Dos meses antes de la conclusión de la Guerra Civil Española, se aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, con el propósito de reconstruir tanto espiritual como materialmente la nación. Esta ley reflejaba la renuncia de Franco a la reconciliación nacional promovida por el presidente Azaña. Los años posteriores a la guerra estuvieron marcados por una gran represión, evidenciada por la Ley de Seguridad del Estado, que imponía la pena de muerte por traición a la patria. Se llevaron a cabo juicios y condenas a muerte de forma continuada en un esfuerzo por purgar el país, y muchos sufrieron torturas, trabajos forzados, largos periodos de encarcelamiento y, en el mejor de los casos, el destierro.

Según destacados historiadores, la represión posterior al 1 de abril de 1939 fue una continuación de la guerra contra la República, pero esta vez en tribunales militares, prisiones, campos de concentración e incluso entre los exiliados. Muchos fueron perseguidos fuera de España, como el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, quien fue entregado a las autoridades franquistas después de ser capturado en Francia, para luego ser torturado y ejecutado.

Los que lograron escapar fueron despojados de todos sus bienes por el Estado como compensación por los daños a la patria. Lo mismo pasó con los que permanecieron en España, quienes perdieron sus propiedades y empleos según lo establecido por la Ley de Responsabilidades, y en algunos casos fueron desplazados, experimentando una especie de «muerte civil».

La represión franquista contra las mujeres

El régimen no perdonó a las mujeres republicanas, quienes sufrieron humillaciones públicas, como el rapado de cabeza. Esta fotografía es un documento gráfico histórico y una fuente primaria que nos demuestra la gran represión franquista contra las mujeres.

El rapado de mujeres en las zonas conquistadas por el bando franquista, e incluso después de la guerra, fue una práctica común acompañada de otras formas de vejación, como la ingesta de aceite mezclado con gasolina, exhibiciones públicas humillantes, violaciones y torturas.

El objetivo del rapado era quitarles a las mujeres su identidad femenina, acusándolas de traicionar su género.

Una vez estas demostraciones públicas pararon, las mujeres fueron encerradas en el hogar y apartadas de la vida pública en un régimen machista que requería el consentimiento de sus padres o esposos para realizar cualquier acción, como votar en elecciones municipales o referéndums, aunque en 1945 se aprobó una ley al respecto que solo permitía votar a los jefes de familia.

Aunque la represión disminuyó después de 1945, principalmente debido al éxito en aterrorizar a la población, estas imágenes no desaparecieron por completo. A principios de la década de 1960, durante las huelgas mineras en Asturias, se volvieron a repetir represalias contra las mujeres de los trabajadores ya que, el franquismo nunca abandonó la represión.

El Bienio Radical-Cedista (1933-1936)

La conflictividad social, agudizada en el campo, se extendió, alentada por los socialistas, debido a los sucesos de Castilblanco y Casas Viejas. Los terratenientes no se mostraban muy partidarios de la reconciliación, dando lugar a una crisis de Gobierno entre Manuel Azaña y los socialistas. Azaña se vio obligado a dimitir y Niceto Alcalá Zamora disolvió las Cortes para convocar elecciones.

Elecciones de 1933 y el gobierno de Lerroux

Las elecciones de 1933 se caracterizaron por:

• La unión de la derecha en la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas).
• La participación en solitario de los socialistas, ya que estaban muy desgastados tras su legislatura.
• La abstención de la CNT.
• El voto femenino. Era la primera vez que las mujeres podían votar, medida que fue criticada porque se pensaba que las mujeres no estaban preparadas políticamente e iban a votar a quien les dijeran sus maridos.

La política de reformas del primer bienio no fue respaldada en las urnas. Los grandes triunfadores fueron la CEDA y el Partido Republicano Radical de Lerroux. El presidente de la República encargó la formación de Gobierno a Lerroux, aunque la CEDA había obtenido mayor número de escaños. A lo largo de 1934, el Gobierno llevó a cabo una política de rectificación de las políticas del periodo anterior.

Algunas de las medidas contrarreformistas más destacadas del Gobierno de Lerroux fueron:

• En el ámbito militar se aprobó una Ley de Amnistía que favoreció a los militares golpistas del 32, medida que benefició a Sanjurjo para exiliarse, además de colocar en cargos importantes a generales enemigos de la República como Francisco Franco, que pasó a formar parte del Estado Mayor.
• En materia religiosa se restituyeron los derechos de la Iglesia, permitiendo de nuevo ejercer la enseñanza.
• En el campo se paralizó la reforma agraria, los campesinos fueron expulsados de las tierras y estas fueron devueltas a los propietarios nobles.

Alejandro Lerroux formó Gobierno en octubre de 1934 con tres ministros de la CEDA, lo que provocó una reacción popular y una huelga general organizada por el PSOE y la UGT que posteriormente derivaría en un conflicto armado, que recibió el nombre de La Revolución de octubre de 1934. Estos alzamientos destacaron en Madrid, Barcelona y Asturias. En la capital fueron aplacadas por el Ejército con rapidez, sin embargo, el único lugar donde triunfó la insurrección fue en Asturias, donde hubo una gran movilización obrera, ya que socialistas, anarquistas y comunistas firmaron la Alianza Obrera. Esta movilización tuvo una represión militar durísima, el Gobierno envió militares de la Legión y parte de los soldados del ejército de África bajo el mando de Franco.

Crisis de gobierno y elecciones de 1936

Tras lograr la pacificación por la fuerza, el Gobierno se vio afectado y estalló la crisis de Gobierno en otoño de 1935. El Partido Republicano Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción. Estos escándalos agravaron las diferencias en la coalición y se necesitaba un cambio en el poder. Es entonces cuando Lerroux dimite y Alcalá Zamora convoca nuevas elecciones para febrero de 1936.

Las que serían las últimas elecciones democráticas en España hasta 1977. Los partidos de izquierda formaron una gran coalición en la que participaban todas las fuerzas progresistas, excepto los anarquistas, que se denominó Frente Popular. El resultado fue una victoria aplastante por parte del Frente Popular. De esta manera, se nombró a Manuel Azaña como presidente de la República, quien designó presidente del Gobierno a Santiago Casares Quiroga, que sustituyó a Alcalá Zamora.

El gobierno del Frente Popular y el preludio de la Guerra Civil

El nuevo Gobierno puso rápidamente en marcha el programa pactado, retomando las reformas previas al Gobierno de Lerroux: por una parte, alejó a los militares derechistas, destinando a Emilio Mola a Navarra y a Franco a Canarias; y, por otra parte, se reanudó la reforma agraria, acelerando la expropiación y el reparto de tierras.

Durante esta etapa existió una conflictividad entre los partidos políticos además de actividad conspirativa de los militares antirrepublicanos, con Mola como líder. En este contexto, Falange Española fomentó un clima de enfrentamiento civil contra la República. Utilizando la dialéctica, grupos de falangistas formaron patrullas armadas e iniciaron acciones contra los líderes de la izquierda. El asesinato de Calvo Sotelo, usado como argumento para justificar el pronunciamiento, aunque realmente estuviera preparado con gran antelación, desencadenaron el último golpe y la posterior Guerra Civil.