La Restauración del Absolutismo en España (1814-1820)
Tras la Guerra de la Independencia, los liberales españoles esperaban la instauración de un régimen constitucional. Fernando VII, temiendo el poder de aquellos que habían resistido la ocupación francesa, firmó la Constitución de 1812. Sin embargo, esto provocó revueltas entre las clases privilegiadas, que presionaron al rey para restaurar el absolutismo.
Aprovechando la debilidad del movimiento liberal, Fernando VII, con el Decreto del 4 de Mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz, dando paso a una nueva etapa de absolutismo. Muchos liberales fueron detenidos, ejecutados o se vieron obligados a exiliarse.
La derrota de Napoleón y el Congreso de Viena favorecieron la vuelta al Antiguo Régimen en Europa. La creación de la Santa Alianza, un ejército que velaría por las monarquías absolutas, reforzó esta tendencia.
A pesar de los intentos de reforma, el reinado de Fernando VII se caracterizó por una profunda crisis económica y social. El comercio estaba paralizado, la bancarrota era una realidad y los destrozos de la guerra eran evidentes. El campesinado, agobiado por la situación, dejó de pagar rentas señoriales, y la burguesía reclamaba la vuelta al régimen constitucional. La integración de los jefes de las guerrillas en el ejército dio lugar a un sector liberal que exigía reformas. Ante la negativa del rey, se produjeron pronunciamientos militares liberales, que fueron reprimidos por la monarquía.
El Trienio Liberal (1820-1823)
El 1 de enero de 1820, Rafael de Riego, al frente de un grupo de soldados, se levantó en armas y proclamó la Constitución de 1812. La pasividad del ejército y la presión de los liberales obligaron a Fernando VII a aceptar la Constitución el 10 de marzo. Se formó un nuevo gobierno y se convocaron elecciones a Cortes.
Los liberales obtuvieron la mayoría en las elecciones y emprendieron una serie de reformas. Se restauraron las medidas de Cádiz y se impulsó la liberalización de la industria y el comercio, lo que favoreció el desarrollo de la burguesía. También se reconstruyó la Milicia Nacional.
Estas reformas provocaron la oposición de Fernando VII, quien, amparándose en su derecho de veto, paralizó muchas de las leyes aprobadas. El rey conspiraba contra el gobierno y buscaba la intervención de la Santa Alianza para recuperar el poder absoluto.
Las reformas liberales también generaron malestar entre el campesinado, que no vio satisfechas sus expectativas de una reducción de impuestos. La nobleza y el clero impulsaron revueltas contra los liberales. Además, surgieron tensiones entre los propios liberales, divididos entre moderados y exaltados.
La Década Ominosa (1823-1833)
En 1823, la Santa Alianza, a instancias de Francia, envió un ejército de 100.000 soldados (los Cien Mil Hijos de San Luis) a España para restaurar el absolutismo. Fernando VII, de nuevo con plenos poderes, inició una dura represión contra los liberales.
La crisis económica se agravó con la pérdida de las colonias americanas. En 1825, el rey se apoyó en el sector moderado de la burguesía y nombró ministro de Hacienda a López Ballesteros. Esto provocó el descontento de los sectores más reaccionarios, que veían con recelo la moderación del rey y la no restauración de la Inquisición.
El Conflicto Dinástico (1830-1833)
En 1830, nació Isabel, la hija de Fernando VII. La Ley Sálica, implantada por Felipe V, impedía a las mujeres acceder al trono. Sin embargo, Fernando VII, aconsejado por su esposa María Cristina, promulgó la Pragmática Sanción, que permitía a Isabel reinar.
El sector ultraconservador, conocido como carlistas, se opuso a la Pragmática Sanción y presionó al rey para que restaurara la Ley Sálica. Fernando VII, gravemente enfermo, nombró regente a su esposa. María Cristina, ante el avance del carlismo, se apoyó en los liberales, permitiendo el regreso de miles de exiliados.
En 1833, Fernando VII murió. En su testamento, nombró heredera a Isabel. Sin embargo, Carlos María Isidro, hermano del rey, se autoproclamó rey, dando inicio a la Primera Guerra Carlista.