1. Regencia de María Cristina (1833-1840)

María Cristina, al igual que su marido, era partidaria del absolutismo, pero la guerra carlista la obligó a buscar el apoyo de los liberales, quienes eran los únicos capaces de afrontar con eficacia los problemas militares y financieros, y de garantizar los derechos sucesorios de Isabel frente a las pretensiones de D. Carlos.

En un primer momento, la Corona pretendió pequeñas reformas que no cuestionaban los fundamentos del absolutismo e intentó la reconciliación dinástica con la promesa de defender la religión. Por eso nombró jefe de gobierno al moderado Cea Bermúdez y luego a Martínez de la Rosa. Este último hizo aprobar el Estatuto Real (1834), en realidad una «Carta Otorgada», una concesión de la Corona a los súbditos. El Estatuto regulaba la convocatoria a Cortes, que tenían un carácter consultivo y solo podían deliberar sobre asuntos que previamente se hubieran sometido a su consideración. Las Cortes se dividían en dos estamentos:

• El Estamento de Próceres, formado por grandes de España y miembros designados por la Corona que acreditasen un elevado nivel económico.
• El Estamento de Procuradores, elegidos mediante sufragio muy censitario.

El cuerpo electoral representaba el 0,15% de la población, unas 16.000 personas. El objetivo del Estatuto era congregar en torno a Isabel II a los sectores económicos más pudientes a cambio de que la Corona realizase reformas graduales. Estas reformas resultaban claramente insuficientes para la mayor parte de los liberales, que promovieron revueltas populares para forzar un rumbo más reformista y de más clara oposición al carlismo.

Los liberales se habían dividido desde el Trienio Liberal en dos partidos: el Moderado y el Progresista. En septiembre de 1835, la Regente nombró jefe de gobierno al progresista Juan Álvarez Mendizábal. Lo primero que hizo este financiero fue iniciar el desmantelamiento del régimen señorial mediante la aprobación de las leyes de Desvinculación y de Desamortización Eclesiástica. Esta suponía, en primer lugar, expropiar y nacionalizar las tierras de la Iglesia y, en un segundo tiempo, proceder a su venta a los particulares, principalmente nobles y burgueses. Estas medidas frustraron la posible «Reforma Agraria» que hubiera beneficiado a millones de campesinos sin tierras, pero Mendizábal prefirió obtener dinero (liquidez) para hacer frente a los gastos de la guerra carlista y al pago de la Deuda Pública. Además, buscaba apoyos a la causa del liberalismo.

La Regente, opuesta a la desamortización y aliada de los moderados, sustituyó a Mendizábal por el moderado Istúriz, lo que produjo nuevas revueltas populares y el Motín de los Sargentos de La Granja en agosto de 1836. Se vio forzada a promulgar la Constitución de Cádiz, aunque, esta vez, su vigencia fue muy corta, ya que los Progresistas y los Moderados decidieron la elaboración de un nuevo texto constitucional: la Constitución de 1837, más moderada que la de 1812:

• Refuerza el poder de la Corona (iniciativa legislativa, derecho de veto, de disolución de las Cortes).
• Soberanía compartida entre el rey y la nación (las Cortes).
• Parlamento bicameral (Congreso y Senado).
• Sufragio masculino censitario (solo el 2% de la población tenía derecho al voto).

Los Ayuntamientos pasaron a ser elegidos por sufragio indirecto de los varones mayores de 25 años, y se pusieron en práctica las leyes de libertad de industria y comercio, la desvinculación, la abolición de señoríos y del diezmo. (Cambios condicionados por la marcha de la guerra)

2. La Regencia de Espartero (1840-1843)

Al finalizar la guerra carlista, el gobierno moderado y la Regente intentaron limitar el alcance de la revolución liberal mediante medidas como la anulación de la ley de Ayuntamientos, la reducción de la libertad de imprenta, el desmantelamiento de la Milicia Nacional y el restablecimiento del diezmo. Esta vuelta atrás alarmó al «pueblo liberal», que volvió a sublevarse en 1840, forzando la salida de España de María Cristina y aupando a la Regencia al general Espartero, el ídolo de los progresistas, que gozaba de gran prestigio por su éxito en la guerra carlista. La llegada de Espartero era la demostración palpable del poder alcanzado por los militares.

El nuevo Regente organizó un gobierno autoritario apoyado en el ejército (sobre todo los ayacuchos), pero se encontró con una serie de conflictos políticos que no supo gestionar:

1. La oposición de los moderados, que promovieron varios golpes militares destinados a reponer a María Cristina, entre ellos el dirigido por Diego de León. Espartero fue muy duro en la represión de los golpistas y perdió así el respaldo de una parte de la oficialidad del ejército.
2. La división de los progresistas por la política comercial librecambista, la dirección civil del progresismo y la defensa del sufragio universal masculino.
3. En 1842 estalló en Barcelona una revuelta contra un posible tratado librecambista con Inglaterra que dañaba la industria textil catalana. Fabricantes y obreros, apoyados por artesanos, pequeños comerciantes y profesionales, se oponían a estas medidas. Defendían un mayor proteccionismo para sus productos y altos aranceles aduaneros. Espartero ordenó el bombardeo de la ciudad, razón por la cual los demócratas y republicanos le retiraron su apoyo.

La pérdida de apoyo social provocó el aislamiento político de Espartero y facilitó el éxito del golpe militar encabezado por el general Ramón María Narváez. Se pretendía el reconocimiento de Isabel como reina y la reunión de las diversas tendencias del liberalismo. Espartero marchó al exilio en Inglaterra.

En 1843 acaba la Regencia e Isabel II, una reina niña de apenas 13 años, sube al trono. El periodo de minoría sirvió para afianzar a los liberales en el poder. La necesidad de apoyos por parte de la regente María Cristina frente a la sublevación carlista la hizo buscar un acercamiento con los liberales. La implantación del liberalismo fue resultado de un pacto entre la Corona y las fuerzas del Antiguo Régimen con la burguesía liberal.

La nobleza sale reforzada económicamente, ya que mantiene sus propiedades (sin vinculación ni régimen señorial), adquiere tierras comunales y del clero, y se reserva participación política (sufragio censitario, sistema bicameral). El clero pierde parte de su poder económico con las desamortizaciones, aunque mantiene el control ideológico y la enseñanza. Ambos se adaptaron sin excesivos problemas a la nueva situación; el clero tardaría un poco más, hasta el Concordato de 1851. En este pacto, la Corona actúa como moderadora. Manifestará una predilección por los sectores más moderados del liberalismo.

La burguesía logra sus aspiraciones políticas, impone su modelo económico y social, y se convierte en el grupo social más influyente. Al margen quedarán los sectores populares, que no van a participar en la vida política (sufragio censitario), y particularmente el campesinado, que no logra tierras ni mejorar su situación. Esto explicará su posición antiliberal (carlistas en algunas zonas) y, más adelante, su proximidad a ideologías revolucionarias (anarquistas y socialistas).

La implantación del liberalismo fue lenta y tuvo un carácter muy moderado. Los grandes beneficiarios fueron, junto a la burguesía, las fuerzas del Antiguo Régimen.