La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de Familia.

Tras la muerte de Carlos II, la elección de Felipe de Anjou (nieto de Luis XIV de Francia) como heredero, sin renunciar a los derechos al trono de Francia, llevó a Inglaterra a formar la Gran Alianza de la Haya para evitar la posible hegemonía francesa. Esto desencadenó la Guerra de Sucesión Española (1701-1714), un conflicto de carácter internacional con implicaciones civiles en España.

Durante la guerra, Inglaterra ocupó Gibraltar y Menorca, lo que les permitió controlar el comercio en el Mediterráneo. En España, la guerra se convirtió en una lucha interna entre los partidarios de Felipe (Castilla) y los de Carlos de Habsburgo (Aragón). Felipe V, tras ser jurado rey por los aragoneses, inició la conquista de los reinos de la Corona de Aragón, aboliendo sus fueros y privilegios.

La guerra finalizó con la Paz de Utrecht (1713), donde se reconoció a Felipe V como rey de España a cambio de su renuncia a los derechos al trono francés. Sin embargo, la paz supuso la pérdida de posesiones españolas en Europa (Gibraltar, Menorca, Flandes, Milán, Nápoles), lo que marcó el declive de España como potencia internacional.

Con el objetivo de recuperar los territorios perdidos, los Borbones se aliaron con Francia a través de los Pactos de Familia. El primero, en 1733, permitió la recuperación de Nápoles y Sicilia. El segundo, en 1743, añadió Parma, Plasencia y Guastalla. Finalmente, el tercer pacto, en 1761, tuvo dos fases: en la primera, España perdió Florida a cambio de Luisiana; en la segunda, recuperó Florida y Menorca.

La nueva monarquía borbónica. Decretos de Nueva Planta. Modelo y reformas.

Tras su victoria en la Guerra de Sucesión Española, Felipe V estableció una nueva monarquía en España, inspirada en el modelo absolutista francés. Para centralizar el poder y homogeneizar el reino, implementó los Decretos de Nueva Planta (1707-1716), que abolieron los fueros e instituciones de los reinos de la Corona de Aragón (excepto Navarra y el País Vasco, que habían apoyado a Felipe V).

Los decretos sustituyeron las instituciones forales por las castellanas: las Cortes de Castilla se convirtieron en las únicas del reino, se crearon consejos (ministerios) para asistir al rey y se establecieron las intendencias como divisiones administrativas. Los intendentes, funcionarios reales, concentraban el poder en las provincias, encargándose de la recaudación de impuestos, la administración de justicia y el reclutamiento militar.

En América, las reformas borbónicas buscaron un mayor control y eficiencia administrativa. Se crearon nuevas intendencias y se dividió el Virreinato del Perú en tres: Nueva Granada, Perú y Río de la Plata. Además, se estableció un ejército permanente en América para proteger los intereses de la Corona.

En cuanto a la Hacienda, se buscó una mayor eficiencia y equidad fiscal. Se intentó que todos los súbditos contribuyeran al gasto público de forma más equitativa. Fernando VI impulsó el Catastro de Ensenada, un ambicioso proyecto para registrar las propiedades y rentas del reino. Carlos III, por su parte, creó los vales reales, un instrumento financiero que buscaba obtener recursos para el Estado.

En el ámbito religioso, los Borbones buscaron un mayor control sobre la Iglesia. Se expulsó a los jesuitas en 1767, acusados de instigar el Motín de Esquilache. Además, se reforzó el Patronato Regio, que otorgaba a la Corona el derecho a nombrar a los cargos eclesiásticos.

La España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas: agricultura, industria y comercio con América. Causas del despegue económico de Cataluña.

El siglo XVIII presenció un crecimiento demográfico en España, impulsado por una disminución de la mortalidad y un mantenimiento de la natalidad. Este crecimiento fue especialmente notable en Cataluña y el País Vasco, regiones que experimentaban un incipiente desarrollo industrial en los sectores textil y siderúrgico.

La agricultura, base de la economía española, se enfrentaba a problemas como la amortización de la tierra (en manos de la Iglesia y la nobleza) y la falta de inversión. Carlos III intentó impulsar el sector con medidas como la colonización de Sierra Morena y la Ley Agraria de Jovellanos, que buscaban poner en cultivo nuevas tierras, aunque de menor calidad.

El comercio interior se veía limitado por el autoconsumo campesino, las dificultades geográficas, la falta de un mercado nacional unificado y la deficiente infraestructura. El comercio exterior, por su parte, se caracterizaba por un déficit comercial con Europa, debido a la compra de manufacturas y la escasa competitividad de los productos españoles. La burguesía española, poco emprendedora, no invertía en la producción manufacturera.

El comercio con América se regía por el monopolio de la Corona, que controlaba las rutas y los productos. Las compañías comerciales, como la Compañía Guipuzcuana de Caracas, debían financiar sus propias flotas para proteger sus mercancías, debido a la debilidad de la Armada Española.

A finales del siglo XVIII, las medidas liberales impulsadas por Carlos III, como la liberalización del comercio, beneficiaron a regiones como Cataluña, que experimentó un notable crecimiento económico. La industria textil catalana, favorecida por la producción de indianas (tejidos de algodón estampados) y la apertura de nuevos mercados, impulsó el desarrollo de la región. La estructura de la propiedad de la tierra en Cataluña, basada en minifundios, permitió una mayor participación de los campesinos en la producción y el comercio, lo que contribuyó al despegue económico catalán.