Se trata de un fragmento de la obra Causas de la guerra de España, publicada en 1939, año de finalización de la contienda (la Guerra Civil) y escrita por un protagonista de excepción del período histórico 1931-1939: Manuel Azaña. Azaña fue el jefe reformista y, tras el triunfo del Frente Popular, presidente de la República hasta el final de la guerra. Planteó las principales reformas políticas, sociales y económicas del régimen, siendo líder del republicanismo de centro-izquierda.

Causas de la guerra de España es una obra de naturaleza política, directa y primordial para el conocimiento del proyecto republicano y de la justificación social e histórica que hacen sus planificadores. Expone los hechos del pasado reciente desde la perspectiva de un protagonista, por lo que tiene una clara fiabilidad y presenta una interpretación de los hechos personal, subjetiva y discutible desde otras perspectivas ideológicas.

El triunfo de la República y los desequilibrios sociales

El texto empieza con el triunfo de la Segunda República como una respuesta a las aspiraciones de la sociedad española, desconectadas con la situación del país en los inicios de la década de los años treinta. Señala que se logró mediante unas elecciones democráticas y sin violencia. Denuncia que la sociedad tiene desequilibrios en niveles de renta: lujosas mansiones y las chabolas coexistían, la miseria estaba presente… Recalca que la estructura de la propiedad de la tierra (oposición minifundio-latifundio) es un problema histórico de la España contemporánea, un problema agrario.

Las zonas de minifundio son el norte y el noroeste peninsular, donde predominan medianos propietarios, y las zonas de latifundio se encuentran en Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva. Es la distribución tradicional de la tierra en España desde la época de la Reconquista.

Las malas condiciones de los obreros agrícolas y el problema del paro

También denuncia las malas condiciones de los obreros agrícolas, ya que del total de trabajadores (el 50% de la población activa), la mitad eran jornaleros y el 20% arrendatarios o aparceros; el resto era pequeños y medianos propietarios. El paro fue un problema en el país, puesto que una causa principal de la conflictividad de la Segunda República.

Abordar el problema agrario era un objetivo de modernización política y social de carácter socialista. Para solucionar el paro era necesario realizar reformas agrarias e iniciar su modernización.

Contexto histórico: la llegada de la II República

Tras las elecciones municipales de abril de 1931, se produjo el hundimiento definitivo del régimen de la Dictadura y con él la caída de la monarquía. La II República se proclamó el día 14 de abril entre el entusiasmo popular. El Gobierno provisional, en el que predominaban fuerzas de la burguesía reformista y del movimiento obrero, convocó elecciones en junio para la formación de Cortes Constituyentes, elecciones que fueron ganadas por la coalición republicana-socialista.

Este régimen fue aceptado desde el comienzo por sectores muy amplios de la sociedad española, deseosos de una regeneración de la vida política, ya que la sociedad presentaba desequilibrios en cuanto al nivel de renta: opulencia y miseria convivían en una sociedad tremendamente desigual. Pero, al mismo tiempo, el cambio institucional provocó una desconfianza entre los propietarios de la tierra y los empresarios, cuyas inversiones eran decisivas para el aumento de la producción y el empleo.

Las reformas del gobierno provisional y la cuestión agraria

Las reformas empezaron con el Gobierno Provisional, que emprendió las reformas más urgentes como la Reforma del Ejército, el inicio de la negociación con los nacionalistas para pactar una solución autonómica o la cuestión agraria. La reforma de la agricultura fue el proyecto de mayor envergadura iniciado por la República y se fue acentuando tras la crisis de la 1ª Guerra Mundial. También existía una gran demanda social de reformas, con gran agitación de jornaleros y pequeños propietarios.

Desde sus inicios los dirigentes de la República se propusieron buscar soluciones a la cuestión agraria para mejorar la situación. Los primeros decretos fijaron la jornada laboral a 8 h en el campo y determinaron el establecimiento de salarios mínimos y la obligación de los propietarios de poner en cultivo las tierras aptas para ello. Existía el deseo de que el gobierno de Azaña acabara con las lacras del campo español mediante una distribución justa de la propiedad y una mayor atención a sus rendimientos, por lo que era necesario aprobar una ley que expropiara grandes fincas y las repartiera entre los campesinos sin tierras.

La Reforma Agraria de 1932 y sus consecuencias

La Reforma Agraria fue promulgada en 1932, cuyos objetivos eran:

• Modernizar técnicas para conseguir un aumento de los rendimientos en el campo.
• Expropiación de los latifundios y asentamiento de los campesinos.
• Acabar con el absentismo de los grandes propietarios.

La aplicación de la Ley se realizó a través del Instituto de la Reforma Agraria. Se inició la expropiación de grandes fincas y se expropiaron tierras que no estaban suficientemente explotadas pero que sí recibían indemnización. Los resultados de la Reforma fueron limitados y eso provocó un aumento de la conflictividad social.

Las causas del fracaso fueron la lentitud y las dificultades burocráticas de su aplicación, la falta de presupuesto para las indemnizaciones y la resistencia de los propietarios.

Las consecuencias fueron que los propietarios mostraron una fuerte oposición a los campesinos y se unieron con las fuerzas conservadoras enemigas del régimen. También los campesinos se frustraron y adoptaron posturas revolucionarias enfrentándose con las fuerzas del orden.

La modernización como solución y la oposición a las reformas

La solución al problema agrario sería la modernización política y social, porque la situación era insostenible. La aplicación de reformas como esta y las del Ejército, la Educación, la reglamentación laboral, la relación Iglesia-Estado y otras muchas contempladas en la Constitución como el voto de la mujer, supuso la oposición de sectores de la sociedad: Ejército, Iglesia, organizaciones patronales… e incluso otros grupos como los anarquistas, comunistas y UGT que radicalizaron sus posturas por la tardanza de las reformas.