La España Isabelina (1833-1868)
Inestabilidad Política y Cambio Social
La España isabelina (1833-1868), es uno de los períodos históricos de mayor inestabilidad política durante el siglo XIX. Destaca como una época de cambios, de violentas transformaciones, con continuas disputas entre los moderados y los progresistas y sufriendo la constante intervención de los militares, los llamados “espadones”, en la vida política (tal como refleja el documento 3). La misma figura de la monarca es fundamental para entender muchos de los problemas y conflictos sufridos por el país durante esos años. Pero también es importante recordar que durante el reinado de Isabel II nuestro país fue testigo de hechos fundamentales, como el triunfo definitivo del Estado liberal y el fin del absolutismo político, la desaparición del Antiguo Régimen, el desarrollo de una incipiente vida política, sin olvidarnos de los cambios que se produjeron en el panorama económico y social.
Etapas del Período Isabelino
El período isabelino se divide, desde el punto de vista político, en diferentes etapas, dependiendo del acceso al poder político, vía pronunciamiento, de los progresistas o de los moderados. Así se distinguen en el reinado personal la llamada Década Moderada (1844-54), el Bienio Progresista (1854-56) y los 12 años de gobiernos moderado-unionistas.
Por otra parte, las divisiones políticas entre progresistas y moderados (originadas en el Trienio Liberal), aumentarían durante esta época, siendo uno de los signos más característicos del reinado de Isabel II.
Las Regencias (1833-1843)
Antes de alcanzar la mayoría de edad reconocida por las Cortes en 1843, hubo dos regencias, la de María Cristina y la del general Espartero. Debido a la minoría de edad de Isabel en el momento de la muerte de Fernando VII, la regencia fue llevada a cabo, en primer lugar, por su propia madre, María Cristina de Borbón, hasta su renuncia en 1840. La Reina regente, preocupada sobre todo por defender los derechos dinásticos de Isabel, buscó el apoyo político de los realistas y de los liberales más moderados frente a la línea más dura del absolutismo, estos últimos simpatizantes del carlismo. Durante los siete años de su regencia, María Cristina encargó formar gobiernos tanto a los elementos más moderados del liberalismo (Martínez de la Rosa) como a los progresistas o “exaltados” (Mendizábal), “alternándose” ambos grupos políticos debido a sucesivas revueltas, pronunciamientos y presiones. Podemos resumir las principales medidas llevadas a cabo en esa primera regencia recordando la división provincial de Javier de Burgos (1833), el proyecto de carta otorgada o Estatuto Real de 1834 (un texto muy conservador y restrictivo, que no pasó de ser un proyecto), desamortización eclesiástica de 1836, nacimiento de la Constitución progresista de 1837 (doc. 1) etc.
Finalmente, la simpatía ideológica de María Cristina por el bando moderado y su escaso compromiso en profundizar las reformas políticas que exigían los liberales más progresistas, llevaron a aquella a entregar la regencia al general Espartero, líder de estos últimos y que estuvo en el poder hasta 1843. Durante esta fase, el nuevo regente llevó a cabo distintas actuaciones, tras la finalización de la I Guerra Carlista, medidas económicas liberalizadoras y librecambistas, además de una nueva ley desamortizadora, y, sobre todo, una política autoritaria y alejada de cooperar con las Cortes, lo que llevaría finalmente a un pronunciamiento moderado-progresista, liderado por Narváez y O´Donnell que obligarían a Espartero a renunciar y exiliarse. La intervención del ejército en la vida política española a lo largo del reinado de Isabel será uno de los principales rasgos de este período histórico (Documento 3)
División Ideológica: Moderados y Progresistas
Anteriormente indicamos como un aspecto fundamental de la España isabelina la división ideológica de los liberales entre moderados y progresistas.
Los Progresistas
Los progresistas (apoyados en las clases medias y en los profesionales liberales), tenían su origen en los “veinteañistas” o “exaltados” del Trienio Liberal (1820-23). En el reinado de Isabel II accedieron al poder siempre mediante pronunciamientos y revueltas políticas, permaneciendo en el gobierno muy pocos años en comparación con los moderados. Períodos progresistas fueron los de los gobiernos de Mendizábal (en la regencia de María Cristina) y durante el llamado Bienio Progresista (1854-1856). Al igual que los moderados, los progresistas intentaron institucionalizar y asentar sus bases ideológicas a través de un texto constitucional (como el de 1837 o el proyecto de 1856). Precisamente, el Documento 1 hace referencia a los progresistas, ya que tras los levantamientos revolucionarios de 1836, los progresistas accedieron al poder, eliminando legal y definitivamente el Antiguo Régimen y consolidando el régimen liberal a través de un nuevo texto constitucional, el de 1837, que aunque resume muchos de los principios teóricos progresistas resultó menos democrática y avanzada que la anterior constitución, la de 1812 (el nuevo sistema político se basaba en una estrecha colaboración entre el monarca y las Cortes, teniendo aquel un papel predominante y moderador). En este sentido, esta constitución fue una fórmula intermedia o de compromiso entre el progresismo y el moderantismo, que no satisfaría totalmente a ninguno de los dos bandos ideológicos rivales. En todo caso, destacar principios básicos del progresismo español, como el concepto de la soberanía nacional, la defensa amplia de derechos y libertades de los ciudadanos, como la libertad de prensa y de opinión, la igualdad ante la ley y el Habeas Corpus, una cierta descentralización desde el punto de vista de la organización territorial (elección popular de los alcaldes), la división de poderes, la organización de una Milicia Nacional, la defensa del librecambismo económico, etc. Pero, junto a estos conceptos avanzados, la misma constitución admitía otros más conservadores, como un Parlamento bicameral con senadores elegidos por el monarca, un sistema electoral fuertemente censitario y restringido y, sobre todo, una Corona con amplios e importantes poderes, entre ellos la soberanía compartida, el estado confesional, etc. Para terminar, los progresistas volverían a tomar el poder en 1854, inaugurando el Bienio Progresista, durante el que aprobaron importantes medidas como las leyes desamortizadora de Madoz y la Ley General del Ferrocarril (ambas en 1855).
