La Primera Guerra Carlista y la Regencia de María Cristina

1ª Guerra Carlista: En 1833 comenzó la larga guerra civil entre los carlistas y los isabelinos que finalizaría en 1840. El apoyo popular con el que contó este movimiento fue tan grande que hizo que las hostilidades se extendieran a lo largo de todo el siglo XIX en Cataluña, Maestrazgo, País Vasco y Navarra. Los carlistas, absolutistas intransigentes y partidarios de los derechos hereditarios del hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, se enfrentaron a la regencia de María Cristina, que estaba apoyada por un grupo de liberales y absolutistas más moderados que aceptaron a Isabel II. Durante la 1ª Guerra Carlista, los carlistas se hicieron fuertes en el norte de la península. Cabrera, acompañado por el pretendiente a la corona, llegó en una expedición desde la zona del Maestrazgo hasta las puertas de Madrid (37). El coronel de Zamalacárregui consiguió organizar y dirigir el ejército rebelde del norte y consolidó el poder carlista en el País Vasco. La muerte de este, acaecida en junio de 1835 durante el sitio de Bilbao, puso fin a la tendencia ascendente del carlismo en la región vasconavarra. A partir de 1835, la victoria del ejército isabelino obligó a Carlos a huir a Francia. En 1936, el general isabelino Espartero y el general carlista Maroto mantuvieron conversaciones para poner fin a la guerra, que culminaron en el Convenio de Vergara. Con la firma de este convenio se garantizaba la conservación de algunos derechos forales y se reconocían los empleos y los grados del ejército carlista. Regencia de María Cristina: El principal instrumento político para la transición fue una carta preconstitucional, el Estatuto Real de 1834, que no reconocía la soberanía nacional ni las libertades políticas ni la división de poderes y dejaba la iniciativa legislativa en manos del monarca. No tenía división de poderes ni declaración de derechos y deberes, y el sufragio era censitario y muy restringido. Había dos cámaras legislativas: la de procuradores, cuyos miembros eran elegidos, y la de próceres, cuyos miembros eran nombrados por la corona. Además, el rey tenía el derecho de veto. No satisfacía ni a los liberales más moderados y, por supuesto, era rechazado por los carlistas. La guerra civil y la desastrosa situación económica provocaron en 1835 sublevaciones de las milicias urbanas que exigían más libertades. Regencia de Espartero: Cuando María Cristina renunció a gobernar en octubre de 1840, se formó un ministerio de regencia presidido por el general Espartero, nombrado regente en 1841. Contaba con el apoyo de los liberales progresistas en nombre de la libertad, pero gobernó de manera dictatorial, reprimiendo a los moderados y sin someterse al parlamento. Espartero se ganó el rechazo de todos: su política librecambista puso en peligro la incipiente industria, por lo que los fabricantes textiles de Cataluña rechazaron la política gubernativa. Al movimiento catalán se unió la oposición de los vascos, que habían visto cómo su apoyo a los carlistas llevó a la reordenación de los fueros vasconavarros mediante la Ley Paccionada de 1841. Los políticos liberales moderados, que habían sido desplazados de su poder en 1840, organizaban su ataque al gobierno. Algunos sectores liberales-progresistas que inicialmente habían apoyado a Espartero se enfrentaron a él porque no aceptaban su forma autoritaria. Después de 3 años de regencia, nadie apoyaba al general liberal. En 1843, se inició una revuelta militar encabezada por Narváez, que hizo caer al gobierno. Espartero huyó y se exilió en Londres.

