Este período histórico abarca únicamente dos años (1931-33). Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron el triunfo en las grandes ciudades a la coalición de republicanos y socialistas. El rey Alfonso XIII abdicó tras la proclamación de la Segunda República por Niceto Alcalá Zamora, y se creó un gobierno provisional presidido por el mismo. Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, de una sola cámara, con el fin de dotar a la República de una Constitución, la de 1931. El proyecto reformador se basaba en el intento de crear un Estado democrático, laico y justo. Y los problemas que afrontaron fueron: el ejército, la construcción de un Estado laico, la reforma del centralismo, la agricultura y la cuestión social. Todos ellos, junto a la desfavorable coyuntura económica y política internacional, llevaron a convocar nuevas elecciones en noviembre de 1933.
La Constitución de 1931 fue la primera constitución republicana de la historia de España, fruto del acuerdo entre los socialistas y los republicanos de izquierdas, sin embargo, la derecha no republicana la rechazó, es decir, fue una constitución sin consenso. Definió a España como “una República democrática de trabajadores de toda clase”, se aceptó la autonomía de las regiones y se declaró un Estado laico. Las Cortes, esta vez, eran unicamerales y el presidente de la República fue elegido y estuvo bajo el control del Congreso. Se introdujo la institución del jurado y se creó un Tribunal de garantías constitucionales. Contenía una amplia declaración de derechos y libertades, se reconoció el derecho de voto de las mujeres, el matrimonio civil y el divorcio. Además, la educación primaria pasó a ser obligatoria y gratuita. Por último, se reconoció el derecho de la propiedad privada, pero podía ser objeto de expropiación forzosa, por utilidad social, con el pago de la indemnización. Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la república y encargó a Azaña la formación de un gobierno. Comenzó, por tanto, el bienio reformista. La crisis mundial de 1929 afectó al comercio exterior, pero las dificultades económicas se debieron a la falta de inversión, poca producción y la tecnología anticuada. La política económica siguió fiel al capitalismo con el claro objetivo de mantener un presupuesto equilibrado y una moneda fuerte, pero las reformas aumentaron los gastos e intensificaron los conflictos sociales. Las reformas del bienio fueron: la reforma del ejército, que fue uno de los asuntos más delicados. El objetivo del ministro Guerra era conseguir un ejército moderno y eficaz, reduciendo el número de oficiales. La ley de retiro ofrecía a los oficiales el retiro voluntario conservando el sueldo íntegro. Se cerró la Academia de Zaragoza y se abolió la Ley de Jurisdicciones de 1906. Con esto, lo único que consiguió Azaña fue más enemistad. Declaró el Estado laico y elaboró una serie de leyes que iban en contra de los principios religiosos, como la Ley de Divorcio o la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, por la que se limitaba la posesión de bienes de las órdenes religiosas, que además, las alejó de la enseñanza y ordenó la supresión de los jesuitas. Esta reforma creó más enemigos al gobierno, como los católicos conservadores y la derecha.Uno de los problemas que se arrastraba desde la Restauración era la organización territorial. La constitución definió el Estado integral, compatible con la autonomía de las regiones. Cataluña fue la primera en iniciar el proceso. Se elaboró el Estatuto de Nuria que fue presentado a las Cortes y aprobado en 1932.
Este proyecto sufrió importantes recortes, las instituciones autonómicas, la Generalitat, el Parlamento y el Tribunal de Casación, obtuvieron importantes competencias en el derecho civil, en la sanidad, educación y aspectos sociales. El caso vasco fue un proceso más difícil, ya que había profundas diferencias entre la izquierda y la derecha. El proyecto definitivo, el Estatuto de Estella, que incluía las tres provincias vascas y Navarra, fracasó por antidemocrático y confesional. Finalmente fue aprobado en 1936, ya en plena guerra civil. En Galicia también se elaboró un estatuto, pero no llegó a las Cortes, ya que estalló la guerra civil y fue tomada por los sublevados.
Sin duda, la reforma estrella, fue la agraria. Los principales objetivos fueron, acabar con el atraso técnico, la poca productividad y con la inadecuada estructura de la propiedad, en la cornisa cantábrica predominio de minifundios, mientras que en el sur dominaban los latifundios. La Ley de Bases de la Reforma Agraria pretendía modernizar las técnicas, acabar con el latifundismo y redistribuir la propiedad mediante el asentamiento de los campesinos en las tierras expropiadas. Esas tierras eran de cuatro tipos: las de los antiguos señoríos jurisdiccionales, las mal cultivadas, las siempre arrendadas y las no regadas. Todos los propietarios, salvo los grandes de España (tras el golpe de Sanjurjo), debían ser indemnizados. De esta forma, se pusieron en venta enormes parcelas a precios asequibles para los campesinos. La aplicación de dicha ley quedó en manos del IRA, que tenía poco presupuesto y tuvo muchos problemas con la gestión. Los resultados fueron muy limitados y esto provocó la impaciencia de los grupos campesinos, que ocuparon directamente las tierras y quemaron los cortijos. Los sucesos de Casas Viejas en Cádiz, donde se enfrentaron los campesinos de la CNT y la Guardia Civil minaron la credibilidad del gobierno y fue en gran medida, motivo de su caída. Los propietarios, enemigos de la República, reorganizaron las derechas con la creación de Renovación Española (alfonsinos y algunos fascistas) y la CEDA (católicos, terratenientes, etc.). También hubo reformas sociales, mejorando las condiciones laborales, Ley de contratos de trabajo y Ley de jurados mixtos, para establecer salarios, despidos, etc. Por último, se fundaron escuelas laicas, obligatorias y gratuitas. Aumentaron el presupuesto para la construcción de más centros y contrataron a maestros.
En conclusión, se trató de una etapa breve y bastante complicada que intentó construir un Estado democrático y laico. Provocó, por una parte, esperanzas para mejorar el sistema, pero por otra, mucha desconfianza y enemistad. La CNT y FNTT se radicalizaron y siguieron con las huelgas y movilizaciones. La CEDA optó por la vía electoral para cambiar el gobierno. El golpe de estado de Sanjurjo fracasó, se disolvieron las Cortes y perdieron las elecciones de 1933, abriéndole el paso al bienio de centro-derecha.