Los Moderados
De todos modos, durante la mayor parte del reinado personal de Isabel II, esta se apoyó políticamente en los moderados (salvo los brevísimos períodos progresistas), favoreciendo las opciones más conservadoras, lo que llevaría a aumentar el desprestigio e impopularidad de la monarquía hasta desembocar en el derrocamiento de la propia reina en 1868. Con el apoyo de la Corona los moderados recuperaron el poder, permaneciendo de forma ininterrumpida en una primera etapa, la Década Moderada (1844-1854) y posteriormente, en una segunda etapa moderada, entre 1856 y 1868. El Documento 2 hace referencia, precisamente, a esa primera larga fase de gobierno de los moderados. Liderados por el “espadón” Narváez, los moderados establecieron un sistema político y estatal favorable a las clases sociales más acomodadas, simpatizantes del moderantismo (alta burguesía, aristocracia, financieros), enriquecidos por las leyes desamortizadoras y defensoras de un Estado conservador que protegiese sus intereses, apoyándose en la propia Corona y en el Ejército (la mayor parte de los jefes de gobierno moderados eran militares). Los moderados, en este sentido, aprobaron una serie de medidas básicas para garantizar su permanencia en el poder, tales como una restrictiva ley electoral (1846), la restricción de derechos y libertades básicos, el aumento de la centralización territorial y administrativa (Ley de Administración Local de 1845), la eliminación de la Milicia Nacional y su sustitución por la Guardia Civil (1844), la reforma tributaria de Mon (1845), el Concordato con la Santa Sede (1851), etc. El culmen de este proyecto político conservador fue una nueva Constitución, aprobada en 1845, con el fin de derogar la anterior de 1837 (incompatible con los intereses de los liberales doctrinarios o conservadores). El texto constitucional nuevo recogía las principales ideas del liberalismo moderado español, como la soberanía compartida entre el monarca y las Cortes, el reforzamiento del poder ejecutivo en manos de la Corona, que comparte además el poder legislativo (un Parlamento bicameral que resulta menos efectivo al estar el Senado en manos del monarca, y con un Congreso muy limitado por el sufragio restringido aplicado). El Estado se declaraba confesional, en un claro propósito de los moderados de mejorar sus relaciones con la Iglesia católica, deterioradas por las reformas progresistas. Los moderados, en lo económico, eran defensores del proteccionismo.
Crisis y Caída de la Monarquía Isabelina
Tras el breve paréntesis del Bienio Progresista, los moderados recuperarían el poder, alternándose los gobiernos del propio Partido Moderado (Narváez) y de la Unión Liberal (O´Donnell). En esos últimos 12 años de la monarquía isabelina, los moderados volvieron a restablecer la legislación y la Constitución Moderada de 1845, anulando la legislación más progresista (desamortización, libertad de imprenta) y llevando a cabo una política exterior muy activa y agresiva, por motivos de prestigio y de tipo militar. Sin embargo, la imagen de la monarquía estaba cada vez más deteriorada, por la acumulación de problemas internos varios y el propio papel de la reina. Las dificultades políticas aumentaron con la propia división y enfrentamientos internos de los gobiernos moderado-unionistas, además de las intromisiones de la reina. En este panorama, cada vez fue más presente la oposición política no solo de los progresistas, sino también de nuevos grupos más radicales y avanzados procedentes del liberalismo, como los demócratas y los republicanos.
Finalmente, a partir de 1863 la monarquía isabelina entra en su crisis definitiva. Junto al fortalecimiento de la oposición política, se producen diferentes actuaciones revolucionarias. Los problemas económicos internos y externos derivan en el aumento del descontento político y social. Aprovechando la crisis de la monarquía isabelina, contando con la simpatía de las masas populares, y con el apoyo de gran parte del ejército, la oposición antisabelina llevó a cabo un pronunciamiento en septiembre de 1868 (liderado por los jefes militares Prim, Serrano y Topete), que tuvo pleno éxito y consiguió destronar a la reina y llevarla al exilio, echando mano, una vez más, del modelo clásico de intervención del ejército en la vida política, el pronunciamiento, empleado con éxito o no durante gran parte del siglo XIX español (Documento 3). El levantamiento de 1868, iniciado en Cádiz, se extendió rápidamente por todo el país y consiguió tener éxito, ante todo, por la poca resistencia con la que se encontró debido a los escasos apoyos a favor de la reina
La caída de la monarquía isabelina es un perfecto balance de este período, ya que en septiembre de 1868 el gobierno y la Corona se encontraron completamente aislados: su actitud provocara que solo les respaldaran los más directamente beneficiados por su política, y esos eran cada vez menos (ni tan siquiera todos los moderados, sino solo la pequeña “camarilla” situada alrededor del gobierno y de Isabel II). Además, el apoyo incondicional de la Reina al gabinete moderado ligó su suerte a la del moderantismo, y los sublevados habían dejado claro que la desaparición de Isabel y de los Borbones era esencial para poder regenerar la vida política española, por lo que tras la derrota de las escasas tropas fieles al gobierno, este dimitió y la monarca partió hacia el exilio, dando comienzo al llamado Sexenio Democrático (1868-1874). Habría que esperar a 1874 para que se produjera la Restauración de la dinastía borbónica en España, en la persona del hijo de Isabel, el futuro Alfonso