La Década Moderada: El general Ramón María Narváez puso fin mediante un pronunciamiento militar a la regencia de Espartero. Proclamada mayor de edad a los 13 años, Isabel II asumió el trono de España en 1843 y encargó la formación de gobierno a Narváez. Con el apoyo de los sectores burgueses más conservadores, el partido moderado gobernó durante 10 años. Derogó la Constitución de 1837 y redactó otra nueva en 1845, en la que se otorgaban más poderes a la corona y se recortaban los del parlamento. El sistema legislativo era bicameral (senado y congreso) y se mantenía el sufragio censitario. Solo podían ejercer el derecho a voto y ser elegidas las personas procedentes de los sectores sociales que tenían propiedades o aquellas distinguidas por su profesión. En esta etapa se realizaron algunas reformas político-administrativas importantes: ley fiscal, código civil y código penal. En 1844 se creó la Guardia Civil, cuerpo policial de carácter militar destinado a mantener el orden en las zonas rurales y asegurar el derecho a la propiedad de los terratenientes. Los nuevos propietarios que habían adquirido grandes extensiones de tierras gracias a las desamortizaciones aplicaban sobre los agricultores formas muy duras de explotación. Se abordó la creación de un sistema educativo con algunas medidas como el Plan de Estudios de Pidal. Los políticos moderados intentaron un acercamiento a la iglesia. En este sentido, en 1851 se firmó un concordato o convenio de colaboración con el Vaticano, por el que la iglesia recuperaba muchos de sus privilegios. Los gobiernos de esta década favorecieron los negocios financieros en los que participaban políticos y personajes relacionados con el poder, y en ocasiones miembros de la familia real. Los moderados hicieron concesiones para la construcción de obras públicas, provisión de material del ejército y promociones inmobiliarias. En 1854, tras años de corrupción y de autoritarismo por parte de los gobiernos moderados, las clases populares dieron su apoyo a un alzamiento liberal de carácter progresista en el que se planteaba renovar este ambiente político tan degradado. Bienio Progresista (1854-1856): Se inició con un pronunciamiento militar llamado «la Vicalvarada». Su instigador fue el general O’Donnell, líder del partido Unión Liberal. En este alzamiento participaron amplios sectores liberales y populares de ciudades como Zaragoza, Madrid y Barcelona. El movimiento no pretendía destronar a la reina Isabel II, sino forzarla a admitir las reformas democráticas interrumpidas en 1844, según se afirma en el manifiesto de Manzanares. A partir de este golpe de estado, comenzó una nueva etapa política que duró 2 años, en la que se elaboró una nueva carta constitucional que no se puso en práctica. Isabel II encargó al general Espartero que formara gobierno, lo que llevó a adoptar nuevamente medidas radicales que habían caracterizado su regencia. Los jesuitas fueron expulsados y se prohibieron las procesiones y las manifestaciones externas del culto católico. Otra medida del gobierno fue la aplicación de una segunda desamortización en 1855, según el plan de Madoz, que supuso la incautación de los bienes comunales de los municipios. Las consecuencias de esta medida fueron en parte beneficiosas, ya que se cultivaron tierras que antes eran improductivas, pero también provocó un empeoramiento de las condiciones de vida de los jornaleros.



Del año 1855 es también la Ley del Ferrocarriles, que planificó la red ferroviaria que tuvo tanta importancia en el desarrollo del capitalismo español. El bienio progresista coincidió con un buen momento de la economía española, caracterizado por las exportaciones de productos agrícolas e industriales. La razón de esta bonanza económica fue la guerra de Crimea (1853-1856). Descomposición del sistema isabelino: El bienio progresista acabó por la reacción de los liberales moderados y las presiones de la corona y de los sectores eclesiásticos. Narváez volvió a ponerse al frente del gobierno y comenzó un largo periodo caracterizado por el predominio de 3 sectores sociales: los terratenientes, los militares conservadores y la iglesia. Se sucedieron los gobiernos de los generales Narváez y O’Donnell, y los liberales radicales quedaron marginados del gobierno. En este periodo debe destacarse la paralización de la desamortización de 1855, la promulgación en 1857 de la primera ley de educación, el reconocimiento a la iglesia de muchas de sus prerrogativas, la dura represión contra las revueltas campesinas y, por último, el establecimiento de prácticas electorales que tuvieron como resultado la corrupción del sistema político, como la institucionalización de la compra de votos. La época de mayor prosperidad coincidió con el gobierno del general O’Donnell, conocido como gobierno largo. Este gobierno se benefició de un periodo de buenas cosechas y de expansión comercial, gracias a las bases coloniales de Cuba y Filipinas. Además, en estos años se produjo la guerra de Secesión de Estados Unidos, que favoreció la exportación de productos españoles. También se inició una política exterior a imitación de las grandes operaciones coloniales de las potencias europeas en alianza con Francia. En este sentido, se enviaron tropas a Cochinchina y algunas expediciones militares al norte de África, se ocupó militarmente Santo Domingo aunque poco después se perdió, y se envió un ejército a México. Frente a la política conservadora de los moderados, aumentaban los anhelos por unos derechos civiles más amplios. Entre las capas ilustradas se implantaba el Partido Democrático y aparecía el republicanismo, al tiempo que se creaban las primeras organizaciones obreras y se producían agitaciones entre el campesinado jornalero. Inicios de la Industrialización: Para que prosperase una industria…

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