1.1. SECTORES CARLISTAS E ISABELINOS
En 1833, tras la muerte de Fernando VII, los partidarios de Carlos María Isidro iniciaron un levantamiento armado ante la actitud poco firme del gobierno de la reina regente. Esto fue el inicio de una larga guerra civil entre los partidarios de Carlos, defensores del absolutismo, y los defensores de la legalidad del trono de Isabel II.
Los sectores carlistas se agrupaban bajo el lema DIOS, PATRIA y REY. La iglesia era la vertebradora del orden social. Se oponían al centralismo y al liberalismo. Cobraron fuerza en el País Vasco, Navarra y parte de Cataluña, Aragón y Valencia. Su fuerza residía en las zonas rurales donde contaban con una base social campesina.
La causa isabelina contó con el apoyo de la alta nobleza y del funcionariado. La regente se vio obligada a buscar la adhesión de los liberales, que exigían el fin del absolutismo y del antiguo régimen.
1.2. EL DESARROLLO DE LA GUERRA
La guerra carlista tomó fuerza en la zona norte, donde consiguieron mayor influencia. Don Carlos se instaló en Navarra, organizó un pequeño estado con su gobierno y formó un ejército al mando de Zumalacárregui.
El segundo foco se creó en Cataluña, extendiéndose por las zonas montañosas y en el bajo Aragón donde las tropas estaban bajo el liderazgo de Ramón Cabrera.
1.3. EL FINAL DEL CONFLICTO
La debilidad del carlismo propició discrepancias entre los transaccionistas e intransigentes. El general Maroto firmó el Convenio de Vergara en 1839 con el general liberal Espartero. Este establecía el mantenimiento de los fueros en las provincias vascas y navarras. El pacto no fue aceptado por los sectores más intransigentes, que optaron por el exilio o por continuar la resistencia, como el general Cabrera, que fue derrotado en 1840. Se estima que hubo entre 150.000 y 200.000 víctimas del conflicto.
2.1. EL FRACASO DEL ESTATUTO REAL
La reacción de María Cristina ante el levantamiento fue tibia y el gobierno de Francisco Cea Bermúdez intentó buscar un acuerdo. El inmovilismo militar y político del gobierno permitió la expansión territorial del carlismo. La monarquía isabelina tuvo que conseguir más apoyo, por lo que la regente nombró un nuevo gobierno encabezado por Martínez de la Rosa que propuso el Estatuto Real de 1834. Se trataba de una carta otorgada para formar unas Cortes estamentales con 2 cámaras y que tenía carácter consultivo y subordinado.
El hambre y las epidemias se añadían a los ataques carlistas en poblaciones protegidas por grupos milicianos locales. Durante el verano de 1835 se produjeron protestas y motines que derivaron en asaltos y quemas de conventos y se crearon juntas. Para conseguir el apoyo de los liberales y restablecer la autoridad y el orden público, la regente nombró un nuevo gobierno encabezado por un liberal progresista llamado Juan Álvarez de Mendizábal.
2.2. LA REVUELTA DE 1836: LOS PROGRESISTAS AL PODER
El primer objetivo de Mendizábal fue derrotar al carlismo y convocó una quinta de 100.000 hombres y buscó ayuda en Reino Unido y Francia. Su segundo objetivo fue transformar el estado en un sentido liberal y convocó elecciones a Cortes para reformar el Estatuto Real. También emprendió la necesaria reforma agrícola con la aprobación de los decretos de desamortización de tierras eclesiásticas y de supresión de las congregaciones religiosas. Este proyecto ahondó la división en el liberalismo, entre doceañistas y exaltados. María Cristina destituyó a Mendizábal, esta decisión alarmó a los progresistas y en 1836 en Andalucía se inició el movimiento revolucionario en la Constitución de 1812. El motín de sargentos en La Granja obligó a María Cristina a aceptar la Constitución de 1812. Calatrava fue llamado a formar gobierno, con Mendizábal como ministro de Hacienda. Así se produjo el cambio de régimen, abriendo las puertas a un nuevo orden liberal.
2.3. EL NUEVO ORDEN CONSTITUCIONAL
Los progresistas implantaron un régimen liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. Convocaron elecciones a Cortes, que dieron una mayoría progresista. Las Cortes abrieron sus puertas en octubre de 1836 y prepararon una nueva constitución aprobada en junio de 1837. La Constitución de 1837 reconocía la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos de los ciudadanos, la división de poderes y la confesionalidad del estado, y se comprometía al financiamiento de la iglesia católica. La segunda cámara fue el Senado de designación real.