia y España y Cataluña se convirtió en el campo de batalla. Los numerosos incidentes desembocaron en una rebelión dirigida por Pau Claris que culminó con el asesinato del virrey Santa Coloma el día del Corpus en 1640. En 1652 se produjo la capitulación de Barcelona a Felipe IV, donde se comprometió a respetar los fueros y conceder indulto.
En Portugal, el descontento por la castellanización de los cargos y el abandono del imperio ultramarino hizo que la nobleza aprovechara las revueltas catalanas y nombrara rey a Juan IV. Tras varios fracasos militares de Carlos II, se firmó el Tratado de Villaviciosa en 1668, donde se reconoce la independencia de Portugal.
La Guerra de Sucesión y el Sistema de Utrecht
Carlos II murió en 1700 sin descendencia, dejando el trono a Felipe de Anjou a cambio de sus derechos al trono francés por ser nieto de Luis XIV. Al aprobar el Parlamento francés la opción de Felipe V al trono español, se formó una coalición de países europeos para impedirlo, nombrando al Archiduque Carlos como candidato al trono. Durante la guerra, Felipe V estuvo apoyado por Francia y Castilla, mientras que los coaligados apoyaron al Archiduque Carlos en Aragón y Cataluña. La guerra terminó en 1711 con la muerte del emperador austriaco y la salida negociada de Carlos, quien heredó el trono de Austria. Los coaligados cambiaron de estrategia ante una posible hegemonía austriaca. Por los Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714), se acepta a Felipe V a cambio de su renuncia al trono francés y la cesión de territorios.
Crisis
En el siglo XI, tras la muerte de Almanzor, los reinos taifas se separaron y aparecieron los reinos taifas (1031-1085). Los cristianos aprovecharon estas alianzas y conquistaron Toledo. También hubo enfrentamientos con los almorávides en Sagrajas en 1086 y Uclés en 1108, aunque Alfonso VIII logró vencer en la Batalla de las Navas de Tolosa. En los reinos cristianos, hubo una crisis demográfica debido a la Peste Negra en 1348. Sin embargo, se recuperaron económicamente Castilla, Aragón y Cataluña a principios y mediados del siglo XV. En Castilla, hubo una dinastía Trastámara que llegó al poder tras una guerra civil entre Pedro I y Enrique II, y otra guerra civil entre Juana e Isabel tras la muerte de Enrique IV. En Aragón, se evitó la guerra civil gracias al Compromiso de Caspe en 1412, que llevó al trono a Fernando I.
En Al-Andalus, había una organización bajo el emir y los visires. Los cadies impartían justicia y los walies gobernaban las provincias. Socialmente, había varias clases, con origen árabe, bereber y muladí. Existían leyes especiales para judíos y mozárabes, así como para los esclavos. La economía se basaba en la agricultura, con técnicas de riego y nuevos productos. También había artesanía de papel y seda, y se comerciaba por la cuenca mediterránea.
En los reinos cristianos, la Corona de Castilla era una monarquía feudal, con el rey como máxima autoridad y una organización en torno al palatium. Había una curia regia ordinaria que en el futuro se convertiría en las Cortes. La administración territorial se basaba en merinos. La Corona de Aragón era una monarquía federal formada por varios reinos, donde el rey ejercía la justicia con la ayuda de las Cortes. Otros territorios tenían vegueres en Cataluña, batles en Baleares y justicias en Valencia. La curia extraordinaria derivó en las Cortes en 1274. En 1218 se crearon las Corts en Cataluña y en 1823 en Valencia.
En la época de los Reyes Católicos, se llevaron a cabo reformas en las instituciones. En ambos reinos seguían existiendo Cortes con poder legislativo. En el ámbito ejecutivo, en Castilla los reyes tenían el poder, mientras que en Aragón lo compartían con otras instituciones como la Generalitat y la Diputación del General. En el ámbito judicial, en Castilla había audiencias o chancillerías, mientras que en Aragón el rey estaba vigilado por la justicia de Aragón. También había funciones consultivas, como el Consejo de Castilla en Castilla y el virrey y el Consejo de Aragón en Aragón. La organización financiera se realizaba a través de contadurías, y el poder municipal estaba en manos de corregidores. El orden público estaba controlado por la Santa Hermandad. En ambos reinos, la Inquisición controlaba la pureza de la religión.